“Si la reforma penal no se establece de manera integral, tomando en cuenta a todos los que deben participar en ello, puede generar efectivamente un riesgo de aumento de criminalidad”, dijo textualmente el jefe del Poder Judicial Federal.

Resaltó en especial la importancia de que las policías investigadoras y las fiscalías tengan una adecuada capacitación que les permita recabar y argumentar con éxito el material probatorio, para que éste pueda ser sostenido durante un juicio y el caso no se pierda debido a una mala integración.

“Si no hay una acción directa para que la Policía Investigadora guarde las formalidades de una indagatoria, y si no hay eficiencia en quienes ejercerán la labor de fiscales o acusadores, muchos procesos pueden resultar fallidos”, reiteró.

A su vez el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, recordó que el objetivo de la reforma penal es lograr una justicia más pronta y expedita, pero reconoció que en algunas de las ocho entidades donde se ha establecido no se están teniendo los resultados esperados.

“La aplicación del nuevo sistema se ha hecho con diferentes interpretaciones (en los estados) de los principios de gradualidad e integralidad que rigen su funcionamiento, y algunas de estas interpretaciones son las que han significado que en los hechos no se den los resultados que se esperaban”, sentenció el funcionario, quien le hizo un grandísimo favor a su correligionario Marco Adame en no mencionar a Morelos como ejemplo de lo anterior.

En noviembre del año pasado, la revista “Sólo para Abogados” publicó un amplio reportaje titulado “A la deriva, los juicios orales en Morelos”, en el que llegaba a la conclusión de que, uno de los principales proyectos contemplados en la campaña del hoy gobernador Adame Castillo, navegaba sin rumbo y obviamente sin los resultados que tanto se habían anunciado.

Y se decía en dicho reportaje que el proyecto tenía defectos de origen, pues la historia registraría que en Morelos “los padres” de los juicios orales fueron un médico, un ingeniero químico  (hoy maestro en ciencias políticas, que para el caso es lo mismo) y un pasante en derecho.

A nivel nacional se creó una Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a la que se le otorgó presupuesto propio y se puso al frente a Felipe Borrego Estrada, un destacado jurista.

En Morelos, si bien es cierto que existe una Comisión de Seguimiento a la Reforma Integral, ésta carece de los recursos financieros básicos para el desarrollo de sus actividades. La preside el secretario de Gobierno Oscar Sergio Hernández Benítez, quien en los hechos delega toda la responsabilidad en su secretaria técnica, Myrna Alvarez Uriarte (sobrina de Sergio Alvarez Mata) quien a su vez se apoya en Rebeca Fernández, quien llegó a Morelos como representante de Pro Derecho pero a estas alturas ya no sabemos en qué parte de la estructura gubernamental quedó.

El pleito entre los poderes judicial y ejecutivo retrasó  muchísimo el proyecto, y si es cierto que con la llegada de Miguel Angel Falcón Vega a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia sí se trabajara coordinadamente en esta materia, los discursos deberán reflejarse en billetes en el presupuesto que el Ejecutivo proponga y el Legislativo apruebe para el 2011.

Pero los recursos no sólo deben fluir hacia el Poder Judicial para la construcción y equipamiento de nuevas salas de juicios orales, sino también hacia la Procuraduría de Justicia para que se intensifique la capacitación a Ministerios Públicos. Pero donde más se necesita trabajar es en la capacitación a policías municipales y estatales, porque la realidad es que ahí es donde está fallando el proyecto.

Y un punto más: Se requiere socializar el nuevo sistema de justicia penal. Mientras no haya un presupuesto específico destinado a la difusión de las bondades de los juicios orales, la percepción ciudadana seguirá siendo negativa.

Entonces, el panorama está clarísimo. En Morelos se requiere que el gobierno nombre a un coordinador general del nuevo sistema de justicia penal, pero que sepa del tema. Esa oficina deberá contar con recursos suficientes para capacitar a funcionarios y policías, e incluso litigantes, así como para encabezar una campaña de socialización del nuevo sistema.

De no hacerlo, que no les extrañe que en una próxima intervención, el presidente de la Suprema Corte o el procurador general de la República, expongan a Morelos como uno de los estados donde el proyecto de juicios orales fracasó por la incapacidad de sus autoridades.

REINSERCION SOCIAL DEBE VOLVER A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

El sistema penitenciario del Estado (antes Readaptación, hoy Reinserción, sólo cambian las letras) ya no debe seguir en manos de la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos. Los últimos hechos acontecidos en el Penal de Atlacholoaya y más recientemente en el traslado de un reo de Jojutla a Xochitepec, así como la falta de designaciones en áreas muy importantes o el nombramiento de improvisados, dejan en claro que el general Gastón Menchaca Arias no puede con esa responsabilidad, y que lejos de terminar con el problema de la corrupción, sólo ha logrado que el dinero producto de las actividades ilícitas cambien de destinatarios.

Pero el problema no es el general Menchaca, quien deberá dejar el cargo en cuanto el gobernador considere que ya le pagó el favor a la milicia, sino que esta importante área no debe depender de seguridad pública, sino de la Secretaría de Gobierno.

Por razones inexplicables, la anterior legislatura hizo las reformas necesarias para que las áreas de readaptación social, supervisión de transportes y seguridad privada, pasaran a depender de la Secretaría de Seguridad Pública.

En el caso de los inspectores de taxis y rutas  ya se dieron cuenta que el cambio era absurdo y hace algunos días regresaron a la Dirección del Transporte que a su vez depende de la Secretaría de Gobierno. En materia de seguridad privada tarde o temprano harán lo mismo.

El área penitenciaria es manejada desde hace más de un año por la SSP, o más claramente, por el Ejército. La representación militar en el estado se ha encargado de quitarle de encima al general Menchaca a los funcionarios incómodos de Reinserción Social. Primero fue Daniel Montero Zendejas, luego Jorge Toledo Bustamante y también Jorge Trade Klein.

Hoy, la persona que cobra como subsecretario de Reinserción Social sólo está de adorno, pues todo lo que se hace o deja de hacer en su área, es por órdenes provenientes de “Torre Morelos”, que a su vez reportan a Buena Vista.

Lo anterior incomoda al panismo morelense y eso ya comienza a reflejarse. Primero fue Liborio Román quien exhibió al general Menchaca como una persona de la tercera edad que “hasta se duerme en las reuniones”.

En estos días, a los cuestionamientos de los reporteros en torno a la falta de un director del Penal, el secretario de Gobierno, Oscar Sergio Hernández (jerarca de la Sagrada Familia), contestó con cierto enfado que le pediría al general Menchaca que emitiera un boletín al respecto. Su reacción es entendible ¿Cómo explicar a los reporteros, que si bien los asuntos penitenciarios son parte de la política interna que él representa, en estos momentos el único que manda en ese rubro es el general Menchaca, quien sólo le rinde cuentas al gobernador y a quien lo puso?

Y es que la designación del director del Penal de Atlacholoaya se encuentra empantanado por una sencilla razón: Oscar Sergio quiere meter a un panista, el general quiere poner a uno de sus incondicionales o recomendados de la milicia. A ver quién gana.

DE TODO UN POCO

Capacitación a reporteros.- Al principio de la columna hablábamos de la necesidad de que todos los actores del nuevo sistema de justicia penal sean capacitados en la materia, y en eso debemos ser incluidos los reporteros. En ese aspecto debemos reconocer que la Procuraduría de Justicia hace su parte. La próxima semana, expertos en el tema de juicios orales (¿habrá otro aparte de Manuel Granados en la procu?) impartirán un curso taller dirigido a periodistas.

Ahora sólo falta ver la respuesta de los medios, porque somos los que más criticamos, pero también los que menos respondemos a la hora de capacitarnos.

La sana distancia.- El presidente del observatorio por la Transparencia, Ignacio Suárez Huape exigió  a  la consejera del IMIPE, Esmirna Salinas Muñoz “tome distancia” del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el cual se le vincula desde que fue designada. La solicitud del también ex legislador perredista, surge a raíz de que a la actual consejera,  se le ha visto en actos públicos organizados por el legislador priísta, David Salazar Guerrero, como fue el caso de un encuentro que el entonces coordinador parlamentario organizó con representantes de los medios de comunicación, y al cual acudió Salinas apenas días después de haber sido designada. Más recientemente, a la consejera del IMIPE se le vio conduciendo el automóvil propiedad del congreso local, que tiene asignado para su uso el legislador Salazar Guerrero, quien en ese momento  iba en el interior de la unidad,  esto al término de la sesión solemne que la cámara de diputados realizó en el municipio de Yautepec.

¿Revolucionarios o Hacendados?.- Como ya es del dominio público, el pasado domingo se llevó a cabo en Ayala una cabalgata con motivo del natalicio de Emiliano Zapata. Y un buen amigo, estudioso de la historia, me hizo una buena observación, luego de presenciar la información televisiva que se difundió sobre ese evento. Se supone que la cabalgata fue para conmemorar el nacimiento del héroe revolucionario, pero no vimos a nadie vestido de calzón de manta y sombrero de palma. Vimos hombres vestidos con ropa de cuero y sombreros costosísimos sobre caballos o a bordo de lujosas camionetas. Entonces –dice mi amigo- los que fueron el domingo a la cabalgata  (a juzgar por sus vestimentas) no representaban a los que lucharon por la tierra, sino a los hacendados que querían su muerte ¿O no?.