Por una parte, se fortalece la actividad gremial, los colegios de profesionistas se convertirán en colosales centrales que determinarán, con base en un proceso certificador, la posibilidad de que un profesionista pueda o no ejercer. Sobre esto se puede decir que se limita la libertad de ejercicio profesional, en aras de una mayor calidad en el servicio que otorgue el profesionista.
El control que la ley en ciernes plantea, por parte del Poder Ejecutivo federal o local, es enorme a mi parecer: pueden suspender o quitar el derecho de ejercer una profesión, o hacer caso omiso de las determinaciones de un colegio profesional.
Se obliga a todo profesionista a colegiarse, a un costo anual no menor a 20 salarios mínimos y no mayor a 150.
Ahora bien, se prohíbe a todo colegio a realizar actividades políticas. Pero no define que se entiende por actividad política. Me parece una clara violación a los derechos humanos, pues en sentido estricto lo político es todo aquello que es de interés general, lo que busca o tiende al bien general, al interés colectivo, lo que resulta una contradicción, un sinsentido, pues toda ley que emite el Estado debe buscar el bien general.
La prohibición de que la sociedad civil organizada realice actividades políticas es un intento represor superado en la Ley de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil, en la que antes se les prohibía incluso promover reformas a las leyes.
Me parece que debemos transitar hacia mejores niveles de vida, con mejores niveles educativos, mejores servicios tanto privados como públicos, y eso implica por un lado que la sociedad civil tenga mejores profesionistas, pero muy especialmente, el gobierno tenga servidores públicos con un adecuado perfil profesional, porque si hay un ente trascendental en la mejoría del nivel de vida de todos, ese es el gobierno.
En otras palabras, tanto o más urgente que certificar y evaluar a la sociedad civil o a los maestros, se debe evaluar con rigor a quien ejerza el poder público.
Porque una mala política pública o una ley mal hecha, puede, sin duda, poner en riesgo la salud, la vida, la seguridad, el progreso o la justicia, mucho más de lo que un profesionista no certificado puede causar.
Que se prohíba que los colegios de profesionistas, no participen en política es tan absurdo como afirmar que quienes más preparados están para hacer y dirigir la política, no puedan o deban hacerlo.