En materia electoral no es la excepción, al contrario, pareciera que a los partidos políticos y estrategas de candidatos les divierte estar jugando a “jalarle la cola al león”, es decir, incurrir en evidentes violaciones a la ley electoral, pero sin que se lo puedan demostrar y por lo tanto tampoco los pueden sancionar.

En Morelos las elecciones se rigen por un Código Estatal Electoral, mismo que en su artículo 357 a la letra dice: Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular al presente código:

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso;

II. Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas morales y físicas no autorizadas por este código;

III. Solicitar o recibir recursos y servicios públicos no autorizados por este código;

IV. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña;

V. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en este código;

VI. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido en este código; y

VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este código.

También, el artículo 360 de la misma normatividad, establece en su fracción IV que será considerada una violación a la Ley “la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal, o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o coalición, precandidato o candidato”.

Lo anterior se oye muy bonito, pero es inaplicable.

Su cumplimiento al pie de la letra implicaría sancionar a muchas personas de prácticamente todos los partidos políticos.

Y es que, para evadir lo que dice la fracción I del artículo 357 hay infinidad de recursos o “marrullerías” como usted prefiera llamarle.

El proselitismo se puede hacer a través de una fundación o asociación civil que lleve el nombre o las siglas del aspirante;  si tiene algún negocio o empresa, que sea el propio dueño quien aparezca anunciando tal o cual producto; disfrazado como informe de labores si es diputado o alcalde; haciéndose el aparecido en cuanta reunión social hay o simplemente publicitando su fotografía y nombre pero sin decir para qué. Ah, si tiene un programa de televisión o radio, también puede emprender una campaña de difusión de su contenido o incluso de su participación en dicha emisión.

El miércoles,  en plática informal, el presidente del Instituto Estatal Electoral, Oscar Granat Herrera, admitía que la ley es imperfecta en ese sentido, y es lo que hace que la autoridad electoral parezca permisiva.

Y a nivel nacional ni se diga. Recuérdese aquella portada de la revista Vértigo, la entrevista a un par de artistas en la revista TV Notas en donde decían por quién iban a votar y por qué, además de aquella transmisión de un partido de futbol en la que “de pura casualidad” el comentarista se encuentra entre los asistentes a un candidato a delegado del DF y lo entrevista sobre la importancia del deporte en la sociedad.

La reforma constitucional que impide a los partidos políticos contratar publicidad –ya sea positiva o negativa- directamente en los medios electrónicos, hizo que se buscaran nuevas formas de seguirlo haciendo pero “sin violar la ley”.

Eso nos lleva a convertirnos en una sociedad de simuladores. En el proceso electoral que se avecina veremos muchas entrevistas en televisión y radio, pero no habrá facturas que demuestren cuánto gastó cada partido en su campaña, y por lo tanto su reporte de gastos de campaña que entregará al IEE o al IFE según corresponda, será totalmente irreal.

Este mismo intento de controlar a los medios electrónicos, ha hecho que surjan los canales y estaciones de radio por internet, quienes sí podrán difundir todo lo que quieran porque no existe una forma de reglamentar su uso.

Por eso se dice que la verdadera batalla del 2012 será por internet. Así como en el 2006 los canales de televisión y estaciones de radio se vieron atiborradas de spots tanto a favor como en contra de cada partido, hasta el punto de que algunos radioescuchas y televidentes decidieron apagar sus aparatos, en el 2012 el espacio virtual estará colmado de mensajes con invitaciones a votar por equis candidato o denostaciones contra ese mismo.

Y surgirán los llamados “sicarios informativos”, aquellos que por una cantidad de dinero estarán dispuestos a hacer pedazos en la red a los enemigos de quien les paga. Hoy ya andan algunos por ahí sirviendo a determinados aspirantes.

Así como las redes sociales influyeron en forma determinante para derrocar a gobernantes que habían conservado el poder por décadas, así en julio del próximo año podrían ser determinantes en el resultado de los comicios para elegir presidente de la República y gobernador de Morelos.

TRANSPARENCIA Y PARTIDOS POLÍTICOS

La semana pasada por falta de espacio no pudimos comentar sobre una información aparecida en los medios de comunicación que nos parece alarmante: la declaración del síndico del Ayuntamiento de Zacatepec acusando al IMIPE de ser cómplice del delito de extorsión.

Ramiro Sotelo Rodríguez consideró que los integrantes del llamado Movimiento Ciudadano estarían incurriendo en ese delito al utilizar la información obtenida a través del IMIPE para solicitar determinados beneficios. No se descarta que así ocurra, pero no puede el sujeto obligado acusar al órgano garante de la información pública, de ser copartícipe en la comisión de ningún ilícito.

De aplicar ese criterio, los jueces federales que otorgan amparos a los delincuentes también serían considerados violadores de la Ley. Pero la justicia federal aplica solamente la Constitución y la Ley de Amparo, ya depende del solicitante para qué ocupa esa suspensión provisional  o amparo definitivo.

Ese funcionario municipal, y otro del Gobierno Estatal que propone clasificar como confidencial todas las facturas de adquisiciones, deben ser considerados enemigos de la transparencia en Morelos.

Y ya que hablamos de transparencia, el pasado miércoles el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y representantes estatales de los partidos políticos se sumaron a la firma del convenio de adhesión a la “Plataforma Tecnológica para un gobierno transparente, competitivo e innovador”.

Según un comunicado oficial del IMIPE, dicha adhesión lleva como objetivo principal la verificación y el seguimiento en tiempo real del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los partidos políticos, particularmente en relación a la publicación de información pública de oficio focalizada, difundida en los portales de internet.

A la firma de este convenio, la consejera presidenta del órgano garante, Mirna Zavala Zúñiga explicó ante Luis Alberto Machuca Nava, presidente estatal del Partido Movimiento Ciudadano; Francisco Santillán Arredondo, presidente estatal del Partido Nueva Alianza; Juan Ángel Flores Bustamante, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática; Liborio Román Cruz Mejía, secretario general del Partido Acción Nacional; Georgina Bandera Flores, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional y Juan Miguel Serrano Gastelum secretario general del Partido Verde Ecologista de México, que el compromiso asentado permitirá facilitar y simplificar el acceso de las personas a información pública de oficio relevante, actualizada, completa, confiable, útil y de calidad, presentada de manera homogeneizada y compactada por rubros específicos, sin la necesidad de visitar sujeto por sujeto obligado.

Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México. Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, junto al IMIPE trabajarán por un estado que rinda cuentas.

“En este sentido, Alberto Machuca Nava reafirmó el compromiso de su partido a seguir trabajando en dirección a una verdadera cultura de rendición de cuentas al interior de los partidos políticos, así como también en transparentar lo que se hace con los recursos públicos. Por su parte, el presidente del Partido Nueva Alianza coincidió junto con Juan Ángel Flores Bustamante en que los compromisos asumidos con el IMIPE representan una nueva oportunidad para trabajar en beneficio de un estado con ciudadanos participativos e interesados en el quehacer público”. Hasta ahí el boletín.

Ahora la realidad:

Como parte de un ejercicio de transparencia, la organización “México Infórmate” que en Morelos coordina quien esto escribe, hizo una misma solicitud de información a los ocho partidos políticos con registro en Morelos para evaluar su tiempo de respuesta y que información proporciona.

A la solicitud de “Relación de gastos realizados durante el mes de septiembre del 2011 indicando cantidad erogada, nombre o razón social del proveedor y concepto”, sólo el PAN contestó dentro de los diez días que otorga la Ley indicando que “la información solicitada puedes consultarla en nuestra página de internet”, indicando la dirección electrónica y las claves presupuestales.

La respuesta es susceptible de recurrirse ante el IMIPE  porque la solicitud fue bastante específica y la contestación debió ser también exacta, pero por lo menos contestaron dentro del término legal.

El Partido Convergencia dio cuenta de 60 mil 102 pesos (sin incluir salarios de sus funcionarios) y puso una anotación que la verdad no entendí:” En función de lo expuesto, para dar debido cumplimiento a los postulados de la Declaración de Principios y las puntualizaciones del Programa de Acción, se están proyectando de acuerdo a la conformación de los distintos órganos de dirección y control los planes de actividades que  corresponden”. A ver si alguien me traduce lo que quiso decir la responsable de la UDIP.

El Partido del Trabajo se tardó pero finalmente presentó una respuesta muy completa en la que da cuenta del gasto de 202 mil pesos durante el mes de septiembre.

Previo recurso ante el IMIPE, el Partido Nueva Alianza entregó un concentrado de gastos (sin especificar nombre del proveedor) en el que informa de 441 mil pesos erogados. Llama la atención la anotación que hace el profesor Juan Antonio Andrew López, responsable de la UDIP en su oficio de respuesta dirigido al IMIPE:

“…el actuar de mi representado lo es siempre dentro del marco de la legalidad, transparencia, honradez y honestidad, por lo que resulta satisfactorio proporcionar la información que le es requerida aún cuando esta sea utilizada para denostar a la institución política que represento”.

Cabe mencionar que el resto de los partidos políticos (varios de ellos firmantes del convenio arriba mencionado)  hicieron caso omiso a la solicitud de información.

EL CASO CFE Y SU POSIBLE RELACIÓN CON MORELOS

En los últimos días un nuevo escándalo se cierne en el territorio nacional por un megafraude en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Como ya es del dominio público, una investigación de la Secretaría de la Función Pública sacó a la luz pública un desfalco por mil 320 millones de pesos birlados a la CFE a través de 232 juicios irregulares en Sinaloa.

En julio de 2010, Alfredo Elías Ayub, entonces director de la CFE, fue alertado y pidió revisar porqué mientras en 2004 hubo cuatro demandas, 197 en 2005, 308 en 2006, para el siguiente año se disparó a dos mil 978 querellas.

También pidió cita con Salvador Vega para comentarle que sospechaba de anomalías. En septiembre, los auditores comenzaron a recolectar información e incluso a clonar algunas computadoras.

En principio no había nada extraordinario, salvo la multiplicación por mil de las demandas contra CFE y que la dependencia perdía sospechosamente cientos de millones de pesos, sin que la oficina de Néstor Moreno Díaz, entonces director de Operación de la CFE, hoy prófugo de la justicia por presuntos actos de corrupción investigados en México y Estados Unidos, se diera por enterado, pues debía gestionar ante la Dirección de Finanzas todos los pagos.

La oficina del abogado Abel Huitrón tampoco se percató de cómo sus abogados en Sinaloa perdían juicios que estaban costando cientos de millones de pesos a la empresa.

Lo primero que hicieron los auditores de la SFP, fue extraer de los dos mil 978 casos, aquellos de mayor cuantía y tomaron 232 para su muestra.

Descubrieron la maniobra: jueces, abogados y peritos aparecían en la mayoría de los asuntos litigados. En 72 procedimientos judiciales, por ejemplo, participó el juez Soto Conde, en los cuales coincidió con el abogado de la CFE, Rodríguez Retes, y el perito López, en los que la CFE debió pagar a afectados 245 millones 910 mil 518.72 pesos.

El siguiente paso de los auditores fue revisar el procedimiento. Por ejemplo: expediente 255/2008, resuelto en 10 días; 571/2008, en 13 días; 595/2008, en 14 días; 254/ 2008, en 17 días. Es decir, desde el momento en que el denunciante presentó su denuncia ante el juez Soto y la resolución del juzgador, no transcurrían ni dos semanas. Según los investigadores de la Función Pública, un caso así tarda de seis a nueve meses. Concluyeron que en 190 casos de la muestra, los derechos de los demandantes habían prescrito por antigüedad, pues datan de la década de los 60 y para pelearlo tuvieron 10 años.

Detectaron embargos a cuentas de la CFE sin defensa legal, pues las mismas son inembargables. De plano, los abogados de la Comisión Federal de Electricidad no comparecían para defender a la empresa o, incluso, daban como domicilios para recibir notificaciones los sitios donde se ubican los cajeros automáticos de la compañía para el pago de luz, por lo cual no se enteraban de los citatorios.

En 97% de los 232 expedientes, los abogados de la Comisión Federal de Electricidad no impugnaron la decisión del juez, concluyeron los auditores.

Pero además los avalúos estaban “inflados”: un avalúo presentado a juicio era por 91 millones 400 mil 48.18 pesos a pagar al afectado, el INDAABIN dijo que el pago debía ser de 17 millones 938 mil 757 pesos, según el avalúo G-43752-HMO. Otro caso ganó 50 millones 750 mil 38 pesos cuando en realidad debía ser de 55 mil 475 pesos. En uno más la CFE pagó 10 millones 382 mil pesos y el INDAABIN calculó 3 mil 824 pesos.

Al respecto, cabe hacer mención que el 13 de octubre de 2009, Amelia Ávila Vázquez, jefa del Departamento Jurídico de la división Centro-Sur de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue asesinada de un balazo en la cabeza por un sujeto que la esperaba a la salida de su casa en el fraccionamiento Los Cedros, en Cuernavaca.

El homicidio ocurrió cerca de las 07:45 horas, cuando la mujer, de 38 años, llevaba a su hija a la escuela a bordo de su vehículo Nissan tipo Tsuru color blanco, con placas PWX-727 y logotipos de la Comisión Federal de Electricidad de Morelos. Para salir cada mañana del fraccionamiento Los Cedros —al norte de Cuernavaca—, donde vivía, debía pasar por un arco de piedra que identifica la entrada de la unidad habitacional. Supuestamente el agresor, descrito por los testigos como un hombre alto, vestido con ropa deportiva y cubierto del rostro con una máscara de una calavera, se ocultó en una de las columnas del arco mientras esperaba a su víctima.

Según los testigos, la mujer salía del fraccionamiento cuando el sujeto la amagó con una pistola y le ordenó que ocupara el asiento del copiloto; pues su hija iba en la parte posterior del auto. El homicida supuestamente le ordenó: “Recórrase que me voy a llevar su auto”, pero la mujer se resistió y entonces el hombre —no identificado— le disparó en la cabeza a una distancia de 20 centímetros. El homicidio fue presenciado por la menor y el auto quedó estacionado en una curva sobre la calle Limón, frente al Fraccionamiento Cedros de la colonia Lomas de Tzompantle.

El artero asesinato, como muchos otros, permanece impune. ¿Amelia no quiso participar en actos ilícitos o sabía mucho de éste u otros fraudes? Al parecer nunca lo sabremos.

Y en Morelos, hasta hace unos meses, también había litigios en torno a los derechos de vía para las torres de alta tensión en varios ejidos, uno de ellos el ejido de Chapultepec.

DE TODO UN POCO

Sergio Aguayo, en Cuernavaca.- El grupo Por Un Presente Mejor, Ciudadanos Comprometidos Con Morelos,  está invitando  a una plática interactiva con Sergio Aguayo, académico, activista, líder de opinión.  La cita es este  sábado 10 de diciembre a las 10:30 de la mañana (en Punto) en Plaza Las Palmas, frente a la gasolinera de glorieta las palmas.

También en sábado.- A partir de las 10 de la mañana, el capítulo Morelos de Emprendedores por la Nación realizará su asamblea estatal, en el auditorio municipal de Teopanzolco, a donde se espera la asistencia de representantes de los 33 municipios. Producto de la cercanía con su dirigente nacional, José Martín García Estrada, el representante en Morelos de esa agrupación, René Orta Salgado se colocó ya como el coordinador de Prensa del Comité Nacional de Emprendedores por la Nación y, en consecuencia, se mueve en el primer círculo del organismo.

La tradicional comida.- Como cada año, la Barra de Abogados del Estado de Morelos que preside Adela Manzanarez Alonso celebra hoy su tradicional comida de fin de anualidad y en esta ocasión la cita es en el restaurante La Nacional, ubicado por el rumbo de la colonia Santa María Ahuacatitlán. Al mismo tiempo, la oficina de la Visitaduría del Tribunal Superior de Justicia hará lo propio por el rumbo de Temixco, a instancias del magistrado Bernardo Sierra Becerra.