La actitud de soberbia y de autosuficiencia que caracterizó a muchos de los que hoy ocupan puestos claves en gobierno, ha cambiado repentinamente y ahora muestran una exacerbada disposición a trabajar en coordinación con presidentes municipales y  organizaciones sociales sin importar colores de partido. “Andan seditas” como se dice coloquialmente.

Por otra parte, a finales de este año se concretarán cambios en áreas estratégicas del gobierno estatal que tienen como único objetivo “limpiar la casa” para tener los menos efectos negativos posibles a partir de septiembre del próximo año.

En lo que toca al Partido que encabeza Germán Castañón,  todo parece indicar que las candidaturas plurinominales quedarán restringidas a ese pequeñísimo grupo de familias que fundaron el partido hace varias décadas.

Quienes no lleven apellidos como Castañón, Rivera, Hernández o Benítez, Román Cruz, o sean familiares de éstos, difícilmente podrán acceder a las diputaciones plurinominales, primeras regidurías, diputaciones federales y Senadurías en los comicios de julio del 2012.

Y como en antaño, las candidaturas a puestos de elección popular por voto directo serán subastadas al mejor postor. Así ocurrió con personajes como Luis Miguel Santamaría (sacrificado como candidato a gobernador para contender contra Jorge Carrillo Olea), Fernando Martínez Cué o el propio Sergio Estrada Cajigal Ramírez.

Los panistas saben que, así como ellos llegaron al poder como consecuencia de la “ola azul” generada por Vicente Fox, ahora la “ola roja” que encabeza Enrique Peña Nieto los devolverá a su lugar de origen.

Aún bajo ese pronóstico, el PAN-Gobierno no se quedará con los brazos cruzados. De la misma forma que en su tiempo lo hizo el PRI, ahora ellos buscarán una elección de Estado. Ya mencionábamos en una columna anterior que sus alfiles están siendo ubicados estratégicamente en dependencias que tienen una función eminentemente social para tratar de atraer votos. El último movimiento en ese sentido fue el regreso de José Raúl Hernández Ávila, quien dejó la representación del Gobierno de Morelos en el Distrito Federal para ocupar la dirección de lo que era el Fondo de Financiamiento para Empresas de Solidaridad (como quien dice, se pasó de un” elefante blanco” a otro) donde tiene un salario de alrededor de 53 mil pesos mensuales.

Su llegada a esta mini-dependencia tiene como dos finalidades: por principio de cuentas, le permite permanecer dentro de la entidad y en segundo término, trabajar a favor de los intereses de su partido con recursos públicos.

Programas como “sí estudio y sí trabajo” comenzarán a ponerse en marcha con una doble intención: al mismo tiempo que hacen su función social, intentan dejar en el beneficiado el mensaje de que, si quiere que esto continúe, tiene que votar por el PAN.

En este contexto, la repentina decisión de erogar  24 millones de pesos divididos en tres partes a los maestros jubilados, después de que ya la Consejería Jurídica había interpuesto un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no pagarlos, busca evitar conflictos sociales en la recta final del gobierno de Marco Adame, pero también tiene una connotación político-electoral.

El anuncio de que a partir del 2012 los automovilistas ya no pagarán tenencia vehicular, fue reservado con toda intención para fines del sexenio, aunque esa más bien es una estrategia del gobierno federal que encabeza Felipe Calderón.

Así las cosas, la mala noticia para funcionarios públicos que estarían pensando en renunciar a sus puestos en busca de un cargo de elección popular, (así como algunos dirigentes de cúpulas empresariales que con tal de conseguir una diputación la hicieron de “tapete” con el PAN-Gobierno), es que tienen pocas posibilidades de ganar por ese partido y nulas posibilidades de llegar por la vía plurinominal porque esos espacios –hoy más que nunca- estarán reservados para los dueños del blanquiazul. Y eso incluye la candidatura a gobernador, apartada ya para el jerarca panista Adrián Rivera.

Como dijeran los comediantes Víctor Trujillo y Ausencio Cruz en una serie televisiva de hace dos décadas: “Lástima Margarito”.

TORREÓN, ACAPULCO O JOJUTLA, ES EL MISMO MIEDO

Ya sea en medio de un partido de futbol en el lujoso estadio de los Santos, a media costera de Acapulco o frente a una escuela del municipio de Jojutla, el miedo que produce escuchar disparos de armas de fuego es exactamente el mismo. Y si en los adultos una balacera deja estragos psicológicos, en los niños es un trauma que difícilmente pueden superar.

Lo del pasado domingo en el nuevo estadio de los Santos de Torreón todos lo vimos –al menos los que tenemos el vicio de ver el deporte de las patadas por televisión-. Impávidos, observamos cómo los jugadores y árbitros echaron a correr como alma que lleva el diablo sin ninguna razón aparente.

“¿Qué está ocurriendo? todos están corriendo…”  Preguntaba alarmado el cronista de TV Azteca desde el palco de transmisión a su compañero a nivel de cancha.

“Hay balazos…se escucharon algunas detonaciones”, contestaba el comentarista que para ese momento ya estaba tirado en el piso al igual que todos los demás.

Y aún cuando al otro día Javier Alatorre se ufanó de haber evitado que se hiciera apología de un delito al cortar la transmisión del partido, los 7 minutos previos al corte fueron suficientes para dejar a México ante los ojos del mundo como un país donde ya no se puede vivir.

“Que desagradable situación estamos viviendo en México”, lamentaba uno de los cronistas. “Vea usted amigos nuestros, es increíble, somos rehenes de la delincuencia en nuestro país”, acotaba el segundo. “Vamos a mantener la calma nosotros también”, terciaba el de mayor experiencia, seguramente sintiendo que podían recibir un “jalón de orejas” de Ricardo Salinas Pliego, cuyo canal de televisión transmitirá próximamente una serie patrocinada por la Secretaría de Marina en la que se justifica la presencia militar en las calles.

Después se sabría que todo fue circunstancial. Que un convoy de narcotraficantes le disparó a unas unidades de la Policía Municipal, algo que es casi normal en esa entidad.  De hecho, muy probablemente los sicarios que iban en esas camionetas fueron severamente regañados por sus jefes, pues a raíz de este hecho seguramente aumentará la presencia federal y militar.

En resumen: un enfrentamiento “de rutina” en el que no hubo muertos ni heridos, provocó una de las mayores afectaciones en términos de imagen a nuestro país.

Luego de los airados reclamos de los magnates del futbol en México, no nos sorprenda que en los siguientes partidos haya unidades del Ejército y de la Policía Federal afuera de los estadios. No es la solución, pero el gobierno federal no puede desatender la petición de quienes encabezan uno de los negocios más redituables en el país.

Si esa fuera la solución, entonces el gobierno federal tendría que asignar soldados a plazas comerciales, teatros, escuelas y absolutamente todos los lugares de reunión donde exista el riesgo de que narcos contra policías, o narcos contra narcos, intercambien disparos.

Y es que, como decíamos al principio de la columna, el miedo, el terror en los niños,  es el mismo:

14 de abril 2010, 15:30 horas, Costera Miguel Alemán. Acapulco, Guerrero. Una camioneta negra se le cierra a otra del mismo color. Los ocupantes de ambos vehículos sacan sus armas y comienzan a disparar.

La apacible avenida con vista al mar se torna caótica. Los automovilistas no saben si salir corriendo o tirarse en el piso de sus coches.

En el escenario del crimen, la balacera ocasionó una carambola entre 13 vehículos y quedaron abandonados cuatro automóviles más destrozados por las balas de fusiles AK-47 y R-15, como una camioneta Chrysler color azul marino modelo reciente sin placas; un Camrry color blanco con placas del Distrito Federal y en su interior el cuerpo de una persona del sexo masculino.

27 de septiembre  de 2010, 12 del mediodía, Jojutla, Morelos. A un costado de la gasolinera ubicada frente al balneario Real de San Nicolás, policías municipales de Zacatepec habían ubicado un vehículo sospechoso y se enfrentaron a balazos con sus ocupantes, resultando herido un elemento policiaco. El vehículo llegó a la colonia Emiliano Zapata de esta localidad, justo a unos pasos de la Escuela Primaria “10 de Abril” y el Jardín de Niños “Fermina Rivera viuda de Rivera”.

Allí, ambos bandos se enfrentaron a balazos, antes de que un vehículo pudiera darse a al fuga. De pronto se vio correr a personas, patrullas a alta velocidad y se escucharon balazos a la distancia.

Era casi la hora de la salida de la primaria (con aproximadamente 419 estudiantes), lo que causó gran preocupación en los padres de familia que poco a poco fueron llegando al lugar.

Antes, una madre de familia del jardín de niños comentó que una bala tocó un salón de clases, lo que ocasionó que los pequeños y maestros se tiraran al suelo para resguardarse, para después salir del lugar. A este punto (la calle 10 de Abril) llegaron elementos policiacos estatales y de diferentes municipios, que tenían información de que presuntamente un delincuente se había refugiado en la Primaria “10 de Abril”.

Los elementos rodearon ese plantel, con armas en mano, dispuestos a entrar, ante el reclamo de los padres. Un grupo de uniformados entró y no encontró a ningún delincuente, mientras en el interior, los maestros tenían a los niños en el suelo, en previsión de más disparos.

Vecinas y vecinos, consternados y comentando lo que cada quien logró ver, estaban cercanos al lugar, el cual, por cierto, no estuvo acordonado desde un principio y eso derivó en que cualquier persona pudiera estar cercana al lugar y transitar por ahí, pese a que los propios policías gritaban que era arriesgado estar en esa zona porque los “delincuentes” estaban armados y cercanos a la periferia de estos dos planteles; situación que tensó mucho más el problema que se estaba viviendo, ya que estaban en peligro no sólo las familias de la colonia, sino principalmente los pequeños.

La histeria y el pánico se apoderaron de los padres de familia que no podían sacar a sus hijos, ante la repetida amenaza de que los enfrentamientos podrían repetirse, según narró el corresponsal de La Unión en la zona sur, Evaristo Torres.

Y cada vez que ocurre algo así, resurge la polémica sobre si es correcta la estrategia de Felipe Calderón de haberle declarado la guerra a la delincuencia organizada, y si dejándolos hacer lo suyo (el trasiego de drogas) ellos nos dejarían hacer nuestras actividades cotidianas sin meterse con nosotros.

CONFIRMAN LA RUTA ACAPULCO-CUERNAVACA-LA MARQUESA

Esta semana la revista Proceso dio a conocer extractos de declaraciones de testigos protegidos que confirman lo escrito en este mismo espacio en repetidas ocasiones.  Las declaraciones ministeriales están contenidas en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/218/2011, integrado por la Siedo en contra de operadores del grupo denominado Cártel Independiente de Acapulco (Cida) que fueron detenidos este año durante diversas operaciones.

El testigo protegido con nombre clave “Zajed”, quien asegura haber sido operador financiero de la extinta estructura de los hermanos Beltrán Leyva en los estados de Quintana Roo y Guerrero de 2008 a julio de 2009, refiere que en Acapulco, durante un fin de semana,  llegan a recaudar hasta 4 millones de pesos, “solo por la venta de droga”, entre semana las ganancias son inferiores.

Afirma que la policía porteña recibe 500 mil pesos semanales a cambio de impunidad y el encargado de recibir el dinero en ese entonces era un comandante de apellido Frías y que en la nómina de esta estructura criminal también había políticos locales y oficiales del Ejército que forman parte de una amplia red de protección para las operaciones de lavado de dinero, trasiego y venta de droga en Acapulco.

Mientras que el testigo “Némesis”, que por sus declaraciones podría ser  “El JJ”, señala que después de la detención del capo Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, en agosto pasado, la estructura que dejó en manos de su suegro Carlos Montemayor, “El Charro”, se fracturó debido a que los operadores de Acapulco decidieron no asumir el mando y conformaron el Cida.

El Cida, agrega el testigo Némesis, asumió el control “de toda la delincuencia” en Acapulco y el puerto de Zihuatanejo, región de la Costa Grande, zona colindante con Michoacán.

El testigo refiere que los principales operadores del Cida son Benjamín Flores Reyes, “El Padrino”, y Moisés Montero Álvarez, “El Koreano” -ambos detenidos por la policía federal, el primero en marzo de este año y el segundo el pasado 1 de agosto.

Así como Víctor Aguirre Garzón -quién de forma insistente ha sido vinculado como primo del gobernador Ángel Aguirre- y Carlos Antonio Barragán Hernández, “El Melón”. Ambos se encuentran aún libres y operando en este destino de playa.

Los cuatro líderes del Cida son definidos por el testigo Némesis como “delincuentes sin cabeza” que se dedicaron a robar, extorsionar y secuestrar porque “no tienen los mismos contactos” de “La Barbie” para el tráfico de drogas y señala que durante la época de esplendor del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, ellos “simplemente eran sicarios”.

Posteriormente, el Cida sufrió una escisión y surgió el grupo denominado La Barredora, que dirige Cristian Hernández Tarín, el hijo del “Chaky” y Heber Jair Sosa, “El Cremas”, ambos grupos han sido señalados como los responsables de la imparable ola de violencia que prevalece en este puerto.

Con estudios de ingeniería con especialidad en redes bancarias y “experiencia laboral” en instituciones bancarias, el testigo “Zajed” declaró ante un Ministerio Público federal el pasado 1 de junio de este año en la ciudad de México donde aseguró que durante el año que se desempeñó como operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva manejaba los fondos de la organización criminal que generaban los secuestros, extorsiones, narcomenudeo y tráfico de cocaína a escala.

“Pero mi función principal era el pago de la nómina a funcionarios del ámbito municipal, estatal y federal, que fueron cooptados por la organización para dar protección y dar las facilidades a las operaciones  del cártel en los estados de Guerrero, Nuevo león y Quintana Roo”, indica “Zajed” en su declaración ministerial.

Semanalmente, refiere el testigo, asistía a reuniones denominadas “juntas de Jefes de Plaza”, que se realizaban en propiedades del capo Arturo Beltrán en Acapulco: una residencia ubicada “en el fraccionamiento Las Brisas y un rancho que se ubica por puerto Marqués”.

El testigo Zajed señala que a estas reuniones que presidía “El Barbas” asistían los servidores públicos, policías y militares que estaban al servicio de la organización, donde se discutía “su participación y responsabilidad” en operativos federales o locales con el objetivo de no afectar las actividades del grupo criminal y mantener la plaza tranquila, señala el expediente consultado por Proceso.

A “El Melón”, el testigo Zajed lo ubica como uno de los sicarios que estaba bajo las órdenes directas del capo Arturo Beltrán y de Moisés Montero Álvarez, “El Koreano” dice que era uno de los consentidos de “El Barbas” y de “La Barbie” porque su función era distribuir todo tipo de armas para abastecer a la estructura criminal que operaba en los estados de Guerrero, Morelos y estado de México.

Zajed refiere que el arsenal era conseguido en el barrio de Tepito, en la ciudad de México y “El Koreano” se encargaba de llevar las armas a las ciudades de Acapulco, Cuernavaca y el estado de México.

Todas estas operaciones eran coordinadas por Miguel Ángel Moreno Araujo, “El Buche”, considerado como “el hijo adoptivo” de Arturo Beltrán y el más violento de los pistoleros de la organización criminal que fue abatido junto a “El Barbas” en diciembre de 2009 en Cuernavaca.

UN BOTÓN DE MUESTRA

Un subdirector del ISSSTE fue destituido de su cargo e inhabilitado por diez años para ocupar cualquier cargo en el servicio público, por no justificar el uso de 39.1 millones de pesos, utilizados en la compra de 200 mil botiquines médicos de primeros auxilios.

El Órgano Interno de Control del ISSSTE, al intentar investigar a las cuatro empresas licitantes, no localizó al representante legal de la empresa que “ganó” la licitación, pues su domicilio fiscal reportado es, en realidad, un departamento-vivienda.

En la investigación de las otras dos empresas, los domicilios reportados están deshabitados. Sólo una de las cuatro empresas que participaron en esta licitación informó de manera veraz su domicilio.

Además, se descubrió el incumplimiento de las Bases de Licitación, pues el encargado del proceso de compra aceptó la participación de empresas cuya principal actividad no es la comercialización de botiquines.

Lo anterior es solamente un botón de muestra de lo que ocurre a diario en el ISSSTE y en otras dependencias de los tres niveles de gobierno.

Si no, pregúntenselo al todavía diputado por el Partido Alianza Social, Othón Sánchez Vela, quien fue subdelegado administrativo del ISSSTE en Morelos durante varios años.

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HASTA EL PRÓXIMO VIERNES