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La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CDHEM a petición de más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) contra las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) que, entre otras cosas, facultan al titular de la institución para nombrar al fiscal anticorrupción.

De acuerdo con los estrados electrónicos de la SCJN, se admitió el recurso de control constitucional 65/2018, por el cual se impugnaron los artículos 32, párrafo primero 100 y 101 de la Ley Orgánica de la FGE publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5611, de fecha 11 de julio de 2018, a través del decreto 3248.

El organismo argumentó la ilegalidad de la reforma realizada por los diputados a dichos artículos, que facultan al fiscal general para designar al fiscal especializado en combate a la corrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade  competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CDHEM a petición de la Federación de Asociaciones y Colegios de Profesionistas (Fecap) y más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente, en la SCJN ya se dirimen cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas con anterioridad por el organismo en contra de las reformas del Congreso local que otorgaron facultad discrecional al Poder Ejecutivo de donar y enajenar las reservas territoriales de la entidad; que eliminan de la Constitución local la figura de revocación de mandato, y que extienden el periodo de magistrados a 20 años.

Previo a la admisión del recurso, el fiscal general se apresuró a ratificar como fiscal anticorrupción por un periodo más de siete años a Juan Salazar Núñez, quien ejercía el cargo desde hace tres años y su detractores criticaron su desempeño y eficiencia.

La CDHEM dice que estudiará el documento para ver si procede.

La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas (Fecap) solicitó formalmente a la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM), promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de las recientes reformas realizadas por los diputados a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Estado, por considerarlas un exceso y agravio a la sociedad.

Ante representantes de más de 30 organizaciones civiles, el presidente de la Fecap, Alejandro Smith Vázquez, entregó al ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, el proyecto de acción de inconstitucionalidad para combatir las reformas que otorgan al fiscal general la facultad discrecional de otorgar pensiones vitalicias y designar al fiscal anticorrupción.

“Nosotros planteamos la acción de inconstitucionalidad, primero, porque violenta los principios de la seguridad pública establecidos en el artículo 21 constitucional; y, en segundo lugar, porque en el caso del fiscal anticorrupción, obedece a un sistema nacional que tiene lineamientos específicos que se violentan”.

“Es decir, existe un consejo ciudadano anticorrupción que tendrá que delinear y determinar las directrices que tenga que seguir este sistema nacional y local anticorrupción. Y sobre esas bases nosotros planteamos y, lo que asimismo considere la Comisión Derechos Humanos del estado, que existen aspectos de inconstitucionalidad”, explicó.

En el proyecto, cuyo documento fue entregado al ombudsman estatal para su consideración y análisis, se solicitó que a través de la acción de inconstitucionalidad, la CDHEM impugne ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, relacionado con las facultades otorgadas al fiscal estatal para designar al fiscal anticorrupción; y los artículos 100 y 101, relacionados con la facultad que otorgó el Congreso al fiscal estatal para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

“La ley se excede en muchos sentidos porque las pensiones es un tema de competencia del Congreso, y porque el otorgamiento no plantea más requisitos que ser nombrado como titular de alguna de las fiscalías especiales, lo cual es notoriamente violatorio de la división de poderes”, recalcó Smith Vázquez.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de 30 días naturales.

Al respecto, el titular de la CDHEM, Jorge Arturo Olivares Brito, señaló que analizará el documento, y sostuvo que si hay las condiciones legales para que prospere, el organismo no tendrá inconveniente en atender el tema y llevarlo ante la SCJN, como ya lo hizo con cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas a petición de la sociedad civil organizada y que están en desahogo ante el máximo tribunal del país.  

Abogado exhorta a los Ayuntamientos a votar en contra de las medidas aprobadas por el Congreso.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, aseguró que hasta ahora, dos cabildos han rechazado las recientes reformas constitucionales aprobadas por los diputados.

Luego del exhorto verbal y escrito realizado por la organización de abogados, detalló que las comunas de Yautepec y Axochiapan se pronunciaron en contra de las reformas por coincidir en que son lesivas para la sociedad y el erario.

Confió en que otros ayuntamientos también rechazarán las reformas e instó a los cabildos para que se pongan de lado de la sociedad y contesten en sentido negativo a estas modificaciones constitucionales que laceran a la ciudadanía morelense.

“Les hemos solicitado de una manera respetuosa, pero enérgica, que analicen los alcances de la reforma y, en su momento, la rechacen en sus términos. Es lo que hemos pedido, que contesten en sentido negativo esta solicitud de la reforma que han hecho los diputados”, dijo.

Algunas de las reformas rechazadas son la creación de dos nuevas plazas de comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe); la eliminación de la positiva ficta y la imposición a los ayuntamientos para aprobar reformas mediante mayoría calificada, así como el otorgamiento de la autonomía al Instituto de la Mujer, el cual enfrenta una auditoría por presuntos malos manejos del presupuesto por parte de la extitular, Teresa Domínguez. 

La funcionaria durará seis años en el cargo, tras la reforma constitucional aprobada por los diputados.

La coordinadora estatal del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Jessica Ortega de la Cruz, pidió al Congreso del estado que la designación de la nueva titular del Instituto de la Mujer, que durará seis años en el cargo, se concrete en base al perfil y no por 'compadrazgo'.

La líder partidista se pronunció a favor de la reforma constitucional que creó como órgano autónomo al Instituto de la Mujer, ya que tendrá mayor libertad en su labor para la protección de los derechos de las féminas y también se desempeñará con presupuesto propio.

Ortega de la Cruz manifestó su confianza, en que no se concreten las especulaciones sobre la designación de una diputada local como próxima titular del citado instituto.

"De repente lo ven como una cuota y no está bien porque es el único espacio donde las mujeres deberíamos tener la confianza de acudir, como ya existe en otros estados de la república, pero que sí operan y sí tienen los elementos para que las mujeres se sientan en un espacio donde van a ser escuchadas. Que se cumpla con el perfil, porque se da que es a través de cuotas partidistas o de acuerdos políticos", declaró.

Subrayó que la fémina que llegue al Instituto de la Mujer deberá demostrar que tiene experiencia y que garantice que habrá resultados para las mujeres.

"Es un acierto que se le dé trato de organismo autónomo y que se le refuerce con financiamiento, pero también se deberá reforzar el consejo que existe y que vigila el uso de ese recurso", agregó.

La reforma constitucional aprobada hace dos semanas por el Congreso local, por la que se crea al Instituto de la Mujer cómo órgano constitucionalmente autónomo, se encuentra en análisis de los 33 cabildos para que como Constituyente Permanente, la voten y sea validada o rechazada.