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Analizan reforma a la Ley de Tránsito y de Transporte del Estado para regular el uso de motocicletas, como medida para inhibir los delitos que se cometen a bordo de ese medio de transporte.

Diputada dice que por ser más grande ahora la sede del Poder Legislativo, el gasto es mayor.

El Congreso confirma encuentro hoy con integrantes de la Mesa de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

El Congreso del estado encabezará el primer encuentro con los integrantes de la Mesa de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, este miércoles, en el que diputados locales cuestionarán a las autoridades federales y estatales sobre la estrategia de seguridad que se aplica y el incremento de la incidencia delictiva en los últimos meses. 
El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier García Chávez, informó que en dicha mesa de trabajo, que tendrá como sede el Congreso local, los legisladores también harán planteamientos para dar una solución al problema de la seguridad pública. 
"De las respuestas que tengamos mañana, lo que procede es que hagamos una evaluación muy rigurosa en el Congreso para ver qué es lo que procede. No se trata de pedir cuentas de manera irresponsable, de culpar en lo individual a algún titular de una dependencia y pedir su renuncia, se trata de que nos den respuestas y asuman su irresponsabilidad", manifestó el diputado. 
De acuerdo con el diputado de Morena, era urgente que se instalara una mesa de trabajo "por la paz y el desarrollo en el estado", ya que como legisladores desconocían la estrategia que en materia de seguridad se ha implementado en los últimos meses.
Adelantó que serán receptivos de los planteamientos que se hagan por parte de la autoridad federal y estatal, pues se adelantó -por parte el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera- que se presentaría un paquete de iniciativas en materia de seguridad ante el Congreso del estado. 
García Chávez adelantó que el Congreso local también buscará una mesa de trabajo con representantes de la sociedad civil, como empresarios y el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, con quien también agendarán una reunión en los próximos días. 

La Comisión Estatal de Seguridad reitera que ese vehículo es el más usado para cometer homicidios y hace un llamado a los diputados.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) llamó al Poder Legislativo a unir esfuerzos para regular el uso de motocicletas para frenar la ola de homicidios dolosos, ya que este tipo de vehículo es el principal medio de transporte utilizado por los delincuentes para cometer el delito y huir.

El secretario técnico de la CES, Mario Isaac Vargas Santomé, señaló que de diciembre a la fecha se han revisado más de 80 mil motocicletas y, en el marco de la mesa interinstitucional de coordinación para la paz y la seguridad, se observa que prevalece el uso de este vehículo para cometer ilícitos.

Indicó que de acuerdo con estadísticas oficiales, en el rubro de homicidios dolosos -por cada 100 mil habitantes- Morelos está en el quinto lugar, pero en el ranking nacional oscila entre el 10 y el 12.

“En la actualidad se han revisado más de 80 mil inspecciones a motociclistas desde diciembre a la fecha. Producto del estudio de esta mesa de coordinación se determinó que un gran porcentaje de los homicidios dolosos que se cometen en el estado es el mismo modus operandi: dos motociclistas que llegan, uno se baja y ejecuta”, dijo.  

Explicó que quienes utilizan este modus operandi para privar de la vida a las personas, generalmente son integrantes de alguno de los cinco cárteles locales y nacionales que operan en el territorio estatal.

Cuestionado sobre los constantes  homicidios, señaló que “es algo que no se puede prevenir, la realidad es que en el estado de Morelos operan esos cuatro cárteles, y operan de la misma manera. ¿Cuál es el modus operandi de estos? Son motocicletas, son motociclistas, tenemos que actuar sobre las causas”.

Por ello, insistió en que la autoridad requiere de la participación del Poder Legislativo para regular este tipo de transporte, que ha servido a los delincuentes no sólo para ejecutar un asesinato, sino para evadir la acción de la justicia.

Incluso, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, adelantó que el Poder Ejecutivo elabora su propia iniciativa de ley y en breve será presentada, en la que se aprovecharán las mejores prácticas internacionales y experiencias de otros países, como Colombia, que han padecido el mismo fenómeno delictivo.  

El Congreso del estado y el Poder Ejecutivo trabajarán en una nueva ley de Notariado Público, para anular la vigente que creó la LIII Legislatura a propuesta del ex gobernador Graco Ramírez, para garantizar la inamovilidad de los notarios públicos, informó el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier García Chávez.
A pesar de que la iniciativa de Ley de Notariado Público del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo fue rechazada por un grupo de legisladores, dijo que es necesario que se impulse un nuevo proyecto de ley para evitar abusos de los notarios.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación explicó que el dictamen se votó durante la representación de su antecesor Marcos Zapotitla Becerro y se rechazó porque la mayoría de los legisladores no estaban de acuerdo con asignar mayores facultades al secretario de Gobierno estatal para tomar decisiones sobre el  notariado.
Sin embargo, dijo que antes de septiembre de este año, cuando iniciará el segundo periodo ordinario de sesiones, se trabajará en una nueva propuesta junto con el Poder Ejecutivo.
Añadió que la intención es echar abajo la actual Ley de Notariado Público, que garantiza la inamovilidad de los notarios públicos, además de otros excesos a favor de la autoridad estatal.

Crearán una nueva Ley de Mejora Regulatoria.

A más tardar el 19 de mayo, el Congreso del estado deberá crear una nueva Ley de Mejora Regulatoria, que tendría que garantizar trámites claros y servicios públicos simplificados.
Durante el foro de información y consulta para la presentación de la nueva ley en el Congreso del estado, el comisionado de Mejora Regulatoria, Armando López Bravo, refirió que aún los municipios se resisten a realizar normas más claras y trámites menos engorrosos, lo que ha propiciado actos de corrupción.
"La corrupción es una de las causas, efectivamente, aquí en Morelos, de la imposibilidad de generar inversión, es lo que nos dice el Inegi. En general, en todos los trámites tenemos ese problema, en general, en los tres niveles de gobierno, no nada más en lo estatal, en municipal y federal", señaló.
Dijo que es necesario simplificar trámites, sobre todo en licencias de funcionamiento y construcción, que garanticen una mayor inversión en el estado.
"Se requiere la participación ciudadana en la realización de trámites y servicios y, sobre todo, la transparencia y legalidad, sustento jurídico para los trámites, porque muchas veces se quedan a criterio del funcionario. Buscamos darle la formalidad y, a través de eso, evitar la discrecionalidad", comentó.
El titular de la Comisión de la Mejora Regulatoria refirió que Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y otros municipios con mayor población son los que aplican trámites más engorrosos y donde se requiere establecer una norma regulatoria.

La investigación se extendió más allá de los 70 decretos que aprobó a su salida la anterior legislatura, pero hay otras aprobaciones anómalas.

A más tardar en 15 días, el Congreso del estado anulará un nuevo paquete de "jubilaciones doradas" que autorizó la LIII Legislatura a ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez.
El diputado del partido  Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier García Chávez, informó que la lista de jubilaciones que serán anuladas sería mayor a los 70 decretos, número que arrojó la investigación de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, en la que se confirmaron graves irregularidades cometidas por ex funcionarios y ex legisladores.
Reveló que el Poder Legislativo obtuvo nuevas pruebas que confirman que más de 70 ex funcionarios violaron la ley para obtener su retiro y el pago de su pensión.
"Vamos a seguir porque nos están llegando informaciones adicionales que no teníamos contempladas... para incrementar el número de personas que también están en este supuesto de irregularidades, que se les otorgó "pensión dorada", explicó.
García Chávez adelantó que la investigación que inició la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social en septiembre pasado se ampliará para cancelar " jubilaciones doradas" que se autorizaron en administraciones y legislaturas pasadas.
Al respecto, el secretario de Hacienda del gobierno estatal, Alejandro Villarreal Gasca, refirió hace unas semanas que el Congreso local debía revisar pensiones autorizadas en administraciones pasadas, que se autorizaron de manera ilegal y que afectan gravemente al erario público.

Piden a instituciones de seguridad y procuración de justicia "actuar con efectividad ante ola de violencia”.

Anularon los nombramientos que hizo la anterior legislatura, pero quieren que se ocupen ambos espacios.

La diputada Rosalina Mazari dice que no es necesario que haya cinco comisionados en dicho órgano.

El Congreso del estado emitirá una convocatoria para designar a dos comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), espacios que creó la LIII Legislatura -a unos días de concluir- para colocar a sus familiares en puestos públicos, así lo confirmó la diputada del Partido del Trabajo (PT), Erika García Zaragoza. 
Los diputados que integran la LIV Legislatura anularon el pasado 13 de septiembre los nombramientos de Roberto Yáñez Vázquez, padre del exdiputado del Partido Social Demócrata (PSD), Julio Yáñez Moreno, y de Marco Antonio Alvear Sánchez, quien fue asesor del legislador expriista Mario Chávez Ortega, en cumplimiento de una orden judicial. Sin embargo, dejaron vigente la reforma constitucional que permitió incrementar de tres a cinco el número de comisionados del IMIPE. 
A pesar de que los comisionados designados por la pasada Legislatura se ampararon en busca de su restitución en el cargo, la legisladora Erika García confirmó que se busca ocupar dichos espacios y próximamente se emitirá la convocatoria para el registro de aspirantes, con previa autorización de la Junta Política y de Gobierno. 
Al respecto, la diputada priista Rosalina Mazari Espín consideró que se debe analizar a fondo dicha determinación, toda vez que contar con cinco comisionados en lugar de tres en el IMIPE sólo significará una carga más para el erario público. 
Señaló que lo correcto sería abrogar la reforma constitucional y dejar la estructura del órgano de transparencia como hasta antes de agosto del 2018.

La CNDH realizó observaciones a las normatividades de seis municipios, por violentar garantías fundamentales de sus habitantes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó observaciones por inconsistencias y abusos que el Congreso del estado permitió en las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 de los ayuntamientos de Ayala, Coatlán del Río, Mazatepec, Tlaltizapán, Xochitepec y Zacualpan de Amilpas, por lo que el organismo promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Al respecto, la diputada priista Rosalina Mazari Espín defendió las leyes de Ingresos que aprobó el Poder Legislativo, pues afirmó que se apegaron a derecho y se evitaron aumentos en derechos y servicios públicos en perjuicio de los ciudadanos. 
Mediante la acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pretende que la SCJN declare la invalidez de diversos artículos en las leyes de Ingresos de los seis municipios que se consideran violatorios de los derechos fundamentales. 
Los derechos y servicios impuestos en las leyes de Ingresos a los que se les hizo observaciones son: Impuesto adicional, establecidos en los marcos normativos de Ayala, Coatlán del Río, Mazatepec y Tlaltizapán; Alumbrado público, en el municipio de Ayala; Multas fijas, establecidas en Ayala, Coatlán del Río, Xochitepec; Registro extemporáneo de nacimiento, en Coatlán del Río; y Cobros por acceso a la información, en Zacualpan de Amilpas. 
"Dicen que es violación a los derechos humanos, no podemos ni tenemos porqué estar violando los derechos humanos, ya que nosotros nos debemos a los ciudadanos", aseveró la diputada, al referirse a la acción promovida por la CNDH.
Afirmó que el Congreso siempre vigiló que las leyes de Ingresos no incluyeran aumentos fuera de la ley que afectaran los bolsillos de los ciudadanos. 
"Lo que nosotros sí cuidamos mucho es que no hubiera aumento en la Unidad de Medida de Actualización (UMA), porque eso iba a ser de gran impacto a la sociedad, porque hay muchos alcaldes que quieren incrementos de UMAs, inclusive, de nuevos impuestos, porque a veces lo que menos les importa es el ciudadano, lo que más les interesa es recaudar", agregó. 

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización toleró irregularidades en auditorías a las cuentas públicas de nueve municipios.

El Congreso del estado detectó más irregularidades en las auditorías a las cuentas públicas de nueve municipios aplicadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), omisiones que ya fueron observadas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
De una investigación que inició la Comisión que encabeza la diputada priista Rosalina Mazari Espín se detectó que podría haber graves omisiones en el trabajo realizado por la ESAF. 
La legisladora explicó que se trata de nueve municipios a los que la ESAF había aprobado sus auditorías a las cuentas públicas correspondientes al 2016 y 2017, sin haber señalado ninguna irregularidad ni haber aplicado sanciones a las autoridades municipales, pese a que se comprobó que se cometieron irregularidades en el manejo de los recursos públicos en algunos casos. 
Sin embargo, y a pesar de las posibles faltas cometidas por la ESAF, el Congreso del estado le dio la oportunidad de resarcir las observaciones que le hizo la Comisión de Hacienda y explicar las causas de tales anomalías.
"Pudimos observar algunas situaciones que no estaban para ya poderlas dictaminar y pasarlas al Pleno para ser votadas en sentido positivo. En las propias cuentas públicas no había datos de sanciones administrativas, resarcitorias y contables, eso dice mucho. En el análisis que se hizo nos dimos cuenta que no coincidían los números con lo que había sido la aprobación de los ingresos con los egresos, más ciertos endeudamientos que tenían", explicó la legisladora.
Los municipios involucrados en la investigación que realizó la Comisión de Hacienda son Atlatlahucan, Emiliano Zapata, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tetecala, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. 
Las cuentas públicas revisadas son de los años 2016 y 2017, pero también han llegado al Congreso auditorías a las cuentas públicas de 2012 y 2013. 

Por dos días seguidos, propietarios y personal de esos negocios protestaron en la sede del Congreso local para exigir que se reanude el programa que subsidiaba su operación.

Por segundo día consecutivo, trabajadoras de las estancias infantiles en Morelos protestaron ante el Congreso del estado. Este miércoles, las mujeres inconformes irrumpieron en el Pleno Legislativo, durante la sesión ordinaria, y pidieron a los legisladores que intervengan ante el gobierno federal y estatal y se reactive el programa de apoyo a la educación inicial.
Con pancartas con leyendas como: "Señor presidente: ¿Y las criaturas?" o "Señor presidente pase y pase lista", las trabajadoras de las estancias infantiles dijeron que ya es tiempo de que las autoridades estatales escuchen sus demandas y se asignen recursos de apoyo a las madres que ya no pueden llevar a sus hijos a estos planteles de educación inicial por falta de recursos.
"Hoy, en el día del trabajo, creímos que era necesario protestar para pedir la intervención del Congreso. Se debe entender que hay niños que ahora están siendo cuidados por mujeres que trabajan en negocios o espacios no aptos debido al recorte del programa", manifestó una de las mujeres.
Ante la protesta que realizaron en el Pleno del Congreso, los legisladores atendieron al grupo de trabajadoras y acordaron crear una comisión de legisladores para intervenir ante la Federación y buscar la forma de respaldar a las estancias infantiles. 

Los próximos presidentes de ambos organismos serán elegidos con mayoría de votos en el Congreso del estado, dice diputada.

Los nombramientos del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) serán definidos entre los partidos con mayoría de votos en el Congreso del estado, admitió la diputada panista Dalila Morales Sandoval.
En entrevista, la legisladora local informó que aún no se han logrado acuerdos en el Congreso local para concretar dichas designaciones, a más de un mes de que se quedó acéfalo el cargo de presidente de la CDHEM y a cuatro meses en el caso de la ESAF.
Morales Sandoval admitió que las propuestas para definir los nombramientos se han hecho por el Partido Encuentro Social (PES), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT), que son los que cuentan con mayoría de votos.
Sin embargo, refirió que las diferencias entre estas fuerzas políticas han impedido que se logre un acuerdo de mayoría (14 votos) para avanzar con esos temas y evitar que el trabajo en el Poder Legislativo se rezague.
La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional dijo que se espera que la próxima semana, finalmente, haya consensos al menos en el nombramiento del presidente de la CDHEM.
"Aquí el tema es que vayan saliendo, porque entre más nos tardemos nosotros, quien sufre las consecuencias, como fue el tema del Paquete Económico, son los ciudadanos... los que pagan un costo muy alto son los ciudadanos y no tenemos que ir por esa vía, tenemos que transitar y yo espero que la próxima semana podamos tener en la mesa ya unas propuestas más certeras", declaró la legisladora, quien manifestó que el Congreso del estado no puede agotar el plazo que tienen para la presidencia de la CDHEM, hasta junio próximo, por la responsabilidad que debe asumir dicho órgano. 

Pese al llamado de atención de los legisladores, la fiscalía anticorrupción asegura que trabaja “respetando irrestrictamente el debido proceso, la secrecía y el sigilo”.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción rechazó haber puesto en riesgo la investigación que se sigue en contra de las exdiputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, por considerar que los datos sensibles de la indagatoria permanecen reservados.

A través de un breve comunicado, la dependencia rechazó la postura del Congreso local, que exigió a la fiscalía especializada y a su titular, Juan Salazar Núñez, “conducirse con secrecía en todas las investigaciones y ponerse a trabajar”, “más cuando se trata de asuntos tan delicados donde se ha dañado tanto al erario público y donde la sociedad morelense exige justicia, ya que a tres años de la creación de esta Fiscalía no ha dado resultados”.

La fiscalía anticorrupción afirmó que nunca reveló datos sensibles y que la institución continuará su trabajo respetando la legalidad y el debido proceso.

“En relación al comunicado emitido por el Congreso de Morelos, la Fiscalía Anticorrupción aclara que en ningún momento se ha puesto en riesgo el proceso derivado de la denuncia iniciada por dicha instancia, en virtud de que los pormenores y detalles de la investigación son reservados y estos datos serán revelados hasta la audiencia respectiva.

“Esta institución siempre actúa y seguirá haciéndolo respetando irrestrictamente el debido proceso, la secrecía y el sigilo, con total apego a la legalidad y de manera transparente, honesta e imparcial”, estableció en su comunicado.

La postura del Congreso surgió a raíz de que el martes la fiscalía dio a conocer que retiró la formulación de imputación contra las exlegisladoras y robustecerá la investigación con nueva información aportada por la exsecretaria de Administración del Congreso, Patricia Bandera Flores, quien inicialmente sería imputada junto con Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera, pero la fiscalía retiró los cargos y ahora será su testigo.

En un comunicado, el Congreso pide al funcionario “ponerse a trabajar”, en relación con la investigación contra Hortencia Figueroa y Beatriz Vicera.

La Fiscalía dice que es para fortalecer la investigación; ahora, la exfuncionaria del Congreso del estado, Patricia Bandera Flores –implicada inicialmente en la denuncia por peculado contra Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste- será testigo del caso.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos retiró la formulación de imputación ante un juez contra las ex diputadas perredistas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, debido a que –aseguró- replanteará la investigación y las imputaciones contra la ex legisladoras, a partir del testimonio y nueva información aportada por la ex secretaria de administración del Congreso del Estado, Patricia Bandera Flores, quien ahora es testigo de la fiscalía.

A través de un comunicado, la fiscalía anticorrupción informó que, a petición del Congreso del Estado de Morelos, solicitó a la juez de control de primera instancia, Teresa Soto Martínez, cancelar la  audiencia de formulación de imputación, cuya petición fue autorizada por la juzgadora.

“Lo anterior -dice el comunicado- derivado también del criterio de oportunidad que le fue concedido a Patricia “N” la ex secretaria de Finanzas y Administración del H. Congreso de Morelos, quien ha proporcionado información relevante para la teoría del caso que servirá para acreditar el delito materia de la investigación. 

“Por esta situación, de nueva cuenta y a la brevedad se formulará imputación por los delitos que se configuren con los nuevos datos de prueba recabados”.

El pasado 29 de marzo, la fiscalía anticorrupción solicitó diferir la audiencia de formulación de imputación contra las ex diputadas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste, y la ex secretaria de Administración del Congreso del Estado, Patricia Bandera Flores, a quienes se pretendía acusar por el presunto delito de peculado por un monto aproximado de 20 millones de pesos.

La petición fue porque a las imputadas y sus abogados, al no fijar un domicilio para hacer notificaciones, no se les había entregado copia de la carpeta de investigación.

La vicefiscal anticorrupción Guadalupe Flores Servín explicó que tuvo que solicitar el diferimiento porque los abogados de las imputadas pretendieron “chicanear” el caso y provocar un error técnico, para después irse a juicio de amparo y alegar que se violó el debido proceso por no haber tenido, previó a la audiencia de formulación de imputación, acceso al expediente.

La audiencia se reprogramó para este martes 23 de abril, pero la fiscalía anticorrupción pidió la cancelación, en virtud de que también fueron retirados los cargos contra la ex secretaria de Administración del Congreso del Estado, Patricia Bandera Flores, quien ahora tendrá calidad de testigo, por sus aportes a la investigación y que permitirán robustecer las carpeta de investigación, y en su momento reformular la imputación contra las ex legisladoras perredistas.

La diputada priista señala que no permitirán injerencias externas a la hora de elegir ombusdman y titular del  ESAF.

El Congreso del estado no permitirá imposiciones de actores políticos externos para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y del próximo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), afirmó la diputada priista Rosalina Mazari Espín.
Ante los rumores de que desde el Senado de la República se pretende incidir en el nombramiento de la ESAF, la legisladora sostuvo que el nombramiento es una facultad solo del Congreso local.
"Se dice mucho eso, pero creo que nosotros debemos ser responsables para que las decisiones de las diputadas y de los diputados las tomen las diputadas y los diputados de este Congreso. Somos un poder y tenemos como tal actuar con responsabilidad y no permitir que gente externa o de otras (...) recomendaciones que sí, pudieran ser tomadas en cuenta como una recomendación más, no una imposición, eso sí debe quedar claro", manifestó Mazari Espín. 
La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó su confianza en que la próxima semana el Congreso del estado pueda definir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que debió designarse desde el 21 de marzo pasado y para el que 23 ciudadanos se registraron como aspirantes ante el Poder Legislativo. 
Inmediatamente, refirió, se iniciará el proceso para nombrar al titular del órgano auditor, cargo que está acéfalo desde diciembre del año pasado. 

El Congreso ordena iniciar procesos contra funcionarios estatales o municipales que otorgaron las constancias que sirvieron para aprobar indebidamente esos pagos hoy anulados.

Además, Tania Valentina Rodríguez aseguró que ya iniciaron las investigaciones en contra de quienes resulten responsables.

Cuautla.- A fin de dar a conocer a la ciudadanía de la región oriente del estado, la situación que se vive en torno a la aprobación de las “pensiones doradas”, la diputada local Tania Valentina Rodríguez Ruiz señaló que al menos 24 ya fueron derogadas y que se iniciaron investigaciones en contra de quienes resulten responsables a niveles local y estatal.

Refirió que al tratar de manera específica este tema con la ciudadanía, “se cumple con la población morelense”, ya que atender ese asunto era un encargo expreso de la población, pues desde el 12 de octubre de 2018, en el Pleno del Congreso, la sesión mandató a la comisión del trabajo que representa la diputada local poner en marcha de manera inmediata una investigación exhaustiva a cada uno de los 73 decretos jubilatorios que presentó y aprobó la legislatura anterior, en las que se detectaron irregularidades en el monto de las mismas, considerándolas altas.

“Éstas no son jubilaciones como un trabajador morelense promedio, que son de tres a ocho mil pesos, y si han trabajado muchos años en un estatus regular, de unos 15 mil, sino que son jubilaciones muy altas a la que los propios ciudadanos comenzaron a llamar ‘jubilaciones doradas’”, dijo la diputada.

Subrayó que tras la sesión del 12 de octubre de 2018, el Pleno del Congreso mandató a la comisión del trabajo que procediera a dicha investigación. Por lo que se ubicaron los expedientes, los cuales no estaban en el área donde debían estar.

Refirió que las jubilaciones no fueron dictaminadas en la comisión del trabajo, sino en otra parte del Congreso; de ahí fueron directamente al Pleno, donde no hay números de registro ni obra, además de que no existen en el libro de gobierno de la comisión del trabajo.

“Ya tenemos los expedientes; los analizamos y con lo que decidimos con cada expediente, se manda la investigación. Esto significa que se mandan oficios y se cita a las dependencias que fueron el soporte de los años laborales para verificar si es verdad o no que trabajaron”, dijo la diputada local.

Asimismo, refirió que la tardanza en dar respuesta a la ciudadanía sobre este tema fue que los ayuntamientos y otros entes contestaron al Congreso del estado hace aproximadamente un mes. Por tal motivo, apenas se brinda la información a la ciudadanía.

La legisladora señaló que en la investigación realizada se encontraron dos grupos de personas con diversos estatus de jubilación. En uno están quienes cumplen con los años necesarios para jubilarse, pero violentaron el procedimiento que se debe tener para una jubilación y ése es motivo para derogar un decreto, pero pueden iniciar nuevamente su trámite en la comisión del trabajo del Congreso local o irse a tribunales para que un juez ordene al Congreso acatar dicha orden.

El otro grupo que se detectó no solamente violentó todo el procedimiento, sino que además se emitieron documentos falsos, específicamente provenientes de los municipios de Puente de Ixtla, Cuautla y Jiutepec, indicando que son los municipios que más dieron soporte para realizar la entrega de documentos con información falsa, y corresponde a las administraciones municipales 2016-2018, que se encuentran bajo proceso de investigación por dicha situación.

“Quien pidió y entregó la información falsa, desde el presidente municipal que da la autorización y el director de Recursos Humanos, todos deberán tener investigaciones y denuncias penales que ya están en camino. Porque creemos que es necesario que haya un castigo a aquellos que quieren vivir del erario público (sic), lastimando a todos los morelenses; pero, además, sin el derecho de jubilarse porque no tenían ni los años trabajados ni la cantidad que habían dicho que ganaban. No podemos seguir ayudando y apoyando al compadrazgo que se vive en Morelos”, concluyó Rodríguez Ruiz.

El Congreso podría iniciar un nuevo proceso de destitución en contra del fiscal general: Sotelo Martínez.

El Congreso del estado podría iniciar un nuevo proceso de destitución en contra del fiscal general, Uriel Carmona Gándara, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, si no logra dar resultados en el caso registrado en un restaurante de Cuautla, donde dos familias fueron atacadas.
El legislador local refirió, en entrevista, que la próxima semana llevará el tema a los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que se evalúe el desempeño del fiscal.
Lamentó que el trabajo de Carmona Gándara sea cuestionable y que el funcionario sostenga que su encargo es por nueve años. "Los funcionarios no tendrían que conducirse de esa manera, no tendrían que generar ese tipo de especulaciones. Los funcionarios estamos sujetos a una temporalidad del encargo", manifestó. 
Sostuvo que el Poder Legislativo puede iniciar un proceso de remoción en contra de Carmona Gándara, sin que exista una solicitud directa del Poder Ejecutivo, por lo que reiteró que se revisará el trabajo del fiscal, y si cumple con la responsabilidad por la que la LIII Legislatura lo designó por nueve años. 
"El tema es hacer ese ejercicio de manera consciente y ver si hay condiciones para poder aprobar el trabajo de la Fiscalía. Yo creo que el fiscal debería estar preocupado por la funcionalidad, por dar resultados y porque nos podamos sentir confiados en la procuración de justicia", manifestó Sotelo Martínez.