Comenzaré por decirles que, en lo futuro, es posible que cuando se cite el nombre del municipio que he mencionado en el título de la presente columna, se tenga que poner así, entre signos de interrogación.

Ello en razón de que, como algunos deben saber, la Honorable LI Legislatura tuvo a bien aprobar una reforma al artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que el municipio hoy conocido como Tlaltizapán (a secas) pase a denominarse Tlaltizapán de Zapata.

La iniciativa fue presentada por el propio Ayuntamiento de Tlaltizapán el 17 de agosto del año pasado y aprobada por el Pleno el 23 de noviembre del 2010. Para sustentar su petición, el Ayuntamiento de Tlaltizapán dio una amplia explicación sobre la presencia del caudillo del sur en esa localidad.

Incluso, desde mi punto de vista resultaba innecesario el siguiente párrafo que viene en la iniciativa y que fue leído en la más alta tribuna del estado:

“En su cuartel general, se acostumbraba a comer en el pasillo del patio, su comida era variada, memelas, una buena salsa y frijoles y cuando había comían carne, tomaban mezcal o cerveza de mecate que le hacía de Tlaltizapán Don Bernabé Carreón, la encargada de la cocina era la Sra. Trinidad Mendoza García, que además hacían de comer para toda la tropa”.

“Dormía en un petate, aunque sus soldados decían que dormía en un lugar y amanecía en otro, ya sea que se salía a casa de alguna mujer, o a dormir a la casa de su amigo el Fandango o de su sobrino Gil Muñoz, a Zapata le gustaba andar de noche en el pueblo siempre bien vestido, pulcro, dejando su ropa con cualquiera de sus mujeres del pueblo”.

La pieza narrativa es excelente, pero qué necesidad había de poner en un documento tan formal lo que comía el general Zapata y con quien dormía. Pero en fin, esa es otra historia.

Lo relevante del caso es que nuestros flamantes diputados aprobaron la reforma, y por tratarse de una reforma a la Carta Magna, es necesaria la aprobación del Constituyente Permanente, es decir, los 33 Ayuntamientos.

Pues resulta que la citada reforma se publicó en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” el 8 de diciembre del 2010, pero SIN LA DECLARATORIA DE VALIDEZ.

Es decir, en ninguna parte del decreto se menciona si realmente se sometió a la votación de los Cabildos, cuántos la aprobaron, cuántos la rechazaron, si aplicó la afirmativa ficta o qué sucedió. A nadie le importó ese detalle, ni a los diputados que estaban con un pie afuera del recinto para irse de vacaciones, ni al secretario de Gobierno de quien depende el periódico oficial, y ni siquiera al Ayuntamiento que propuso que se cambiara el nombre de su municipio. A todos les valió un comino el proceso legislativo, y es por eso que pregunto desde esta modesta columna: ¿Es Tlaltizapán de Zapata o Tlaltizapán a secas?

LA PIBA SÍ DESAPARECE

Si nos atenemos a la teoría del científico francés Antoine Lavoisier, en el sentido de que la materia no se crea ni destruye, sino que sólo se transforma, entonces es cierto que la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar (PIBA), no desaparece, sólo se reestructura.

Pero en términos prácticos y llanos sí, la PIBA desaparece tras 52 años de otorgar servicios de seguridad a particulares a cambio de una remuneración. Obviamente no desaparecen sus elementos, quienes serán reubicados en la Policía Preventiva Estatal, ni sus instalaciones ni equipamiento que serán utilizados para otras actividades, pero la PIBA como tal ya no va a existir.

Por tal razón, la corporación ha enviado sendos oficios a sus más de 200 contratantes notificándoles con carácter de irrevocable, que a partir del 28 de febrero a las 24 horas ya no estarán en posibilidades de brindarle el servicio que les venían proporcionando.

Y si les cuento el origen de que la PIBA ya no pueda seguir proporcionando seguridad a los ciudadanos que tienen con qué pagarla, no me lo van a creer, pero es la realidad: es por un “borrachazo”.

La culpa de todo esto la tienen dos sujetos: uno de ellos es futbolista y se llama Salvador Cabañas. El otro es José Jorge Balderas Garza y le apodan “El JJ”. Ambos ebrios, el 25 de enero del año pasado sostuvieron un altercado en los baños de la discoteque denominada “El Bar Bar” y el segundo le disparó un balazo al primero, con los resultados que ya todos conocemos.

Pero resulta que al indagar las autoridades los pormenores del incidente, descubrieron que “El JJ” tenía una doble identidad, una como operador del capo Edgar Valdez alias “La Barbie” y otra como “prospero empresario” del Estado de México,  bajo el nombre de Maximiliano Peralta Sáenz, el  que por su posición acostumbraba traer guaruras o escoltas.

Las investigaciones permitieron conocer que el falso empresario firmó un contrato que amparaba del 24 de septiembre de 2008 al 24 de septiembre de 2009, para recibir un servicio de vigilancia con tres elementos del Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), que fueron Margarito Cruz Ramírez, Mariano López Morales y Mario Zamarripa, y que si bien había concluido su contrato, éstos seguían sirviéndole al amparo de las “charolas” de la corporación pública dependiente de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE).

Ese detalle hizo que se agudizarán las críticas de los partidos de oposición en Edomex en contra de la CUSEM. Y es que, desde noviembre del 2010, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, junto con el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, habían presentado una denuncia de hechos por “Asociación Delictuosa, Portación y Acopio de Armas” ante la Procuraduría General de la República, “en virtud del uso indebido de armas de fuego, por los elementos de los denominados cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), bajo el amparo de la licencia colectiva de portación 139, de la Agencia de Seguridad Estatal”.

Lo anterior en razón a que en su calidad de Auditor Superior del Estado de México, Valente Baz Ferreira señaló, por oficio, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública local, los cuerpos de Seguridad Auxiliares "no forman parte de la administración pública estatal y que no hay decreto alguno por el cual se hayan creado las corporaciones", a pesar de lo cual usufructúan licencias oficiales para portación de armas de fuego, otorgadas a favor del Gobierno Estatal.

Fue a partir de ese escándalo internacional que la PGR y la Sedena cayeron en la cuenta de que, efectivamente, la Licencia Colectiva que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional a las corporaciones estatales, en ninguna parte las faculta para otorgar servicios de seguridad a particulares.

Y de ahí vino la “recomendación”  de la Sedena de “regularizar” a las corporaciones que estuvieran en ese supuesto. Y aunque en el Estado de México la CUSEM sigue dando servicios tanto de seguridad en instalaciones como personal (escoltas) en Morelos el general Gastón Menchaca Arias, al fin militar, decidió ejecutar “ipso facto” y al pie de la letra la “recomendación” de su jefe máximo, Guillermo Galván Galván.

Es de entenderse que el gobierno estatal no deseaba que la población se diera cuenta de que a partir del próximo primero de marzo habrá alrededor de 200 comercios o instituciones sin vigilancia, al menos no armada.  Y que unos 50 empresarios que tenían escoltas contratadas para contrarrestar la inseguridad que se vive, pues simplemente tendrán que buscar otras formas de protección.

Es por ello que, ante la información debidamente corroborada y  publicada en este medio informativo la semana pasada, el secretario de Gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez, tuvo que salir al paso con una declaración en el sentido de que “la PIBA no desaparece, se reestructura”.

El pasado miércoles, después del evento que se realizó frente a Galerías, el secretario de Seguridad Pública del Estado, general Gastón Menchaca Arias, me confirmó que, efectivamente, la institución a su cargo no brindará servicios de seguridad a particulares sino sólo a instituciones gubernamentales.

De igual manera, Menchaca Arias admitió que el contenido de la nota publicada por este reportero la semana pasada es cierto: que la licencia colectiva para portación de arma con que cuenta el gobierno de Morelos no establece la posibilidad de vender la seguridad.

¿Entonces la PIBA lleva 52 años operando ilegalmente? Le pregunté, a lo que me contestó que él sólo puede hablar de lo que corresponde al tiempo que él lleva al frente de la institución, y que por eso se está “regularizando” la situación.

LA PIBA, UNA EXCELENTE “CAJA CHICA”

Está comprobado que todas las empresas operadas por el gobierno son perfectas para ser utilizadas como “caja chica” de la administración en turno. Son instituciones mantenidas con dinero público pero que reciben ingresos todos los días, que pueden ser fácilmente manejados o “jineteados”.

La Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar funciona exactamente como una compañía de seguridad privada que tiene grandes ventajas por encima de las demás, y que por lo tanto debiera ser una empresa con altísimas ganancias. Sin embargo no es así.

La PIBA no es ni siquiera una empresa autofinanciable. Para su operación absorbe una buena parte del presupuesto público asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, pero si se manejara estrictamente como una empresa ya hubiera quebrado desde hace mucho tiempo.

El meollo del asunto está en el manejo discrecional de los servicios, los cuales pueden cobrarse desde los 16 mil pesos por elemento, la mitad, o absolutamente nada, según el cliente.

¿Cuántos clientes tiene la PIBA? ¿Quiénes son? ¿Quiénes pagan y cuánto? ¿Quiénes no pagan y por qué?

Esas fueron las interrogantes que llevaron a este reportero a hacer una solicitud de información en ese sentido ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, la cual quedó radicada con el folio 350209 de Infomex.

La respuesta de la SSPE fue que “la información no puede ser proporcionada, ya que todos los datos que se plasman en los contratos de prestación de servicios de seguridad, se encuentran dentro del catálogo de información clasificada”.

Ante tal contestación, interpuse el recurso de inconformidad ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). La SSPE entregó al IMIPE la lista de “empresas, fraccionamientos y personas físicas que al día de la fecha, mediante contratos de prestación de servicios, se les brinda por parte de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, en el servicio de seguridad y vigilancia, siendo pertinente aclarar que las tarifas por los servicios que brinda la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar, se establecen en el artículo 95 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos”, según oficio firmado por el entonces subsecretario administrativo, Joel Juárez Guadarrama.

En otro oficio posterior, Juárez Guadarrama adjuntó “diez copias simples impresas por una sola cara de la información detallada de cada uno de los servicios prestados por la PIBA, el tipo de pago y el monto pagado, ahora bien, por cuanto al monto que esta corporación percibe por cada uno de los servicios, hago de su conocimiento, que únicamente se recibe el 75 por ciento del monto total de cada importe” (SIC).

Dicha información, ya proporcionada por la dependencia, no llegó a manos de este reportero en virtud de que la consejera ponente, Mirna Zavala Zúñiga, se sumó al criterio de la SSP, al considerar que la información solicitada “contempla rubros específicos que de darse a conocer de manera íntegra, pudieran causar un riesgo y perjuicio en la seguridad, integridad física y a la vez en el patrimonio de las personas contratantes del servicio de seguridad privada (sic) toda vez que, de proporcionar el nombre de las personas físicas y morales contratantes con el monto mensual que pagan, tendría como resultado una relación que colocaría a éstos en una condición de riesgo, ante la difusión y entrega de las medidas de prevención estimadas convenientes para salvaguardar la seguridad personal, patrimonial así como la de las instalaciones para las cuales fueron contratadas”.

Así las cosas, quedó momentáneamente detenida la investigación periodística que habrá de continuar por otros flancos. Quizás ahora que la PIBA ya no esté en activo, se puedan desclasificar los documentos que nos permitan tener claridad sobre los manejos de esos recursos, y sobre todo saber a quién se le proporciona indebidamente seguridad con cargo al erario público.

OFICIALMENTE GUSTAVO REBOLLEDO NO ES FUNCIONARIO DE TLALTIZAPÁN

Hace un par de semanas les comentamos que en Tlaltizapán es un secreto a voces que el “vicepresidente” municipal es Gustavo Rebolledo Hernández, cuñado por cierto del alcalde Ennio Pérez Amador y por lo tanto impedido para ocupar cargo alguno, aunque eso no sea obstáculo para “pasar la charola” a los funcionarios que trabajaron con él en Zacatepec y que ahora los endosó al Ayuntamiento que preside su pariente político. También comentamos que Armando Ramírez Saldívar pasó a engrosar la nómina del sufrido Ayuntamiento tlaltizapanense aunque no aparece en la información que obligatoriamente debe publicar en internet, razón por la cual solicitamos datos vía Infomex.

He aquí la respuesta de Tlaltizapán:

“Realizando una búsqueda minuciosa en las altas correspondientes del personal que labora en el Ayuntamiento de Tlaltizapán, le informo que el C. Armando Ramírez Saldívar sí labora en este Ayuntamiento como Asesor de la Presidencia y el C. Gustavo Rebolledo Hernández no está dado de alta (SIC) en esta Dirección como trabajador del Ayuntamiento de Tlaltizapán. Asimismo, le informo que los salarios no son competencia de esta Dirección por lo que deberá solicitarlo al área correspondiente. Atentamente, Lic. Antonio Ramírez Castro, director de Recursos Humanos”.

La UDIP de Tlaltizapán quedó formalmente de remitirnos próximamente el monto de lo que gana el nuevo asesor, quien fue contratado casi al mismo tiempo que el Cabildo autorizaba el despido de unos 100 trabajadores “por falta de presupuesto”.

DE TODO UN POCO

Cecilia López es de los nuevos rostros del PRI que deben ser aprovechados en las elecciones que se avecinan. Apenas tomó protesta como Presidenta de la organización México Nuevo Filial Morelos, en un evento que aglutinó en un hotel al norte de la ciudad, a lo más granado de la sociedad morelense.

Durante su discurso, dijo que nuestra sociedad y los ciudadanos que la integramos, estamos viviendo un evidente deterioro de nuestra calidad de vida por la  violencia que vemos como día a día cobra vidas y destruye familias, y lo que más nos agobia a muchos de nosotros, como padres, como profesionistas, como trabajadoras, es que no vemos que a corto plazo esta adversa realidad pueda tener una solución.

“En el terreno de la política las cosas no son diferentes. Nos preocupa ver dentro y fuera del PRI y entre los partidos, las disputas entre grupos y actores políticos que compiten por el poder con muy bajo nivel de debate, alejados de propuestas, sumidos en las ofensas y en los agravios, lo que trae como consecuencia un recrudecimiento en los de por sí, inevitables momentos de división ó confrontación en la política y en la sociedad”, dijo.

Recordó que es priista por convicción, en su casa desde pequeña participó en campañas y se sumó a muchos actos de partido, “he sido una militante y apasionada del PRI quizás desde que aprendí a leer, creo en el PRI y me siento orgullosa de ser priista, pero deseo un PRI distinto, un PRI que simplemente que se apegue a su declaración de principios donde nada esté por encima del interés del partido del estado, de los ciudadanos, por eso rechazo los intereses de grupo las ambiciones personales, y los deseos de poder de quienes están dispuesto a todo por conquistarlo”, acotó.

Supervisa Lucero Benítez el CEMPLA.- La Ombudsman de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, implementó a partir de este 2011, la campaña “Derechos Humanos Obligación de Todos” a fin de modificar y tomar las medidas necesarias para elevar el nivel de calidad en los centros de readaptación del estado de Morelos, además de activar los talleres, cursos de sensibilización y capacitación a todo el personal de custodia a efecto de que tengan las herramientas suficientes para garantizar que su trabajo se lleve a cabo de manera ética y profesional, así como la yoga de la risa y actividades recreativas a internos e internas del CEMPLA.

En el recorrido que se llevo a cabo por parte de la Presidenta de la CDHMOR, Lucero Benítez Villaseñor y de la recién nombrada Directora del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), Evelia Flores Hernández, atendieron las demandas de las adolescentes, entre ellas, iniciar con el mantenimiento de las instalaciones del área de dormitorios, dando los primeros brochazos las titulares del CEMPLA  y de la CDHMOR.

Ya hay nombres para la subprocuraduría.- Carlos Villavicencio de la Rosa, actual coordinador de asesores de la Procuraduría, encabeza la lista de candidatos para ocupar la subprocuraduría metropolitana; le siguen el ex director de Averiguaciones Previas, Santiago Romero Sedano y hasta la actual presidenta de la Barra de Abogados, Adela Manzanarez Alonso, con posibilidades para ocupar el lugar de Mario Vázquez Rojas.