El rotativo nacional informa que “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagó más de 300 millones de pesos en los últimos tres años por litigios perdidos en tribunales o por convenios con particulares que promovieron recursos para exigir indemnizaciones por servidumbre de paso o derecho de vía”.

La información obtenida por “El Universal” no fue por gracia de los funcionarios de la paraestatal, sino en cumplimiento a una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), por lo cual el jefe del departamento jurídico de la CFE, División Centro Sur, Bonifacio Nuñez Rojas, contestó que “los pagos realizados por la regional, por sentencia o por convenio de pago correspondiente a los años 2010,2011 y 2012 fue de 300 millones 666 mil 824 pesos”.

Por su parte, el vocero de la CFE en la Región Centro Sur, Raúl Gómez Cárdenas, confirmó a El Universal que un abogado –Hugo Méndez- está siendo investigado por posibles irregularidades. “Por dejarse ganar”, como se dice en el argot de los abogados.

La paraestatal confirmó que se han pagado más de 300 millones por “juicios perdidos” o convenios, pero no dio ejemplos de ello.

Por eso El Universal recurrió a lo publicado a principios de año en este modesto medio de comunicación local. “Otro caso publicado en febrero pasado por La Unión de Morelos radica en el expediente 25/2009-I del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Azueta, en Guerrero, promovido por la Unión de Pequeños Comerciantes José Azueta de Ixtapa Zihuatanejo”, dice textualmente El Universal.

Efectivamente, este periódico que está a punto de cumplir 19 años de existencia, publicó  en febrero del 2012 que la  Secretaría de la Función Pública investigaba una denuncia anónima en la que señalan que el abogado general de la CFE, José Prado Carranza, ha incurrido en diversos delitos en el ejercicio de sus funciones.

Entre las irregularidades señalan el pago de 100 millones de pesos, por jueces de primera instancia, asuntos llevados por rebeldía, o no defender bien el asunto.

Los quejosos explicaron que la ley establece que los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad se regirán por las leyes federales aplicables y las controversias nacionales en que sea parte, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la federación, disposición que no fue defendida por los abogados de la CFE.

“En virtud de que la CFE es un Organismo Público Descentralizado de la Federación, entonces si se reclama la Servidumbre de paso por líneas de conducción eléctrica de voltajes 220 o 115 kv. Se tiene que reclamar mediante una demanda ante las instancias federales ya sea Tribunal Unitario Agrario o Juzgados Federales de Distrito, no en tribunales estatales.

Aseguran que hay  pagos de metros cuadrados de servidumbre de paso, fuera de los estándares que se deben pagar, ya que el indicado para determinar el costo del metro cuadrado es el INDAABIN.

También denunciaron que hay pagos de líneas las cuales de acuerdo a la circular de las oficinas del director de la CFE no se deben de pagar de voltaje de 13.2 K.V. líneas que alimentan las casas. Esas Líneas no se pagan ya que dichas son de uso de los hogares  y sobre todo no se pagan por convenio de pago como lo ha realizado la CFE División Centro Sur.

Las sospechas no son gratuitas. El año pasado la Secretaría de la Función Pública descubrió  en Coahuila un megafraude por más de mil 320 millones de pesos en pagos indebidos a particulares con la participación de funcionarios de la CFE y del Poder Judicial. Si pasó en Coahuila ¿Por qué no habría de pasar en Morelos y Guerrero”.

También pesa sobre la CFE el hecho de que la SPF multó e inhabilitó a cinco ex directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su responsabilidad en asignaciones de contratos injustificadas y compra a precios excesivos o de equipos de cómputo que no fueron entregados causando un daño patrimonial estimado en cinco millones de dólares a la paraestatal.

Sin dar nombres, la dependencia publicó que inhabilitó para trabajar en el gobierno federal, por 17 años y seis meses, al ex director de Operación de la CFE y le impuso una multa por 69 millones 649,326 pesos.

Además, el ex subdirector de Información y Administración de Energía, del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), fue inhabilitado por 20 años y lo multado por 153 millones, 878,725 pesos.

También el gerente de Información y Administración de Energía del Cenace fue inhabilitado por 12 años y seis meses; El ex gerente de Informática y Telecomunicaciones de este organismo fue inhabilitado por 15 años y multado con 55 millones, 719, 461 pesos.

Finalmente, el ex jefe de la Unidad de Operación y Evaluación Comercial del Cenace fue inhabilitado por 12 años, seis meses, y se le impuso una multa por 41 millones, 789,595 pesos.

Las sanciones surgieron a partir de la revisión de contratos adjudicados directamente a una empresa internacional por estos servidores, en los cuales se detectaron anomalías como falta de justificación para sus asignaciones, sobreestimación de los bienes contratados y descripciones de los equipos informáticos comprados distintas a las características reales de los equipos.

Todo eso es lo que hizo sospechar de los “juicios perdidos” por la CFE en la región que abarca Morelos y Guerrero.

Y fue por eso que quien esto escribe realizó varias solicitudes de información, en una de ellas, solicitamos “Copia simple del título y cédula profesional del licenciado Enrique Bonifacio Nuñez Rojas, así como copia simple del examen que presentó para ocupar el cargo de Jefe del Departamento Jurídico Divisional y los fundamentos legales con que el gerente divisional Javier Valencia Barajas lo designó en dicho puesto”.

Tarde pero llegó la respuesta:

“En atención a su solicitud, se anexa copia del título profesional y cédula del servidor público que refiere. Así mismo, le informamos que la designación del servidor público que refiere, se realizó de conformidad a la cláusula 40 del Contrato Colectivo de Trabajo CFE-SUTERM 2010-2012 (se transcribe), la cual señala que para cubrir los puestos de confianza vacantes la decisión final respecto del nombramiento queda a juicio de la propia Comisión. Considerando ello, en el caso en particular no se realizó el examen que refiere”, contestó la CFE.

También solicitamos una relación de los juicios pendientes de resolver, concluidos  y en rebeldía en los últimos tres años. Tras varios meses recibimos un listado de 109 juicios vigentes, 38 concluidos y uno en rebeldía. Estamos analizando uno por uno.

Este tipo de periodismo de investigación es la que realiza La Unión de Morelos y hasta ahora llevamos la delantera en comparación con otros periódicos locales. No nos basamos en dichos o en “filtraciones” que la competencia presume como producto de investigaciones.

Ya para terminar con el tema de la CFE, hay que recordar que en aquel reportaje publicado en febrero pasado también abordamos otra arista del caso CFE, la criminal:

El lunes 12 de octubre del 2009 la jefa del Departamento Jurídico de la CFE Región Centro Sur con sede en Cuernavaca  viajaba a bordo de su vehículo Nissan tipo Tsuru color blanco, placas PWX-727 con logotipos de la paraestatal.

Para salir cada mañana del fraccionamiento Los Cedros -al norte de Cuernavaca-, donde habitaba, debía pasar un arco de piedra que identifica la entrada principal de la unidad habitacional.

Supuestamente el agresor, descrito por los testigos como un hombre alto, vestido con ropa deportiva y cubierto del rostro con una máscara de una calavera, se ocultó en una de las columnas del arco en espera de su víctima.

Según los testigos, la mujer salía del fraccionamiento cuando el sujeto la amagó con una pistola y le ordenó que ocupara el asiento del copiloto; su hija de siete años iba en la parte posterior del auto.

El homicida supuestamente le ordenó: "Recórrase que me voy a llevar su auto", pero la mujer se resistió y entonces el hombre -hasta ahora no identificado- le disparó en la cabeza a una distancia de aproximadamente 20 centímetros.

El homicidio fue presenciado por la menor de siete años de edad y el auto quedó estacionado en una curva sobre la calle Limón, frente al Fraccionamiento Cedros de la colonia Lomas de Tzompantle.

La Procuraduría de Justicia del Estado inició la averiguación previa AHMDS/34/2009, misma que fue remitida a la delegación Morelos de la Procuraduría General de la República al existir indicios de que el crimen estaba relacionado con su trabajo en una dependencia federal.

Es decir, que la posibilidad de que este crimen no quede impune está en manos del señor delegado de la PGR en Morelos, licenciado Marcelino Vázquez Huitrón. De él depende que no se le dé carpetazo.

UN EJEMPLO DEL NUEVO PERIODISMO

Obtener datos utilizando las leyes de información pública es una nueva forma de hacer periodismo que no cualquiera entiende.  Como un ejemplo de lo anterior en esta ocasión ponemos a su consideración la nota informativa que se ganó el Premio Nacional de Periodismo 2012 y que se basó en solicitudes de información. La autora es Lilia Saúl Rodríguez, quien por cierto es representante nacional de México Infórmate.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pagó a Televisa por la producción de 13 capítulos de El Equipo, 118 millones 116 mil 880 pesos.

De acuerdo con el contrato entregado a EL UNIVERSAL por la Secretaría de Seguridad Pública, obtenido a través de la Ley Federal de Transparencia, la dependencia pidió a Televisa realizar una serie desde junio de 2010, fecha en que la SSP federal que encabeza Genaro García Luna, ya tenía los recursos autorizados a través de la partida 3701 y con la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la secretaría citada.

La SSP aprobó desde mayo de 2010 la elaboración de este serie dentro del marco de la campaña denominada “Policía Federal Héroes Anónimos”.

De acuerdo con datos proporcionados por la SSP, la filmación duró aproximadamente tres meses y se realizó en las instalaciones de la dependencia.

El contrato OM/DGRMSG/AD/022/ 2010, que consta de 23 cuartillas, denominado “Servicios de Preproducción, Producción, Postproducción y Difusión en Televisión Abierta con Cobertura Nacional de la Campaña Contingente Denominada ‘Policía Federal Héroes Anónimos’”, cuenta con las firmas, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, de María Luisa Olivas, directora general de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; Alejandro Sosa Arciniega, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Verónica Peñuñuri Herrera, directora general de Comunicación Social.

Televisa, beneficiaria del contrato a través de la adjudicación directa, no cobró por la transmisión de la serie por considerarla “material educativo”.

“La realización y difusión de la serie se realizará sin ánimo de lucro directo o indirecto para la secretaría, por ser de utilidad pública su difusión, en razón de ser material educativo de relevancia nacional y con temática de trascendencia actual”, señala el contrato.

La dependencia dijo no contar con documentos para conocer si todo el equipo utilizado para la elaboración de la serie era de la Policía Federal o de Televisa, así como los elementos que aparecieron en la serie como “extras” si les fue pagada o no su participación.

En el contrato se establece que la serie de televisión se conformará por 13 episodios. “Los servicios de difusión en televisión abierta con cobertura nacional de ‘la serie’ se realizarán a través de cualquiera de los canales de televisión abierta que comercializa el prestador de servicios, incluyendo los canales con los que cuente o llegue a comercializar, debido a su esquema y capacidad corporativa con la que cuenta, para lograr la mayor cobertura a nivel nacional”.

Dentro de las cláusulas se incluye una en la que los actores y participantes de la producción estaban obligados a no asistir a sus labores en “estado de ebriedad” o “con aliento alcohólico” y los uniformes serían proporcionados por la empresa Televisa y no por la Secretaria se Seguridad Pública federal, evitando la mala imagen en el uso del uniforme que se les designe. Televisa corrió a cargo de los salarios y de las erogaciones adicionales que hubiese hecho la empresa para la teleserie.

La cláusula décima quinta establece “confidencialidad” para que ambas partes se obliguen a mantener “estricta confidencialidad” y a no divulgar información derivada de la prestación de “los servicios” de conformidad con lo estipulado en el “Anexo Único”, el cual no fue entregado en la solicitud de información. Los derechos de propiedad industrial serán de la SSP.

DE LA BANDEJA DE CORREOS

Muy respetable Lic. Castillo:

Con regularidad leo su columna de los viernes que publica el prestigiado diario "La Unión de Morelos"; diario que sin duda cumple un papel importante en la difusión de la información que se genera en nuestro Estado, y por supuesto su columna con comentarios y análisis relevantes de las materias que aborda.

Sin duda una de las grandes conquistas en el devenir histórico de la humanidad es el reconocimiento y respeto a los Derecho Humanos, y uno de ellos: la Libertad de Expresión, además de ser garantía constitucional; y creo como humilde académico que la libertad de expresión como derecho fundamental debe de ser transversal en la promoción del respeto a la Dignidad de la Persona por todos los medios multitudinarios de comunicación. Ya que, qué objeto tienen los Derechos Fundamentales, sino precisamente la Dignidad de la Persona en todo su esplendor.

Ud. lic. Castillo a menudo en sus columnas adjudica términos peyorativos y denigrantes a algunas personas; se puede estar de acuerdo o no, y es válido hacer críticas y observaciones a los que están o han estado en la función pública, si esto tiene que ver con esa actividad. Lo que no considero justo en relación a la Dignidad de la Persona es ese tipo de epítetos que indignan y que hace que todo comentario pierda objetividad. Se puede simpatizar o no con la persona de la cual se hace algún comentario crítico en forma objetiva pero sin insultarlo o adjudicarle calificativos innecesarios además de indignos. Nos dice Santo Tomás de Aquino: "Tan indigno el que comete una injusticia, como tan indigno el que la comete", como integrante de una sociedad que quiere que haya paz y justicia, mal haríamos en permitir que continúe otra forma de violencia, porque creo que todos la rechazamos en cualquier tipo de manifestación, y violentar la dignidad de la persona con términos peyorativos es una forma de discriminación y de violencia. Un ejemplo, entre tantos que le podría mencionar, es cuando se refiere en su úlitma columna a un ex secretario de seguridad pública del municipio de Cuernavaca con el término "regordete", y se siente la tendencia del sentido en que lo menciona.

Creáme que si Ud fuera insultado o discriminado, yo sería el primero en levantar la voz para que se respete su dignidad de persona. Lo invito a que sin perder objetividad en sus comentarios y análisis se respete a todos, ya que todos merecemos respeto. Hago votos para que la expresión de este sencillo argumento encuentre eco en su columna, ya que el respeto a los Derecho Humanos es el punto de inflexión que marcará el respeto y la sana convivencia entre todos.

Atentamente: Lic. José Luis del Valle Adame

NOTA DEL COLUMNISTA: Anotado y, sobre todo, entendido.

DE TODO UN POCO

“Ponte en mis zapatos”.- Interesante la presentación de la campaña “Ponte en mis zapatos”, que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 20 de diciembre, según lo dieron a conocer de manera conjunta en conferencia de prensa, la directora del IMEM, Adriana Mújica Murias, el director del Imjuve, Gabriel Pérez Casillas, y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, destacando que el propósito es sensibilizar e informar a los jóvenes lo que implica la violencia de género desde un enfoque incluyente.

Durante esta campaña se proyectarán películas y se realizarán talleres vivenciales, a fin de que de una manera más entretenida se concientice a los jóvenes.

En su intervención, Adriana Mújica destacó que esta situación es parte de la empatía que hay en los jóvenes; actualmente 7 de cada 10 mujeres a partir de los 15 años hasta los 32 años de edad sufren violencia, siendo la violencia en el noviazgo, bullying y feminicidios fenómenos sociales que van a la alza, por lo cual el Instituto de la Mujer pondrá a disposición personal especializado en psicología para dar asesoría y orientación.

Carlos de la Rosa.- Durante la sesión ordinaria en el Congreso Local llegó un grupo de Custodios del penal de Atlacholoaya y de las diferentes cárceles distritales del estado de Morelos, con el objetivo de ser atendido por los legisladores. Ante esta situación se nombró a una comisión para atenderlos quedando conformada por el Diputado y Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil Carlos de la Rosa Segura, Héctor Salazar Porcayo y Arturo Flores Solorio.

Los custodios argumentaron que no se oponen a que se apliquen los exámenes de Control de Confianza, destacando que los procedimientos no son los correctos, por lo que exigen se les ayude para que no sean destituidos de sus cargos.

Por su parte el Diputado Carlos de la Rosa, destacó que los legisladores serán los portavoces y los mediadores de los Custodios ante el Poder Ejecutivo, puntualizando que el Gobierno del Estado está en la mejor disposición de dar solución a la problemática que aqueja a este sector de la sociedad.

El ex procurador Coronato.- Por cierto, en esa reunión con custodios el diputado Carlos de la Rosa destacó que el diputado federal por el primer distrito del estado de Morelos Francisco Coronato Rodríguez, ya está trabajando en una iniciativa de Ley para recomponer el procedimiento de los exámenes de Control y Confianza que tanta polémica han causado.

HASTA EL PRÓXIMO VIERNES

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