Y la designación puede ser como él quiera. Bien puede pedir a los diputados que reformen la ley para que él pueda nombrar libremente al procurador –como ocurría hasta antes de 1998- o puede armar la tradicional faramalla de enviar una terna en la que uno será “el bueno” y dos irán de relleno.

La única diferencia es que, cuando algo salga mal, si el procurador ha sido elegido por el método actual, el mandatario estatal podrá decir que el Poder Legislativo es corresponsable; si lo designa directamente previa reforma legal, el gobernador tendrá que asumir toda la responsabilidad.

La posibilidad de devolver al gobernador la facultad de designar al fiscal del estado ya está siendo manejada al interior del Congreso Local y ni siquiera por los diputados perredistas o de izquierda. Según una nota publicada ayer, es el panista Javier Bolaños Aguilar consideró viable y necesaria la reforma  constitucional para que los diputados queden fuera del proceso de elección.

Ahí está una muestra más de que la política es cíclica y sólo van cambiando los nombres: en 1998 veníamos saliendo de una grave crisis de seguridad atribuida al gobierno de Jorge Carrillo Olea, hoy se le atribuye al panista Marco Adame Castillo; en aquel tiempo el PRD consideró que la designación del procurador debía contar con el aval de la sociedad a través de los diputados, hoy el PAN propone que se le devuelva la facultad al gobernador. En 1998 los diputados perredistas eran los más fuertes críticos al gobierno estatal, hoy serán férreos defensores, ocupando así el lugar que dejaron los legisladores panistas. Nada cambia, sólo cambia de nombres.

Bueno, para no ir más lejos: hace unos meses alguien comenzó a circular aquel incendiario discurso pronunciado por el entonces diputado federal Marco Adame Castillo pidiendo la destitución del entonces gobernador Jorge Carrillo Olea porque Morelos estaba en manos de la delincuencia. Quien lo leyó hace unos meses creyó que estaban hablando del gobierno de Marco Adame.

Por eso hay que conservar los panfletos que distribuía Causa Ciudadana en 1997, en poco tiempo pueden ser reutilizados cambiándole el nombre de la organización (qué les parece “Por un presente mejor”) y el nombre del gobernante.

Pero volviendo al tema del próximo titular de la Procuraduría habrá que recordar que siendo candidato Graco Ramírez anunció que ese cargo sería para “un abogado surgido del foro morelense”, seguramente recordando a don Carlos Peredo Merlo, aquel abogado que trajo Carrillo Olea en 1994 para hacerse cargo de esa institución.

El mecanismo parecía sencillo, pues tomando en cuenta que en Morelos las únicas organizaciones con peso político son la Barra, el Colegio y la Asociación de Abogados Penalistas, bastaría con que se pusieran de acuerdo José Luis Urióstegui, Cipriano Sotelo y Enrique Paredes para ver quién de ellos será el procurador.

Pero el asunto se complicó cuando comenzaron a llegar infinidad de organizaciones (algunas con representatividad, otras que sólo representan a su dirigente) y exigieron su derecho a participar, pasando de una candidatura de unidad en torno a Enrique Paredes Sotelo, a una lista de ocho aspirantes.

Lo peor fue cuando Graco  publicó una convocatoria en la que no solamente pedía a los abogados hacer sus propuestas, sino  también a las organizaciones sociales y colegios de profesionistas de todo el estado.

Para muchos eso ya derivó en pachanga, pues hasta profesionistas que sólo conocen en su casa acudieron con todo derecho a presentar su currículum, completando así una lista de 18 aspirantes en la que no están ninguno de los tres arriba mencionados, mismos que sobradamente podrían haber podido con el paquete.

La polémica ha subido de tono después de que el mandatario estatal anunció que los 18 aspirantes serían sometidos a exámenes de control de confianza. Y es que por una parte los famosos exámenes de control de confianza han demostrado su ineficacia a la hora de evaluar policías. Por otra parte, los abogados coinciden en que la Procuraduría de Justicia es una institución cuyo titular debe contar con una serie de características “sui géneris” que no necesariamente coinciden con los parámetros utilizados en los exámenes de control y confianza.

Hablando en cristiano, el hecho de conocer la ley al derecho y al revés no es garantía de que se podrá hacer un buen papel en una convulsionada Procuraduría donde quizás lo que se requiere es un procurador o procuradora con mano dura. O quizás un excelente administrador que sepa sacar el mejor provecho de los recursos financieros. Cada quien puede tener una opinión diferente al respecto.

Por ejemplo,  el hoy diputado Carlos de la Rosa Segura declaró recientemente que no puede ser procurador  aquel abogado que haya defendido a un narcotraficante. La propuesta es polémica, porque para alguien puede ser peor defender a un violador o feminicida que a un narcotraficante.

Por otra parte, dónde queda la presunción de inocencia y el derecho constitucional a una defensa.

Bajo esa perspectiva, vamos analizando la famosa lista de “los 18”, aunque parece que en realidad son 17, pues ayer hablé con Rafael Humberto Garduño García (quien por cierto formó parte de la primera terna para procurador que mandó Jorge Morales Barud y de donde salió José Castillo Pombo como ganador) y me dijo que él no presentó documentos, sino que acudió a dejar la propuesta de Gabina Reyes y lo hicieron posar para la foto, así que queda descartado al igual que Cipriano Sotelo al que habían incluido también sin su consentimiento.

La lista invariablemente debe comenzar por Adela Manzanarez Alonso, quien no solamente está siendo impulsada por la organización más grande númericamente hablando de litigantes en la entidad, sino también por el mayor número de organizaciones sociales. En un sexenio donde la equidad de género parece importar mucho, hay una mujer que (al igual que la secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez) parece tener más pantalones que los del sexo opuesto (“calzonuda” fue el término que escuché del presidente de una organización de médicos luego de firmar la carta de apoyo).

Su carácter le ha valido reconocimientos pero también enemistades. Carmen Genis, quien hace más de una década era una incansable activista no la puede ver ni en pintura. Gente que permanece en la cárcel por un expediente donde Adela Manzanarez firma como directora de averiguaciones previas no son precisamente sus fans; ex subordinados suyos que tuvieron diferencias con ella cuando fue secretaria técnica de la Policía Judicial, e incluso compañeros barristas que no le han perdonado que les haya ganado la presidencia, son algunos de los que estarán contentos si la oriunda de Puente de Ixtla se queda en el camino.

El siguiente en posibilidades de llegar a la Procuraduría es Marcelino Vázquez Huitrón. Ya lo mencionamos semanas atrás: Marcelino es el abogado particular de Graco Ramírez. No es mal visto por las organizaciones de abogados porque alguna vez perteneció a la Asociación de Abogados Penalistas y hoy el recién creado Consejo de Juristas que encabeza Gerardo Arrieta Fuentes lo presentó como su candidato.

Estuvo poco tiempo en la Procuraduría de Justicia pero su actuación fue sin mancha hasta donde sabemos. Es joven y estudioso del Derecho. A diferencia de Adela Manzanarez, quien prácticamente ha hecho una campaña política en busca de la Procuraduría, Marcelino Vázquez ha evitado las apariciones en público y en medios de comunicación. Él sabe que a final de cuentas las organizaciones ciudadanas no votan, y que lo único que requiere para ser procurador es la decisión del gobernador y el aval de los diputados.

Desde nuestro particular punto de vista son ella y él quienes tienen una posibilidad real de llegar a la Procuraduría.

El resto de la lista merece todos mis respetos, pero difícilmente obtendrían el consenso para arribar a la Procuraduría, al menos a la titularidad. Varios tienen aseguradas subprocuradurías. En el tercer lugar en posibilidades pondríamos a Leonardo Silva Anguiano, quien aparece en Morelos como representante ciudadano ante la Procuraduría General de la República y posteriormente en la dirección de Planeación de la Procuraduría morelense.

Si se trata de pasar los exámenes de control de confianza Leonardo es garantía.

Ahora que si hablamos de grados académicos el primer lugar se lo lleva el doctor en Derecho Daniel Montero Zendejas, autor de varios libros, alguna vez catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, dos veces subsecretario de reinserción social en Morelos y un currículum muy amplio a nivel federal.

Poner a Juan Juárez Rivas sería un excelente experimento. Es el inconforme con todo, el crítico permanente. Sería como poner a Noroña de presidente o a Gabriel Rivas como director del transporte.

Con todo respeto, nunca había escuchado el nombre de Ana Luisa Rocha Valencia ni el de Georgina Valladolid. Tampoco de Raúl Moreno Villafuerte.

Enrique Pérez Salazar fue coordinador administrativo de la Procuraduría de Justicia, es dirigente sindical de los catedráticos de la Facultad de Derecho de la UAEM y es hechura de Jorge Arturo García Rubí.

Honorato Estrada Guadarrama toda su vida ha sido litigante, respetado en el gremio, experto en la oratoria y el análisis jurídico.

Yolanda Gutiérrez Neri es la otra candidata de la Facultad de Derecho de la UAEM. Al igual que Gabina Reyez Quesada, no tienen nada qué hacer en una institución tan sucia y peligrosa como es la PGJ.

Después vienen los que llamaríamos “los regionales”, y ahí ubicamos a Josué Tapia Acevedo, Jesús Díaz Dircio (ambos impulsados por Gerardo Arrieta) e Israel Rafael Pérez. Inexplicablemente quedó fuera David Vargas Tellez, ex subprocurador regional al igual que los primeros. Todos con suficientes méritos para hacerse cargo de la Procuraduría.

Finalmente terminamos la lista con “los polémicos”. Agustín Aragón Sosa es un excelente litigante, defiende de todo y aplica la regla de que el fin justifica los medios. Fue acérrimo crítico del gobierno de Sergio Estrada Cajigal y creador del “Centro de Inteligencia Ciudadana contra la Delincuencia”.

Recientemente declaró al semanario “7Días” que la PGJ “ha estado llena de gente que no sabe nada y ya es tiempo de rescatarla, porque solo ha servido para que sus titulares se enriquezcan a costa del dolor ajeno”.

“Me gustaría trabajar con un gobernador como Graco Ramírez, que como ciudadano, todo el tiempo ha luchado contra la inseguridad y mejorar la procuración de justicia y es bien sabido públicamente que yo también he luchado codo a codo con él por las mismas causas”, acotó.

El otro polémico es Javier Mújica Díaz, quien ya fue director de averiguaciones previas de la PGJ, abogado litigante que de pronto se vio convertido en diputado, integrante de la llamada “Peor Legislatura de la historia”, y que seguramente muchos recordarán por la forma en que corrió a su suplente cuando regresó al cargo tras perder las elecciones internas en busca de la alcaldía de Jiutepec.

Hasta ahí la lista de los aspirantes a la Procuraduría. Hay de todo “como en botica”, y lo único que podemos asegurar es que, cualquiera que sea el resultado, habrá inconformes.

Y luego, a repetir la historia de siempre: declarar que “nos dejaron una porquería”, después decir que las cosas no estaban tan fáciles como parecían, luego que hicieron su mayor esfuerzo, para finalizar despidiéndose con el clásico “estoy contento pero no satisfecho, quedaron muchas cosas por hacer”.

LOS JUICIOS ORALES NO ESTÁN EN LA AGENDA DE GRACO

El pasado sábado en el programa “Quien Resulte Responsable” que conducen Federico Mayorga, Carlos Félix y un servidor, analizamos el discurso de Graco Ramírez al tomar posesión como gobernador del estado de Morelos. Sobresalió el tema de la seguridad y una serie de ofrecimientos que de concretarse estaríamos hablando de una especie de “Gracolandia”, pero no se vale criticar “a priori”, y todos los integrantes del nuevo gobierno tienen el beneficio de la duda.

Y de ese análisis surgió una conclusión preocupante: Graco Ramírez no hizo una sola alusión al Poder Judicial y tampoco al Sistema Acusatorio Adversarial. Ni siquiera porque tenía a un lado a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez, tuvo la atención de decir (aunque sea de dientes para afuera) que habrá pleno respeto a la autonomía de los poderes.

Tampoco hizo alusión alguna al nuevo sistema de justicia penal que puso en marcha Marco Adame Castillo y que de acuerdo a un decreto constitucional tendrá que estar vigente en todo el país al cumplirse 8 años de la “vacatio legis”.

¿No le importa?¿Ya le dijeron que Matías Nazario operó el proceso de renovación en el Poder Judicial y que éste podría resultar un contrapeso para el actual Poder Ejecutivo? No lo sabemos, pero el hecho irrefutable es que ese tema estuvo ausente de su discurso, y al parecer de su agenda.

Por cierto, ya hay un responsable de la implementación del nuevo sistema de justicia penal que depende del secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén. Se trata de Roberto Soto Castor, buen litigante que tiene dos características que pocos conocen: es esposo de la ex diputada y alcaldesa electa de Jojutla, Hortencia Figueroa; y en un proceso de selección para nombrar jueces de juicio oral Roberto Soto Castor no fue aceptado. Cosas de la vida.

Y ya que hablamos de Jorge Messeguer Guillén, llama la atención que sigue conservando su espacio en el noticiero local de Cablemás, lo que será muy valioso porque los ciudadanos ya sabremos que desde ahí  fijará su postura en los diversos temas que se estén tratando en el gobierno estatal.

En su última aparición la noche del jueves, “el número dos” del gobierno estatal habló de un importante proyecto de comunicación terrestre utilizando “el derecho de vía” de la Comisión Federal de Electricidad.

Sobre el tema de la balacera en Emiliano Zapata, lo que le pareció más importante a Messeguer Guillén fue que los peritos todavía no terminaban de recoger los indicios del crimen, cuando ya el procurador de Justicia, Mario Vázquez Rojas, acompañado por la secretaría de Seguridad Pública, estaban dando una conferencia de prensa para dar a conocer el hecho.

Según el secretario de gobierno de Morelos, lo anterior es una muestra de “la nueva visión”, consistente en dar la cara a la gente, fijar una postura y explicarle a la ciudadanía lo que sucede (que un comando armado entró a una unidad habitacional y mató a los ocupantes de una casa, incluyendo un bebé de brazos).

Sobre el penoso asunto con los reporteros, lamentó mucho que se haya difundido una información falsa, pues asegura que sí los atendió, pero a través de dos de sus colaboradores, y que si no habló con ellos es porque ya tenía otros asuntos agendados. “No los planté, platicaremos mañana con ellos como cualquier ciudadano; uno no puede repetir viejos esquemas pero también ese cambio debe ser en la ciudadanía, incluyendo los periodistas, porque no puedes llegar a patear la puerta…”.

Y el funcionario-comentarista se despidió con una frase que pudiera ser su “muletilla” como en su tiempo el “es un caso aislado” fue la salida frecuente de su antecesor Oscar Sergio Hernández Benítez.

La frase fue: “es parte del juego político”. Para Messeguer, la agresión a los reporteros y la protesta de éstos es parte de un “juego”.

LA SUPREMA CORTE Y EL CASO LYDIA CACHO

Las magistradas Rosa María Temblador Vidrio y Emma Meza Fonseca están en la ruta final para sustituir a Guillermo Ortiz Mayagoitia en un asiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La primera tiene una brillante carrera que data de principios de los años noventa y actualmente es Magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito del estado de Puebla.

La segunda, en cambio, exoneró a Mario Marín Torres como investigadora de la Suprema Corte en el caso Lydia Cacho.

Temblador Vidrio nació en El Grullo, Jalisco, y se graduó como licenciada en Derecho en la Universidad de Guadalajara.

Su Maestría en Derecho Constitucional y Amparo la cursó en la Universidad Iberoamericana, campus Puebla. Su nombre, como el de Meza Fonseca, fue incluido este miércoles por el presidente Felipe Calderón en las dos ternas que envió al Senado de la República para sustituir a los ministros Sergio Salvador Aguirre y Guillermo Ortiz Mayagoytia, quienes concluyen sus funciones  el 30 de noviembre próximo.

En la terna en la que se encuentran las dos magistradas se encuentra otro personaje polémico: Manuel Baráibar Constantino, quien, al decir de la página electrónica del diario La Crónica …” dictaminó en 2005 la inocencia de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas, en un litigio con el Servicio de Administración Tributaria, y que 4 años había perdido Raúl Salinas”.

En otras palabras: la magistrada Temblador Vidrio va en la terna junto con quien exoneró a Raúl Salinas y  con quien exoneró a Mario Marín.

Estos elementos tendrían que contar a la hora en que los senadores analicen las trayectorias de los candidatos a ministros.

HASTA EL PRÓXIMO VIERNES

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