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Amelia Hernández Alonso y el cabildo podrían ser multados hasta con 400 mil pesos.

Tetela del Volcán.- Los integrantes del Cabildo de Tetela del Volcán deberán restituir en el cargo de presidente municipal a Ana Bertha Haro Sánchez en un plazo de dos días, so pena de hacerse acreedores a una multa de más de 403 mil pesos, en caso de mantener su negativa a acatar la sentencia emitida el 25 de julio por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM). Así lo resolvió este órgano jurisdiccional en su Sesión Publica efectuada la noche del viernes.

Por unanimidad de los magistrados fue aprobado el acuerdo plenario de incumplimiento respecto del expediente electoral TEEM/JDC/350/2018-1, promovido por Ana Bertha Haro Sánchez en su calidad de presidenta municipal propietaria electa del ayuntamiento de Tetela del Volcán, en contra de los integrantes del cabildo y la presidenta municipal suplente, Amelia Hernández Alonso, por su negativa de permitirle reingresar al ejercicio al cargo y desempeñar sus funciones derivadas de la licencia definitiva que solicitó para postularse para un cargo de elección popular.

Durante la Sesión Pública se decretó el incumplimiento de la sentencia de fecha 25 de julio, donde el TEEM ordena al cabildo la restitución de la presidenta municipal Constitucional Ana Bertha Haro Sánchez, así como del acuerdo plenario del 3 de agosto por parte de los integrantes del ayuntamiento y el secretario, por lo que se les amonestó públicamente, lo que será publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad.

El TEEM ordenó -de nueva cuenta- los integrantes del cabildo Amelia Hernández Alonso, presidenta municipal en funciones; Andrés Martínez Canales, síndico; Lili Isabel Rivas Rivera, regidora; Guillermo Rodríguez Pérez, regidor; Lauro Álvarez Reyes, regidor, así como al secretario municipal, Wilfrido Maya Espinosa, “realizar las acciones correspondientes para efecto de dar cumplimiento a la sentencia de mérito y restituir a la actora en el cargo de presidenta municipal con el apercibimiento de que de no cumplir con lo ordenado se les aplicará una multa de mil hasta 5 mil veces la UMA”.

Para ello se les da de plazo dos días hábiles para cumplir el ordenamiento, para lo cual deberán informar al TEEM -en un plazo de 24 horas- el cumplimiento, anexando la documentación que lo acredite. El tribunal también ordenó hacer del conocimiento al Congreso del estado de esta resolución, “para que en uso de sus facultades determine si los actos u omisiones pudieran derivar en responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos municipales referidos o, en su caso, dé conocimiento a la autoridad administrativa correspondiente para los efectos legales a que hubiera lugar”.

Por último, se señala que en caso de no cumplir con lo ordenado en el presente acuerdo, como en la sentencia dictada el 3 de julio, “se les aplicará como medida de apremio una multa de mil hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización UMA prevista en el artículo 109 del Reglamento Interno del TEEM”. Destaca el ordenamiento de que esta multa se individualizara en el momento procesal oportuno, misma que deberá ser pagada por la alcaldesa suplente Amelia Hernández Alonso, el cabildo y el secretario municipal de su propio peculio y no del erario público.

Hace efectivo el apercibimiento al Congreso porque los legisladores salientes incumplieron sentencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó elaborar un proyecto de resolución para aplicar a los diputados locales la destitución y la consignación ante un juez, por incumplir con las sentencias del máximo tribunal del país.

“Se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y túrnese el asunto al Ministro ponente para que someta al Pleno el proyecto por el cual se aplique el último párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, estableció la SCJN en los estrados electrónicos.

A principios del mes de julio, el Alto Tribunal instó -por tercera ocasión- al Congreso de Morelos a cumplir con las sentencias de al menos cinco controversias constitucionales relacionadas con los decretos de jubilación de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia y la autorización de presupuesto para pagar las pensiones.

Pero a la fecha, la SCJN no ha recibido la documentación que dé por cumplidas sus sentencias y, en consecuencia, determinó aplicar la porción del artículo 105 constitucional que establece que se aplicarán las acciones previstas en la fracción XVI de artículo 107 constitucional que, a su vez, indica que “cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido (la sentencia), procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito”.

Además, existen en estrados otros apercibimientos al Congreso de Morelos para que cumpla con una decena de sentencias de controversias constitucionales vinculadas a los decretos pensionarios de trabajadores del Poder Judicial. 

El diputado electo se rebela contra Javier García, a quien no acepta como coordinador.

Pese a que la dirigencia estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que no hay división entre quienes serán legisladores de ese instituto político en la próxima legislatura, el diputado electo José Casas González envió un oficio a la lideresa nacional Yeidckol Polevnsky Gurwitz, por el que desconoce a Javier García Chávez como el coordinador de la futura bancada en el Congreso local.

El propio Casas González explicó que ni siquiera han tomado protesta como diputados de la LIV Legislatura y, por lo tanto, no podría haber un coordinador designado, como lo aseguró el presidente del comité directivo estatal, Gerardo Albarrán Cruz, el pasado 22 de agosto en una conferencia de prensa.

Manifestó que con anterioridad, comentó con otros y otras diputadas sobre este caso y han coincidido en que no debe haber imposiciones, por lo que de manera personal decidió recurrir de manera formal ante la dirigencia nacional partidista.

En el oficio entregado, que dio a conocer este jueves, José Casas expresó que la designación del coordinador de los diputados debe ser resuelta por los integrantes, sin injerencia de cualquier otro actor político.

Resaltó que la Ley Orgánica del Congreso local señala -en su artículo 18- que se conforman los grupos o fracciones parlamentarias hasta que hayan rendido protesta constitucional del cargo de elección y, en el artículo 29, se estipula claramente el procedimiento para el reconocimiento, que implica el registro de los miembros ante la mesa directiva, previamente electa.

“Entonces, es hasta que se registra ante la mesa directiva electa y ésta la registra, que esa designación surte efecto, por tanto rechazo tajantemente que el diputado electo C. Héctor Javier García Chávez, quien se hace llamar ‘El Gato’, se ostente como coordinador del grupo parlamentario de Morena en Morelos, violentando la normatividad aplicable”.   

Además, dijo que no está de acuerdo porque “el supuesto nombramiento” de García Chávez no fue resultado de un proceso democrático. Sostiene que la referida reunión en la que se trató el tema no fue oficial y no hubo una votación mayoritaria de los legisladores electos morenistas.

“Careció de toda formalidad, se pretendió sorprender a los diputados electos y se permitió el voto de personas ajenas al grupo, como lo es la diputada electa Alejandra Flores Espinosa, quien fuera propuesta como candidata por el Partido Encuentro Social. A pesar de tratarse de una reunión amañada, los resultados no fueron unánimes ya que este personaje sólo obtuvo tres votos que fueron los de Alejandra Flores y Ariadna Barrera y el tercero de él mismo; los demás fueron para otros miembros de los diputados electos de la coalición Juntos Haremos Historia, lo que indica que Héctor Javier García Chávez no representa a la mayoría… Y, aun así, el dirigente se atreve a señalar que fue acuerdo de los diputados de Morena Morelos”.

En el referido escrito, José Casas califica la actitud de un grupo de diputados afines al actual senador Miguel Lucía Espejo y al dirigente estatal, como “facciosa”, al avasallar y excluir a quienes no comulgan con ellos y asegura que pretenden impulsar un proyecto diferente al del líder nacional Andrés Manuel López Obrador e, incluso, “opuesto al del gobernador electo por la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos”.

Casas González pidió la intervención de la lideresa nacional para mantener la unidad en el partido y que se actúe con legalidad. Por lo tanto, desconoció de forma contundente a García Chávez y descalificó que el pasado 22 de agosto -en la referida conferencia de prensa- el propio Héctor Javier haya expresado que “todos deben acatar los resolutivos que dicta dicha coordinación”, ya que con ello se estarían violando sus derechos políticos como militante y diputado electo.

Finalmente, denunció que él, junto con otros tres de los ocho diputados electos, han sido excluidos, al grado de que no han sido convocados a diversas reuniones de trabajo. Incluso, una de ellas con la propia dirigencia nacional de Morena, a la que acudieron otras autoridades electas, pero ellos no fueron invitados.

“Morelos Rinde Cuentas” señala que –incluso- el IMIPE es cómplice de los legisladores, a los que no obliga a hacer públicos sus registros.

Los diputados electos tendrán que asumir las omisiones, faltas y excesos de los actuales legisladores en materia de transparencia, afirmó Roberto Salinas Martínez, codirector del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", quien sostuvo que la LIII Legislatura está reprobada por su mala gestión.

En el marco del foro "Legislar por Morelos", el investigador refirió que después de 15 recursos de inconformidad, el Congreso del estado aún no ha respondido a las solicitudes de información respecto a la situación financiera del Congreso. 

Particularmente, dijo, en los últimos meses el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) se ha sumado a dicha opacidad, pues no ha obligado a los legisladores, específicamente a la Mesa Directiva que encabeza Hortencia Figueroa Peralta, a que cumplan con su obligación de transparentar el ejercicio público.

Señaló que ante tal omisión y, a unos días de que concluya la LIII Legislatura, los legisladores electos -que entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre- tendrán que asumir dicha responsabilidad, incluso de las sanciones que se apliquen derivado de los recursos de inconformidad que Morelos Rinde Cuentas ha promovido para acceder a información pública del Congreso.

Aunado a la falta de transparencia, subrayó, están los excesos que cometieron los diputados en las últimas semanas y que pretenden cerrar con dos nombramientos en el IMIPE.

Salinas Martínez se pronunció por la cancelación de dos comisionados más en el IMIPE y una reestructuración a fondo en dicho organismo. 

Pedirán que se utilice el remanente del precio del petróleo en el rescate financiero.

Hoy, rectores de las diez universidades estatales con problemas de solvencia financiera se reúnen en la Ciudad de México con el equipo de transición -en el área educativa- del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para reiterar la propuesta de utilizar el remanente del precio del petróleo de este año para el rescate financiero de las universidades.

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informó que actualmente se gestiona ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la de Hacienda poder contar con recursos que permitan el pago a los trabajadores universitarios hasta el mes de diciembre. La segunda etapa –dijo- es pagar todos los pasivos laborales y las deudas, si se cuenta con el apoyo de la nueva administración.

“El gasto corriente de las universidades con problemas financieros es de 15 mil millones de pesos y, si se toma la decisión de utilizar el remanente que deja el precio del petróleo en este año, la UAEM puede comenzar a visualizar sus finanzas sanas en enero del año próximo”.

Lamentó que en el Congreso de la Unión se destinen cinco mil millones de pesos sólo para el pago de honorarios y se dejen de atender los problemas de la educación pública, además, continuó, hay muchos subejercicios de algunas secretarías y, por no ejercerlos, están regresando mucho subsidio que puede ser destinado para rescatar a las universidades y evitar que medio millón de estudiantes se quede sin educación.

Explicó que la próxima legislatura tiene la responsabilidad y la facultad de destinar los recursos del remanente del petróleo a lo que consideren necesario y, desde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la propuesta es que se destinen al rescate financiero de diez universidades estatales.

Urquiza Beltrán señaló que la UAEM -desde el mes de julio- habría quedado en insolvencia y sólo se trasladó el problema al mes de septiembre, debido a que le fue adelantado subsidio federal y las ministraciones del segundo semestre del año.

La reunión de este día –dijo- será con Luciano Concheiros, quien asumirá en la próxima administración federal como subsecretario de educación y será responsable de atender a todas las universidades públicas del país.

Un juzgado federal otorgó una nueva suspensión provisional que trunca la pretensión del Congreso local de nombrar a dos nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Esta vez, el juicio de amparo fue promovido por la organización civil Abogados Unidos de México, a la que el Juzgado Primero de Distrito le concedió la medida cautelar para que la legislatura que concluye en diez días se abstenga de hacer las designaciones de quienes ocuparán las recién creadas magistraturas.

Y es que en al menos dos ocasiones, la legislatura en ocaso intentó realizar la designación de manera exprés sin lograrlo, gracias a los juicios de amparo promovidos por el abogado Jaime Castera Moreno, uno de los aspirantes a ocupar una de las dos magistraturas del TJA en juego y quien se inscribió en las dos convocatorias lanzadas por el Poder Legislativo.

Con esta suspensión provisional otorgada a la asociación Abogados Unidos por México, cuyo representante legal es también Castera Moreno, suman ya tres medidas cautelares concedidas por jueces federales que frustran los nombramientos.

Simultáneamente, fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

El Congreso local lanzó la convocatoria para la designación de la titular del Instituto de la Mujer, y fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

En la convocatoria, dirigida únicamente a mujeres, se fijó el periodo del 21 al 27 de agosto para que las interesadas puedan inscribirse y competir por el cargo. Para ello, deberán presentar una serie de documentos certificados ante notario, además de comprobar que cuentan con conocimientos profesionales sobre la Teoría de Género y los Derechos de las Mujeres.

Una vez concluido el periodo de inscripción, la Junta Política y de Gobierno del Congreso publicará los nombres de las aspirantes, revisará los expedientes de cada una y excluirá a quienes no hayan cumplido los requisitos de la convocatoria. Luego convocará a comparecer ante la junta legislativa y, posteriormente, entre las finalistas se escogerá una terna que será presentada ante el Pleno para designar, por un periodo de tres años, a la nueva titular del instituto.

Al lanzar la convocatoria a escasos 10 días de que concluya la legislatura, quedó en el aire si los todavía diputados harán una designación exprés o dejarán el nombramiento en manos de sus sucesores, que entran en funciones el 1 de septiembre.

Simultáneamente, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la Ley de Protección a Periodistas y Defensores del Estado de Morelos.

Hoy se reunirá con el futuro secretario de seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño.

El gobernador electo Cuauhtémoc Blanco Bravo dio a conocer que hay acuerdos con diputados de la próxima legislatura para dar marcha atrás a reformas aprobadas recientemente por el Congreso local, ya que afectan a la ciudadanía. Por otra parte, se informó que hoy se reunirá con el futuro secretario de seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño, para coordinar estrategias en esta materia.

Este lunes, Blanco Bravo se reunió por tercera ocasión con diputados electos, con quienes dialogó en privado sobre la agenda mínima que consensuaron. En entrevista, dijo que se han logrado importantes acuerdos para anular reformas que dañan al estado.
“Son importantes estas reuniones, nos estamos poniendo de acuerdo. Lo más importante es aterrizarlas (las reformas) y que la gente vea que se está trabajando, que por algo nos puso ahí. Vamos avanzando y muy bien”, expuso, aunque no dio detalles sobre cuáles son los puntos ya consensuados.
“Nos tenemos que poner de acuerdo, se está trabajando y vamos a llegar a buen término. No podemos permitir abusos de estos diputados que están saliendo. Estamos a pocos días de cambiar esta legislatura”.

El actual alcalde confirmó que para hoy se tiene programada una reunión con Alfonso Durazo Montaño, quien será el secretario de seguridad en el gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con quien platicarán sobre estrategias a seguir en este rubro en una visión de coordinación de los tres niveles de gobierno.

En entrevista por separado, Alicia Vázquez Luna -quien es parte del equipo del gobernador electo- dio a conocer que en armonía con la dinámica del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, se llevará a cabo en Morelos los foros de pacificación en el mes de octubre. Apuntó que se tenía programado para agosto, pero se reprogramó el foro nacional para el décimo mes del año.

Comentó que se plantea la posibilidad de que en este mismo ejercicio para la construcción de la agenda, sean escuchadas las víctimas en foros regionales en el estado.

Vázquez Luna enfatizó que para el gobernador electo es fundamental escuchar la voz de la sociedad, en todos los ámbitos, de manera particular en seguridad, dadas las condiciones que se viven en el estado.

Explicó que se ha planteado desde la campaña la conformación de la Contraloría social, la cual vigilará el ejercicio de cada servidor público como una forma de combate claro a la corrupción.

En dicha contraloría se contará con un equipo de especialistas y técnicos que cuenten con herramientas para dar parte a las instancias correspondientes y que se apliquen sanciones y se corrijan ejercicios no adecuados.

La Contraloría Social –adelantó- estaría conformada por un consejo honorífico, con personas que sean electas por cada municipio, que tengan conocimientos en áreas como salud, seguridad, obras y medio ambiente; que sean de reconocida honorabilidad y le den seguimiento a cada peso del gasto público con dictámenes especializados que serán entregados a la Fiscalía Anticorrupción y que, de esa manera, el fiscal no tenga pretextos para actuar en caso de identificar alguna irregularidad.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CDHEM a petición de más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos (CDHEM) contra las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) que, entre otras cosas, facultan al titular de la institución para nombrar al fiscal anticorrupción.

De acuerdo con los estrados electrónicos de la SCJN, se admitió el recurso de control constitucional 65/2018, por el cual se impugnaron los artículos 32, párrafo primero 100 y 101 de la Ley Orgánica de la FGE publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5611, de fecha 11 de julio de 2018, a través del decreto 3248.

El organismo argumentó la ilegalidad de la reforma realizada por los diputados a dichos artículos, que facultan al fiscal general para designar al fiscal especializado en combate a la corrupción y otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade  competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CDHEM a petición de la Federación de Asociaciones y Colegios de Profesionistas (Fecap) y más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente, en la SCJN ya se dirimen cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas con anterioridad por el organismo en contra de las reformas del Congreso local que otorgaron facultad discrecional al Poder Ejecutivo de donar y enajenar las reservas territoriales de la entidad; que eliminan de la Constitución local la figura de revocación de mandato, y que extienden el periodo de magistrados a 20 años.

Previo a la admisión del recurso, el fiscal general se apresuró a ratificar como fiscal anticorrupción por un periodo más de siete años a Juan Salazar Núñez, quien ejercía el cargo desde hace tres años y su detractores criticaron su desempeño y eficiencia.

Es una medida de presión de la constructora.

La nueva sede del Poder Legislativo se encuentra en penumbras desde el jueves pasado, ya que Ago Operadores S.A de C.V. (empresa encargada de construir el edificio por un costo superior a 467 millones de pesos), cortó la energía eléctrica.

La constructora adoptó dicha medida como presión para que el gobierno del estado salde adeudos que tiene desde que entregó el edificio, en diciembre del año pasado, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Obras.

Mientras tanto, las oficinas del Poder Legislativo se encuentran paralizadas, ya que los diputados han tenido que utilizar una planta de luz para el desarrollo de las sesiones de la Diputación Permanente y la sesión extraordinaria de la semana pasada. 

El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Esaú Mondragón Corrales, confirmó que el Congreso local no tiene electricidad, ya que la empresa que construyó el edificio provocó una falla hasta que se le pague.

Refirió que los trabajadores han ido a sus oficinas pero no pueden trabajar, pues no contaban con agua potable y ahora no tienen luz.

Desde que los diputados transfirieron sus oficinas a la nueva sede legislativa no han tenido el servicio de agua potable, pues el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC) no lo ha autorizado, según informó la diputada Hortencia Figueroa Peralta.

La semana pasada, la diputada -en funciones de presidenta de la Mesa Directiva- informó que la falta de energía eléctrica se debió a una falla interna que la empresa constructora debería resolver.

Activistas, extitulares del organismo y autoridades se pronuncian a favor de continuar impulsando una agenda de género en Morelos.

Como parte de las actividades por el decimosexto aniversario del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM) que se conmemoró este 14 de agosto, se realizaron conversatorios para abordar los retos a enfrentar en el camino hacia la igualdad sustantiva en la entidad.

El instituto fue creado mediante el decreto 667 del Ejecutivo estatal en el año 2002, ante la exigencia de diversos sectores sociales de tener un organismo que atendiera integralmente la violencia contra las mujeres en la entidad.

Durante los diálogos en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, la directora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, Margarita Velázquez; y el subdirector de la región norte de INMUJERES, Pablo Guillermo Bastida, abordaron el tema de la política pública nacional y su impacto en el estado.

Posteriormente, representantes de los tribunales electorales del estado de Morelos y del Poder Judicial de la Federación, Francisco Hurtado y Armando Maitret, respectivamente, así como la activista Carol Arriaga, presentaron el tema sobre el acceso igualitario a la representación política y toma de decisiones.

Esta ponencia destacó los logros de las mujeres morelenses en el ámbito político durante los últimos años; prueba de ello es la próxima legislatura que estará integrada por 14 diputadas, lográndose en Morelos un Congreso paritario.

Al cierre del evento, la titular del organismo Flor Dessiré León entregó reconocimientos a las integrantes de la Red Convergencia 8 de marzo, Patricia Lavín, Mahua Becerril Straffon y Elena de Florencia, por ser impulsoras de la creación del instituto hace 16 años.

Abundó que es necesario seguir impulsando la agenda de género a favor de la vida libre de violencia para las mujeres y la igualdad en Morelos. 

Diputados locales se valieron de una convocatoria viciada para colocar a familiares en el Parlamento Juvenil 2018.

Un ejemplo del abuso del poder que ejercieron los diputados ayer, en la sesión solemne en la que se desarrolló el Parlamento, fue la participación del niño Julio Antonio, hijo del diputado del Partido Social Demócrata (PSD) Julio Yáñez Moreno, quien evidentemente no cumplió con la edad requisitada y ocupó, incluso, un espacio en la Mesa Directiva. 

"Cómo es posible que un niño que pertenecería al Parlamento infantil, que sí existe en esta legislación, pues bueno por ser hijo de un diputado tenga derecho a presentar una iniciativa y digo, no está mal que lo haga, tiene todo el derecho por ser un ciudadano, quizá no con la edad pero en el Parlamento juvenil, saltándose toda la convocatoria y haciéndolo de manera pública", manifestó Alejandro Marroquín Basave, diputado por un día.

El joven cuestionó el proceso que se realizó para convocar a la participación de los jóvenes en el Parlamento, ya que el 6 de agosto se emitió la convocatoria y el 13 se llevó a cabo el proceso de selección de los integrantes.

Además, lamentó que los legisladores hayan tomado como un juego el Parlamento, pues el diputado panista Alberto Mojica Linares -presidente de la Comisión de la Juventud- subió a sus hijos a la Mesa Directiva para que usaran el micrófono y presentaran a los participantes del Parlamento.

Marroquín Basave fue el único joven que manifestó su inconformidad, pues fue de los pocos que logró un espacio en el Parlamento por sí cumplir con los requisitos y no por ser familiar de algún legislador.

Es que además del hijo de Julio Yáñez, también se confirmó que la mayoría de los participantes del Parlamento eran familiares de los diputados o militantes del Partido Acción Nacional (PAN).

El legislador por un día reprobó el trabajo de los integrantes de la LIII Legislatura, que jubilaron a sus esposas y familiares, además de aprobar otras reformas a modo. 

En el encuentro, los jóvenes tuvieron las oportunidad de presentar iniciativas en materia de medio ambiente, participación ciudadana, educación, entre otros puntos.

Los diputados electos revisarán todas las acciones de sus antecesores, asegura Javier García Chávez, próximo coordinador de la bancada de Morena.

El diputado electo y virtual coordinador de la próxima bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Héctor Javier García Chávez, informó que este viernes se dio la primera comunicación con la actual legislatura, para iniciar el proceso de entrega recepción. Aunque no hay una fecha precisa, adelantó que buscarán que el proceso sea ágil, pero sobre todo transparente.

Además, los legisladores electos morenistas se reunieron este viernes con el obispo de Cuernavaca Ramón Castro y Castro, con quien dialogaron durante algunas horas en la casa del obispado.

García Chávez informó que en dicho encuentro se habló en términos generales de varios temas, en especial de la importancia de que en Morelos se impulse un proceso de pacificación, ante el clima de violencia que se vive en la entidad.

Expuso que de igual forma sostendrán reuniones con otros grupos religiosos y sociales, pues el objetivo es que la labor del Poder Legislativo esté siempre apegada a la voz de la población. Adelantó que sostendrán encuentros periódicos.

En entrevista dio a conocer que la mañana de ayer, finalmente hubo una breve comunicación de la presidenta en funciones de la mesa directiva del Congreso local actual la perredista Hortensia Figueroa Peralta: “fue epistolar (un mensaje de texto vía teléfono móvil) a efecto de podernos reunir lo más pronto posible".

Pero comentó que esperarán a que se les notifique de manera oficial, para dar inicio formal a la entrega recepción

"Estamos interesados en que la entrega recepción sea lo más transparente, lo más expedita", anotó García Chávez, al comentar que también se les hizo saber que la Conferencia acordó que el protocolo para la toma de protesta de la nueva legislatura recae en los legisladores electos: “en eso no vemos ningún problema, al contrario, nos parece bien que nos comiencen a pasar las responsabilidades”.

Quien será el coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, dejó en claro que se hará público el contenido de los estados financieros y las condiciones en que recibirán las instalaciones, así como documentación  “y todo lo habido y por haber, porque es parte de la transparencia con la que nos comprometimos ante la población que votó por nosotros”.

Insistió en que el tema del sistema anticorrupción para los legisladores de Morena es prioridad, por lo que ya se trabaja en el análisis jurídico para obtener los resultados correspondientes, anticipó que todo estará sujeto a revisión, incluso la permanencia del recién nombrado fiscal.

Ante la aprobación de reformas, nombramientos e iniciativas que realizó la actual legislatura, hasta este viernes el líder del grupo de Morena reiteró que ya tienen una estrategia legal para revisar dichas modificaciones “desesperadas”, para realizar las contrarreformas correspondientes y anular los acuerdos que impliquen daño al erario y que han causado la indignación e inconformidad de la gente, entre ellas la ley de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, cuyo dictamen final no fue dado a conocer a integrantes del gremio.

Anticipó que se analizará la norma y operación del Sistema Estatal de Radio y Televisión y buscarán trabajar con el Ejecutivo para definir cuál será el futuro de esa instancia, que no debe operar como aparato de divulgación de la imagen de un poder del estado, sino que debe ser una herramienta para la voz de la población, “consideramos que actualmente no está siendo útil para la sociedad”.

Pese a las denuncias de que el proyecto no fue consensuado, se llevó a cabo la aprobación del decreto.

En medio de protestas de periodistas y activistas, los integrantes de la LIII Legislatura aprobaron la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos.

Durante el periodo extraordinario que abrieron ayer, los diputados sometieron a votación del Pleno el dictamen con proyecto de decreto de la citada ley, una propuesta de la diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta.

Desde temprano, una parte de los representantes del gremio periodístico protestaron ante el Congreso local, en contra de la citada ley.

Afirmaron que la iniciativa de la vicepresidenta de la Mesa Directiva en funciones de presidenta no se consensuó suficientemente con el gremio, ni con los defensores de los derechos humanos.

Dicha inconformidad se planteó a Figueroa Peralta, quien se negó a atender la petición de los periodistas y sostuvo que ya contaba con los votos necesarios para aprobar su propuesta.

A la una de la tarde, integrantes de la asociación cívica "Gustavo Alejandro Salgado Delgado" se sumaron al rechazo de la iniciativa de ley y protestaron ante el Congreso y bloquearon el acceso principal

Cerca de las tres de la tarde, los diputados aprobaron con 22 votos a favor y dos en contra el dictamen, sin importar la protesta en el Salón de Plenos de los periodistas presentes.

En tribuna nunca se informó del contenido de la ley, ya que los diputados sólo dieron lectura a la justificación de motivos y recalcaron que fue lo suficientemente consensuada y que permitirá a los periodistas y a defensores de los derechos humanos tener acceso a apoyos institucionales en caso de ser víctimas de una agresión. 

El fiscal general rindió un breve informe de actividades ante los diputados, pero omitió temas como el nombramiento del fiscal anticorrupción.

Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado, compareció ante el Congreso local para rendir su informe semestral de actividades. Los legisladores sólo se limitaron a escuchar, sin cuestionarlo sobre ningún tema.

En sesión extraordinaria, el fiscal cumplió de esa manera con su responsabilidad constitucional de informar al Poder Legislativo de su trabajo durante sus primeros seis meses.

En tribuna, Carmona Gándara aprovechó para hacer un llamado a las autoridades salientes y entrantes a trabajar en coordinación, en el proceso de entrega recepción.

"Cerremos filas y trabajemos de manera coordinada y demos juntos los resultados que la sociedad espera y que merece. Mandar el mensaje (de) que entre autoridades somos adversarios sólo puede ser síntoma de una potencial ingobernabilidad y esto nada más capitalizable por la delincuencia", manifestó.

También se comprometió ante los diputados a trabajar en los próximos nueve años, por los que fue designado al frente de la Fiscalía General del Estado. 

El fiscal omitió hablar sobre las razones por las que ratificó al fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, por siete años más y de la falta de resultados en violencia de género, pese a los cuestionamientos de organizaciones civiles, en ambos casos.

Carmona Gándara sólo se limitó a dar cifras sobre denuncias recibidas y casos resueltos.

Sobre la desaparición de personas, refirió que se han emitido 96 cédulas, de las cuáles en 77 han logrado encontrar a las personas. 

Al finalizar su comparecencia, los diputados le pidieron tomarse la "foto de recuerdo".

La seguridad pública y la inseguridad son dos temas distintos. La primero se encuentra claramente regulada como una garantía constitucional a cargo del Estado. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley

Por otra parte, el artículo 12º de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado prevé las funciones del Ministerio Público, entre ellas conducir las investigaciones de los hechos que pudieran constituir delitos y, en los casos que proceda, promover el ejercicio de la acción penal. El artículo 17º establece también quiénes son auxiliares del Ministerio Publico, como son todas las instituciones policiales, estatales y municipales; así mismo el artículo 9 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos nos precisa quién puede poseer o portar armas, dándonos sus características, estableciendo como excepción que los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22, o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (.729 ó 18. 5 mm.) y el articulo26 del mismo ordenamiento establece la posibilidad de adquirir las licencias particulares para la portación de armas, las cuales serán individuales para personas físicas o colectivas para las morales, cumpliendo con los requisitos establecidos.

De todo lo anteriormente previsto por nuestras leyes, podemos establecer que garantizar la Seguridad Publica es obligación del Estado.

Sin embargo, podemos señalar sin lugar a dudas que debido a diversos factores como la inseguridad que prevalece en nuestro país, nuestro estado y nuestros municipios, la inseguridad es cada día mayor, a pesar de que cada uno de ellos tiene perfectamente establecidas las personas responsables de cumplir con dicha garantía; no es un secreto que en nuestro estado se estableció por decisión del titular del Poder Ejecutivo el famoso “Mando Único Policial”, el cual a pesar de las estadísticas policiales oficiales, la sociedad se da perfectamente cuenta de que su acción ha sido fallida.

Basta leer los medios informativos escritos o redes sociales, que son estas las que se consideran que informan con mayor veracidad, en virtud de que no hay un control oficial sobre ellos, amén que también existe el temor de que nuestras policías y nuestros instituciones de gobierno tengan su función pública acotada por la delincuencia, es por ello que ante la desesperación, el temor, la angustia de todos y cada uno de los miembros de la sociedad se han visto obligados a organizarse en grupos que se conocen como autodefensas, aunque nuestro gobierno estatal los llama Grupos Comunitarios, a los cuales acepta tácitamente, pues de todos es sabido que les han proporcionado vehículos (patrullas), chalecos antibalas, toletes, etc., además de que se tiene conocimiento que se les ha dotado de armamento de forma clandestina, sin llenar requisito legal alguno para su posesión o portación, lo cual en el fondo consideramos que es una forma de eludir la responsabilidad constitucional a su cargo, fomentando con ello una posible insurgencia de personas no capacitadas, adiestradas, no disciplinadas y sin conocimiento alguno en la función pública, arriesgándolos a sufrir lesiones o hasta perder la vida en una tarea que no les corresponde, pero que se han visto obligados a realizar.

Legisladora electa señala que al entrar en funciones fincarán responsabilidades contra el priista y todos los responsables del desfalco a las arcas del Congreso.

La LIV Legislatura investigará a Francisco Moreno Merino, como uno de los presuntos responsables del desfalco en el Congreso del estado del 2015 al 2016, cuando fue presidente de la Mesa Directiva.

La diputada electa del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Ariadna Barrera Vázquez, y quien ha sido propuesta para ser la presidenta de la Mesa Directiva a partir del 1 de septiembre, aseveró que no se solapará ningún desvío de recursos en el Congreso, de confirmarse que hubo mal ejercicio en la administración de Moreno Merino y de los diputados que le sucedieron en el cargo.

La legisladora electa dijo que se revisarán las cuentas desde el 2015 a la fecha, para detectar la causa de la crisis financiera que atraviesa el Congreso del estado.

"No será un borrón y cuenta nueva, se tendrá que rendir cuentas claras y transparentar y exigir que se revise bien cada peso ejercido", aseveró.

En octubre del 2016 Francisco Moreno renunció a la presidencia de la Mesa Directiva el Congreso, obligado por las fuerzas políticas, ante su mala administración.

Entonces, diputados locales y el Sindicato del Poder Legislativo señalaron a Moreno Merino de ser el responsable de un desfalco.

El diputado del Partido Humanista (PH), Jesús Escamilla Casarrubias, declaró el 26 de octubre que el desvío de recursos, en la administración de Moreno Merino, ascendía a 86 millones de pesos.

Sin embargo, meses después, se habló de un déficit financiero superior a 150 millones de pesos y que a la fecha no se ha podido superar.

El decreto que crea dos nuevas plazas de comisionados cuestiona el desempeño de quienes actualmente ocupan ese cargo y plantea dudas sobre posibles delitos en los que pudieron haber incurrido.

Pese a omisiones y sospechas de presunta corrupción en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Congreso local impulsó y aprobó la reforma para crear dos nuevas plazas de comisionados en el órgano de transparencia sin antes esclarecer y denunciar si los actuales comisionados incurrieron o no en actos indebidos.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor la declaratoria de la reforma al artículo 23-A de la Constitución local, aprobada por el Congreso y por la afirmativa ficta de la mayoría de los integrantes del Constituyente (ayuntamientos), que incrementa de tres a cinco el número de comisionados del IMIPE y permite lanzar de inmediato la convocatoria para concretar las designaciones.

Pero en el decreto, que puede ser consultado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 13 de agosto, el Legislativo exhibió a sus antecesores, al señalar omisiones en la evaluación de los actuales comisionados Mireya Arteaga Dirzo, Dora Ivonne Rosales Sotelo y Víctor Manuel Díaz Vázquez, a quienes –además- se amplió su periodo a siete años en la reforma de 2015 en materia de transparencia y combate a la corrupción.

“De una revisión al expediente del Decreto número 2758 publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ número 5315 de fecha 11 de agosto de 2015 se advierte que no se giraron los oficios correspondientes a la Fiscalía General del Estado y a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, con la finalidad de que informaran a este Congreso del Estado, si existe en el caso de la Fiscalía, alguna carpeta de investigación en la que figurara como parte algún consejero o comisionado y en al caso de la Entidad Superior, si existe alguna auditoría al Instituto o algún procedimiento administrativo en el que forme parte algún consejero o comisionado”, estableció el decreto.

Según los actuales diputados, por estas omisiones, sus predecesores ni siquiera supieron que el IMIPE enfrentaba una denuncia penal bajo el número de expediente SCOV/5237/2015, de fecha 15 de junio de 2015, y los propios comisionados omitieron informar al Congreso, pese a que era su deber.

“Aunado a lo anterior -continúa el documento- existen fuertes señalamientos en contra de ese Instituto encargado de tutelar el derecho de acceso a la información, y ahora al ser parte del Sistema Estatal Anticorrupción, y que irónicamente no sólo se contrata a familiares (cuñados), sino que éstos ocupan cargos a nivel de dirección, y sin contar con el perfil requerido para el puesto, tal es el caso del coordinador del Área de Socialización Héctor Martín Ramírez Hernández, así como el director del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas, Julio Jorge Méndez Álvarez; circunstancia que será motivo de investigación por parte de la autoridad correspondiente para determinar si en el presente caso existe la probable comisión del delito de nepotismo, y en consecuencia fincar a los responsables las sanciones a que haya lugar.”

“Otro aspecto a dilucidar es el que se refiere a los sueldos que tienen los comisionados del IMIPE, a la fecha perciben la nada despreciable cantidad de $76,950.00, para el caso del Comisionado (a) Presidente (a), mientras que para el Comisionado (a) Propietario (a) es de $73,900.00. Cuando en el ejercicio presupuestal de 2014 era de $59,950.00, es decir, hubo un aumento de $17,000.00”, y se incluyó en el decreto tabuladores de 2014 y 2015.

A pesar de estas circunstancias exhibidas en el decreto, el Congreso no informó si inició algún procedimiento para determinar la veracidad de esta información y si es procedente fincar alguna responsabilidad a los comisionados del IMIPE.

Frustran intento de diputados por nombrar a incondicionales en el Tribunal de Justicia Administrativa.

El proceso para la designación de dos magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que inició el Congreso del estado el 9 de agosto pasado, fue suspendido nuevamente por orden del Juzgado Quinto de Distrito.

Apenas, la Junta Política y de Gobierno del Congreso local concluyó con el registro de aspirantes a una magistratura, en base a la convocatoria emitida el jueves pasado, y el abogado Jaime Castera Moreno fue notificado por el juzgado federal sobre la suspensión provisional para que la LIII Legislatura se abstenga de designar a los dos magistrados.

Jaime Castera Moreno, como aspirante a una magistratura del TJA, impugnó el proceso iniciado por el Poder Legislativo, al considerar que los diputados pretendían designar dichos cargos por la vía rápida y mediante actos violatorios de la ley.

El abogado planteó en su juicio de garantías vicios de origen desde la elaboración de la convocatoria por parte de la Junta Política y de Gobierno del Legislativo, hasta la corta temporalidad para cubrir una serie de requisitos y los escasos días que le quedan a la actual legislatura para llevar a cabo un análisis profundo y objetivo de la trayectoria, los antecedentes profesionales y una evaluación del desempeño de los aspirantes a ocupar una magistratura en el TJA.

En julio pasado, la asociación de Abogados Unidos por México impugnó la convocatoria que entonces emitió el Congreso local para concretar los mismos nombramientos, y obtuvo la suspensión de la justicia federal, por lo que los diputados determinaron dejar sin efectos el proceso.

El pasado 12 de julio, el juez segundo de distrito concedió a Castera Moreno una primera suspensión contra la convocatoria emitida por el Congreso el 9 de julio, lo cual frustró el intento de la legislatura en ocaso de realizar una designación rápida en el TJA.

Los diputados locales pretendían concretar los nombramientos de los magistrados en un periodo extraordinario de sesiones, para lo cual abrieron un periodo de registro de aspirantes desde el lunes pasado y hasta las tres de la tarde de ayer. 

Aunque de manera oficial no se informó sobre la participación de abogados para ocupar dichos cargos, se dio a conocer que al menos 15 aspirantes se registraron, y entre los nombres se encontraba el de Roberto Soto Castor, esposo de la diputada Hortencia Figueroa Peralta.

Los legisladores electos no han sido convocados a iniciar el proceso de entrega-recepción, asegura.

La LIV Legislatura creará una “comisión investigadora” en contra de los diputados salientes ante presuntos actos ilegales cometidos durante los últimos tres años en el manejo de los recursos financieros y, en las últimas semanas, por la aprobación de jubilaciones "mañosas".

El diputado electo Héctor Javier García Chávez -designado como coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- informó que a partir del 1 de septiembre se instalará una comisión especial que investigue a los integrantes de la LIII Legislatura, pues dijo que se ha señalado la violación reiterada de la ley por parte de los actuales diputados para jubilar a familiares, amigos y personas allegadas en las últimas semanas.

"No nos interesa que sea quien sea, si son esposas de los diputados, relaciones sentimentales con alguno, cuñada, algún tipo de parentesco, tendrán que estar perfectamente bien fundamentadas", subrayó.

Además, refirió que tienen información extraoficial de que los legisladores dejarán sin recursos financieros al Congreso del estado, pese a que aún faltan cinco meses para que concluya el año fiscal.

Por tal razón, el diputado electo aseguró que procederán legalmente en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, de comprobarse que cometieron actos ilegales.

"Yo conozco extraoficialmente que nos van a dejar un recurso líquido de dos millones de pesos. Nosotros no vamos a ser tapadera de nadie; inmediatamente, bajo las observaciones que tengamos y los fundamentos irregulares, de irregularidades, vamos a proceder de manera inmediata", aseveró. 

Héctor Javier García refirió que hasta el momento no han sido convocados a iniciar el proceso de entrega-recepción, por lo que se presume que será un cierre de Legislatura opaco, de ahí la determinación de integrar una comisión investigadora.

"No hemos recibido ninguna llamada, ninguna comunicación, ni siquiera mandado señales de humo de que tengan la disponibilidad de entrar a un proceso más exhaustivo en el proceso de entrega-recepción. No vemos voluntad de poder entregar cuentas claras", agregó.