Quizás eso le funcionó muy bien a Hitler o al gobierno norteamericano en los años cuarentas, pero hoy en día esa teoría es totalmente inaplicable en una sociedad donde lo que sobran son los medios de comunicación y las ofertas políticas también son muchas.

Esto viene a colación porque a partir de las próximas semanas y hasta unos días antes del primero de julio del 2012, los ciudadanos vamos a ser literalmente “bombardeados” por todo tipo de mensajes para tratar de influir en la decisión que habremos de tomar ese día al acudir a las urnas electorales.

Pero ya quisieran los candidatos contar con unas “balas mágicas” para inocular a sus votantes y que como autómatas lleguen a las casillas a cruzar las boletas con su nombre y fotografía. Pagarían lo que fuera por ellas.

Sin embargo, la realidad es que el partido político (el que sea) puede pagar a la mejor productora de spots, a los más brillantes redactores de mensajes y poner a sus candidatos mejor preparados académicamente, pero eso no le garantiza el triunfo.

Ya en la soledad de la casilla, el elector va a votar por quien quiera por las razones que sólo él conoce.

Recientemente, en su leída columna que publica en El Universal, la periodista Lydia Cacho hacía una clasificación de los votantes de acuerdo a las razones que lo mueven a votar por tal o cual candidato:

La y el votante convenenciero.- No le importa el futuro del país sino el de su círculo inmediato. Si le prometen que habrá huesos, chambitas, servicios públicos en su colonia o limosnas de algún tipo, amarra su voto.

La votante telenovelera.- Las mujeres de entre 18 y 50 años que viven sus vidas a través del culebrón mexicano. Consumidoras de la telebasura, las hijas de Televisa que se compraron la historia creada por la televisora y el PRI para vender al galán en turno. Ellas votarán por él y su esposa no porque les consideren inteligentes, sino porque en el fondo prefieren a los hombres de ficción que a los reales. Harán de su voto parte de un reality show, de un romance empaquetado como producto de consumo; les espera un melodrama de decepciones e infidelidades.

La y el votante hijo-resentido.-  -Votará por otro partido diferente al que siempre eligió por la simple razón de que el otro no le cumplió sus promesas. Estas personas no están necesariamente politizadas y su relación con las elecciones y los políticos es digna de diván. El gobierno ha sido una especie de padre ausente y maltratador a quien se someten y de quien esperan más de lo que les puede o quiere dar. No creen en la democracia sino en el Estado paternalista en el que ellos obedecen y unos cuantos mandan y son culpables de todo. El padre en turno puede ser AMLO o Peña.

La y el promotor del voto duro.- Viven con la convicción de que el acarreo es un acto cívico. Asumen con dignidad la compra-venta del voto. Son comerciantes de la voluntad del pueblo, lo mismo hoy acarrean a su familia, a su sindicato o a sus fieles religiosos para el PAN que mañana para el PRI o el PRD y los otros. Son una especie de promotores de la antidemocracia en venta por catálogo de casa en casa. Quien más votos amarra y manipula más dinero recibe y más estatus comunitario adquiere en la escala del poder local.

La y el votante culposo-deprimido: Estas personas están convencidas de que deben hacer algo por el país. Votarán no necesariamente por sus convicciones sino por el sentido de culpa de no ser partícipes de un proceso democrático que les necesita. Se debaten entre el desgano y la decepción. No creen en ningún candidato/a y votarán de forma combinada para mantener un equilibrio en el poder legislativo. El voto nulo les da fobia.

La y el votante de izquierda en conflicto.- Sufren de insomnio. Vivían con la convicción de que lo mejor que le podía suceder a las y los progresistas era que Marcelo Ebrard fuese el candidato de izquierda. Perciben con angustia secreta el extraño comportamiento de AMLO y algunas tribus corruptas, pero se rehúsan a admitirlo públicamente por miedo a debilitar a la izquierda y con ello favorecer a los otros partidos en quienes tampoco confían.

La y el votante “de género”.- Estas personas, convencidas de que todos los partidos son un asco, han decidido llevar a cabo el experimento de votar por Josefina para ver si las cosas mejoran. Creen que si una mujer toma las riendas tal vez la casa/país entre al orden y cambie el modelo de ejercicio de poder.

La y el votante nulificador.- Este creciente grupo social está convencido de que todos los partidos han secuestrado al país, que no hay principios ni valores en la instituciones y que es su deber nulificar el voto. Asumen que el PRI ganará (con voto duro y probables fraudes locales) y saben que mientras menos votos se registren menos dinero entregará el IFE a los partidos en las próximas elecciones. Y cuando tengan menos dinero los partidos deberán llevar a cabo transformaciones de fondo para ganarse nuevamente la confianza del electorado. Buscan que eventualmente el voto nulo sea reconocido por el IFE como una forma de resistencia civil y castigo a los partidos; lo cual le daría más poder de incidencia futura al electorado.

Hasta ahí la clasificación que hace Lydia Cacho. Que el lector decida en cuál encaja.

LOS USOS Y ABUSOS DE “LA VEDA ELECTORAL”

Cuestiones cotidianas me llevaron a investigar el tan llevado y traído tema de “la veda electoral”. Resulta que al acudir con la familia al Papalote Museo del Niño tomó un ejemplar de la revista “Gozarte” que contiene la cartelera de actividades del Instituto de Cultura del Estado de Morelos. En las primeras páginas viene una especie de página editorial, pero lo que llama la atención es que trae dos pequeñas etiquetas adhesivas fácilmente desprendibles. De hecho, creo que si no trajera esas etiquetas los lectores se pasarían de largo y continuarían viendo las páginas siguientes, pero creo que nadie puede aguantar la curiosidad de ver que hay debajo de esas etiquetas, y al menos en los minutos que estuve observando, toda la gente quitaba el papel adhesivo.

Pues bien, debajo de los rectángulos de papel venía la fotografía y el nombre de Martha Ketchum Mejía, directora del Instituto de Cultura. ¿Por qué viene tapada la fotografía y el nombre de la autora del texto? Era la pregunta que se hacían todos los que, al igual que un servidor, despegaron las etiquetas de “Gozarte”.

Días después hubo necesidad de acudir a la Procuraduría de Justicia. Ahí tuve a la vista varios paquetes conteniendo millares de volantes que contenían recomendaciones para evitar ser víctima de una extorsión telefónica. ¿Y qué hacen aquí todos estos volantes? ¿Por qué no están repartiéndose para que la gente sepa qué hacer en caso de una extorsión telefónica? La respuesta que me dieron en esa dependencia me dejó estupefacto: “No se pueden repartir porque hay veda electoral”.

El colmo fue cuando un familiar que está desempleado me pidió ayuda para conseguir trabajo. Recordé que hay una cosa que se llama “Servicio Nacional del Empleo” en la que dan a conocer las vacantes que hay en las diferentes empresas particulares, así que busqué su página de internet.

Para mi sorpresa, donde deben venir los empleos que tanto necesitamos los mexicanos, hay el siguiente aviso: “En el marco del proceso electoral federal y local para elegir Presidente de la República, Senadores, Diputados Federales, Congreso Local y Ayuntamientos y con base y fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base III, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 7, numeral 5 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, y para dar cumplimiento a la normatividad referida, manifiesta que a partir de este viernes 30 de marzo y hasta el domingo uno de julio, suspenderá la difusión en medios de comunicación de propaganda gubernamental. Respecto al portal de internet www.sne.morelos.gob.mx, comunicamos que este permanecerá cerrado hasta que pase el proceso electoral”.

¡No es posible! ¿A quién se le ocurrió semejante cosa?

Fue debido a esos detalles cotidianos que me puse a investigar sobre la famosa “veda electoral” y me encontré con las cosas más absurdas.

Por ejemplo, que todos los portales de Internet de los organismos federales del Estado han retirado o bloqueado información como los de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía (Sener) donde las dependencias dejaron de mostrar los datos de producción de hidrocarburos como consecuencia de la llamada "veda electoral".

"Cuando comenzó la veda, la primera reacción de Hacienda fue bajar toda su información hasta no ponerse de acuerdo en qué iban a publicar", comentó Diego de la Mora, coordinador del área de Presupuestos y políticas públicas de Fundar, una organización no gubernamental dedicada a impulsar la transparencia.

El especialista llamó la atención por las interpretaciones extremas que se están realizando sobre las disposiciones del Artículo 41 constitucional en lo que se refiere al principio de imparcialidad del presidente de la República para no influir en el elector en uso de su influencia política y social propia de su encargo.

"Tenemos dos argumentos: uno que la interpretación que se está haciendo sobre la frase ‘no se emitan logros' no tiene sentido; la segunda es que se está contradiciendo con la ley de transparencia", expresó el investigador de Fundar.

El especialista acusó que la Fundar no ha podido completar parte de los estudios que realizan en materia presupuestal por esta imposición, lo cual calificó de poco transparente y democrática.

"¿Qué pasa con un ciudadano que por ejemplo quiere conocer las acciones o estadísticas del Gobierno en turno, para saber si va votar o no por ese partido? Estas medidas también dañan a la democracia", expresó el especialista.

En un sondeo realizado por CNNExpansión entre los departamentos de comunicación social de las dependencias, mostró el disgusto de éstas por la línea que les marcó Gobernación sobre la difusión de información.

Tras diversas reuniones de responsables de comunicación social con la encargada de la política interna, las dependencias decidieron a su interior cómo acatar el paro de labores de sus departamentos que se ordenó desde el Gobierno federal.

Estas discrepancias se notan por ejemplo en los datos sobre hidrocarburos, cuyas cifras no se pueden revisar a través de la página de Pemex, pero los datos que recopila la Secretaría de Energía (Sener) a través del Sistema de Información Energética sí están disponibles.

En el portal de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) no es posible ver las actas y resoluciones del Pleno, mientras que los comunicados sobre sus sesiones quedaron fuera del portal.

De la Mora añadió que se están generando otras situaciones absurdas donde sí se puede hacer difusión de los programas debido al acuerdo CG775/2012 del Instituto Federal Electoral (IFE) para reglamentar las normas del Artículo 41 constitucional, donde se expresan tres excepciones a la veda electoral: salud, protección civil y educación.

Por lo visto, este es un caso más en el que, en un afán de contrarrestar los excesos cometidos durante décadas por el gobierno en el poder, se incurre en otro exceso que afecta a la ciudadanía.

Y quizás es entendible (pero injusto) que durante estos meses los viejitos dejen de percibir sus apoyos económicos que les venían dando (aunque apuesto doble contra sencillo que votarán por el partido que hizo posible esa ayuda ante el temor de que el que venga no se las respete), pero ya nada más falta que las dependencias cierren sus puertas durante estos meses para que no se les vaya a acusar de estar haciendo proselitismo a favor de algún partido.

Ahora bien, el otro lado de la moneda son aquellos funcionarios que han encontrado en la “veda electoral” el pretexto perfecto para no dar entrevistas y “tirarse a la hamaca”. Las oficinas de comunicación social de las diversas dependencias están prácticamente de adorno, así que en las futuros procesos electorales habría que ir pensando en que todos esos burócratas se vayan de vacaciones todos estos meses o les reduzcan el sueldo de tal manera que no estén en sus escritorios nada más checando sus cuentas de Facebook.

Algunas organismos autónomos, como es el caso del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) se adhirieron voluntariamente a la veda electoral y desde el 28 de marzo no realizan ningún evento y ha suspendido todas sus campañas de difusión, no obstante que el “acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral mediante el cual se emiten normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental” señala claramente que “las campaña relativa al derecho de acceso a la información se encuentra vinculada con el concepto de educación, toda vez que a través de la misma se hace del conocimiento a la sociedad de la forma de acceder a la información que se encuentra en posesión de las entidades públicas o de aquellas entidades privadas que ejerzan funciones públicas, garantizando la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones y servidores públicos”.

En contraparte, alguien debe decirle al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Ángel Falcón Vega, que la institución que representa sí está considerada dentro del mencionado acuerdo. Dicha normatividad pone en aprietos al magistrado Falcón Vega, quien prácticamente ya inició su campaña con miras a su reelección como presidente y está ofreciendo entrevistas sobre los logros obtenidos en los últimos dos años, contraviniendo claramente lo antes mencionado.

Cualquiera diría que esos logros son del presidente del TSJ y no del Gobierno de Marco Adame, pero la ley es muy clara cuando dice que “según lo establecido en el artículo 134 constitucional, la propaganda –bajo cualquier modalidad de comunicación social- que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos (ojo Lucero Benítez), las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

ADIOS AL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL

Con la inexplicable e inesperada salida de Myrna Alvarez Uriarte de la Subsecretaría de Enlace para Asuntos de Justicia Penal se puede afirmar que terminó el sueño llamado “Sistema Acusatorio Adversarial”. En varias ocasiones publicamos que en Morelos los padres de los juicios orales fueron un médico, un ingeniero químico y un pasante de derecho, en referencia a Marco Adame, Oscar Sergio Hernández y Javier López.

También hemos dicho hasta el cansancio que los juicios orales nacieron en Morelos en cumplimiento a un compromiso electoral, sin un estudio previo, sin una intensa campaña de concientización, sin la capacitación necesaria, y sobre todo, sin los recursos económicos necesarios. Como quien dice, primero compraron el carro, lo echaron a andar y después aprendieron a manejarlo.

En su momento advertimos que lo que se requería era crear un cargo en el que recayera la principal responsabilidad del proyecto, y en que en ese puesto designaran a alguien que, además de ser expertos en la materia (un Cipriano Sotelo o José Luis Jaimes Olmos, por ejemplo) fueran unos convencidos del nuevo sistema de justicia penal.

No lo hicieron así, lo que decidió el gobierno fue crear un órgano colegiado integrado por las diferentes instancias relacionadas con el tema. Pero como ocurre en la mayoría de los organismos colegiados, todos hacen de todo y nada a la vez.

A final de cuentas el peso del proyecto quedó depositado en las abogadas Rebeca Fernández y Myrna Alvarez Uriarte, la primera que llegó a Morelos contratada por el organismo Pro Derecho que desapareció al poco tiempo, y la segunda que su mérito era ser sobrina del ex secretario de Gobierno Sergio Álvarez Mata, pero que debemos reconocer que al final sí se empapó bien del tema y estaba haciendo un papel decoroso.

Hoy, casi en secreto, Myrna ha sido sustituido por José Luis del Valle Adame. Lo suyo es la ingeniería industrial, carrera que estudió en la UAEM aunque después haya cursado la licenciatura en Derecho en clases sabatinas y un posgrado de Derecho Constitucional en la Universidad Anáhuac.

La Dirección de Capacitación en Justicia Penal, un cargo importantísimo para las expectativas que se tenían, está en manos de María de los Ángeles Rivera, quien con todo el respeto que nos merece como dama que es, sólo tiene licenciatura y su trayectoria en el Poder Judicial se reduce a una actuaría.

En conclusión, el que parecía ser uno de los proyectos más importantes de la presente administración ha quedado a la deriva.

Por si esto fuera poco, lo que se ofrecía como un cambio radical en el sistema de justicia penal similar al que se dio en varios países de America Latina, terminó siendo una mezcolanza que ni es inquisitivo ni es adversarial.

Y sólo para terminar con este tema, reproduzco una carta firmada por diversas organizaciones civiles que me hizo llegar José Martínez Cruz, en la que las ONGs expresan su preocupación por los contenidos del proyecto de reforma del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), basado preponderantemente en la propuesta presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal en septiembre de 2011 y actualmente en discusión por parte de la Comisión de justicia de la Cámara de Diputados.

“Por la trascendencia de la propuesta de ley en la transición al sistema penal acusatorio – oral - adversarial, las organizaciones civiles interesadas en la urgente transformación del sistema penal mexicano hacemos las siguientes observaciones que figuran entre las más preocupantes, pero que no son las únicas:

1.-  El proyecto viola estándares internacionales y constitucionales en materia de medidas cautelares, al establecer y permitir que el Ministerio Público las imponga durante la etapa de investigación (Artículo 223), en franca contradicción con el artículo 19 constitucional que prevé competencia exclusiva del juez para hacerlo;

2.-  El código prevé un catálogo de delitos graves que excede el techo constitucional del artículo 19 (Art. 264 CFPP), lo que abriría la puerta a abusos en la determinación de medidas cautelares y prisión preventiva;

3.- Es particularmente grave la implementación de cateos sin necesidad de orden judicial (artículo 333) a sitios de acceso público y de operaciones encubiertas y agentes infiltrados (311 a 320), mismos que no dejan claro el modo en que habrá control judicial en todo momento, abriendo la posibilidad de acusaciones inverosímiles, fabricación de culpables y allanamientos arbitrarios;

4.-En el mismo sentido que el punto anterior, y no con menor gravedad, nos alarma advertir que el nuevo proyecto de CFPP contemple tres excepciones a la regla de exclusión de pruebas ilícitas, lo cual es incompatible con el principio de legalidad y abre la puerta a abusos tan graves como la tortura. Al respecto cabe comentar que, según el artículo 291 del proyecto, “No se considerará violatoria de derechos humanos” información que “aún y cuando haya resultado de una prueba ilícita, habría sido obtenida por otros medios”, o cuyo vínculo a los actos violatorios de derechos humanos sea “atenuado”, un término altamente ambiguo.  Conforme al texto comentado, también sería admisible una prueba impugnada siempre y cuando la misma se obtenga de alguna fuente independiente de los abusos cometidos, aunque estuviera relacionada con ellos. Lo anterior, en el contexto actual mexicano, caracterizado por la persistencia y recurrencia de la tortura – lo cual ilustra el incremento de 550% en el número de quejas por este delito ante la CNDH en los últimos dos años -,  abre la puerta a que fuerzas federales sigan cometiendo detenciones arbitrarias y coaccionando declaraciones, para después argumentar que habrían llegado a cualquier dato por una vía legal.

En resumen el proyecto de CFPP se aparta por completo de la reforma constitucional de 2008 y de las recientes reformas en amparo y derechos humanos, e implica de hecho una regresión al modelo inquisitorio bajo formalidades que quieren simular un modelo acusatorio”.

En conclusión, cuando el actual gobierno termine podrá presumir que deja instaurados los juicios orales (porque finalmente son hablados y no escritos como antes) pero no podrá decir que se implementó el sistema de justicia acusatorio adversarial.

DE TODO UN POCO

De a muertito.- Trabajadores del Ayuntamiento capitalino se quejan de que el dirigente del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Ricardo Gómez Real, devenga un salario de 6 mil 720 pesos y una compensación de 6 mil 133 pesos mensuales a cambio de “dejar hacer, dejar pasar”, sin representar realmente a sus afiliados. No cabe duda que tener un sindicato sigue siendo un excelente negocio.

Gajes del oficio.- Edgar Adame Castillo contendió en la elección interna del PAN para presidente municipal de Xochitepec y ganó por amplio margen, pero cuando llenaron las actas resulta que intercambiaron los nombres y las cifras de tal manera que era el otro candidato quien resultaba ganador, y así las firmaron. Afortunadamente para el hermano del gobernador su contrincante admitió que había sido un error de sus representantes de casilla y volvieron a firmar los documentos. Algo similar pasó el miércoles en el IEE, cuando se aprobaron los registros de los candidatos a gobernador, y en el acta correspondiente a Adrián Rivera Pérez aparecía como candidato del PSD.

Felicidades a Mirna Zavala.- Ayer la presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Mirna Zavala Zúñiga fue electa presidenta de la región centro de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) por lo que representa a órganos garantes de nueve estados de la República. Enhorabuena.