Convocados por el también designado Consejero de la Judicatura Julio Ernesto Pérez Soria, los terceros perjudicados en la controversia interpuesta por el entonces presidente Ricardo Rosas Pérez, analizaban la forma de derrocar al dictador que ya tenía todo preparado para buscar una tercera reelección para llegar a los ocho años en el poder.
Alguien hizo notar que la suspensión provisional otorgada por la Suprema Corte a Ricardo Rosas contra actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo impedía a los seis magistrados conformar salas y ser incluidos en la nómina, ¡pero no había una prohibición expresa de integrar el Pleno!
Entonces surgió lo que podríamos llamar “el Plan de Tlaltenango”. Los magistrados acordaron que el 17 de mayo llegarían al Tribunal Superior de Justicia durante el informe de Ricardo Rosas Pérez y ocuparían sus lugares apoyados por los cuatro magistrados “de la oposición”.
Era un plan arriesgado, además de que prácticamente estarían aplicando la misma estrategia que Rosas Pérez: buscar los recovecos de la ley para lograr sus propósitos. Los magistrados se retiraron convencidos de que “a grandes males, grandes remedios” y que había que ponerle agallas al asunto.
Pero entonces vino una reunión en el Hotel “Argentos” con el secretario de Gobierno, Oscar Sergio Hernández, quien les comentó que los cabildeos con los ministros iban muy avanzados y que la caída de Ricardo Rosas estaba cerca.
Así que el lunes 17 de mayo ninguno de los seis magistrados llegó a la cita pactada en “el Plan de Tlaltenango”, y Ricardo Rosas hizo lo que ellos no se atrevieron a hacer: utilizar una disposición legal bastante polémica para reelegirse por tercera vez.
Pero para esos momentos ya se había echado demasiados enemigos a cuestas y los ministros estaban hartos de sus interminables recursos legales para dilatar la resolución final, lo que derivó en lo que ya todos sabemos: el retiro del amparo que lo sostenía como magistrado y por ende en la presidencia.
Sólo para completar la lista de lugares donde se llevaron a cabo cónclaves importantes, habrá que agregar que en el “Villa Rosa”, Ricardo Rosas se reunió con cuanto diputado pudo para tratar de conseguir su apoyo. Varios de ellos le prometieron interceder por él a cambio de favores, y luego de conseguir su propósito le dieron la espalda. Othón Sánchez y Fidel Demédicis, sólo por mencionar dos.
Ahora bien, algunos abogados han hecho notar que los magistrados Angel Garduño González, Carlos Iván Arenas Angeles, Rubén Jasso Díaz, Norberto Calderón Ocampo, María Idalia Castro Zavaleta y Guillermina Jiménez Serafín, no tienen firme su nombramiento porque la Suprema Corte sólo revocó la suspensión que impedía que tomarán posesión del cargo, pero no ha resuelto de fondo la controversia constitucional interpuesta por Ricardo Rosas.
En eso tienen razón, pero no hay de qué preocuparse. Los ministros declararán sin materia la citada controversia en virtud de que los magistrados ya están en funciones y el que se oponía a ello pues ya no está. Seguramente el “ministro azul” Sergio Raúl Aguirre Anguiano dirá otra vez su frase célebre: “bien que mal, pero ya es cosa juzgada”.
DESACATA EL GOBIERNO SUS PROPIOS MANUALES NORMATIVOS
Si el lector tiene la curiosidad de hurgar en las páginas de internet del gobierno estatal se encontrará con que cada área del gobierno estatal tiene un manual de procedimientos en el que se establecen las funciones de cada oficina y, el perfil que debe reunir el titular de la misma.
Y al igual que un servidor, llegará a la conclusión de que dichos documentos no tienen razón de existir cuando es el propio gobierno el que los desacata.
He aquí unos ejemplos:
En la liga http://www.morelos.gob.mx/10seguridad/files/MO_DGR_VER2009.pdf encontrará usted el manual de procedimientos de la Dirección General de Reclusorios, en el que claramente dice que el titular deberá tener “licenciatura en Derecho, carrera afín o experiencia curricular comprobable”.
Ahora, compárelo con la información que proporciona la Secretaría de Seguridad Pública sobre la designación de Jesús Pérez Abarca como director general de Reclusorios en sustitución del abogado Teófilo Mújica Díaz. Su grado máximo de escolaridad es la carrera técnica policial y sus antecedentes haber sido secretario de Seguridad Pública de Jiutepec con Demetrio Román y últimamente director de la Polícía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA).
Pérez Abarca es el primer jefe policiaco surgido de las filas del Partido Acción Nacional y quien se ganó la confianza del general Gastón Menchaca por su desempeño en la PIBA, cargo al que llegó todavía por designación de Luis Angel Cabeza de Vaca.
Podemos hacer el mismo ejercicio para el caso de la Dirección de Seguridad Privada, donde claramente indica que el titular debe contar con “Licenciatura en Derecho o Carrera Policial”, y luego compararlo con el currículum de Fernando Alvarez Mata, quien ocupa ese puesto.
Y así sucesivamente se pueden revisar los diferentes manuales normativos para corroborar que son letra muerta, pues el PAN-Gobierno designa funcionarios sin tomar en cuenta el perfil requerido para cada puesto. Al fin y al cabo, irán aprendiendo sobre la marcha y echando a perder pero cobrando muy bien.
CONSIGNÓ LA PGR EL EXPEDIENTE POR LA MUERTE DE DIMITRIADIS
La buena noticia es que, por fin, la Procuraduría General de la República, delegación Morelos, ejercitó acción penal por el homicidio de Andrés Dimitriadis Juárez y dos de sus escoltas. La mala es que, inexplicablemente, la consignación únicamente va en contra de Esteban Royaceli Linares y Mario González Gaspar, cuando es del dominio público que su muerte fue el resultado de un complot en el que hay autores intelectuales, jefes policiacos que encubrieron el crimen y por lo menos una docena de autores materiales.
Pero para Mauricio Saad Viveros -quien como delegado de la PGR se encargó de determinar el expediente antes de irse- sólo hay dos culpables.
A la par, la delegación estatal de la PGR remitió a la Procuraduría de Justicia del Estado un desglose por cuanto a los delitos que se desprenden del expediente en referencia, pero se lo regresaron porque no especifica a qué jurisdicción le corresponde.
Ahora, el nuevo delegado de la PGR, Rolando López Villaseñor, deberá decidir a donde lo envía.
DE TODO UN POCO
Los clientes de Telcel al interior del Penal.- De acuerdo a un reporte de inteligencia, en el Penal de Atlacholoaya hay un grupo de ex policías que mantienen el control en el dormitorio correspondiente al área de sujetos a protección y que tienen una gran cantidad de aparatos de telefonía celular.
De acuerdo a ese documento, en la celda dos Luis Pineda, Francisco Villamil y Marcos Zamora tienen teléfonos celulares y los guardan en un doble fondo de un escritorio.
En la celda tres Pedro Morales esconde su celular en un doble fondo que tiene su “banca de cortar”. En la celda siete los que tienen celulares son Valdemar Mendoza y Nestor Delgado Vera.
En la celda ocho Gilberto Domínguez alias “El Jarocho” cuenta con un celular. En la celda nueve los que tienen aparatos telefónicos móviles son Eduardo González, Aley Cortés Grajeda y un sujeto apodado “El Cuervo”.
En la celda diez “Miguel Carrasco a veces lo guarda en medio de las gavetas de afuera de Isidro o en un tubo hueco que hay arriba”.
En la celda 11 “Juan Carlos Hernández Hernández, Antonio Ruiz y Saúl Aguilar tienen sus celulares dentro de su celda en sus cajones con doble fondo, aunque también los esconden en el bote de la basura o afuera. En el rincón de la cancha de básquetbol hay unos cajones pegados a la pared color naranja, debajo de estos o a los lados tienen doble fondo y ahí guardan los teléfonos y la droga”.
En la celda 12 quien tiene teléfono celular es Domingo Jiménez , “y lo guarda en un jabón Zote al que le hizo un hueco” .
Mirna Zavala, en Temoac.- Bastante activa anda la nueva presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) Mirna Zavala Zúñiga, quien hoy viernes estará en Temoac para impartir el Taller denominado “Cumplimiento de las obligaciones de transparencia”.
El objetivo es promover un mejor cumplimiento a las obligaciones de transparencia y además de Mirna Zavala estará el director del Idefomm, Arturo Loza Flores y el presidente municipal de Temoac, así como representantes de los Ayuntamientos y sistemas operadores de agua de Zacualpan, Temoac, Jantetelco, Jonacatepec y Axochiapan. La cita es en las instalaciones del DIF municipal, en el centro de Temoac.
El miércoles 21, el IMIPE presenta la película “Bajo Juárez”, en el cine Morelos a las 17 horas, dentro del Ciclo denominado “Transparencia en el Cine”. La entrada es gratuita.
Periodistas asesinados.- Con los asesinatos de Marco Aurelio Martínez Tijerina y Guillermo Alcaraz Trejo, ocurridos la semana pasada, el gremio periodístico está de luto por décima ocasión en el año.
La Fundación para la Libertad de Expresión emitió un comunicado en el que asentó que “la impunidad en el asesinato de más de 70 periodistas en la última década, parece haber tomado carta de naturalización ante la pasividad de los distintos niveles de gobierno y alienta a los poderes fácticos dentro y fuera de las instituciones, para acallar a la voz de la sociedad representada en quienes ejercemos la libertad de expresión y ofrecemos a los ciudadanos el derecho de ser informados.
”Lo que ocurre con estos asesinatos no sólo es una agresión contra los periodistas, es una acometida contra la libertad de expresión y desde cualquier punto desde el que se le vea, una amenaza para el avance de la democracia en nuestro país”, dice el comunicado.
Marco Aurelio Martínez Tijerina fue secuestrado, torturado y asesinado en Montemorelos, Nuevo León, entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de julio. Su cuerpo fue encontrado en un camino vecinal a 15 kilómetros de la cabecera municipal.
El periodista de 45 años era director del noticiero Contrapunto en la emisora local XERN 950 AM, conductor del Informativo 800 en la radiodifusora XEDD y corresponsal de TV Azteca, Grupo Multimedios y W Radio.
En tanto, Guillermo Alcaraz Trejo fue camarógrafo de varios medios de comunicación locales y actualmente se desempeñaba en el área de video de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como su responsable.
Alcaraz, de 24 años, fue asesinado dentro de su auto, al salir de las oficinas del periódico OMNIA con más de 40 impactos de bala de fusil AK-47.
Hace algunas semanas acudí a la invitación que amablemente me hizo el colega Evaristo Torres para participar en su programa de televisión en la zona sur y me preguntaba mi opinión sobre las amenazas vía internet contra periodistas.
Le contesté que no son las amenazas por correo electrónico o por cualquier otra vía las que me preocupan, sino lo que pueden hacer aquellos que no avisan. En ninguno de los diez asesinatos de periodistas que van en el 2010 hubo una amenaza previa.
