Ambos eventos se tuvieron que acompañar con su respectiva campaña publicitaria lo que implicó, de entrada, un doble gasto.
Sobre el contenido de los informes no hay mucho qué decir. Cada quien escuchó lo que quiso escuchar y vio según el cristal que haya escogido para mirar.
Hemos revisado los diferentes medios de comunicación que existen en la entidad y no encontramos ninguno que hable de resultados. Algunos ni siquiera vieron a los cientos de manifestantes que rodeaban el Congreso ni a los policías antimotines que los replegaron.
Hemos revisado también el discurso que pronunció el primero de octubre del 2013 y no encontramos grandes diferencias. Becas Salario y Apoyo a Jefas de Familia, es decir, la entrega de dinero en efectivo a la población, es lo único palpable en ambos discursos.
El primero de octubre dijo que Morelos se convirtió en los primeros seis meses de iniciada la administración, en el primer estado en implementar el llamado “Mando Único Policial” integrado por mil elementos de seguridad certificados y capacitados, a quienes se ha homologado su salario, así como el equipo con 200 patrullas, y un helicóptero Bell 212 donado por la Procuraduría General de la Republica, la construcción de cuarteles dignos y el proceso de construcción de un Centro de coordinación, control, comunicaciones y cómputo (C5).
Sobre la reducción de delitos, en Xochitepec dijo que la incidencia bajó en un 19 por ciento, el robo con violencia se redujo en un 16 por ciento y el robo a bancos en casi un 80 por ciento, así como 7 mil 760 puestas a disposición ante el Ministerio Público por diversos delitos, rescatando a 136 víctimas de secuestro y se han detenido 35 células de secuestradores.
Fiel a su estilo, el resto del informe no tuvo cifras concretas, sólo alusiones a gobiernos anteriores y advertencias:
“La delincuencia no va a actuar impunemente, ahora ya no hay mandos estatales y municipales cómplices, los que no lo entendieron o incluso los que aún no lo entiendan están bajo proceso y estarán bajo proceso, aquí no hay complicidades, el que proteja a un delincuente será tratado como delincuente”, dijo aquella vez.
En su discurso de antier, Graco presumió que el modelo de Policía de Mando Único, del cual Morelos es pionero nacional, se busca replicar en 26 estados más. “El mismo Gobierno de la República busca que este modelo opere en todo el país”.
Luego vinieron las cifras: en 14 meses en materia de seguridad pública se han invertido cerca de 2,500 millones de pesos, además se detuvo a 190 delincuentes de alta peligrosidad y se desmantelaron 73 células criminales dedicadas principalmente al secuestro y crimen organizado. 1,300 detenidos fueron puestos a disposición y 100 personas plagiadas fueron rescatadas.
Las cifras no concuerdan y de todos modos son números fríos.
Lo que importa es la percepción ciudadana y esa no concuerda con las cifras alegres y las arengas del mandatario.
De hecho, para el ciudadano común resultó sorpresivo el cierre de calles la mañana del sábado y la llegada de policías antimotines. “Es el informe del Gobernador” explicaba un elemento de Tránsito que desviaba la circulación en Leandro Valle. “¿Pues qué no fue en octubre?”, cuestionaba el automovilista. El policía vial sólo se alzaba de hombros.
Y mientras los medallones de las rutas mostraban a Graco saludando a niños, adolescentes, abrazando señoras y campesinos, los periódicos de nota roja daban cuenta de la ejecución de un muchacho de 17 años.
El propio gobernador sabe que su proyecto de seguridad pública no ha dado resultados. Nada mencionó de la salida de Alicia Vázquez Luna, en quien depositó la responsabilidad completa de la seguridad pública en Morelos. Era su brazo derecho, la mujer de sus confianzas, pero al año y dos meses tuvo que dar un “golpe de timón” en su estrategia.
Con graves acusaciones en contra de los policías estatales, con el primerísimo lugar a nivel nacional en secuestros por densidad de población, con problemas de coordinación entre la SSP y las diferentes instituciones federales, al gobernador no le quedó otra que rediseñar su estrategia.
Tuvo que sustituir a la morelense que todos conocemos por el tijuanense que nadie conoce, y todavía más: renunciar al concepto original de que sea el gobernador quien se encargue directamente de la seguridad pública, para crear la figura de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, dependiente del Secretario de Gobierno y sin el requisito de que el titular acredite oriundez y/o residencia.
La medida resulta criticable porque el secretario de Gobierno Jorge Messeguer ha demostrado incapacidad en la encomienda que le asignaron recientemente con el sistema penitenciario. Reos que se fugan, uno que regresa y lo matan, otro que se va por falta de comunicación entre las instancias involucradas.
Decir que se busca homologar las instituciones con sus equivalentes a nivel federal suena a justificación.
El hecho innegable es que, a un año y cuatro meses de gobierno, la seguridad pública sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno estatal. Las patrullas son rentadas, de las dos mil cámaras prometidas no hay ninguna instalada; los cuarteles están vacíos, el C5 no lleva ni el 10 por ciento de avance, y todo, absolutamente todo, ha sido comprado sin licitación y a precios carísimos.
La Procuraduría de Justicia sigue sin apoyo. Ya se anunció que tendrá un “nuevo rostro” con la Fiscalía General (copiándole a Chihuahua y otros estados) pero por dentro son los mismos agentes del MP mal capacitados, mal pagados, al igual que los policías ministeriales y peritos.
Las mujeres que la semana pasada fueron presentadas como parte de la Policía Femenina, al terminar el acto público donde se tomaron la clásica foto, entregaron el uniforme y regresaron a desempeñar sus labores normales que han venido desempeñando en la Procuraduría.
Y ojalá me equivoque, pero esa medida de “concesionarle” la recepción de denuncias a un organismo ciudadano para hacer creer que así se tendrá mayor credibilidad, no va a funcionar porque no es una solución de fondo, sino sólo para efectos mediáticos.
La famosa y costosísima Ley de Víctimas sigue sin aterrizarse. Se habla mucho de ella pero todavía no hay una sola persona que haya recibido una indemnización por haber sido víctima de un secuestro o sus familiares en el caso de los homicidios.
Reconocemos que sólo han pasado 14 meses de un total de seis años del gobierno de Graco Ramírez Garrido, y es posible que en los siguientes años se tengan resultados palpables.
En un acto de congruencia en esta columna habremos de reconocer lo que se esté haciendo bien (como es la recuperación de El Texcal, por ejemplo), pero por lo pronto consideramos que en el informe del primer año de labores hubo más promesas que resultados.
HASTA MAÑANA