El proyecto contempla la construcción de alrededor de 50 mil viviendas “ecológicas” en la zona Geópolis que comprende a los municipio de Cuernavaca y Temixco y en donde también se pretendía asentar las oficinas de los tres poderes del estado dijo Román Isidoro.

En el plan van implícitos el proyecto del Libramiento Norponiente y un eje transversal en el que Casas Geo se comprometió a comprar al cien por ciento el derecho de vía (del eje) y en un convenio con el Gobierno del Estado se entrega a éste "para que a su vez, el Gobierno del estado lo entregue a la Federación y pueda desarrollarse dicho eje transversal que la empresa ya tiene proyectado”

En su momento Demetrio Román explicó a los legisladores que en "Geópolis" se concentraría “la "Ciudad del Gobierno", con edificios para el Gobierno del Estado, los municipales de Cuernavaca y Temixco, así como el Congreso del Estado, que sería moderna, funcional, práctica y sin precedente” en el que se prevé también la construcción de un puente de más de medio kilómetro de longitud que cruzaría el abismo que se localiza al poniente de la carretera federal a Acapulco, unos 300 metros adelante de las gasolineras ubicadas en la colonia "El Polvorín".

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Este proyecto a simple vista ambicioso por donde quiera que se le analice no contempla la afectación ambiental casi considerada un ecocidio a cambio de construcción de “palomares” como se les ha llamado a este tipo de viviendas cuyo precio es ostentoso para los trabajadores los cuales se verán atados a pagar por varios años y eso mientras no se les desmorone su patrimonio.

Fue precisamente en el mes de diciembre del año 2011 cuando el asesor legal de la Federación de Asociaciones de Colonos, Eustelio Mendoza, detalló que el 23 de septiembre del 2011 ingresó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), una demanda en contra del gobierno de Cuernavaca, con la exigencia de la declaratoria de nulidad del acuerdo AC/SO/9-VIII-11/280, por el que se hacen modificaciones al citado POET.

Tres meses después el FACEM proclamó el "triunfo" jurídico de sus agremiados mediante el cual frenan temporalmente cualquier intento por iniciar la construcción del Libramiento Norponiente y avanzar con el proyecto habitacional denominado Geópolis, ya que les fue concedido una suspensión provisional por medio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra del Programa de Ordenamiento Ecológico del territorio del municipio de Cuernavaca. Y según consta en el expediente TCA/2AS/125/11 les fue concedida la suspensión del acto impugnado.

No sólo el FACEM se opuso a la continuación de Geopolis aunque si fue una de las organizaciones que realizó acciones legales; en el lado de Temixco la inconformidad social se hizo más fuerte en el 2011 principalmente por los problemas de escasez de agua potable en las colonias Azteca, Morelos y Pueblo Viejo en donde los habitantes en repetidas ocasiones presionaron a las autoridades municipales encabezadas por Nereo Bandera Zavaleta mediante plantones, protestas y en alguna ocasión el Director General del Sistema de Agua Potable Juan Batalla fue retenido por los furiosos colonos que pedían agua y exigían la detención inmediata de las obras de construcción de las viviendas pues aseguraban que el agua del pozo ubicado en la colonia Morelos era destinada a dichas obras.

Sin embargo, una de las principales interrogantes hacia el gobierno del estado es porqué aprobó dicho proyecto comprometiendo no solo al medio ambiente sino la paz social toda vez que dichos lugares aun no cuentan con los servicios públicos municipales debido a una serie de inconsistencias en las licencias de construcción otorgadas por las autoridades municipales.

Y otra pregunta sería: ¿Los municipios de Cuernavaca y Temixco cuentan con la infraestructura necesaria para otorgar dichos servicios? La mayoría de las casas construidas son adquiridas por personas de fuera, principalmente del Distrito Federal, y utilizadas los fines de semana, también hay quienes viven de manera cotidiana en dichos lugares y que no cuentan con los servicios como transporte, educación, salud entre otros. Estamos conscientes de que el desarrollo urbano no se puede frenar, pero sí debe ser estrictamente planeado a través de un impacto ambiental y llevarlo a un concepto armónico en todos los aspectos y así no caer en errores que paga directamente la ciudadanía.

Al menos en el municipio de Temixco hasta el momento son alrededor de 14 mil las casas construidas las cuales aún no cuentan con los servicios municipales. Si se pusiera en orden esta situación al menos en cuanto a la captación de recursos para el municipio en el tema del agua potable representaría un incremento de hasta 800 mil pesos mensuales lo cual sería oxígeno puro para el Sistema de Agua Potable Temixquense que estuvo a punto de declararse en quiebra en el 2010 a causa de un adeudo de 23 millones de pesos por conceptos de diversos pagos entre ellos a la CFE, al IMSS, al sindicato de trabajadores solo por mencionar algunos.

Y hasta la fecha se han pagado cerca de 8 millones de pesos gracias a la actualización del padrón que puso en marcha Juan Batalla en el pasado mes de febrero lo cual ha permitido disminuir la morosidad toda vez que eran cerca de 40 mil habitantes que no pagaban el suministro de agua potable.

Otro personaje que estuvo inmerso en el tema de Geopolís fue Javier Orihuela García, ex alcalde temixquense y hoy diputado federal electo, a quien recomendamos que la frase de campaña “Salvemos al río Apatlaco” sea bien aplicada pues se ha dado golpes de pecho con el tema ambiental y fue precisamente él quien recibió una jugosa cantidad por concepto de las licencias de construcción de la primera etapa de Geopolis y que además provocó que a la actual administración municipal se le multara con más de 14 millones de pesos por las anomalías que había en la “Mina San Felipe” (por cierto, de su propiedad) en donde sin regulación alguna Orihuela García inicio con el depósito de basura para “ahorrarse” los gastos operativos de traslados de los desperdicios sólidos de sus gobernados y auto pagarse una renta por la ocupación de su propiedad.

Sería muy bueno hacer una revisión minuciosa a otros proyectos inmobiliarios en los municipios de Emiliano Zapata, Xochitepec, Cuautla, Yecapixtla y últimamente Zacatepec con el Cerro de la Tortuga.

EL SUCIO CASO DE LA BASURA

Aunque siempre había sido un problema latente en la capital del estado de Morelos, fue en octubre del 2006 cuando se tocó fondo. Noticieros de todo el país difundieron imágenes de las calles de Cuernavaca infestadas de basura, y es que en esos momentos la administración municipal (a cargo interinamente de Norma Popoca Sotelo) no tenía un lugar dónde depositar las 400 toneladas de basura que genera diariamente la llamada “ciudad de la eterna primavera”, pues el único lugar disponible, el tiradero de Tetlama, había sido cerrado por inoperante.

Fue por ello que, al asumir el cargo de presidente municipal en noviembre de ese mismo año, el panista Jesús Giles Sánchez y su Cabildo buscaron una solución de fondo para el problema de la basura. Decidieron entonces concesionar el servicio de limpia y recolección de basura, para lo cual publicaron el 25 de enero del 2007 la convocatoria para la licitación correspondiente, previa autorización del Congreso.

Luego de analizar las propuestas,  el Ayuntamiento de Cuernavaca emitió resolución definitiva en la que señaló como titular de la concesión a la persona moral denominada Promotora Ambiental de La Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable (PASA), habiéndose  suscrito el Título de Concesión respectivo a favor de la empresa adjudicada con fecha 4 de abril del 2007.

De esta manera, el servicio de recolección de basura en Cuernavaca dio un giro de 180 grados, y los vetustos camiones recolectores con trabajadores que pedían propina y pasaban una vez a la semana, fueron sustituidos por vehículos nuevos, con personal uniformado y con la consigna de “no propina, no pepena”. Además, terminó el peregrinar de los camiones en los diversos tiraderos en los estados vecinos pues PASA instaló un relleno sanitario en el paraje denominado “Loma de Mejía” con la más avanzada tecnología y con el aval de expertos en la materia.

Pero el asunto se tornó político. En el 2009 las elecciones municipales fueron ganadas por el candidato del PRI, Manuel Martínez Garrigos, quien desde su campaña advirtió que cerraría el relleno sanitario Loma de Mejía. Ya como alcalde, inició una campaña mediática en contra de Promotora Ambiental.

Prueba de ello es la nota informativa  que aparece en la página oficial www.cuernavaca.gob.mx/frames/news/detalle.php?id=306  de fecha  3 de febrero del 2010, bajo el título “Incumple PASA con la recolección de basura en Cuernavaca”.

La oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuernavaca difundió esta información según la cual “más de 20 toneladas de basura son dejadas a diario en las calles de Cuernavaca por la empresa concesionaria de recolección de estos residuos sólidos denominada PASA, lo que genera un costo mayor para el Ayuntamiento de Cuernavaca que tiene que disponer de personal, gasolina, equipo y vehículos para retirar de la vía pública lo que al mes implica 600 toneladas de desechos”, declaración atribuida al entonces subsecretario de Servicios Públicos Municipales, Alfredo Gutiérrez Trueheart.

En tanto, la regidora Miryam Mar Vázquez Rizo, quien preside la Comisión de Vigilancia de la concesión otorgada a PASA, refirió que la empresa tira desechos sólidos que se recolectan en otros municipios en el tiradero de Loma de Mejía, lo anterior sin contar con el permiso del Cabildo de Cuernavaca, lo que constituye una violación más a lo establecido en el título de concesión.

Gutiérrez Trueheart consideró que PASA cumple “a medias” con sus obligaciones marcadas en el título de concesión.

Según él, “el barrido manual y mecánico del Centro Histórico de Cuernavaca que también es una de las responsabilidades de PASA, resulta deficiente, toda vez que se pueden apreciar bolsas de basura y desechos tirados en plena vía pública a todas horas del día”, dijo.

A la par de los ataques en medios de comunicación, el Ayuntamiento priísta utilizó toda su infraestructura para encontrar  pretextos que justificaran su verdadera intención: sacar a PASA de Cuernavaca.

Fue así como Protección Civil municipal clausuró el relleno sanitario Loma de Mejía, luego de dos “sospechosos” incendios.

Claudia Aponte Mayse, entonces directora municipal de Protección Civil, dijo haber encontrado 31 violaciones a las normas de protección civil y ambientales, las cuales fueron descubiertas tras dos incendios. Advirtió que estas irregularidades podrían ser motivo suficiente para suspender el contrato a PASA.

El ayuntamiento divulgó que al momento de la revisión la empresa tenía sus extintores vacíos, carecen de un tanque de agua, no tienen foco anti explosivo, entre otros factores que determinaron la clausura.

Lo anterior, a pesar de que la empresa explicó que los extintores estaban vacíos porque los estaban recargando luego de usarlos para sofocar los incendios; dijo que sí tenía tanque de agua y que no cuentan con foco anti explosivo simplemente porque no tienen energía eléctrica en el relleno sanitario.

Durante la instalación del Subcomité de Seguridad Pública en la colonia Cerritos de la delegación Antonio Barona, en marzo pasado, Manuel Martínez declaró que la postura de cancelar el basurero no es un capricho, sino un compromiso adquirido con la sociedad durante su campaña, a propuesta de la misma.

Por ello, indicó, hay un estudio profundo sobre el tiradero de Loma de Mejía hecho por investigadores, quienes darán su veredicto y basado en éste se tomará una decisión “en beneficio de los cuernavacenses y no de algunos sectores empresariales”.

Dijo que el cierre del basurero es una decisión complicada por los intereses económicos y partidistas que hay de por medio; sin embargo, destacó que por afecciones al entorno ecológico es un asunto necesario.

Luego agregó que el costo por la concesión de la recolección, confinamiento y depósito de la basura que al municipio le cuesta cerca de 100 millones de pesos, los mismos que pueden disminuirse si el ayuntamiento se encarga del servicio.

Y trató de sustentarlo comparando  lo que paga el estado de Puebla por el mismo servicio y que son menos de 50 millones de pesos a la misma empresa Promotora Ambiental (PASA), que es un territorio más grande y que ha disminuido sus costos en ese tipo de concesiones. Omitió decir que en Puebla no se tuvo que invertir en un relleno sanitario como en Cuernavaca.

En Cuernavaca, aseguró,  “los 40 ó 50 millones de pesos que se pretenden ahorrar por el servicio de la basura, serán inmediatamente redistribuidos en la obra pública y mejorar los servicios públicos”.

Para completar la escena,  el diputado local Gabriel Haddad Giorggi apoyó la postura del presidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, la que calificó de “valiente porque se enfrenta a intereses mezquinos que benefician a unos cuantos, pero que son por el bien de toda una sociedad”.

Y luego el remate: “Pero no sólo tiene el apoyo del diputado nuestro presidente municipal, también de todos los diputados del Congreso local, de nuestros compañeros diputados federales por Morelos y de una comunidad científica y académica que le pidió luchar contra los intereses de unos cuantos para ponderar los de la sociedad”.

Haddad , empresario toda su vida y miembro de las familias más ricas de Morelos, dijo que ahora cuando se apoya al pueblo se ve quiénes están con éste y no con los que solamente llegan para ver qué se llevan de Cuernavaca, una ciudad que hoy merece una oportunidad en materia de seguridad pública y mejores servicios.

Los resultados del supuesto estudio hecho por expertos, a la fecha no han sido dados a conocer por el Ayuntamiento.

Fue a principios de agosto de este año cuando se dio el rompimiento total entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y la empresa PASA. Y es que Manuel Martínez Garrigós encontró la fórmula para que la compañía incurriera en la cláusula del contrato que establece la rescisión del contrato cuando durante tres días no se realice la recolección de la basura: no pagarle a PASA.

Así, el Ayuntamiento capitalino simplemente suspendió el pago a la empresa sin explicación alguna durante los meses de mayo, junio y julio. A falta de pago, PASA suspendió parcialmente sus labores y Manuel Martínez anunció la tan buscada rescisión del contrato.

Y es que, de acuerdo al contrato firmado por ambas partes, son causas de revocación de la concesión el incumplimiento grave, imputable, reiterado y probado de la concesionaria, respecto de las obligaciones previstas en la concesión, y porque suspenda totalmente el servicio de recolección por más de tres días consecutivos o por más de cinco no consecutivos en un período de treinta días.

Sin embargo, el contrato se refiere a una suspensión del servicio por decisión de la empresa, no originada por la falta de pago.

Al ser la autoridad quien origina la suspensión del servicio, su intención de revocación sería improcedente al no cubrir puntualmente  con el importe de la facturación por el servicio prestado por la empresa, que debe realizarse a los 15 días de presentada la factura.

De acuerdo a PASA, en este caso existió un atraso de 68 días correspondientes a las facturas presentadas por los meses de mayo y junio, más los días que se acumulen.

“Con ello podemos concluir que los funcionarios de Cuernavaca han caído en el ilegal exceso del ejercicio de sus facultades al violar las normas relativas a la ejecución del contrato de concesión, lo cuál ha sido reconocido públicamente tanto por el Alcalde como por el Regidor Petriciolli, razón por la cual es innegable que la suspensión de la prestación del servicio es imputable al Municipio”, indicó Sergio Urzua, gerente de PASA.

Desde el principio, PASA se manifestó respetuosa de la decisión del Ayuntamiento de ofrecer el servicio y mantuvo la disposición para entablar una negociación que permitiera el beneficio  de ambas partes y ubicar como prioridad un servicio de primera necesidad para los cuernavacenses.

A su vez, Sergio Urzúa informó que la empresa no suspendió el servicio, ya que se siguió ofreciendo  el barrido mecánico y manual, se presta el servicio de recolección a hospitales, asilos y guarderías, y se recolectaron los residuos de las colonias Lázaro Cárdenas, San Antón, La Carolina, Mina, Chipitlán, Quintana Roo y Pilares. “Fue una suspensión parcial, en la cual se solicitó oficialmente al ayuntamiento el pago del adeudo de los meses de Mayo y Junio”, explicó el directivo.

La única justificación del Ayuntamiento fue que no había dinero para pagar a PASA, aunque llama la atención que sí tenga recursos para pagar el transporte,  los sueldos de empleados y los gastos que implicarán la disposición final y los insumos, y que no haya destinado estos recursos para pagar los servicios de la empresa que legalmente tiene la concesión.

A raíz de todo lo anterior, PASA interpuso una solicitud de amparo ante un Juzgado de Distrito contra actos del Ayuntamiento de Cuernavaca. El Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa con sede en Monterrey, Nuevo León, radicó el juicio de garantías bajo el expediente 261/2010 y otorgó una suspensión provisional de los actos reclamados.

Dicha suspensión, obliga al Ayuntamiento de Cuernavaca a dejar las cosas en el estado en que se encuentran, es decir, que PASA otorgue el servicio de recolección de basura y obviamente que se le pague por ello lo convenido en el contrato. Asimismo, que se abstenga de hacer cualquier intento de otorgar la concesión a un tercero.

En contraparte, Manuel Martínez Garrigós declaró que “si PASA dejó de operar aduciendo una falta de pago la supremacía de la ley nos obliga en el 115 constitucional a recolectar la basura, confinar la misma y a disponer de ella en su fase final. Luego entonces, como siempre respetando el marco jurídico, el compromiso político con la sociedad, vamos a cumplir con nuestros compromisos y vamos a ir con todo en lo jurídico”.

Asimismo, manifestó que el asunto será un litigio “largo y costoso” pero agregó que “estamos seguros que nos asiste la razón, el derecho, pero sobre todo que tenemos la fuerza de la ciudadanía”.

La empresa PASA contrató los servicios del prestigiado abogado Guillermo Pasquel Hernández, quien recordó que el artículo 206 de la Ley de Amparo señala concretamente, que la autoridad que viole la suspensión otorgada por un juez de Distrito debidamente notificado, incurre en el delito de abuso de autoridad.

“Lo demás, es la responsabilidad que por los daños y perjuicios y con motivo de las acciones que está cometiendo el presidente en contra de PASA. Tendrá que ser cuantificado en su momento”, declaró en conferencia de prensa.

Dijo que hay varias penas aplicables al municipio, entre ellas la cantidad que se está devengando y posteriormente tendrá que pagar el doble de esa cantidad.

“Es un proceso largo el que va a llevar, pero de entrada les puedo decir, que mínimo es el doble de lo que al día de hoy venía pagando el municipio a PASA, porque de entrada lo tendrá que pagar y en segunda pues va a tener que generar el pago a un tercero, pero además existe esto como pena convencional”, apuntó en aquel tiempo.

En el enfrentamiento jurídico entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y la empresa Promotora Ambiental S.A. para resolver quién se queda con el servicio de recolección de basura, ambas partes han buscado a los mejores abogados para que los represente.

Los empresarios dieron a conocer a principios de agosto que su abogado es Guillermo Pasquel Hernández, egresado de la Universidad Lasalle.

De acuerdo a la información recabada en páginas de internet y revistas jurídicas, Pasquel tiene Especialización y Maestría en Ciencias Penales por la Universidad Anahuac y también ha realizado estudios de postgrado y especialización en la Universidad de Salamanca, España, en Materias de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas, Derecho Penal, Crimen Organizado, Corrupción, Terrorismo y Lavado de Dinero.

Actualmente realiza los trabajos para el protocolo de investigación en el Doctorado de Libertades Informativas, que imparte la Universidad Panamericana, en convenio con la Universidad de Salamanca, España.

Ha participado en diversos foros académicos como conferencista y exponente en mesas de discusión, sobre diversos temas de actualidad, relacionados especialmente con el ámbito del Derecho Penal y Constitucional.

Pero el Ayuntamiento de Cuernavaca no se quiso quedar atrás y contrató los servicios del famoso penalista Juan Velázquez, quien alguna vez fue contratado por los expresidentes mexicanos, Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría, para que los defendiera. Arturo “El Negro” Durazo, el exjefe de la policía acusado de corrupción, también fue uno de sus clientes satisfechos. Por eso, también, muchos le llaman a Velázquez “el abogado del diablo.”

Entre la impresionante lista de sus clientes no hay solo políticos. Están, también, bancos, empresas privadas, medios de comunicación y famosas víctimas de la violencia en México. Diana Laura Riojas -viuda del asesinado candidato priísta a la presidencia, Luis Donaldo Colosio- y las hijas de José Francisco Ruiz Massieu –también asesinado en 1994- buscaron los consejos legales de Velázquez.

Quienes los conocen aseguraban que se avecinaba un “choque de trenes” entre estos dos juristas que tienen algo en común: cobran caro.

A la fecha, Guillermo Pasquel continúa como abogado de PASA, en tanto que Juan Velázquez se retiró del litigio de la basura.

HASTA EL PRÓXIMO VIERNES