Fue notoria la diferencia entre aquellos tiempos y ahora. El mandatario llegó con una sonrisa franca a la explanada donde está la estatua de la diosa Themis, donde ya lo esperaban los también sonrientes magistrados Miguel Ángel Falcón Vega, Andrés Hipólito Prieto y Carmen Cuevas. Presentes también, los abogados más representativos de la entidad que durante años estuvieron autoexiliados de ese recinto.

Y es que, a pesar de que el vestido de la diosa Themis que se yergue a la entrada del Palacio de Justicia es verde agua, de unos meses para acá como que está agarrando un color azulado. El Partido Acción Nacional lleva exactamente 10 años intentando que el Poder Judicial, de plano se someta al Ejecutivo, o por lo menos exista una línea que permita al gobernador influir en las decisiones jurisdiccionales.

No hay de qué espantarse. Durante el “priato” los magistrados eran designados directamente por el gobernador en turno y el presidente del TSJ era el equivalente a un secretario de gabinete. Entonces es entendible que el PAN-Gobierno intente tener magistrados a modo en el Poder Judicial de Morelos de la misma manera que tiene ministros en la Suprema Corte.

Tengo bien presente la escena del primer recorrido del novel gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez por las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, acompañado desde entonces por su fiel amigo Eduardo Becerra Pérez, sirviendo como anfitrión el magistrado presidente Víctor Manuel González Cianci. Sus preguntas reflejaban el total desconocimiento que tenían en la materia.

De hecho, un cercanísimo colaborador de González Cianci me comentó que, en los primeros días después de asumir el cargo, Estrada Cajigal remitió un oficio al TSJ notificándole que, en virtud de que había cambio de administración, pidiera la renuncia de todos los funcionarios. Es decir, el gobernador ni siquiera sabía que hay tres poderes y que, al menos en teoría, éstos gozan de autonomía.

Lo peor fue cuando intentó “dar línea” para que los expedientes consignados por la Procuraduría de Justicia se resolvieran en uno u otro sentido. De orígenes distintos y niveles intelectuales diametralmente opuestos, no hubo entendimiento entre el licenciado en Ciencias de la Comunicación y el licenciado en Derecho.

Ya sin José Luis Urióstegui Salgado en la Procuraduría, Eduardo Becerra y Agustín Montiel López comenzaron hacer de las suyas. Pero el Poder Judicial les estorbaba. Los negocios se caían al llegar ante los jueces, que recibían como única instrucción de la presidencia, “proceder conforme a Derecho”.

Sólo por citar un ejemplo de esos “negociazos” que se aventaron Sergio Estrada y sus secuaces está el llamado “juicio del siglo”, o también conocido como “el juicio de los 300 millones de dólares”, entre Grupo Nacional Fertinal, propiedad de Favio Covarrubias y la aseguradora ING Comercial América. Manejado magistralmente por el joven abogado Ricardo Tapia en la Procuraduría, Fertinal logró la consignación de una denuncia penal que ya había sido rechazada en varios estados de la República por notoriamente improcedente.

El 28 de agosto de 2003, Fertinal consiguió lo que no había logrado en ningún otro estado: que un Juez Penal dictara orden de aprehensión en contra de 21 funcionarios de Comercial América por fraude y asociación delictuosa, pero además, el aseguramiento de todas y cada una de las cuentas de cheques, por un monto de 300 millones de dólares.

Pero el tema central de esta columna no es ese, sino la constante búsqueda de “empanizar” al TSJ por parte del Partido que gobierna Morelos desde el año 2000. Habrá que recordar que el primer magistrado “cien por ciento panista” que logra meter el blanquiazul al TSJ es Andrés Hipólito Prieto, con el antecedente de haber sido el consejero jurídico de Sergio Estrada en el Ayuntamiento de Cuernavaca (circunstancia que utilizó Ricardo Rosas para negarle la ratificación, y que lo mantuvo durante meses fuera del TSJ hasta que ganó el amparo y se convirtió en inamovible).

Sin embargo, el Pleno siguió siendo dominado por diferentes grupos, ninguno afín al panismo. En el 2004 llegó a la presidencia Ricardo Rosas Pérez impulsado por lo que quedaba del llamado grupo de “Los Federales” (llamados así porque todos provenían del Poder Judicial Federal) que lideraba el magistrado Jesús Dávila Hernández. Ya en el cargo de presidente, Ricardo Rosas rompió con Dávila y formó su propio grupo de incondicionales, con el que logró sostenerse en el poder durante 6 años y ya había logrado una tercera reelección para llegar a ocho, pero el presidente Felipe Calderón influyó en la Suprema Corte para que le retiraran el amparo que lo sostenía en el puesto.

Y es que Ricardo Rosas Pérez negoció con los panistas del nuevo gobierno (a través de Javier López Sánchez) para que entrara al TSJ la ultraderechista Leticia Tabeada, a cambio de que ratificaran a magistrados afines a él y lograr así su primera reelección, pero en cuanto la consiguió rompió con la administración de Marco Adame.

Tres factores fueron determinantes para que los poderes Ejecutivo y Judicial no se llevaran bien durante estos últimos cuatro años: el caso del juez Prisciliano Sedano, acusado de irregularidades graves y quien fue protegido hasta sus últimas consecuencias por Rosas Pérez; la designación de Pedro Luis Benítez Vélez (amigo íntimo de Jesús Dávila) como procurador de Justicia; y el intento del Congreso (dominado por panistas) de “madrugar” al Poder Judicial con una Ley que terminaba con la inamovilidad de los magistrados, lo que finalmente lograron.

Ahora bien, ¿Cuál es la nueva composición del Tribunal Superior de Justicia?

Habrá que recordar que, en el 2009, tras el triunfo apabullante del PRI en las elecciones intermedias, estaba más que anunciado que, llegando los nuevos diputados, se daría marcha atrás a la ley anti inamovilidad, pues Guillermo del Valle y Graco Ramírez Garrido siempre estuvieron en primera fila en los eventos del llamado “dictador del Poder Judicial”.

Por eso fue que, a unos días de dejar el cargo de presidente de la Junta Política y de Gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez encabezó la operación para designar a seis nuevos magistrados que tuvieran como característica ser afines al panismo y/o estar en contra de Ricardo Rosas Pérez.

Así, fueron nombrados magistrados del TSJ Carlos Iván Arenas Ángeles y Ángel Garduño González, el primero ex representante del PAN ante el Consejo Estatal Electoral y el segundo ex presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, cargo subordinado al gobernador. Completan la lista Rubén Jasso Díaz, Norberto Calderón Ocampo, María Idalia Castro Zavaleta y Guillermina Jiménez Serafín.

Ellos, a pesar de tener el nombramiento, no pudieron asumir el cargo sino hasta que la SCJN lo ordenó, en una clara operación política manejada desde Los Pinos.

Derrocado Rosas Pérez y con los nuevos magistrados integrados al pleno, la mayoría decidió apoyar a Miguel Ángel Falcón Vega, quien infructuosamente había intentado ganarle la presidencia a Ricardo Rosas en la elección del 17 de mayo pasado. Así, Falcón Vega fue ungido presidente el 2 de julio del 2010, pero a cambio de muchos compromisos.

Con la llegada de los nuevos magistrados también apareció en escena un nuevo protagonista en la historia del TSJ: Julio Ernesto Pérez Soria.

A pesar de que parecía que su carrera política y de servidor público había llegado a su fin tras ser difundido un audio en el que se autodefinía como el fiel de la balanza de todo lo que ocurría en Morelos, el ex presidente de la Federación de Estudiantes de Morelos todavía pudo maniobrar al interior del Congreso para ser nombrado como representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, cargo que pudo asumir hasta que la Suprema Corte le quitó a Rosas Pérez la suspensión provisional que lo sostenía en la presidencia.

Ya en el cargo, Pérez Soria no solamente olvidó el asunto del “audio escándalo”, sino que refrendó lo dicho en esa grabación: que tenía el poder para poner y quitar magistrados. Valentín González García, a quien Pérez Soria presume de haber hecho magistrado y anuncia en la mencionada grabación que será el próximo presidente del TSJ, fue electo por sus compañeros magistrados como su representante ante el Consejo de la Judicatura.

Luego, convenció a los magistrados Rubén Jasso Díaz y María Idalia Franco Zavaleta de que le deben el cargo y por lo tanto, obediencia. Al mismo tiempo, operó a través de una de las asociaciones de jueces para buscar adeptos entre los juzgadores, asumiéndose siempre como el “hacedor de magistrados”.

Incluso, logró que la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Estatal, emitiera un boletín oficial dando cuenta de que, el 16 de octubre pasado, “el Centro de Convivencia y Asistencia Social (CCAS) recibió a Julio Ernesto Pérez Soria, integrante del Consejo de la Judicatura y al magistrado de la Sala del Tercer Circuito del Sexto Distrito Judicial, Rubén Jasso Díaz, quienes realizaron un donativo de ropa en buenas condiciones y limpia, zapatos, y un escritorio para el área de cuneros..”

“La gota que derramó el vaso” fue una comida convocada por Pérez Soria a la que asistieron los integrantes de la Asociación de Jueces del Estado, y en la que no solamente no fue invitado el magistrado presidente, sino que en la plática se utilizaron comparativos ofensivos hacia su persona. La información no tardó en llegar a oídos de Miguel Ángel Falcón Vega, quien reprochó su proceder a la presidenta de la Asociación, Elda Flores León, asumiendo ésta la responsabilidad de esa reunión.

Teniendo como testigos a varios jueces y magistrados, el presidente del TSJ le reclamó a Pérez Soria su proceder, alcanzando su punto más álgido el encuentro cuando Falcón Vega le dijo: “Si crees que soy un pend…, el pend… eres tú”.  La oportuna intervención de Andrés Hipólito Prieto evitó que la situación se saliera de control.

El incidente sirvió para que el presidente supiera con qué magistrados cuenta, pues en una sesión de Pleno acordó por mayoría de votos el relevo de Valentín González por Carmen Verónica Cuevas López como representante de los magistrados ante el Consejo de la Judicatura. Ya con su apoyo, ordenó la reubicación de Elda Flores León, quien estaba en la Visitaduría, a un juzgado foráneo.

De esta manera, el pleno del Tribunal Superior de Justicia ha quedado dividido en tres bloques: los que apoyan a Miguel Ángel Falcón, que son Andrés Hipólito Prieto, Carlos Iván Arenas Ángeles, Carmen Cuevas, Ángel Garduño, Leticia Taboada y Norberto Calderón Ocampo. Los que alguna vez fueron considerados afines al anterior presidente Ricardo Rosas: Nadia Lara, Virginia Popoca, Ezequiel Honorato y Rocío Bahena, quien a últimas fechas ha votado con el grupo de Falcón.

Y finalmente, los que desde ahora ya son considerados abiertamente “enemigos del presidente”, o lo que es lo mismo, integrantes del grupo de Pérez Soria: Valentín González (quien promovió un amparo para intentar regresar al Consejo de la Judicatura), Rubén Jasso Díaz, Guillermina Jiménez Serafín y María Idalia Franco Zavaleta.

Tomando en cuenta que los magistrados supernumerarios no tienen voto al interior del Pleno, el grupo opositor al presidente se reduce a dos, que sumados a los de Rosas Pérez (aunque habría que aclarar que ya no tienen relación alguna con el ex presidente) son cinco, en tanto que Falcón Vega goza de la simpatía de cinco de sus compañeros y puede votar por sí mismo.

Habrá que recordar también que la vacante que dejó Ricardo Rosas Pérez no ha sido ocupada y quien la ostente interinamente tiene derecho a voto.

Como se puede observar, Miguel Ángel Falcón tiene el voto de la mayoría pero su situación es endeble, por lo que el 2011 será determinante para su fortalecimiento o debilitamiento al interior del Pleno.

Pero también será determinante la participación que tengan los otros dos poderes, principalmente el Legislativo, quien habrá de designar a un nuevo magistrado para completar los 13 miembros del Pleno y someterá a evaluación a aquellos que ya han cumplido su periodo de seis años, por lo que el escenario puede variar radicalmente en los próximos meses.

Dadas las actuales condiciones del Congreso Local, se prevé la llegada al TSJ de abogados afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI). De hecho, se menciona a Marco Ponce, asesor de un diputado priista, como el primero de ellos.

Y hay un dato que Miguel Ángel Falcón no debe perder de vista en su abierto enfrentamiento con Valentín González: en sus años mozos Valentín quiso ser ingeniero, para lo cual se fue a estudiar a Chapingo junto con un amigo de la infancia de nombre Amado Orihuela Trejo. Ninguno terminó la carrera, pero la amistad prevalece.

Un dato más: Pedro Ocampo, cercanísimo colaborador de Amado Orihuela, es esposo de la magistrada Virginia Popoca.

En resumen, el vestido de la Diosa de la Justicia cuya estatua podemos observar en la explanada del edificio de la calle Leyva va agarrando un color azulado, pero cada vez adquiere más tonalidades entre verde, blanco y rojo, como el que tuvo durante 70 años.

EN EL CASO DE LOS RONDEROS, ALGUIEN MIENTE

No tenemos los elementos jurídicos para emitir una opinión exacta en torno a la sentencia absolutoria a favor de dos “ronderos” de Ocotepec acusados de violación, pero si en primera instancia los jueces orales les imponen una condena de 28 años de prisión, y en segunda instancia no encuentran elementos para ratificar dicha sentencia, entonces alguien no hizo bien su trabajo.

Pudo haber sido la Procuraduría de Justicia, los jueces orales o los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pero no puede ser que  haya criterios tan diametralmente opuestos, y eso es algo que deberían investigar los titulares de cada una de las instituciones involucradas.

Para acabar pronto: hay dos violadores en las calles, o dos personas inocentes estuvieron detenidas por un delito que no cometieron. Tan grave lo uno como lo otro.

Es exactamente el mismo caso de la activista Marisela Escobedo en Chihuahua, cuya hija fue asesinada y el presunto responsable fue exonerado y después declarado culpable, con el funesto desenlace que ya todos conocemos. Si los jueces dejaron libre a Sergio Barraza Bocanegra sabiendo que era culpable de la muerte de Rubí Marisol, entonces deben ir a la cárcel.  Pero si ellos actuaron conforme a Derecho y fueron los magistrados quienes lo condenaron por presiones políticas, entonces también están mal.

INSEGURIDAD EN LÍNEA CAMIONERA DE LUJO

El pasado 17 de diciembre una pareja con dos niños arribó al estado de Morelos como lo hacen cientos o quizás miles, que vienen a pasar sus vacaciones en esta entidad con sus familiares. Procedentes de Estados Unidos, traían maletas con regalos para sus parientes, y para mayor facilidad abordaron el autobús que sale directamente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tiene su destino final en Cuernavaca.

Entregaron sus maletas al personal que se encarga de ponerlas en la parte de abajo del autobús y recibieron su ticket correspondiente. Al llegar a la terminal, procedieron a recoger las maletas entregando la contraseña correspondiente. Pero una de las maletas no apareció, casualmente la que traía cosas de mayor valor.

En la gerencia de la terminal se limitaron a entregarle un documento en el que anotaron las características de la maleta y los datos del viaje. Un encargado les dijo que acudieran el martes 21 para darle solución al problema. El martes la vuelta fue en vano. Un empleado les dijo que volvieran el jueves, cuando serían recibidos por el abogado de la empresa, Ricardo Jonathan Rodríguez.

El jueves les hablaron para decirles que mejor no fueran porque el licenciado Ricardo Jonathan Rodríguez tampoco podría atenderlos, que mejor se dieran una vuelta el lunes. Ellos tienen sus boletos de avión reservados para el domingo en la noche. Una vez más ganó la impunidad.

Pero este incidente sólo sirvió para que esta pareja conociera un dato alarmante: la “pérdida” de maletas no es un hecho esporádico, sino constante, casi sistemático, tan es así que el abogado Ricardo Jonathan Rodríguez, entre los accidentes que provocan sus choferes y las maletas que se pierden, no se da abasto.

Pero algo todavía más grave, lo cual está documentado en la Procuraduría General de Justicia: en los últimos meses se han recibido dos denuncias de asaltos en el interior de esos autobuses.

Los dos fueron durante la madrugada. No obstante que al subir los pasajeros pasan por un detector de metales y todavía sus pertenencias son revisadas tanto manual como electrónicamente, a mitad del camino, cerca de Tres Marías o Topilejo, dos sujetos se levantan de sus asientos y encañonan a los pasajeros con una pistola, para enseguida despojarlos de dinero y pertenencias.

El asunto no sería tan escandaloso si estuviéramos hablando de cualquiera de esas líneas camioneras que van recogiendo pasaje por todo el camino, y cuyos ocupantes ya hasta saben lo que deben de hacer cuando hay un asalto: no resistirse, no denunciar para no perder tiempo y procurar llevar la mayor parte del dinero en los calcetines. Y resignación, mucha resignación.

La mala suerte de Ángel Carvajal.- Flamante director del Transporte durante el gobierno de Jorge Arturo García Rubí, y exiliado de Cuautla donde su cuñado es presidente municipal, Ángel Carvajal Beltrán terminó por aceptar el cargo de subsecretario de Gobierno en la comuna de Cuernavaca. Pero el abogado y empresario gastronómico tendrá su “talón de Aquiles” en su director de Gobernación,  Manuel Escobar Hernández.

Psicólogo de profesión, Manuel Escobar Hernández es experto en acomodarse en las dependencias y manejar un bajo perfil, pero con ingresos seguros. Lo recordamos bien en la Dirección de Asesoría y Auxilio a Víctimas del Delito, allá por 1998, cuando el procurador José Castillo Pombo lo nombró subdirector, pero en realidad parecía ser el jefe y Adriana Añorve su empleada.

A Escobar Hernández le concedieron el sueño de cualquier priista de medio pelo:  “no me des, nomás ponme donde hay”, y lo dejaron nada menos que en el manejo del comercio ambulante. Como quien dice “la Iglesia en manos de Lutero”. En los alrededores del Hospital “José G. Parres” se gesta un conflicto entre comerciantes ambulantes que tarde o temprano le va a explotar al recién nombrado subsecretario. Y es que Manuel está apadrinando la creación de un nuevo grupo que le está haciendo competencia al que ya existe, encabezado por Martha Román Arroyo, madre de una de sus empleadas.

Qué mala suerte la de Ángel Carvajal. Cuando fue director del Transporte quien manejaba todo era el inamovible Víctor Mercado, y hoy que lo ponen en la subsecretaría de Gobierno le imponen a Manuel Escobar Hernández.

Feliz Navidad.- Hoy se celebra la navidad, por lo que aprovecho para enviarles un sincero saludo a quienes me honran con la lectura de esta columna cada semana y a los que hacen posible que ésta siga apareciendo. Hasta el próximo viernes.