Otro ejemplo de colusión es el que orquestaron hace tres años el entonces presidente de Jiutepec, Rabindranath Salazar Solorio; el secretario de gobierno, Sergio Álvarez Mata; el procurador Francisco Coronato Rodríguez, los directivos de una importante estación radiofónica y un par de abogados, para que nadie resultara afectado por la muerte de tres jovencitas durante la realización de un acto masivo en el centro de espectáculos “Diamante Negro”. Hasta Liborio Román tuvo una participación indirecta, pues luego de que pidió juicio político contra el entonces alcalde, tras el “acuerdo político” operado por Graco Ramírez, el dirigente de los panistas en Jiutepec guardó el más absoluto de los silencios.
Por cierto, sin tener “vela en el entierro”, al procurador Pedro Luis Benítez Vélez le tocará quedar como el villano de la película porque a su administración le tocará firmar el “no ejercicio de la acción penal”, que lleva a la absurda conclusión de que las únicas responsables de su muerte fueron las propias jovencitas que acudieron aquella ocasión a un evento masivo en Jiutepec.
Todo parece indicar que, nuevamente, los morelenses estamos siendo víctimas de una colusión, pero ahora bajo el pretexto de la gobernabilidad.
A cambio de beneficios que sólo ellos conocen, los 30 diputados de la actual legislatura se pusieron “flojitos y cooperando” por cuanto a diversas peticiones del Poder Ejecutivo. Y es que, tras un año de relación tormentosa, por fin las relaciones entre los tres poderes eran inmejorables.
En este escenario, resultó bastante inoportuna la publicación en el periódico Reforma de una declaración del narcotraficante Sergio Villarreal, en el que asegura que se utilizó el helicóptero oficial del gobierno de Morelos para ayudar a Arturo Beltrán Leyva a escapar de un operativo militar. El rotativo puso en riesgo la “gobernabilidad”, y quizás encareció los acuerdos ya pactados porque, a pesar de que por menos de eso en ocasiones anteriores ha habido petición de juicio político, hoy los diputados, tranquilos, autorizan entregar al Ejército el predio conocido como “Los Lagartos” para un campo de entrenamiento militar. Ya lo decíamos: “flojitos y cooperando”.
Tampoco objetaron el endeudamiento por mil 500 millones de pesos que solicitó el Ejecutivo. A cambio, el Congreso del Estado tendrá 20 millones de pesos más, que a diferencia de otras dependencias que deben establecer claramente para qué están solicitando los recursos, los legisladores ni siquiera tienen que explicar para qué quieren ese dinero, aunque ya todos lo imaginamos.
Ahora bien, los diputados anuncian que este año no cobrarán aguinaldo, pero sólo éste año. Con esto están admitiendo que, por lo menos en los últimos 12 meses, no se merecen cobrar este dinero por su falta de productividad.
Alguien les sugirió que, dada su devaluada imagen y la nominación del “vox populi” como la peor legislatura de la historia, se aventaran la puntada de no cobrar aguinaldo. El problema es que nadie les cree, pues todos apuestan a que sólo se trata de una estrategia mediática, en la que dejarán en blanco la columna correspondiente a aguinaldos, pero ese mismo dinero lo agregarán en otro rubro.
La propuesta de la gente es que sí cobren ese dinero, pero así como lo reciben, vayan a sus distritos que representan y lo entreguen a una escuela para construir un aula, o lo repartan entre las familias más pobres.
Por otro lado, cómo es posible que anuncien “con bombo y platillo” que no van a cobrar una prestación a la que no tienen derecho, como ya ha quedado plenamente acreditado por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo congruente hubiese sido que aprueben una ley en la que se establezca claramente quiénes son los funcionarios que sí podrán recibir aguinaldo, y los que no.
Así las cosas, los diputados de la actual legislatura le suman a su improductividad, el atentar contra la inteligencia de los ciudadanos con ese tipo de acciones.
Regalo panista, la autorización para construir la ciudad judicial
El ex diputado Ignacio Suárez Huape y el dirigente de una parte de los colonos de Delicias, Arturo Díaz de Sandi, libran una desigual batalla por impedir que se abra la “Ciudad Judicial”, como se le llama al complejo de oficinas construido en la colonia Del Lago, frente a Galerías. No se requiere ser un experto en la materia para darse cuenta que tanto el edificio de la Ciudad Judicial, como la torre que se encuentra a un lado y que se construyó casi al mismo tiempo, nunca debieron ser autorizados.
Pero los gritos y sombrerazos de Nacho parecen ser a destiempo. Nada ni nadie impedirá que este primero de diciembre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagotia, corte el listón inaugural de las instalaciones que albergarán a cinco juzgados de Distrito, cuatro tribunales colegiados, uno unitario, las oficinas de administración y la Defensoría Pública Federal, de los cuales ya varios se instalaron desde la semana pasada.
Es más que evidente que, en éste como en la mayoría de los casos, la corrupción permeó y sigue permeando en la construcción de lo que será el recinto de la justicia federal. Demasiado extraño resulta que, casi al mismo tiempo que se autoriza la construcción de la ciudad judicial, se inicia la construcción de un enorme edificio que queda perfecto para los abogados que quieran estar cerca de la Ciudad Judicial.
Suárez Huape acusó a Julio Mitre Jr. propietario del Corporativo Cuernavaca, de colgarse de los permisos irregulares que expidió la comuna capitalina al adquirir al menos 10 mil metros del predio que compraron las autoridades del Poder Judicial.
Puede ser o no cierto lo que asevera Nacho, pero lo evidente es que Julio Mitre tuvo “información privilegiada” sobre el destino de ese terreno.
Ahora bien, no hay que olvidar en qué circunstancias los gobiernos estatal y municipal concedieron los permisos de uso de suelo y construcción del complejo judicial.
Hace dos años, cuando se concibió el proyecto, el Poder Ejecutivo libraba una batalla legal para tomar el control del Poder Judicial del Estado, asumido en ese momento por el magistrado Ricardo Rosas Pérez y su grupo. Justo hace un año vino Ortiz Mayagoitia a poner la primera piedra de la ciudad judicial, y Marco Adame y Ricardo Rosas tuvieron que compartir el presidium sin dirigirse la palabra. Ya estaba en la Suprema Corte la controversia iniciada por el Poder Judicial contra actos de los otros dos poderes que, según su parecer, lesionaban la autonomía del primero. Es decir, el juez estaba sentado en medio de las dos partes que litigaban un juicio.
También estuvo presente el alcalde sustituto Roque González Cerezo, el último de los panistas en ese cargo. Con gobernador y alcalde panista, el Poder Judicial Federal no tuvo obstáculo alguno para obtener todos los permisos necesarios para construir la Ciudad Judicial, e incluso el Ayuntamiento puso de su lana para acondicionar las vialidades que, de paso, sirvieron también al Corporativo Cuernavaca.
Meses después, los ministros de la Suprema Corte resolverían retirarle la protección de la Justicia Federal al entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, permitiendo así la llegada de magistrados menos incómodos para el Ejecutivo Estatal.
Por eso decimos que es más que imposible impedir la apertura de la Ciudad Judicial. Seguramente el primero de diciembre Suárez Huape y su gente estarán ahí manifestando su inconformidad, pero ya todo estará consumado, erigiéndose el majestuoso edificio como un monumento a la impunidad y a las componendas.
Por cierto. Habrá que decir que antes de Suárez Huape, otros colonos iniciaron el movimiento en contra de la ciudad judicial, pero repentinamente dejaron de estar inconformes.
Beatriz Paredes, otra víctima del “toque de queda”
Un mensaje anónimo que alertaba sobre un posible atentado en contra de la presidenta del PRI Nacional, Beatriz Paredes Rangel, fue la causa de que la toma de protesta de Amado Orihuela Trejo se llevara a cabo en un recinto cerrado y no en la pletórica Plaza “General Emiliano Zapata Salazar”, como se tenía previsto.
A decir de gente cercana al CEN del PRI, sucedió un fenómeno muy similar al que vivimos los morelenses hace algunos meses, cuando un mail cuyo origen sigue siendo desconocido, nos hizo a todos cambiar nuestros planes aquel fatídico viernes.
Y decimos que al equipo de Beatriz Paredes le sucedió algo similar porque al principio también prevaleció la incredulidad, y la versión de que se trataba de un boicot orquestado por el partido que gobierna el estado morelense “ardidos porque ellos no pueden llenar la plaza”.
Luego, conforme avanzaba la tarde los expertos hicieron notar que, si bien no existía ningún dato concreto que permitiera suponer que habría un atentado, lo cierto es que Morelos ya no es como antes, pues la presencia de diferentes carteles del narcotráfico está más que comprobado.
Y al final, lo mismo que ocurrió aquella noche del “toque de queda”: por si las dudas, no arriesgarse. Por ello decidieron de última hora cambiar la sede al antiguo Palacio Municipal y restringir la entrada, mientras el resto de los priistas se quedaba esperando a su lideresa en el zócalo.
Emotivo homenaje a Sánchez Gatica por 35 años como catedrático
Realmente emotivo resultó el homenaje que le organizaron alumnos y maestros de la Facultad de Derecho a Rogelio Sánchez Gatica por sus 35 años de impartir cátedra en esta institución forjadora de abogados. La organización estuvo a cargo del presidente del CESA, Hermilo Rivera, y del director de la Facultad, Raúl Vergara Mireles, además de la “complicidad” de los hermanos Jorge Arturo y Raúl Alberto de apellidos Olivares Brito.
Y es que la vida del maestro Rogelio es un verdadero ejemplo de superación personal. Nació en 1942 en el municipio de Etlatongo, distrito de Nochistlán, Oaxaca, pero desde que él tenía 7 años sus padres emigraron a Cuernavaca, donde se instalaron en la calle Jesús H. Preciado de la colonia San Antón.
Según la narración que el miércoles hizo Jorge Arturo Olivares Brito, Rogelio hizo de todo para ayudar a sus padres en la manutención de la familia, pero principalmente se ganaba unos pesos cargando canastas en los mercados de aquella época, el principal que se encontraba en la esquina que forman las calles de Guerrero y Degollado, y el otro que se ponía frente al Cine Alameda, donde hoy se encuentra el Palacio Legislativo (nadie sabía que muchos años después seguiría siendo mercado, con verduleras y todo).
En 1960 ingresó a la entonces Escuela de Derecho de la UAEM, pero desde los primeros semestres ya laboraba como mecanógrafo, después auxiliar de Ministerio Público, y de ahí hasta llegar a titular de la Procuraduría de Justicia. Como catedrático se inició en septiembre de 1975, cuando Hertino Avilés Arenas era director de la Escuela de Derecho, cargo que también ocupó de 1983 a 1986.
En la ceremonia de homenaje hubo varios detalles dignos de comentar. Uno de ellos fueron las palabras de su entrañable amigo Rodolfo García Aragón, quien de plano ya no pudo terminar su discurso por la emoción. Uno de sus mejores alumnos, Cipriano Sotelo Salgado, también le reconoció sus cualidades como formador de abogados, al igual que Hermilo Rivera.
Un detalle que llamó la atención fue la presencia del alcalde Manuel Martínez Garrigós, cuya asistencia no estaba confirmada por su apretada agenda, y aunque llegó ya empezada la ceremonia, permaneció hasta el final y tuvo palabras de agradecimiento y reconocimiento para su maestro y guía.
Martínez Garrigós llegó acompañado de Víctor Saucedo Perdomo, quien en su alocución reconoció que en sus tiempos de estudiante la FEUM no era bien vista y que a menudo los llamaban “porros”, acusándolos de que les regalaban las calificaciones.
También llegó por ahí el apesumbrado y estoico Jorge Mario García Ávila, entre muchos otros que fueron alumnos de Rogelio Sánchez y que hoy desempeñan cargos públicos. El evento fue amenizado por un dueto de guitarristas que tocaron “A mi manera”, “Amorcito corazón” y al final acompañaron al maestro Sánchez Gatica para que interpretara la canción que mejor le sale y que se ha convertido en su himno dedicado a sus detractores: “No soy monedita de oro”.
DE TODO UN POCO
De la bandeja de correos.- Sobre la relación de Amado Orihuela y el ex subsecretario de Desarrollo Agropecuario, le faltó decir que las empresas constructoras de los invernaderos son de don Valdemar Castañeda y de su intimo amigo Rogelio Torres Navarro, quien aparece como representante legal en 2 ellas (Sistemas Agrícolas Avanzados S.P.R de R.L y TecnoCam S.A de C.V). este tipo de negocios a permitido a los dos amasar una muy buena fortuna construida por medio de los acuerdos políticos entre ambos, lo que les ha permitido tener una vida llena de comodidades; en el caso de Castañeda Trujillo, le ha permitido en los últimos años comprarse una casa de más de $3,000,000 de pesos, ubicada en calle Nueva China; “Rancho los tulipanes”, col. Lomas de Cortés, compra de una camioneta Nissan Armada 2010 color gris de súper lujo, un ranchito de 10 hectáreas ubicado en la región oriente del estado entre Xalostoc y Tlayca, en donde tiene más de 2 hectáreas de invernaderos de jitomate y cuya asesoría para la producción se la brinda el Ing. Adolfo Trejo Toledo primo hermano de Amado Orihuela Trejo, el mismo Valdemar Castañeda tiene otras muchas propiedades “ranchos” pero estas se encuentran a nombre de su incondicional amiga …”
La campante impunidad en Morelos.- Luego de que diputados locales denunciaran la compra irregular de muebles en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) este martes la oficial mayor de este órgano, María de Lourdes Cedillo Rivas, pidió licencia para separarse de su cargo durante 30 días. Esta compra de mobiliario implicó un desembolso de casi 12 millones de pesos y fue denunciada formalmente desde hace casi un mes por los diputados del PAN, Lía Limón y Mauricio Tabe, ante la Contraloría General de la ALDF. En ella se señala que la compra de mobiliario además de irregularidades en su procedimiento se hizo a sobreprecio, pues hubo productos que se adquirieron a un costo 400% más elevado que el precio en el mercado, además de que la empresa proveedora resultó ser una tienda de productos fotográficos.
En Morelos, demostramos con documentos que el gobierno de Sergio Estrada pagó 15 millones de pesos a una empresa “impresora de folletos” por la adquisición de aparatos inhibidores de llamadas de teléfonos celulares que sólo sirvieron un año, y nadie ha dicho nada. Por cierto, el contrato fue firmado por Germán Castañón, en su calidad de secretario de Gobierno.
Los guaruras de Paco Moreno.- “El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Álvarez Mata, pidió el retiro inmediato de la patrulla y los elementos de seguridad que las 24 horas tienen vigilada la casa de gestoría del diputado federal del PRI, Francisco Moreno Merino, quien además tiene guardaespaldas que permanentemente y desde hace varios meses trae consigo, en su descarada búsqueda por la candidatura del PRI a la gubernatura de Morelos para el proceso constitucional del 2012”, se publicó ayer.
Tiene razón el senador panista, sobre todo porque, como es del dominio público, el “narcomensaje” que le dejaron en su casa y que originó su custodia, no decía que eso le iba a pasar a todos los que anduvieran declarando en contra del narcotráfico, como lo hizo creer Paco Moreno. En realidad decía que eso le iba a pasar a todos los que protegían a “La Barbie”. Luego entonces, las autoridades también debieron proteger a Guillermo Vargas, al que le dejaron un mensaje similar y después lo asesinaron en su casa, junto a su hijo del mismo nombre, por cierto, amigo del hijo del que hoy pide que le retiren las escoltas a Paco.
Total, ya hay varias personas detenidas que tarde o temprano aclararán si el ataque a Paco Moreno fue por sus valientes declaraciones o por lo que decía el mensaje.
