El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, reveló que alcaldes los han amenazado y presionado para que aprueben incrementos en derechos e impuestos municipales en las leyes de ingresos 2020.

En entrevista, el legislador local sostuvo que no habrá acuerdos en lo "oscurito" con los ediles, y que sí se busca apoyar a los ayuntamientos pero con base en una estrategia de austeridad en sus finanzas.

El diputado también celebró que se hayan concretado acuerdos para la firma del convenio de Mando Coordinado con Cuernavaca; sin embargo, lamentó que haya sido bajo condición, como el que el edil sea quien designe al titular del mando en Cuernavaca.

La madre de Harumy, menor de 13 años de edad, se instaló en plantón indefinido en la plaza de armas de Cuernavaca; exige que le regresen a su hija.

Este jueves, la señora Martha Ivonne Ramírez Cruz refirió que el 28 de julio la separaron de su hija, tras haber denunciado que fue víctima de abuso sexual ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Añadió que extrañamente la separaron de su hija y la mantienen en un refugio en Cocoyoc, cuando ya interpuso un amparo que le favoreció para que la FGE le regrese a su hija.

A 135 días de dicha separación, Ramírez Cruz decidió instalarse afuera del palacio de gobierno.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) identificó a una banda de secuestradores que opera en el municipio de Temixco.

Al respecto, el titular de la dependencia estatal, José Antonio Ortiz Guarneros, refirió que dicha banda podría estar implicada en al menos cinco casos de secuestros.

De igual modo, indicó que incluso se presume que este grupo criminal está involucrado en el secuestro de un maestro del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

Por otro lado, el comisionado informó que alistan 20 traslados más de internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos a penales federales de máxima seguridad.

Celebra participación de Cuernavaca en Mesa para la Construcción de la Paz.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jorge Mátar Vargas, celebró que el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, haya participado en la Mesa para la Pacificación del estado, a fin de atender la problemática de seguridad en la capital.
El empresario sostuvo que es necesario y urgente que se concreten acuerdos entre las autoridades estatales y municipales, ya sea para formalizar el convenio de Mando Coordinado, o bien, para que el gobierno del estado ceda las fuerzas policíacas al ayuntamiento.
"El que no haya un trabajo coordinado habla de que hay intereses diferentes y lo que queremos es que haya un interés común, de beneficio para los morelenses, para la ciudad capital y en función de eso nosotros vamos a ver que hay voluntad y que se van a detonar proyectos importantes", puntualizó.
Mátar Vargas aseveró que mientras no haya un trabajo de coordinación entre las autoridades no se lograrán resultados en la materia y el desarrollo económico de la ciudad seguirá detenido a causa de la inseguridad.
"Tenemos la esperanza de que ya se sienten a trabajar tanto el gobierno del estado como el presidente municipal para con base en eso generar los resultados. Los hechos delictivos están a la orden del día, somos noticia nacional todo el tiempo, (por ejemplo) el ataque que hubo esta semana en (la avenida) Río Mayo, que fue lamentable", añadió.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, reiteró que el Congreso del estado actuó apegado a la legalidad en torno a la ratificación de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Guillermina Jiménez Serafín.

Quieren echar abajo el nuevo criterio para obtener mayoría calificada.

Un grupo de siete diputadas promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto por el que el Congreso reasignó 26 millones de pesos del Presupuesto de Egresos a favor del Poder Judicial, para el pago de jubilaciones y pensiones a trabajadores en retiro.
A través de los estrados de la Corte se hizo público el  expediente 135/2019, promovido por las diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Keila Figueroa Evaristo, Maricela Jiménez Arméndariz, Naida Diaz Roca, Erika García Zaragoza, Rosalinda Rodríguez Tinoco y Blanca Nieves Sánchez Arano.
Se trata del decreto 502, aprobado el pasado 6 de noviembre por una mayoría de 13 legisladores, por el que se reformó el Presupuesto de Egresos del gobierno estatal, para dar cumplimiento a un mandato de la SCJN a favor de trabajadores jubilados del Poder Judicial morelense.
Las reorientación presupuestal se hizo con base a una propuesta que hizo el Poder Ejecutivo y se tomaron recursos de las secretarías de Desarrollo Social, Turismo y Cultura y Desarrollo Económico y Trabajo.
El grupo de legisladoras que impugnó dicha determinación es el mismo que se ha opuesto a todos los asuntos que se han desahogado en el Congreso.
Con dicha acción de inconstitucionalidad, las diputadas buscan anular la posibilidad de que una mayoría de 13 diputados pueda ser considera mayoría calificada, tras la modificación que se hizo al Reglamento para el Congreso del estado.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, reiteró que el Congreso del estado actuó apegado a la legalidad en torno a la ratificación de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Guillermina Jiménez Serafín.

Sostuvo que el nuevo criterio para aplicar la mayoría calificada también estuvo bien sustentado con estudios previos de otros casos similares, por lo que existe la confianza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá favorablemente para el Congreso local.

Este día, la SCJN concedió la suspensión al Poder Judicial para impedir la instalación de la magistrada supernumeraria Guillermina Jiménez Serafin, que recientemente fue ratificada por el Congreso del estado.

La legisladora morenista señaló que sería muy lamentable que la Corte diera revés a una mayoría calificada que logró sacar al Congreso de la parálisis que enfrentaba, desde hace varios meses, por un grupo de diputadas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión al Poder Judicial para impedir la instalación de la magistrada supernumeraria Guillermina Jiménez Serafín, que recientemente fue ratificada por el Congreso del estado.

La controversia constitucional que promovió la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se basó en la supuesta ilegalidad en la que incurrió el Congreso local al haber votado el asunto con 13 votos como mayoría calificada; otro de los argumentos del Poder Judicial es que Jiménez Serafín no concluyó su periodo.

Lo anterior, en el incidente de suspensión de controversia constitucional 354/2019, y hasta en tanto se dicte sentencia definitiva en el asunto.

Un probable cortocircuito causó una explosión en el transformador que abastece energía eléctrica al Congreso del estado, la mañana de este miércoles.

Alrededor de las 11:20 horas, al exterior de la sede legislativa arribaron elementos de Bomberos Cuernavaca.

Cerca de las 11:30 horas, de nueva cuenta ocurrió una falla en el transformador, en el cual se observa humo.

Cabe mencionar que la sesión programada para este día en el Congreso local no ha sido suspendida.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Jorge Mátar Vargas, celebró que las autoridades estatales y municipales de Cuernavaca se hayan sentado a dialogar sobre la problemática de seguridad que vive la capital del estado.

Esta mañana, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, participó en la Mesa para la Pacificación a la que fue convocado por el gobierno del estado y que se desarrolló en las instalaciones de la 24 Zona Militar.

El empresario también manifestó su confianza en que se logren acuerdos y se pueda concretar el convenio de Mando Coordinado, por el desarrollo económico y social de la capital de Morelos.

La designación de un consejero del IMIPE también se postergará, confirma diputado.

Los nombramientos del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) se sumarán a los pendientes del Congreso del Estado para el 2020, afirmó el presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
En entrevista, el legislador pesedista admitió que la designación de dichos cargos en menos de una semana no sería lo más correcto, por lo que postergarán los nombramientos para el próximo año.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza, informó la semana pasada que buscarían concretar la elección del titular de la ESAF y del comisionado del IMIPE antes de que concluyera el período ordinario de sesiones, para lo cual retomarían los procedimientos que se iniciaron desde marzo y junio pasado, respectivamente.
Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva refirió que la mayoría de los diputados acordó postergar por más tiempo dichos asuntos.
"La designación del consejero del IMIPE, por lo que implica el respecto a los plazos y que no podamos de alguna manera tomar una decisión, ese será uno de los temas que quedará en el tintero y la designación de la ESAF seguramente será hasta el próximo año", manifestó.
Sotelo Martínez dijo que si bien la ESAF lleva más de un año sin titular, en octubre pasado se designó a una encargada de despacho que podrá asumir esa responsabilidad hasta febrero del 2020, cuando iniciará el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura.
Otros pendientes del Congreso para el próximo año serán las reformas en materia de paridad de género y en materia de seguridad.

La diputada Rosalina Mazari asegura que se descartó la posibilidad propuesta por los alcaldes; aún no hay una salida alterna.

El trámite es parte del procedimiento de juicio político que el Congreso del estado inició en contra del exgobernador.

La Máxima Casa de Estudios del estado tendrá 30 millones de pesos adicionales a los cerca de 650 que se le habían etiquetado para el 2020.

Plantean recortes a diversas áreas del gobierno estatal y no definen ajuste en el presupuesto del Legislativo.

Diputados locales acordaron los primeros ajustes en el Presupuesto 2020, que incluirá incrementos a rubros como el campo, salud y educación, mediante una reducción a distintas áreas del gobierno estatal. Sin embargo, no se han puesto de acuerdo para disminuir los recursos que recibirá el Congreso del estado.
La Oficina de la Gubernatura será una de las dependencias estatales que recibirá menos recursos financieros para el 2020, una disminución que podría superar los 50 millones de pesos. De la misma forma, Turismo y Cultura también podrían sufrir ajustes.
En tanto, los legisladores acordaron que incrementarán el presupuesto para el campo, con base a la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo en el Paquete Económico, por lo que el agro podría recibir cerca de 80 millones para el siguiente año.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tendrá un aumento de 30 millones de pesos adicionales a los cerca de 650 millones de pesos que se le habían etiquetado para el 2020.
En salud se aplicarán ajustes al alza para favorecer al Hospital del Niño y el Adolescente, así como al programa de apoyo a los enfermos con insuficiencia renal, entre otros temas.
Dentro de los ajustes planteados por los diputados al Presupuesto que se aprobaría este fin de semana, no se contempló una disminución a los 450 millones de pesos que se etiquetaron al Congreso para el 2020.
Legisladores locales informaron hace unos días, que aprobarían un recorte al presupuesto del Congreso, cuyo monto aún no habían establecido, pero a la fecha no han logrado un acuerdo sobre el tema.

*Como parte del juicio político que se le inició*

El ex gobernador Graco Ramírez comparecerá ante el Congreso del estado, como parte del juicio político que se le inició, así lo adelantó el diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

Esta mañana, la reunión de la comisión sesionaría para admitir el juicio político en contra del ex mandatario; sin embargo, se canceló por falta de quórum.

No obstante, José Casas adelantó que una vez se admita el proceso se citará al ex gobernador para garantizar su derecho de audiencia.

La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado, aseguró que no habrá aumentos en cobros de derechos e impuestos municipales para el 2020.

Al respecto, anotó que el acuerdo con los diputados es eliminar el impuesto adicional de las leyes de ingresos municipales y no aprobar aumentos.

Mazari Espín también indicó que se sigue revisando cómo apoyar a los ayuntamientos para ayudar a la crisis que actualmente enfrentan

Ciudadanos que integran la Asociación Cívica Morelense "Gustavo Alejandro Salgado Delgado" protestan ante el Congreso local, este martes.

Los inconformes exigen a los diputados que no aumenten los montos por derechos y servicios municipales, a fin de ayudar a los ayuntamientos que ya no podrán cobrar el impuesto adicional.

Gabriel Rivas Ríos, presidente de dicha asociación, pidió nuevamente audiencia con los diputados para revisar las leyes de ingresos, ante un posible "albazo".

El Colegio de Contadores Públicos de Morelos impugnará el procedimiento que pretenden retomar los diputados locales para nombrar, antes de que concluya el año, al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
Rodrigo Rojas Morgado, presidente del colegio, dijo que es lamentable que el Congreso del estado busque nombrar al auditor estatal mediante un procedimiento que fue muy cuestionado por haber sido poco transparente.
El profesionista dijo que no ponen en duda el perfil de los 29 aspirantes que se registraron en la convocatoria que emitió el Congreso, la lista de la que los legisladores buscan nombrar al próximo titular de la ESAF. Sin embargo, aseveró que la forma en que se llevó a cabo su elección fue muy opaca.
Por ello, adelantó que el Colegio de Contadores Públicos promoverá las acciones jurídicas que sean necesarias para impugnar el procedimiento de designación.
"Buscaremos que se haga con transparencia y se reponga el proceso, vamos a ver qué recurso interponemos para que se haga un proceso transparente y no se quede en esa discrecionalidad, que logremos que nuestro estado tenga un titular mediante un proceso transparente", manifestó el contador.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza, informó hace unos días que buscarán concretar el citado nombramiento antes de que concluya el período ordinario de sesiones (el 15 de diciembre), por lo que retomarán todo el proceso que se impulsó desde marzo pasado y que la Comisión Calificadora había anulado y ordenado reponer, por no existir condiciones para nombrar al auditor de entre los 29 aspirantes.

Lamenta iniciativa privada que a un año de la reactivación de fideicomisos, no se haya sancionado a los responsables de desfalco.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Ángel Adame Jiménez, se pronunció porque se esclarezca el posible mal uso de alrededor de 200 millones de pesos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) que, presuntamente se dio por el gobierno de Graco Ramírez.
En entrevista, el empresario lamentó que a un año de que se haya reactivado el Fidecomp y el Fideicomiso Turismo Morelos (Fitur), tras la reforma que, en el 2018, aprobó la LIII Legislatura para extinguirlos y desviar sus recursos, no se haya sancionado a los responsables.
Sin embargo, Ángel Adame manifestó su confianza  en la actual administración estatal para que pronto haya resultados sobre el tema.
De acuerdo con el  presidente del CCE, el daño que se causó por la pasada administración estatal y la LIII Legislatura en materia de desarrollo económico para el estado fue grave, ya que hasta la fecha el Fidecomp no ha podido operar como se requiere.
Puntualizó que al haber "desaparecido" cerca de 200 millones de pesos, no hubo recursos para impulsar proyectos de promoción del empleo a través del Fidecomp, así como tampoco para fomentar el turismo.
"Es importante saber a dónde fueron a parar estos recursos, por eso esperamos que en los siguientes meses el Fidecomp esté en condiciones de darnos esta información. Se arrancó lento, se pudieron recuperar los fondos, sin embargo, poco a poco el agua va tomando su nivel y esperemos que pronto se estén apoyando todos aquellos proyectos productivos", añadió Adame Jiménez, quien dijo que desde el 2018 siguen estancados proyectos importantes.

Alejandra Flores Espinoza lamenta la postura de la presidenta del Poder Judicial.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local, Alejandra Flores Espinoza, lamentó que por intereses particulares desde el Poder Judicial se haya impugnado el nuevo criterio para aplicar la mayoría calificada con 13 votos.
Ante la controversia constitucional que promovió la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, en contra de la ratificación de Guillermina Jiménez Serafín como magistrada, al argumentar irregularidades en el proceso legislativo por haberse aprobado con 13 votos como mayoría calificada, Flores Espinoza dijo que se presumen intereses particulares y políticos detrás de dicha acción legal.
Sin embargo, la también coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) consideró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine la legalidad de la reforma al reglamento para el Congreso del estado por el que se estableció el nuevo criterio para aplicar la mayoría calificada mediante 13 votos y, por consecuencia, del nombramiento de la magistrada Guillermina Jiménez Serafín por ocho años más.
La diputada reiteró que la finalidad de reformar el reglamento fue con la finalidad de terminar con la parálisis legislativa que por meses enfrentó el Congreso de Morelos.
"Es muy lamentable que fue también para sacar el beneficio de los trabajadores (del Poder Judicial) y que se presente esta controversia. Sin embargo, nosotros estaremos atentos a recibir las notificaciones, entregar toda la información que se necesaria y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelva", manifestó Flores Espinoza.

*A petición del diputado Alfonso Sotelo*

Mediante un comunicado, el Congreso de Morelos dio a conocer que el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, solicitó a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) que sea el Poder Legislativo el primer ente gubernamental que se audite en el año 2020, con referencia a las acciones contables realizadas en el 2019.

El diputado dijo que con esta petición se deja claro cuál es el compromiso de los legisladores en lo institucional y en lo moral: “Con esta acción demostramos que somos congruentes, en el decir y hacer, siendo transparentes y austeros en el manejo de las finanzas, porque además estamos seguros de que las cosas se están haciendo debidamente y por tanto no hay temor de que algo esté mal. Tenemos la certeza de que hay finanzas sanas y correctamente aplicadas”, anotó Sotelo Martínez.

Lo anterior, al acudir a las instalaciones de esa institución para hacer entrega del informe preliminar de la auditoría del último cuatrimestre del 2018, en el cual se integran las aclaraciones respecto a los meses de septiembre a diciembre, periodo que ya estaba bajo la responsabilidad de la LIV Legislatura.

También se informó que la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Belén Adán Vázquez, detalló que con estas aclaraciones queda solventado ese lapso de administración, confiando en que no habrá observación a las mismas.

Las carpetas de aclaraciones fueron recibidas por Samuel Álvarez Miranda, encargado de despacho de la Auditoría Especial de la Hacienda Pública Estatal, teniendo como testigo a América López Rodríguez, encargada de despacho de la ESAF, quien dijo que en breve presentará el Plan de Auditoría 2020, donde aceptó que será el Poder Legislativo el primero en auditarse, en atención a la petición que hiciera el presidente de la Mesa Directiva, señalando que el procedimiento se hará en estricto apego a la legalidad.

Por su parte, Alfonso Sotelo dijo que con estas acciones se robustece el tema de la transparencia, dejando precedentes para las próximas legislaturas y que se haga lo correcto en tiempo y forma.

Ante la controversia constitucional que promovió la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en contra de la designación de Guillermina Jiménez Serafín, Alejandra Flores Espinoza, presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), afirmó que actuaron con apego a la ley.

En entrevista, la diputada dijo que es lamentable que la magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López haya impugnado las decisiones de los legisladores por la nueva mayoría calificada que representa el Pleno, aún y cuando se trata de decisiones que benefician al Poder Judicial.

Al respecto, Flores Espinoza anotó como ejemplo la reasignación de 26 millones de pesos para el pago de jubilaciones y pensiones.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, representantes de organizaciones civiles se pronunciaron porque se terminen las malas prácticas en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y se concrete la designación del secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana.

En rueda de prensa, los representantes de organizaciones como Morelos Rinde Cuentas, la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estado de Morelos y el Colegio de Contadores anunciaron la conformación de un frente para exigir que ya se instale el SEA.

Lamentaron las irregularidades que se han cometido desde el Comité de Participación Ciudadana y que el Congreso local, en lugar de intervenir, busque favorecer a Roberto Coranguez Esquivel para que designe de manera directa el nombramiento del secretario técnico.

María Juana Herrera Mota también invitó a la ciudadanía a estar atenta de lo que sucede en el SEA y a evitar que se cometan más actos irregulares.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Jiutepec dio a conocer que el tradicional carnaval que se efectúa en el municipio se llevará a cabo del 17 al 20 de enero del 2020; además, en los próximos días se emitirá la convocatoria correspondiente.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 5, fracción I, del Reglamento del Carnaval de Jiutepec, Morelos, según se anota.

En el documento de referencia se detalla lo siguiente:

"1.- La fiesta popular conocida como carnaval, que se lleva a cabo durante el mes de enero de cada año en la periferia de la cabecera municipal de Jiutepec, tendrá lugar en su edición 2020 del viernes 17 al lunes 20.

2.- Está considerado que el viernes 17 de enero de 2020 el presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, encabece el tradicional Brinco del Chinelo, con lo que da inicio la celebración más grande y concurrida de su tipo en el estado de Morelos, así como la temporada de carnavales en la entidad. El domingo 12 de enero se efectuará el “Duelo de Comparsas” y el jueves 16 el conocido “Show de las Viudas”.

3.- A la fecha se han llevado a cabo reuniones con vecinos interesados en participar en las diferentes comisiones y en los próximos días se emitirá la convocatoria en la cual se establecerán los términos, bases, condiciones y tiempos que deberán cubrir las personas interesadas en la participación del Carnaval 2020.

4.- El miércoles ocho de enero de 2020 a las 11:00 horas, en lugar por definir, el alcalde de Jiutepec encabezará una rueda de prensa en la cual dará a conocer pormenores sobre sobre las actividades artísticas, culturales, comerciales y de seguridad entorno a la fiesta".

Esta mañana se desarrolla el "Foro Azul" en Morelos, con la finalidad de impulsar acciones para la atención y la inclusión de las personas con autismo.

El diputado José Luis Galindo Cortez, presidente de la Comisión de Salud, informó que presentará al pleno la iniciativa de Ley de Atención y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista y otros Trastornos del Desarrollo.

Gilia González, de la organización "Iluminemos de Azul por el Autismo", refirió que uno de cada 115 niños padecen autismo en México.

Sin embargo, añadió que en México no existen médicos preparados para diagnosticar en edad temprana a niños con autismo, por ello la necesidad de impulsar una legislación al respecto.

Casi la mitad de las luminarias en la ciudad no funciona.

El Ayuntamiento de Cuernavaca pretende concesionar el servicio de alumbrado público, por lo que solicitó  la autorización del Congreso del estado.
Durante la sesión ordinaria del miércoles 4 de diciembre pasado, el Pleno del Congreso dio a conocer la solicitud aprobada por el Cabildo y que fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
El planteamiento del gobierno municipal busca concesionar el servicio público de alumbrado a una empresa, con la justificación de que se ve imposibilitado a prestarlo de manera eficiente a los ciudadanos.
En el documento se dieron a conocer los resultados del censo aplicado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un informe generado por el ayuntamiento que revela el mal estado en el que se encuentra el alumbrado de las calles de la capital.
De acuerdo con dicho informe, en Cuernavaca existen 30 mil luminarias, de las cuales el 40 por ciento, o sea, 12 mil aparatos, no funciona.
En el mismo oficio, el Cabildo señala que para poder arreglar las 12 mil luminarias se requiere una inversión de 300 millones de pesos, recursos con los que no cuenta el gobierno municipal, por lo que el ayuntamiento capitalino solicitó al Congreso su autorización para ceder en concesión de una asociación público-privada la prestación del servicio público de alumbrado.

El presupuesto del 2020 debe aprobarse en esta semana, así como las leyes de ingresos de los municipios; prevén recortes en áreas como la Oficina de la Gubernatura.

Esta semana, el Congreso del estado tendrá que aprobar el Paquete Económico  del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2020, y las leyes de municipales de ingresos, por lo que en estos días se podría concretar una reunión entre los diputados y el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, para definir acuerdos.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, informó que se buscará un acercamiento con el mandatario estatal por los ajustes que el Congreso tiene proyectado realizar al Paquete Económico.
Adelantó que habrá disminución en el presupuesto de la Oficina de la Gubernatura a propuesta de la mayoría de los legisladores, con la finalidad de compensar en otros rubros donde el Poder Ejecutivo planteó recortes.
Flores Espinoza sostuvo que pese a las diferencias que aún persisten entre los diputados para la aprobación del Presupuesto de Egresos, se buscará que sea totalmente social y sin atender a intereses particulares.
Por ello, la diputada adelantó hablar del encuentro con el mandatario y señaló que a pesar de que la facultad de modificar y aprobar el Paquete Económico, en base a la propuesta hecha por el Ejecutivo, es del Congreso, buscarán que el presupuesto y la Ley de Ingresos estatal se aprueben en base a consensos.

GRAVES AUMENTOS EN COBROS DE DERECHOS ESTATALES

En tanto, Flores Espinoza aseguró que también se ha puesto atención en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, ya que el Ejecutivo planteó aumentos en el cobro de derechos que afectarían gravemente a los ciudadanos.
Dijo que se hicieron observaciones a los derechos ambientales, ya que por el cobro de compensación que se pretende aplicar es por la construcción de viviendas de 201 metros cuadrados hacia arriba, cuando hasta este año se estipuló de 10 mil 201 metros cuadrados, es decir, para grandes desarrollos y no para casas.
Dicha observación es analizada por la Comisión de Hacienda, así como otros incrementos.

EN REVISIÓN, LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES 

Por su lado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, informó que están en revisión 35 de las 36 iniciativas de leyes de ingresos que se presentaron por los municipios, junto con el paquete de reformas planteadas por los alcaldes a la Ley de Hacienda Municipal y la modificación a la Ley de Coordinación Hacendaria, que recientemente propuso la diputada panista Dalila Morales  Sandoval para establecer nuevamente el Fondo General de Aportaciones en 25 por ciento de las participaciones federales.
Al respecto, la legisladora priista refirió que de aprobarse lo anterior se desahogaría en la próxima sesión ordinaria de Pleno, al igual que otras adecuaciones legales.

Es la suma que Graco saqueó del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.

—Fotonota—

El alcalde Rafael Reyes Reyes encabezó el encendido del árbol de navidad en el zócalo de Jiutepec, la noche de este sábado; el edil hizo un llamado para que prevalezca la paz y la tranquilidad en el municipio durante la época decembrina.

El Congreso podría aprobar el convenio con Ferrosur antes de que concluya el actual periodo.

El Congreso del estado podría aprobar el convenio entre el gobierno del estado y la empresa Ferrosur, la próxima semana, lo que permitirá que en 2020 se reactive el transporte ferroviario en la zona oriente de Morelos.

Ayer viernes, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, compareció ante los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y explicó el objetivo del segundo convenio, que sería una extensión del que firmó la administración estatal pasada con la empresa.

La funcionaria recordó  a los legisladores que el gobierno de Graco Ramírez abandonó dicho proyecto, que permitirá una reactivación económica para la región oriente de la entidad y de las empresas que se ubican en la zona.

“Los beneficios son conectar Morelos con la red ferroviaria del país; potencializar la economía de la región tendiendo un transporte rápido, económico y sustentable”, resaltó la funcionaria.

Asimismo, Ana Cecilia Rodríguez González explicó a los diputados que a seis meses de que se reactive el transporte ferroviario en Morelos, el gobierno del estado podrá recuperar los 107 millones de pesos que se invirtieron para rehabilitar las vías del ferrocarril y que se tomaron del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Además, refirió que la empresa Ferrosur generará para el estado 100 millones de pesos más con inversión privada, de acuerdo con lo establecido en el convenio que se busca autorice el Congreso del estado.

Tras los cuestionamientos de los legisladores, la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, aseguró que en los próximos días se procederá al dictamen del acuerdo a fin de que sea votado por el pleno del Congreso, lo que podría concretarse antes del 15 de diciembre, que es cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones.

Fueron 600 mil los vehículos que cumplieron con el trámite.

Legisladores locales convocaron a las autoridades de Cuernavaca y del gobierno estatal a que concreten el convenio de Mando Coordinado, ante la alta incidencia delictiva que vive la capital del estado.

Tras el asesinato del encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Juan David Juárez López, el diputado Marcos Zapotitla Becerro hizo un llamado al edil capitalino a reconsiderar su postura y buscar los acercamientos necesarios con el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, a fin de que se concrete el convenio de Mando Coordinado.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso lamentó que por discrepancias políticas, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, se niegue a firmar el convenio de Mando Coordinado, pese a la crítica situación de seguridad que vive la capital.

“Hoy tiene que suceder, insisto, lamentablemente, la pérdida de una vida de un servidor público, de quien encabezaba los trabajos de seguridad y ni así se tiene la voluntad y la disposición de generar una sinergia institucional. Es un llamado muy respetuoso al presidente municipal a que a la brevedad posible realice las gestiones necesarias, se generen las mesas de trabajo con la Comisión Estatal de Seguridad Pública y se pueda dar paso a la suscripción de este convenio”, manifestó el legislador local.

Por su lado, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Alejandra Flores Espinoza, se pronunció por que se concrete el trabajo de coordinación entre el gobierno del estado y el municipio, a fin de que se combata la incidencia delictiva tan alta en Cuernavaca.

La legisladora recordó que el tema de seguridad trata de una corresponsabilidad entre las autoridades estatales y municipales, por lo que confió en que pronto haya acuerdos para abatir la alta incidencia delictiva en Cuernavaca.

El diputado Marcos Zapotitla Becerro afirmó hoy que el problema de la seguridad es un tema de responsabilidad interinstitucional.

Zapotitla Becerro lamentó que por discrepancias políticas, Cuernavaca se haya negado a firmar el convenio de Mando Coordinado con el estado.

"No se trata de generar una polémica", anotó el legislador, y apuntó que es un momento de reflexión al señalar la importancia de generar sinergia institucional.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Ana Cecilia Rodríguez González, compareció este viernes ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local.

Rodríguez González expuso a los diputados el convenio que pretende actualizarse entre el gobierno estatal y la empresa Ferrosur.

Se trata de un proyecto que dejó estancado el gobierno de Graco Ramírez, pese a que se invirtieron más de 100 millones de pesos, y que busca reactivar el servicio ferroviario en la zona oriente.

La funcionaria estatal refirió que una vez reactivado el servicio, en seis meses el estado podría recuperar su inversión.

Por su parte, la legisladora Rosalina Mazari Espín señaló, en la conclusión del encuentro, la ausencia de la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien fue la que solicitó la comparecencia y la ha detenido la dictaminación del proyecto.

El titular de la Coordinación de Conciliación, Previsión Social y del Trabajo (CCPSyT), Arturo Flores Solórzano, informó que el próximo año tendrá que concretarse la armonización de la reforma laboral.

Para ello, dijo en entrevista, se instaló un consejo entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para trabajar en la reforma constitucional y las leyes reglamentarias en la materia.

Recordó que en el 2020 también se tendrá que construir el centro de conciliación en materia laboral, que permitirá desahogar la carga que actualmente enfrenta la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).

El Congreso exhorta a los ayuntamientos a vigilar el cumplimiento de reglamentos que exentan el cobro hasta por dos horas.

No se ha formalizado el aumento en el presupuesto local de la Máxima Casa de Estudios del estado.

A 10 días de que concluya el período ordinario de sesiones en el Congreso del estado, el dictamen de reforma constitucional que permitirá un aumento presupuestal del 0.5 por ciento a favor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sigue estancado.
De acuerdo con la diputada panista Dalila Morales Sandoval, impulsora de la propuesta, desde hace dos semanas ya se había logrado un acuerdo para la aprobación de la reforma al artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Morelos.
Sin embargo, el dictamen sigue detenido en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y, al parecer, no hay un consenso definido para que se presente al Pleno para su aprobación antes del 15 de diciembre.
Por tratarse de una reforma constitucional, una vez aprobada, la minuta deberá turnarse a los 36 municipios para su aprobación como Constituyente Permanente, a fin de que se emita la declaratoria de validez constitucional. Dicho proceso se  llevaría al menos 30 días.
La diputada panista declaró ayer sobre el tema que el acuerdo más claro que existe entre los legisladores es que "sí se va a apoyar a la universidad".
No obstante, ya no habló sobre la aprobación de la reforma constitucional, pues refirió que el rector de la UAEM Gustavo Urquiza Beltrán pidió a los diputados aguardar sobre el apoyo económico que se espera sea autorizado por la Federación en los siguientes días.
La reforma constitucional garantizará el  tres por ciento del presupuesto del estado a la UAEM, lo que significaría alrededor de 800 millones de pesos para el 2020.

Si no se garantiza un incremento en los ingresos de los ayuntamientos para el próximo año, las autoridades no podrán garantizar ni siquiera la prestación de los servicios básicos, afirma Dalila Morales.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval afirmó que regresar a los municipios el cinco por ciento de sus participaciones federales evitará una problema social debido a la insuficiencia presupuestaria que se prevé en los ayuntamientos para el 2020, a causa de la anulación del impuesto adicional.
En entrevista, la legisladora local sostuvo que la propuesta de reforma de la Ley de Coordinación Hacendaria busca ayudar a la economía de los ayuntamientos sin "pegar en el bolsillo de los ciudadanos" con más incrementos en derechos e impuestos municipales.
Además, refirió que si no se garantiza un incremento en los ingresos de los municipios para el próximo año, las autoridades no podrán garantizar la prestación de los servicios municipales básicos, como la recolección de basura y mucho menos habrá obra pública.
"El tema no es generar condiciones a cargo del ciudadano, que es lo más importante. Podemos ayudar a los municipios y es la solución más real que podemos encontrar y que no pegue a los ciudadanos", añadió Morales Sandoval.
La diputada dijo que la propuesta ha sido vista "con buenos ojos", por lo que se podrían generar los consensos entre la mayoría de los legisladores para aprobar la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado.
Sin embargo, Morales Sandoval refirió que, de concretarse la propuesta, los ayuntamientos deberán comprometerse a la transparencia del ejercicio de los recursos públicos, ya que se ha confirmado el mal uso de los ingresos municipales por las administraciones municipales pasadas.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval señaló que su propuesta para devolver el 25 por ciento del Fondo General de Aportaciones a los municipios, busca evitar un problema social por carencia de servicios públicos a causa de la crisis que enfrentarían las autoridades municipales para el 2020, a causa de la anulación del impuesto adicional.

En entrevista, Morales Sandoval adelantó que existen consensos con la mayoría de los diputados para que la propuesta avance.

La propuesta plantea regresar del 20 al 25 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones a los municipios, a fin de evitar un impacto financiero por la anulación del impuesto adicional.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Jiutepec informó que este jueves el alcalde Rafael Reyes Reyes anunció la instalación de 30 buzones de quejas o denuncias en diferentes oficinas públicas del municipio.

Lo anterior, con el propósito de poner a disposición de la población un mecanismo a partir del cual pueda expresar sus quejas o denuncias respecto al actuar de los servidores públicos que integran la administración municipal 2019-2021.

Em el documento de referencia se detalla lo siguiente:

"En un mensaje dirigido a los habitantes del municipio, el edil de Jiutepec dio a conocer que giró indicaciones al titular de la Contraloría Municipal, Carlos David Cruz González, de sancionar conforme a la normatividad vigente cualquier acto de corrupción que se presente en el gobierno que encabeza.

Rafael Reyes señaló que al inicio de su gestión se comprometió a implementar el programa “Cero tolerancia a la corrupción”, mismo que hoy es un eje transversal del Plan Municipal de Desarrollo y a partir del cual se estableció la implementación de buzones ciudadanos que tienen por objetivo eliminar malas prácticas en el servicio público.

El alcalde de Jiutepec comunicó que el responsable de la Contraloría Municipal recibió la instrucción de informarle con oportunidad los mensajes que sean depositados y si fuera el caso, con base a pruebas suficientes, iniciar los procedimientos correspondientes para el castigo sobre actos y acciones de corrupción.

Reyes Reyes destacó que se requiere trabajar para recobrar la confianza de la gente y que sean la transparencia, así como la rendición de cuentas los elementos para alcanzar el objetivo superior que es ofrecer un gobierno honesto y eficiente.

Las quejas y denuncias además de hacerlas a través de los buzones ciudadanos, pueden realizarse en las oficinas que ocupa la Contraloría Municipal, ubicada en boulevard Cuauhnáhuac #13, segundo piso, fraccionamiento Villas del Descanso o a los números de teléfono: 7773205716 y 7774043729".

A casi un año de su instalación, el municipio de Xoxocotla no ha podido operar en su totalidad por no contar con su Bando de Policía y Buen Gobierno.

Esta mañana, autoridades municipales acudieron al palacio de gobierno para demandar del Poder Ejecutivo la publicación del decreto de su Bando de Policía y Buen Gobierno.

Afirmaron que han podido trabajar con las normas que actualmente rigen a Puente de Ixtla, municipio al que pertenecían, pero requieren ya de su propio marco normativo para acceder a recursos federales y estatales.

*Cuernavaca, Huitzilac, Puente de Ixtla y Zacatepec*

Los ayuntamientos de Cuernavaca, Huitzilac, Puente de Ixtla y Zacatepec han incumplido con la orden de la justicia federal, emitida el 15 de marzo, para emprender acciones encaminadas a reducir la contaminación en el río Apatlaco.

En rueda de prensa, representantes de organizaciones como la Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de Morelos y la Colectividad denominada "Habitantes del Estado de Morelos", dieron a conocer los pocos avances que se han logrado por los 10 municipios involucrados, en los últimos nueve meses.

El abogado Luis Ángel Vizzuett Hernández refirió que los municipios que han cumplido con la localización de las descargas y realizado los llanos respectivos, así como las inspecciones ordenadas en la zona, son sólo Xochitepec y Jiutepec, mientras que los que están en vías de cumplimiento son Emiliano Zapata, Jojutla, Tlaltizapán Y Temixco.

La justicia federal ha multado con más de 42 mil pesos a Huitzilac, Emiliano Zapata, Xochitepec, Puente de Ixtla y Tlaltizapán; de igual modo, por promover recursos improcedentes, a Emiliano Zapata, Cuernavaca y la Conagua, con dos mil 500 pesos.

Plantean extender el periodo hasta el 31 de diciembre para favorecer la regularización en el trámite.

El Congreso del estado exhortó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) a que  autorice una segunda prórroga -hasta el 31 de diciembre- para el cumplimiento del programa de reemplacamiento 2019. 
En sesión de Pleno, el diputado pesedista Alfonso de Jesús Sotelo Martínez presentó un punto de acuerdo con el fin de plantear a la dependencia estatal una ampliación del período de canje de placas, en beneficio de los automovilistas a los que les resultó "imposible" cumplir con dicha obligación.
"El motivo primordial de solicitar una prórroga más, es primordialmente apoyar a las familias en su economía y eviten pagar multas y recargos, asimismo atendiendo a que durante el mes de diciembre, a diferencia del resto del año, la mayoría de los ciudadanos percibe mayores ingresos, ya sea por concepto de aguinaldos, o en el caso de los comerciantes y empresarios, que aumentan sus ventas, lo que constituye una mayor posibilidad de afrontar gastos como el que se genera con el canje de placas", expuso el legislador Sotelo Martínez en el acuerdo que fue votado por la mayoría de los legisladores.
El programa de reemplacamiento venció de manera oficial el 30 de septiembre. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad y Transporte autorizó una prórroga hasta el 30 de noviembre.
El exhorto del Congreso del Estado es con la finalidad de que los ciudadanos puedan canjear sus placas hasta el 31 de diciembre de este año sin tener que pagar recargos a la Hacienda estatal.

Designan a secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios

El Pleno del Congreso designó como titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios a Francisco Betancourt López.
El funcionario se encontraba como encargado de despacho, sin embargo, la tarde de este miércoles, fue ratificado en la representación.

Regresan pensión a hermana de la presidenta del TSJ.

Guillermina Jiménez Serafín fue ratificada por el  Congreso del estado  como magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por un período de ocho años.
En sesión ordinaria, ayer, el Pleno del Congreso  tomó protesta a la magistrada, quien por dos años litigó su derecho a ser ratificada, luego de que la LIII Legislatura determinó como no procedente su permanencia, por supuestamente no haber cumplido con los requisitos de evaluación.
El dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) fue votado a favor por 13 diputados, en cumplimiento a la sentencia emitida en el recurso de revisión por el segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del décimo circuito, derivado del juicio de amparo 1917/2017.
La ratificación de la magistrada será un contrapeso en el TSJ, que se encuentra fracturado desde hace varios meses.
Durante la misma sesión ordinaria, los diputados ratificaron también a José Luis Jaimes Olmos, como magistrado suplente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia emitida del juicio de amparo en revisión 375/2018, emitida por el primer Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del Décimo Octavo Circuito.

También, el Pleno del Congreso devolvió su pensión por cesantía en edad avanzada a Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas.
El dictamen fue votado de urgente y obvia resolución, luego de que el diputado José Casas González lo presentó de último momento ante el Pleno, como presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
El dictamen con proyecto de decreto se aprobó con la finalidad de reformar el artículo segundo del decreto número 3261, por el que se concedió la pensión a Cuevas López, quien se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta del TSJ, en cumplimiento a la sentencia dictada en la controversia constitucional 185/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con fecha de 22 de mayo de 2019.

La medida requiere una reforma hacendaria encaminada a resarcir la pérdida del llamado impuesto adicional.

Los diputados locales buscarán regresar a los municipios el 25 por ciento de los recursos totales del Fondo General de Aportaciones, con el fin  de evitar un impacto en sus finanzas por la anulación del impuesto adicional de sus leyes de ingresos, que fue declarado por la Corte como inconstitucional.
En diciembre del 2012, la LIII Legislatura modificó la Ley de Coordinación Hacendaria, a fin de que el cinco por ciento de las participaciones federales a los municipios fuera usado para la creación del Fondo General para la Seguridad Pública en el Estado, a fin de dar vida al Mando Único, a propuesta del ex gobernador perredista Graco Ramírez.
Este miércoles, en sesión ordinaria, la diputada panista Dalila Morales Sandoval presentó, de último momento, una iniciativa para modificar la citada ley hacendaria, con el fin de apoyar a los municipios.
La legisladora sostuvo que la anulación del impuesto adicional será un “duro golpe” a las finanzas de los municipios, que ya enfrentan problemas económicos graves por las deudas heredadas de las administraciones anteriores.
En la propuesta, la diputada expuso que con la desaparición del impuesto adicional los municipios dejarían de percibir un monto superior a los 350 millones de pesos anualmente, pero de concretarse la citada reforma legal, los ayuntamientos recibirán 485 millones de pesos más de las participaciones federales.
La propuesta que impulsó Dalila Morales Sandoval será discutida en las siguientes horas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

*Por ocho años más*

El Congreso del estado ratificó por ocho años más a Guillermina Jiménez Serafín como magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Esta tarde, el Pleno del Congreso local tomó protesta a la magistrada, quien por dos años litigó su derecho a ser ratificada, luego de que la LIII Legislatura determinó como no procedente su permanencia, por supuestamente no haber cumplido con los requisitos de ley.

La Junta Política y de Gobierno (JPyG) dictaminó a favor de la ratificación de la magistrada, en cumplimiento a la sentencia emitida en el recurso de revisión por el Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del Décimo Circuito, derivado del juicio de amparo 1917/2017.

En la misma sesión ordinaria se designó a Francisco Betancourt López como titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios; antes, Betancourt López había sido designado sólo como encargado de despacho.

Este miércoles, el Congreso del estado ratificará como magistrada supernumeraria a Guillermina Jiménez Serafín, por ocho años más en el cargo.

Después de dos años de litigio, la Junta Política y de Gobierno (JPyG) definió que la magistrada sí cumplió con los requisitos para mantenerse en el cargo, a pesar de que la pasada legislatura le negó ese derecho.

Al respecto, la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza, presidenta de la JPyG, refirió que en julio pasado también el órgano de gobierno que presidía Tania Valentina Rodríguez Ruiz le rechazó la ratificación a la magistrada; sin embargo, aseguró que se encontraron elementos para que Jiménez Serafín permanezca como magistrada.

Flores Espinoza señaló que es uno de los tantos pendientes de la legislatura, además del nombramiento del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), que también serán concretados en los próximos días.

*Y su aprovechamiento*

El Congreso local trabaja en la iniciativa de "Ley para evitar desperdicio de alimentos y su aprovechamiento en el estado de Morelos", con el fin de generar obligaciones a las grandes empresas y a los ciudadanos para colaborar con el Banco de Alimentos en la entidad.

El director del Banco de Alimentos en Morelos, Everardo Riestra Ochoa, informó que el 34 por ciento de los alimentos a nivel nacional y en el estado se tiran, pese a que la mayoría puede ser aprovechables para la ciudadanía de escasos recursos.

Por ello, esta mañana, se presentó la propuesta que busca evitar más desperdicios de toneladas de alimentos en Morelos.

La diputada Elsa Delia González Solórzano refirió que la propuesta será presentada ante el Pleno, para que pueda desahogarse lo antes posible y lograr apoyar a los grupos vulnerables.

En el evento se dio a conocer que de cada cuatro personas, una está en situación de vulnerabilidad y de ahí la necesidad de un banco de alimentos.

*Por la inseguridad*

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, confirmó que la Iglesia Católica ha tenido que modificar horarios en la región sur y oriente por la inseguridad.

En entrevista, el representante de la Diócesis de Cuernavaca dijo que es lamentable la situación de violencia que se vive en Morelos y que cientos de familias la han padecido, aún sin pertenecer a la delincuencia organizada.

Señaló que la división que hay entre los tres poderes del Estado "parece presentar una cierta ingobernabilidad", por ello consideró que es necesario que las autoridades retomen su trabajo y que sea eficaz como se necesita, pues las instituciones están detenidas.

Por otro lado, el obispo opinó sobre los movimientos sociales en contra la de la violencia de género, a los cuales manifestó su respaldo siempre y cuando sea por "justicia" y no se violente el respeto a los demás.

"Como decía Juárez, 'El respeto al derecho ajeno es la paz'. No hay necesidad de agredir, no hay necesidad de insultar, no hay necesidad de hacer cosas que van más allá del respeto humano", manifestó.

Coalición de Representantes del Transporte Público registra 17 casos de asesinato de operadores en este año.

La Coalición de Representantes del Transporte Público dio a conocer que en lo que va del año se han registrado 17 asesinatos de choferes, a causa del problema de seguridad en el estado.
Víctor Mata Alarcón, presidente de la Coalición, informó que quienes integran el sector son víctimas de la delincuencia organizada, que ha asesinado a un gran número de sus compañeros.
De igual forma, el líder transportista manifestó su preocupación por que el robo de unidades se incrementó en este 2019. Tan sólo en la Coalición de Representantes del Transporte Público 70 taxis fueron robados.
Mata Alarcón pidió la ayuda de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para que se emprendan acciones de vigilancia que garanticen un transporte público más seguro en el estado. "A diario padecemos de la inseguridad. Sólo queremos hacer nuestro trabajo sin temor de ser asesinados, asaltados o secuestrados, tenemos miedo, espacialmente en la noche”, manifestó Mata Alarcón.
El presidente de la Coalición de Representantes del Transporte Público lamentó que la presencia de la Guardia Nacional en Morelos no haya dado los resultados esperados y, por ello insistió en que se debe poner atención en el sector, que padece de la violencia en la entidad.

Permitirá al gobierno estatal firmar convenios con la iniciativa privada para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

María del Carmen Cuevas López cuestionó ante la SCJN la medida legislativa que asignó al TSJ recursos para pagar pensiones.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, reiteró que el Congreso del estado actuó apegado a la legalidad en la aprobación de la reforma para la reasignación de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para cumplir de esa forma con el pago de pensiones de ex trabajadores.
En entrevista, lamentó que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López haya señalado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) supuestas irregularidades en la votación, realizada por 13 legisladores, para modificar el Presupuesto de Egresos 2019.
Sotelo Martínez estableció que el fin principal de la determinación del Pleno Legislativo, el pasado 6 de noviembre, fue cumplir con un mandato de la Corte en favor de los trabajadores jubilados, resultado de una controversia constitucional que promovió el Poder Judicial.
"Nosotros hemos hecho la parte que nos toca, si alguien no quiere verlo de esa forma tendrá su propia opinión o a la mejor tendrá sus propios compromisos", manifestó.
El presidente de la Mesa Directiva señaló la posible intención de la magistrada presidenta del TSJ de combatir jurídicamente la legalidad del decreto de reforma. Sin embargo, insistió que el interés principal para el Poder Judicial debería ser sus trabajadores.
"La posibilidad siempre está latente. Nosotros le dimos cumplimiento a lo que un poder estableció en su última etapa", insistió el legislador pesedista.

La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, aseguró que podría haber paquete económico 2020 antes del 15 de diciembre, plazo que marca la Constitución Política del Estado de Morelos para su aprobación.

En entrevista, la legisladora adelantó que habrá cambios importantes en la propuesta original de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que presentó el Poder Ejecutivo.

Mazari Espín señaló una disminución del presupuesto en dependencias estatales en las que hubo subejercicio del presupuesto en este 2019, lo que haría notar un mal desempeño en las dependencias estatales, como es el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro).

*Antes del día 15*

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que buscarán aprobar, antes del 15 de diciembre, la "Ley Estatal de Asociaciones Público Privadas", a fin de impulsar proyectos de desarrollo como la central camionera y el libramiento norponiente.

En entrevista, el legislador dijo que se trata de una iniciativa que impulsó el Ejecutivo estatal y que está en análisis de la Comisión de Desarrollo Económico y de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación.

De igual modo, Sotelo Martínez señaló que se trata de una ley prioritaria porque se podrán impulsar grandes proyectos, como es también el penal de máxima seguridad en Yecapixtla.

El diputado afirmó que no se trata de beneficiar a ninguna empresa, sino de concretar los proyectos antes citados.

Este martes en el Congreso local se lleva a cabo la sesión solemne para la entrega del Premio Estatal para Personas con Discapacidad del Estado de Morelos, "Gabriela Raquel Brimmer Dlugacz".

Los legisladores reconocieron al activista y conferencista Manuel Antonio Cabezas Marquina y al edil de Xochitepec, Alberto Sánchez Ortega.

Ante la tribuna del Congreso del estado, Manuel Cabezas hizo un llamado a los tres poderes del estado para que se logre un Morelos más incluyente, para trabajar y abatir la desigualdad y la discriminación que viven las personas con discapacidad.

Por su lado, Alberto Sánchez celebró que se haya abierto la posibilidad de reconocerlo por su actividad, pues esto motiva a los jóvenes que, con discapacidad, están incursionando en la política.

*Para pagar a jubilados y pensionados*

El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, afirmó que ya se cumplió con el pago de los 26 millones de pesos al Poder Judicial para pagar a jubilados y pensionados.

En entrevista, el funcionario estatal refirió que el pago se hizo en dos partes; sin embargo, quedó cumplimentado con base en lo que mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo anterior, luego de la controversia que promovió la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para demandar la ministración de los recursos, pero también para señalar irregularidades en el proceso legislativo por el que se aprobó la reforma al presupuesto 2019 para cumplir con la reasignación de 26 millones de pesos al Poder Judicial.

Al respecto, Sotelo Salgado señaló que el TSJ no tuvo que haber entrado en el fondo del asunto pues el interés supremo es el derecho de los trabajadores.

Finalmente, sostuvo que la SCJN validó el cumplimiento de lo ordenado.

Exhortan al Congreso a desahogar la reforma que garantizará igualdad en la designación de servidores públicos.

Con una reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, diputadas locales buscarán que se garantice una integración paritaria en la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno (JPyG), los órganos de gobierno del Poder Legislativo.
En rueda de prensa, la legisladora del Partido Humanista (PH) Xochiquetzal Sánchez Ayala propuso que la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno (JPyG) estén integradas por un hombre y una mujer, según sea el caso.
Actualmente, los órganos de control están representados por Alfonso de Jesús Sotelo Martínez en la Mesa Directiva y Alejandra Flores Espinoza preside la Junta Política y de Gobierno.
Sin embargo, la diputada Humanista señaló que de aprobarse la reforma, en el tercer año de la LIV Legislatura se obligaría a que la Mesa Directiva esté presidida por una mujer y la JPyG por un hombre.
De igual forma, Sánchez Ayala explicó que la vicepresidencia y las secretarías de la Mesa Directiva también tendrían que distribuirse de manera paritaria.
La propuesta se presentó mientras el Congreso del estado analiza también una iniciativa de reforma para garantizar la paridad total en la integración de las instituciones públicas del estado.
Al respecto, la coordinadora de la organización Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL), Angélica Sánchez Santiago, hizo un llamado a los diputados a desahogar la reforma que garantizará igualdad en la designación de los cargos públicos.
Además, recordó a los legisladores que hay otras iniciativas pendientes para abatir la violencia en contra de la mujer. Se trata de un paquete de reformas para armonizar la legislación local con la federal en materia de paridad sustantiva.

El Congreso retomará procesos ya iniciados para elegir titular de la entidad de auditoría y un consejero del instituto de información pública.

La Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local retomará el proceso  iniciado en mayo pasado para la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y en el que 29 aspirantes compiten por el cargo.
En agosto pasado, la Comisión Calificadora -que se instaló entre los grupos parlamentarios para llevar a cabo el proceso de dicho nombramiento- determinó emitir una nueva convocatoria ante la falta de condiciones para que el Pleno seleccionara a uno de los 29 aspirantes.
Sin embargo, el grupo mayoritario de 13 legisladores impulsará  un nuevo acuerdo para concretar la designación antes del 15 de diciembre.
Al respecto, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, refirió que el acuerdo tomado el 26 de agosto pasado por la Comisión Calificadora, que entonces presidía Tania Valentina Rodríguez Ruiz, carece de legalidad pues dicho organismo no estaba facultado para tomar la decisión de reponer el proceso del citado nombramiento.
La legisladora dijo que ante la urgencia de concretar la designación del auditor estatal se planteará retomar la convocatoria de mayo pasado y que el titular del cargo se nombre de entre los 29 aspirantes.
No obstante, refirió que es una determinación que tomarán los integrantes de la JPyG en los próximos días.
La semana pasada, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que la designación del titular de la ESAF se llevaría a cabo en este mismo año, así como la de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
En el caso del comisionado del IMIPE, el 24 de junio pasado la Junta Política y de Gobierno emitió una convocatoria, pero por la falta de acuerdos también se mantiene suspendido el proceso.
La lista de aspirantes la componen 20 ciudadanos, cuyos perfiles serían revisados por la Junta Política y de Gobierno.

Diputados crearán la ley de asociaciones públicas privadas, para que el estado pueda concretar proyectos con la iniciativa privada.

El grupo mayoritario de 13 legisladores en el Congreso del estado alista una propuesta del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020 que podría aprobarse antes del 15 de diciembre.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó en entrevista que los rubros prioritarios en la composición del Presupuesto de Egresos para el próximo año serán la seguridad pública, salud y educación.
El legislador pesedista dijo que hay confianza en que se logren acuerdos entre los 20 legisladores en el Congreso, y de no ser el caso, aseguró que hay condiciones para que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se apruebe con 13 votos, una mayoría calificada, antes de que se cumpla el plazo constitucional, que es el 15 de diciembre.
Sotelo Martínez adelantó que un tema que podría aprobarse en las siguientes horas es la creación de la "Ley de Asociaciones Públicas Privadas", a fin de que el estado pueda concretar proyectos de desarrollo con la iniciativa privada.
Señaló el proyecto de construcción de un penal de máxima seguridad en Yecapixtla, para lo que se requieren alrededor de mil millones de pesos y con recursos del estado sería complicado llevarlo a cabo. Sin embargo, puntualizó que una opción será un convenio público-privado.
"Sabemos que es una inversión fuertísima, sabemos lo que esto implica. Hay algunos estados que han adoptado una especie de concesión, pero para ello tendremos que aprobar la Ley de las APPS y de alguna manera ahorramos recursos al estado y no dejamos de atender asuntos prioritarios", manifestó.
Sotelo Martínez resaltó que a diferencia de hace algunos días, el Congreso del estado enfrenta condiciones favorables para desahogar dentro del tiempo que marca la ley los temas urgentes, como el Paquete Económico 2020 y las Leyes de Ingresos municipales.

Con una reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la legisladora Xochiquetzal Sánchez Ayala propuso que la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno (JPyG) estén integradas por un hombre y una mujer, según sea el caso.

Actualmente, los órganos de control están representados por Alfonso de Jesús Sotelo Martínez en la Mesa Directiva y Alejandra Flores Espinoza preside la Junta Política y de Gobierno.

Sin embargo, la diputada señaló que de aprobarse la reforma, el próximo año legislativo se obligaría a que la Mesa Directiva esté presidida por una mujer y la JPyG por un hombre; de igual forma, Sánchez Ayala explicó que la vicepresidencia y las secretarías de la Mesa Directiva también tendrían que distribuirse de manera paritaria.

La iniciativa fue dada a conocer esta mañana por la legisladora del Partido Humanista (PH), en una rueda de prensa.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Jiutepec informó que la Dirección de Protección Civil (PC) municipal dio el banderazo de inicio, la noche del pasado domingo, al programa "Por una navidad sin accidentes".

Lo anterior, con la finalidad de contribuir a reducir daños que pudieran producirse por distintos accidentes durante este mes de diciembre.

En el documento de referencia se detalla lo siguiente:

"El director de Protección Civil a nivel municipal, Francisco Javier Barona Téllez, informa que el programa "Por una Navidad sin accidentes" se implementa en acato a la indicación del edil Rafael Reyes Reyes respecto a poner en marcha acciones encaminadas a identificar, controlar y disminuir riesgos entre la población del municipio.

El funcionario municipal expone que durante el mes de diciembre una caravana de vehículos del área que encabeza, así como personal que presta sus servicios, estarán visitando distintas colonias del municipio para compartir con los habitantes recomendaciones, asimismo acciones preventivas que pueden tomar y con ello mitigar daños.

Barona Téllez comparte que entre las sugerencias que se realizarán a la población están: la no adquisición de juegos pirotécnicos, la revisión de instalaciones eléctricas, abrigar a niñas, niños y adolescentes ya que se esperan 53 frentes frío en las próximas semanas, la no conducción bajo los influjos del alcohol, entre otros.

El director de Protección Civil da a conocer que el domingo uno la caravana recorrió las calles de Civac y del lunes dos al sábado siete de diciembre, en un horario de 18:00 a 20:00 horas, estará en las calles de: Otilio Montaño; José Maria Morelos y Pavón; El Porvenir, Tejalpa; Unidad Habitacional "La Rosa", "Campestre" y "El Pochotal"; Centro de Jiutepec, respectivamente.

Francisco Javier Barona Téllez señala que el área a su cargo se encuentra presta a atender los auxilios necesarios, pero también hace una invitación a la población para que contribuya a evitar accidentes.

Los números de contacto para reportar una emergencia son: 911, 7773217533 de Protección Civil y 7773211525 de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad".

En horarios nocturnos la gente ya opta por utilizar taxis o Uber, señala líder de ruteros; organizaciones ya reducen número de unidades en circulación y suspenden el servicio más temprano.

La Secretaría de Movilidad y Transporte busca que se castigue penalmente a los responsables de la proliferación ilegal de permisos durante la pasada administración.

Continuarán operativos contra unidades irregulares: Mercado Salgado.  

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, adelantó que habrá "sorpresas", en los próximos días en contra de los líderes transportistas que fueron cómplices de las irregularidades que se cometieron en la administración de Graco Ramírez en perjuicio del sector.
En entrevista, el funcionario estatal dijo que continúan los procesos de investigación de las denuncias en contra de quienes fueron responsables de la expedición ilegal de permisos provisionales para taxis y "rutas", hechos en los que están implicados líderes del transporte.
Por ello, Mercado Salgado adelantó que "habrá otras sorpresas de otras personas que están involucradas", incluso líderes y ex autoridades.
El secretario refirió que lo que se busca con los procesos legales iniciados por la SMyT es que se castigue penalmente a los responsables, pero también refirió que una vez emitida una sentencia por la justicia local, la dependencia a su cargo iniciará un proceso para la cancelación de las concesiones a los transportistas involucrados con la expedición de miles de permisos provisionales.
Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) continuará durante todo el mes de diciembre con los operativos de supervisión en contra de las unidades que prestan el servicio público de manera irregular en todo el estado, señaló el titular de la dependencia estatal.
Víctor Mercado Salgado informó que las acciones emprendidas para detener a los taxis y "rutas” pirata se llevarán a cabo aún en el período vacacional por las fiestas decembrinas.
"Vamos a seguir los operativos, no se va de vacaciones ninguna del área operativa para seguir los operativos en todos los municipios", añadió.
A pesar de las demandas promovidas por algunas organizaciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para evitar que sus unidades sean detenidas, el secretario de Movilidad y Transporte refirió que los operativos seguirán y se detendrá a los vehículos que presten el servicio público fuera de la ley.

Se buscará tomar recursos de otras áreas para dirigirlos al sector agropecuario, afirma diputada.

Diputados locales advirtieron de un panorama adverso para campo morelense, ante la disminución que planteó el Ejecutivo estatal para el presupuesto del sector en el 2020 y la reducción de recursos que se aplicó por parte de la Federación.
El diputado pesedista José Luis Galindo Cortez, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso local, admitió que será complicado etiquetar al campo el mismo presupuesto de este año para el 2020, que fue mayor a los 100 millones de pesos , ya que otros rubros demandan también más recursos.
Sin embargo, aseguró que pugnará por modificar la propuesta del Ejecutivo, que planteó 50 millones de pesos, pues advirtió para el agro un panorama adverso derivado de la disminución de recursos que también aplicó la Federación.
"Expertos están previendo que de seguir esta situación a la baja, en cuatro años vamos a tener insuficiencia alimentaria, que es algo que no puede ser porque vamos a caer en un rezago", refirió Galindo Cortez.
Por su lado, la diputada priista Rosalina Mazari Espín presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, refirió que en la revisión del Paquete Económico 2020 analizan incrementar el monto presupuestal para el campo, pero señaló que será complicado aplicar un monto igual a los 100 millones de pesos de este 2019.
"Queremos ayudar al campo, la mayoría de los diputados que estamos aquí vamos a ayudar al campo y es lo que vamos a ver en los próximos días qué ajustes podemos hacer a algunas partidas, a algunos entes, para poder darle al campo", declaró Mazari Espín.
Algunos rubros que podrían sufrir disminuciones, de acuerdo con lo que informaron los diputados, serían la Oficina de la Gubernatura, que incluye Comunicación Social, Turismo y Cultura.
La diputada Rosalina Mazari Espín adelantó que no habrá más comparecencias de los secretarios de despacho para discutir el Paquete Económico y las decisiones que se tomen se harán en base a los acuerdos entre los legisladores.

El Congreso del estado  exhortó a los 36  ayuntamientos a realizar operativos de supervisión a los negocios dedicados a las llamadas “gestorías vehiculares”, a fin de verificar que operen en base a la normatividad municipal y estatal, ante la proliferación que tienen en la entidad.
En sesión ordinaria, los legisladores también exhortaron a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para que colabore en estas acciones, ya que se ha comprobado que estos negocios expiden permisos para circular falsos a los automovilistas, lo que permite que se cometan delitos a bordo de los vehículos que usan esa documentación.
El diputado pesedista Marcos Zapotitla Becerro, quien impulsó el punto de acuerdo, sostuvo que se trata de una obligación estatal y municipal impedir que ese tipo de negocios opere fuera de la ley y promoviendo la inseguridad.
"Al ser la expedición de permisos de circulación falsos un tema que afecta gravemente la seguridad pública en Morelos, pues los vehículos que son utilizados para la comisión de delitos y la sustracción de la justicia en su mayoría cuentan con permisos para circular de otras entidades, en específico de Guerrero, (por lo que) resulta necesario que la Secretaría de Movilidad y Transporte y los 36 municipios, conforme a sus facultades, emprendan acciones tendientes a contrarrestar dicha situación", señaló el diputado.
El acuerdo fue aprobado por mayoría de votos y se envió a las autoridades señaladas, a fin de que se proceda en contra de esos negocios que operen de manera irregular.

El predial y el ISABI no tendrán alza, afirma la diputada Rosalina Mazari.

El Congreso del estado avalará los aumentos planteados por los alcaldes en el cobro de derechos consignados en las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2020, con el fin de evitar una afectación económica por la anulación del impuesto adicional.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, confirmó que existe un acuerdo previo entre los legisladores para no aumentar los impuestos sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) y el predial.
Sin embargo, refirió que todavía se revisa el porcentaje que se aplicará al alza en otros conceptos y si será menor o igual al 25 por ciento que se aplicaba del impuesto adicional, para apoyar a las finanzas de los ediles.
"Si queremos ayudar a los municipios, estamos viendo la forma de cómo los vamos a poder ayudar pero no en la iniciativa de reforma que ellos están proponiendo. Están proponiendo que el 25 por ciento se aplique en las cuotas que se aplican en derechos y eso es algo que estamos revisando para darles una respuesta", declaró la diputada.
Mazari Espín añadió que la próxima semana se reunirán con los ediles para, finalmente, crear una propuesta definitiva.
La legisladora recordó que la propuesta deberá generarse lo antes posible, ya que la aprobación de las leyes de ingresos deberá concretarse antes del 15 de diciembre.

Entrará en vigor al otro día de que se publique en el periodo oficial.

El Congreso local aprobó en definitiva la reforma que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso en Morelos.
Con 14 votos, los legisladores desahogaron el dictamen que respondió a las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al decreto de reforma a la ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, que los diputados aprobaron en julio pasado, y que establece claramente los términos para su cumplimiento.
Al respecto, la diputada panista Dalila Morales Sandoval refirió que una vez publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", al día siguiente entrarán las disposiciones en vigor; las grandes empresas tendrán un año para cumplir y las medianas y pequeñas, dos años.
La legisladora celebró que después de cuatro meses, finalmente, se haya cumplido con una propuesta ciudadana que garantiza medidas para la protección del medio ambiente.
Señaló que varios estados ya cuentan con la normatividad vigente, como es el caso de la Ciudad de México, y Morelos no se podía quedar atrás en el tema.
"Algo que se puede rescatar es que hoy varios negocios ya están cumpliendo con esto sin la normatividad; si vas a varios negocios ya no están dando plásticos, ya no te dan bolsas de plástico, sino de papel y así podemos ver que ya se está avanzando", manifestó Morales Sandoval.

Con 14 votos a favor, el Pleno del Congreso local aprobó en definitiva la reforma que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso en Morelos.

Los legisladores votaron el dictamen que respondió a las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al decreto de reforma que los diputados aprobaron en julio pasado, y que establece claramente los términos para su cumplimiento.

Al respecto, la diputada panista Dalila Morales Sandoval refirió que una vez publicado en el periódico oficial "Tierra y Libertad", al día siguiente entrarán las disposiciones en vigor; las grandes empresas tendrán un año para cumplir y las medianas y pequeñas, en dos años.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del estado, el diputado José Casas González, informó que está en espera de que la Junta Política y de Gobierno (JPyG) analice las solicitudes de cuatro juicios políticos en contra de alcaldes y las declare procedentes.

En entrevista, el legislador refirió que una de las denuncias se promovió en contra del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, pero dijo que la JPyG deberá analizar si es procedente.

Por otro lado, Casas González aseguró que resolverán en tiempo el conflicto territorial entre Hueyapan y Tetela del Volcán, a fin de que se pueda definir la distribución de los recursos federales entre ambos municipios.

La diputada Rosalina Mazari Espín admitió hoy que legisladores podrían aprobar aumentos en el cobro de derechos en las leyes de ingresos municipales, para evitar daños a los municipios por anulación del impuesto adicional.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública informó que existe un acuerdo para no aumentar el impuesto predial y el Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI); sin embargo, dijo que siguen revisando cómo apoyarán a los alcaldes, mediante un incremento en los montos que se cobran por derechos municipales.

Mazari Espín añadió que la próxima semana se reunirán con los ediles para, finalmente, crear una propuesta definitiva; lo anterior, ya que la aprobación de las leyes de ingresos deberá concretarse antes del 15 de diciembre.

El Congreso del estado desahogará rezago en agenda legislativa, sostiene el diputado.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del estado, Marcos Zapotitla Becerro, adelantó que concretarán los nombramientos  del titular la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), antes de que concluya el año.
En entrevista, el legislador refirió que tras lograr la reforma que garantiza una nueva mayoría calificada de 13 diputados en el Congreso, hay condiciones para retomar todos los asuntos pendientes y terminar con la ingobernabilidad en el Congreso.
Explicó que se trata del nombramiento del titular de la ESAF, a un año de que Vicente Loredo Méndez presentara su renuncia.

De igual forma, recordó que desde junio pasado está pendiente el nombramiento de un comisionado del IMIPE.
El legislador sostuvo que pese a los señalamientos de un grupo de siete diputados sobre la presunta ilegalidad de la reforma al reglamento para el Congreso del estado, el legislativo actuó en base a la normatividad y con eso buscará desahogar el rezago.
Zapotitla Becerro habló también de la determinación del Pleno para modificar todas las comisiones que, aseguró, está legalmente sustentada, dijo que las legisladoras que fueron removidas han manifestado su inconformidad porque perderán sus prerrogativas.
Incluso, el diputado ventiló que la diputada Keila Figueroa Evaristo tendría que transparentar el ejercicio de los recursos que administró como coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el primer año de la legislatura, ya que de las prerrogativas que goza una bancada nunca las distribuyó entre todos los integrantes.

Serán auditadas las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018.

El Congreso del estado autorizó la aplicación de auditorías especiales a los ayuntamientos de Huitzilac y Puente de Ixtla, específicamente a las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018.
En la sesión ordinaria del miércoles pasado, el Pleno del Congreso solicitó a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) iniciar una investigación a las administraciones pasadas de dichos municipios, ante la presunción de un mal uso de los recursos.

Se trata de los gobiernos que encabezaron Antonio Cruz García y Dulce Medina Quintanilla.
El diputado José Casas González presentó al pleno el punto de acuerdo para que la ESAF audite las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018 de Huitzilac, pues advirtió de posibles actos indebidos en el ejercicio de los recursos públicos.
En tanto, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública promovió la auditoría especial en Puente de Ixtla, la que fue avalada por la mayoría de los legisladores.
La ESAF inició en octubre pasado dos auditorías especiales a los ayuntamientos de Jiutepec y Cuautla, para investigar también el uso de los recursos públicos en las administraciones que encabezaron Manuel Agüero Tovar y Raúl Tadeo Nava.

El Congreso del estado determinó someter al proceso al exgobernador por incurrir en omisión en perjuicio de la operatividad de la FGE y el Impepac.

El ex gobernador Graco Ramírez será sometido a juicio político por el Congreso del estado, por haber incurrido en omisión en perjuicio de la operatividad de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac).
La Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso dictaminó a favor las dos denuncias de juicio político que promovió la Consejería Jurídica en contra del ex mandatario y los ex secretarios de Finanzas Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza, por no haber asignado todos los recursos etiquetados en el 2018 a la FGE y al Impepac.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la JPyG, el daño causado a las dos instituciones asciende a 120 millones de pesos y puso en riesgo su operatividad en el 2018, cuando se desarrollaron los comicios.
En entrevista, la presidenta de la JPyG, Alejandra Flores Espinoza, informó que el dictamen será turnado, el próximo lunes, a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para que inicie el proceso legal correspondiente en contra de Ramírez Garrido y de sus ex colaboradores.
"La denuncia cumple con lo dispuesto en los artículos 4, 8,10 y 16 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos... La Junta Política calificó que el denunciante a juicio político es procedente y ahora la Comisión de Gobernación y Gran Jurado le dará el seguimiento correspondiente", manifestó Flores Espinoza.
Sin embargo, el dictamen de juicio político en contra de Graco Ramírez fue aprobado el martes pasado, cuando la diputada morenista Alejandra Flores no había sido designada como presidenta de la JPyG por la mayoría calificada, por lo que el asunto podría carecer de legalidad.
El Pleno del Congreso ratificó a Flores Espinoza al frente de la Junta este miércoles y a su vez nombró al resto de los integrantes del citado órgano de control interno.

*Jorge Michel y Adriana Flores*

La Junta Política y de Gobierno (JPyG) dictaminó procedentes los juicios políticos en contra del ex gobernador Graco Ramírez Garrido y de los ex secretarios Jorge Michel Luna y Adriana Flores Garza.

En entrevista, la presidenta de la JPyG, Alejandra Flores Espinoza, informó que el dictamen será turnado, el próximo lunes, a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

Flores Espinoza refirió que los procedimientos de juicios políticos en contra del ex mandatario estatal y de sus ex colaboradores se iniciaron por haber incurrido en omisión al no haber ministrado el presupuesto etiquetado a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), en el 2018, por un monto total de 120 millones de pesos.

*Antes de que concluya el año*

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del estado, Marcos Zapotitla Becerro, adelantó que concretarán los nombramientos pendientes en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), antes de que concluya el año.

En entrevista, el legislador refirió que hay condiciones para retomar todos los asuntos pendientes y terminar con la ingobernabilidad.

Zapotitla Becerro sostuvo que la determinación tomada ayer en el Pleno para modificar todas las comisiones está legalmente sustentada, y las legisladoras que fueron removidas han manifestado su inconformidad porque perderán sus prerrogativas.

Incluso, ventiló que la diputada Keila Figueroa Evaristo tendría que transparentar el ejercicio de los recursos que administró como coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el primer año de la legislatura.

Disminución en el presupuesto federal causaría una escasez de alimentos en todo el país: Sandoval Zamora.

Organizaciones campesinas del estado amagaron con llevar a cabo movilizaciones en contra de la reducción del 50 por ciento en el presupuesto para el agro en el 2020.
En entrevista, Humberto Sandoval Zamora, dirigente de la Central Campesina Cardenista, y coordinador del Congreso Agrario Permanente, dijo que es preocupante lo que los diputados y el Poder Ejecutivo pretenden hacer al campo, con una reducción mayor a los 50 millones de pesos del presupuesto que se etiquetó para este año, que fue de 100 millones.
"Es grave para Morelos. Estamos preocupados, no podemos ir para atrás. Incluso, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dice que el gobierno preverá presupuestos suficientes y crecientes cada año para el tema del campo; incluso, aquí estamos incumpliendo con la ley", manifestó Humberto Sandoval.
El líder campesino refirió que si el Congreso del estado decide aprobar una disminución para el agro, los representantes iniciarían movilizaciones pues dicha reducción causaría una afectación económica grave para todo el estado.
Incluso, dijo que la disminución en el presupuesto federal causaría una escasez de alimentos en todo el país.
"Es preocupante porque lo que nosotros vemos es un desabasto de medicamentos para el 2020 y un encarecimiento de la canasta básica. Al dejar de sembrar más sorgo, más maíz, habrá menos disposición de este alimento para el ganado, para la producción de huevo, carne, para los productos de la canasta básica", manifestó.
El líder campesino dijo que en el marco de la conmemoración de la proclamación del Plan de Ayala se reunieron, ayer, con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, y se le planteó la necesidad de reconsiderar la reducción al campo, a fin de evitar protestas sociales.
Además, dijo que buscará a los legisladores para plantearles la situación del sector y que reconsideren el recorte presupuestal; de lo contrario, los campesinos saldrán a las calles.

Diputados aprueban reforma que fija mayoría legislativa en 13 votos; el grupo de Tania Valentina había bloqueado los grandes temas con sus siete votos.

Tras varios meses de parálisis, el Congreso del estado concretó una reforma que permitirá avanzar en los temas trascendentales, mediante la aplicación del criterio para determinar la mayoría calificada, que a partir de ayer se fijó en 13 votos.
Durante la sesión ordinaria que se desarrolló este miércoles, los diputados aprobaron con 13 votos una adición al artículo 135 del Reglamento para el Congreso del estado, que a la letra dice: "cuando el número de diputados que den las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura contenga una fracción, y el decimal sea menor a .49 se debe atender al entero inmediato inferior a dicha fracción".
Esa disposición permitirá que los temas con carácter de ley o decreto se aprueben con el voto de 13 de los 20 legisladores que componen el Pleno del Congreso.
"El día de hoy se presenta esta iniciativa con la finalidad de evitar que este grupo minoritario continúe utilizando los derechos de los morelenses, (y) al Congreso del estado, como rehenes, escudándose en interpretaciones infundadas y a conveniencia. Esta iniciativa tiene la finalidad de fortalecer el trabajo en el Congreso. No podemos permitir que unos cuantos desestabilicen el estado o atenten contra su gobernabilidad", manifestó la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza.
La diputada morenista señaló al grupo de siete diputadas que conforman el llamado Frente Progresista de Mujeres, que desde el inicio del período ordinario de sesiones, en el mes de septiembre, bloqueó cualquier asunto para su votación en el Pleno.
Con la reforma que estableció un nuevo criterio para la establecer la votación de las dos terceras partes en el Pleno, los diputados aprobaron también el acuerdo por el que Alejandra Flores Espinoza fue designada presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG); Marcos Zapotitla Becerro, como secretario y como vocales, Ana Cristina Guevara Ramírez, Dalila Morales Sandoval, Rosalina Mazari Espín, Rosalinda Rodríguez Tinoco, Blanca Nieves Sánchez Arano y Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, mientras que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) quedará sin representación hasta designar a un coordinador.
De igual forma, el Pleno del Congreso aprobó una reforma al artículo 55 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado, con la que se dispuso que cada diputado podrá formar parte de todas las comisiones legislativas. Anteriormente, no podían pertenecer a más de 10 y sólo podían presidir dos órganos legislativos.
Posteriormente, los diputados concretaron la modificación a la misma legislación para cambiar la integración de las comisiones legislativas.
En la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación se designó como presidente a Héctor Javier García Chávez; en la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, a Rosalina Mazari Espín; en Gobernación y Gran Jurado, a José Casas González; en Educación y Cultura, Alejandra Flores Espinoza; Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Interparlamentarias, Elsa Delia González Solórzano; Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
Asimismo,  en la del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, José Casas González; Seguridad Pública y Protección Civil, Marcos Zapotitla Becerro; Planeación para el Desarrollo Social, Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos, Ariadna Barrera Vázquez; Desarrollo Agropecuario, José Luis Galindo Cortez; Salud, José Luis Galindo Cortez; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, Dalila Morales Sandoval; Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas, Marcos Zapotitla Becerro.
Igualdad de Género, Marcos Zapotitla Becerro; Juventud; Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala; Participación Ciudadana y Reforma Política, Ana Cristina Guevara Ramírez; Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, Andrés Duque Tinoco; Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, Elsa Delia González Solórzano; Deporte, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala; Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, Ariadna Barrera Vázquez; Familia, Dalila Morales Sandoval; Desarrollo y Conflictos Agrarios, Andrés Duque Tinoco; Diversidad Sexual, Alejandra Flores Espinoza; Ciencia e Innovación Tecnológica, Ana Cristina Guevara Ramírez; Desarrollo Económico, Alejandra Flores Espinoza;
Turismo, José Casas González; Ética Legislativa, Héctor Javier García Chávez; en la Comisión Especial de la Reconstrucción, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y en la Comisión Especial para Seguimiento de la Agenda 2030, Ariadna Barrera Vázquez.

En el comité de Vigilancia, Héctor Javier García; en el comité de Régimen Administrativo, Andrés Duque Tinoco y en el comité Editorial Dalila Morales Sandoval.

Se garantizará derecho de audiencia de los involucrados, asegura diputada.

En este año la LIV Legislatura ejerció 450 millones de pesos.

Los diputados locales podrían reducirse el presupuesto para el 2020, ante los cuestionamientos de organizaciones sociales por los 450 millones de pesos ejercidos en este año.
La coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, informó que existe el consenso de la mayoría de los diputados para reducir los recursos financieros del Poder Legislativo para el próximo año.
Sin embargo, refirió que aún no se han puesto de acuerdo sobre el monto que se etiquetará, ya que el tema se acordará en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en la que se integrará el Paquete Económico 2020.
Flores Espinoza refirió que la determinación se tomó con base en la reducción que lograron en el primer año de la LIV Legislatura en la deuda que heredaron sus antecesores por cerca de 100 millones de pesos.
"Por ejemplo, en el caso del Instituto de Crédito se abonaron 10 millones de pesos; así, de entrada, es una deuda mucho menor; ya disminuyó en un 80 o 90 por ciento la deuda, por eso yo me atrevería a decir que estamos en las condiciones para disminuir el presupuesto del Congreso", explicó.
De manera extraoficial se dio a conocer que la reducción al presupuesto para el Congreso sería de 100 millones de pesos, es decir, para el 2020 los diputados ejercerían 350 millones de pesos.
En lo que respecta a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), la diputada Flores Espinoza apuntó que lo que se busca es aumentar su presupuesto, que en este 2019 fue de 18.5 millones de pesos, cuando requiere al menos el doble de los recursos.

*Para desahogar temas con carácter de ley o decreto*

El Congreso del estado aprobó la reforma que permite aplicar como mayoría calificada el número de 13 votos para desahogar temas con carácter de ley o decreto.

En medio de protestas de las siete diputadas que integran el Frente Progresista de Mujeres, el Pleno del Congreso local adicionó un párrafo al artículo 135 del Reglamento para el Congreso del Estado que a la letra dice: "cuando el número de diputados que den las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura contenga una fracción, y el decimal sea menor a .49 se debe atender al entero inmediato inferior a dicha fracción".

La reforma se aprobó con 13 votos, y siete en contra.

Además, los legisladores aprobaron una reforma al artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso para permitir que un diputado pueda integrarse a las comisiones que así desee; anteriormente, podía participar en más de 10 comisiones y sólo presidir dos.

*En Morelos; el mayor rezago, en Cuautla, Tepoztlán y Jiutepec*

El delegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Luis Medina Delgado, reconoció que la reconstrucción de viviendas en Morelos avanza lento por problemas con la aseguradora.

El funcionario federal confirmó que el mayor rezago se registra en las unidades habitaciones de Tetelcingo, en Cuautla; Acolapa en Tepoztlán y El Pochotal, en Jiutepec.

Lo anterior, por el retraso en el pago del seguro a los afectados, según anotó Medina Delgado.

El Congreso del estado repondrá 43 procesos de cancelación de las "jubilaciones doradas" que ex diputados autorizaron a ex colaboradores de Graco Ramírez y de la LIII Legislatura.

La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, confirmó que reiniciarán cada uno de los procedimientos para la abrogación de los decretos pensionatorios.

Lo anterior, a causa de que los ex funcionarios lograron la protección de la justicia federal, mediante juicios de amparo, para no perder sus jubilaciones onerosas.

Rodríguez Ruiz afirmó que no fue por errores en el trabajo que realizó la comisión a su cargo, para la integración de los dictámenes, que se perdieron los casos, sino porque no se les garantizó el derecho de audiencia a los ex servidores públicos.

No obstante, la diputada señaló que al reponer los procesos se tendrá nuevamente la oportunidad de anular los abusos que se cometieron por la pasada legislatura.

La coordinadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, adelantó que diputados se reducirían presupuesto para el 2020.

En entrevista, la diputada refirió que en el primer año se logró disminuir la deuda que heredó la LIII Legislatura por lo que, sostuvo, hay condiciones para que haya una reducción de presupuesto legislativo.

Flores Espinoza apuntó que es un tema que han planteado la mayoría de los legisladores, por lo que en los próximos días se dará a conocer el monto que habrá de reducirse.

Este miércoles, el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, emprendió la colocación de alarmas vecinales en el municipio; las primeras se instalaron en la escuela secundaria técnica número 22 y en el parque deportivo "Morelos".

En entrevista, el edil refirió que estas acciones son parte del programa "Jiutepec por la Paz", que emprendió para cumplir con su compromiso de inhibir la inseguridad.

Reyes Reyes también indicó que en la primera semana de diciembre dará a conocer los resultados de una evaluación hecha al municipio sobre la incidencia delictiva, y cómo han ayudado las acciones de "Jiutepec por la Paz".

Reclaman que se concedieron 190 suspensiones para que circulen vehículos con permisos ilegales.

Ante la suspensión que otorgó el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) a favor de 190 transportistas que prestan servicio público con permisos para circular expedidos de manera ilegal por el gobierno que encabezó Graco Ramírez, concesionarios de "rutas" advirtieron que es el inicio de conflictos sociales.
Por más de dos horas, integrantes de la Federación Auténtica del Transporte (FAT) y de la Unión de Transportistas "Leandro Valle" de la zona oriente, protestaron en las oficinas del TJA y bloquearon la calle Gutemberg del centro de Cuernavaca.
Los concesionarios del transporte público colectivo advirtieron a los magistrados que la suspensión que otorgó la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa sólo causará enfrentamientos entre los que están a favor y los que está en contra del "pirataje".
"Nosotros lo que decimos es que va a correr sangre", manifestó uno de los más de 50 transportistas que acudieron hasta la oficina del magistrado presidente del TJA, Manuel García Quintanar, para pedirle que justifique la suspensión concedida para que unidades "pirata" operen con los permisos que se expidieron fuera de la Ley.
"Ya pueden circular con la suspensión que se les otorgó y eso va a incitar mucho a que haya conflicto con los compañeros que se oponen allá en la región oriente. Lo que les pedimos a los magistrados es que revisen bien sus determinaciones", aseveró Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte.
Posteriormente, los inconformes acudieron a la oficina del magistrado Guillermo Arroyo, titular de la Segunda Sala, que otorgó la suspensión a los 190 transportistas, a quien acusaron de haber recibido "sobornos" para emitir su determinación.
Sin embargo,  el magistrado afirmó que la suspensión se concedió porque los transportistas acreditaron la legalidad de su demanda, mediante comprobantes con los que  demostraron que por muchos años han prestado el servicio público y con las  pólizas de pago de los permisos provisionales.
En entrevista, el magistrado también sostuvo que las pólizas de pago presentadas por los prestadores del servicio público son recientes, es decir, que se aplicaron en la actual administración, por lo que los transportistas pudieron haber incurrido en otro acto fuera de la ley.
Guillermo Arroyo Cruz explicó que el juicio que promovieron los transportistas tiene muchas etapas, por lo que la suspensión no les garantiza que podrán prestar el servicio público como si se tratara de un título de concesión, que sólo expide el gobierno del estado.
Finalmente, los concesionarios que protestaron ayer confirmaron que recurrirán al TJA como terceros interesados para que puedan presentar sus alegatos en contra de quienes actualmente pueden operar con una suspensión sin que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) los detenga.

Consejo Coordinador Empresarial teme cierre de negocios y fuga de empresas por desaceleración económica.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez, advirtió sobre el posible cierre de negocios y la fuga de empresas de Morelos para el 2020, a causa de la desaceleración económica que se vive en el país al final del presente año.
En entrevista, el empresario admitió que el panorama que prevén para el próximo año no es bueno, y por ello manifestó su confianza en que el gobierno federal cumpla con sus compromisos de generar mayor inversión pública.
"Ojalá no lleguemos a esa situación, hoy el presidente anunció hoy (ayer) que vienen inversiones importantes, ojalá y se den en infraestructura, en obra pública que es una parte detonante de la economía para que no lleguemos a una recesión", manifestó Adame Jiménez.
Luego de las cifras que emitió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y que confirman una desaceleración o "recesión técnica", el presidente del Consejo Coordinador Empresarial insistió en que la inversión en obra pública para el 2020 sería la solución para evitar una crisis financiera mayor.
Ángel Adame Jiménez apuntó que los empresarios en Morelos han resentido la crisis financiera, que se ha manifestado en una reducción de las ventas y en algunos casos el cierre de empresas.
"Reitero, ojalá no lleguemos a un marco de esta naturaleza y podamos hacer que las cosas vayan adelante", añadió.

El Congreso aprobará un incremento del 0.5 por ciento al presupuesto de la Máxima Casa de Estudios del estado, que garantizará más de 120 millones de pesos adicionales a la partida estatal que ya percibe la institución.

El acuerdo es concretar el incremento de manera gradual, afirma diputada.

Los diputados lograron acuerdos para aprobar un incremento del 0.5 por ciento al presupuesto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para el 2020, mediante una reforma constitucional que será aprobada en los próximos días.
En entrevista, la legisladora panista Dalila Morales Sandoval informó que el acuerdo se basó en que la asignación de este aumento presupuestal se hará de manera gradual, para no afectar  las finanzas del gobierno del estado.
"Hay ánimo de apoyar, eso es lo más importante, ya hay consensos. El tema solamente es que se está discutiendo si es gradual o es en un sólo momento. Entendemos la situación económica que vive el estado y tampoco podemos generar un tema que complique la situación, como es el caso de salud o el del campo", refirió la legisladora.
Morales Sandoval explicó que en la reforma al artículo 121 de la Constitución Política del Estado se establecerá cómo se concretará el aumento el presupuesto de la UAEM –para que pase a ser el tres por ciento de todo el presupuesto de la entidad- con base a la autonomía financiera de la institución.
Dicho incremento presupuestal garantizaría una cifra superior a los 120 millones de pesos adicionales a los cerca de 700 millones de pesos que percibe la UAEM del presupuesto del estado. Sin embargo, los legisladores buscan que no se concrete en un mismo año, para no afectar otros rubros.
La legisladora que promovió la propuesta, aseguró que el rector de la UAEM Gustavo Urquiza Beltrán ha manifestado su aprobación a que el aumento presupuestal se concrete en base a los términos antes citados. Por ello, la diputada apuntó que esta semana podría votarse el dictamen de la reforma constitucional, siempre y cuando, la mayoría de los diputados se pongan de acuerdo.

Este martes, transportistas de la zona oriente del estado protestan en contra de la suspensión que otorgó el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), a favor de prestadores del servicio que operan sus unidades con permisos expedidos de manera ilegal durante la administración de Graco Ramírez.

Los concesionarios provenientes de diferentes municipios acudieron hasta las oficinas del TJA para reclamar por la determinación de la Segunda Sala; se reunieron primero con el magistrado presidente Manuel García Quintanar y posteriormente con el magistrado Guillermo Arroyo Cruz, quien resolvió otorgar la suspensión a los transportistas.

Al mediodía, los inconformes también bloquearon la calle Gutenberg en el primer cuadro de la capital de Morelos.

*Expedidos en la administración de Graco Ramírez*

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) otorgó una suspensión a transportistas que circulan con permisos provisionales que expidió el gobierno de Graco Ramírez.

Esta mañana, concesionarios de diferentes municipios del estado acudieron al tribunal para buscar a los magistrados, pues advirtieron conflictos en el sector por tal determinación.

Dagoberto Rivera Jaimes, de la Federación Auténtica del Transporte (FAT) pidió a los magistrados revisar bien su determinación.

Diputados lograron acuerdos para aprobar el 0.5 por ciento de aumento a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para el 2020, mediante una reforma constitucional.

En entrevista, la legisladora panista Dalila Morales Sandoval informó que los consensos se lograron con base en poder apoyar a la institución, pero sin afectar a las finanzas del gobierno del estado; añadió que por ello analizan de qué forma será la ministración de los recursos financieros.

La reforma constitucional sería aprobada en los próximos días, para que el dictamen se concrete antes de la aprobación del paquete económico 2020.

El viernes vence el plazo para evitar multas.

Hay elementos para dictaminar en esta semana como procedente la solicitud de juicio político en contra del exgobernador, señala diputada.

Ayuntamientos hacen campañas para promover el pago anticipado del predial en cada cierre de año.

Las diputadas locales Rosalina Mazari y Alejandra Flores (por separado) recordaron a los alcaldes que el cobro del predial junto con un 25 por ciento de impuesto adicional viola la constitución, ante las campañas que los ayuntamientos hacen para promover el pago anticipado de ese impuesto en  cada cierre de año.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín dijo que debido a que la Ley de Hacienda Municipal aún no se ha reformado para abrogar el Impuesto Adicional, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional, muchos ediles podrían aplicarlo este fin de año, mediante el  cobro anticipado del predial.
Sin embargo, la diputada advirtió que cada presidente municipal deberá asumir su responsabilidad si determinan aplicar ese 25 por ciento adicional.
"Esto sucede porque el impuesto adicional lo tienen todavía en su ley de ingresos aprobada en este ejercicio fiscal 2019, por eso es que los ayuntamientos están recibiendo este impuesto adicional, pero es cuestión del ciudadano para que actúe", señaló.
Además del cobro anticipado del predial, los ayuntamientos siguen aplicando el 25 por ciento adicional en todos los derechos que los ciudadanos están obligados a pagar y que están especificados en las leyes de Ingresos municipales, por lo que los afectados podrían promover juicios de amparo y evitar abusos de parte de los ayuntamientos.
"Ellos (los alcaldes) están conscientes (de) que ese impuesto adicional es inconstitucional pues así lo decretó la Corte, así que quienes tienen que actuar son los presidentes", añadió.
Por su lado, la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza invitó a los ediles a abstenerse de cobrar el impuesto adicional en los derechos e impuestos, aún y cuando están vigentes las leyes de Ingresos municipales 2018, pues recordó que la Corte lo decretó inconstitucional.

Ante el cobro anticipado del predial por los ayuntamientos, la diputada Rosalina Mazari Espín dijo que las autoridades deberán asumir su responsabilidad legal, pues recordó que dicho contribución no podrá aplicarse con el impuesto adicional que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al respecto, la legisladora señaló que las autoridades se sustentan en que no han sido notificadas por la SCJN y que dicho impuesto adicional tampoco ha sido abrogado de la Ley de Hacienda municipal.

Sin embargo, refirió que los alcaldes deben asesorarse bien antes de aplicar el predial con un impuesto adicional, pues incurrirán en una violación a la determinación de la Corte.

Por otro lado, la diputada adelantó que habrá modificaciones al paquete económico, luego de que en el presupuesto federal se asignaron más de 28 mil millones de pesos, cuando la propuesta del Ejecutivo contempla ingresos por más de 26 mil millones de pesos.

*El plazo es hasta el próximo viernes*

Los ciudadanos cuentan con cuatro días más para poder reemplacar sus vehículos sin pagar multas ni recargos, por lo que el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado, reiteró su llamado a los automovilistas a cumplir con dicho programa.

El funcionario estatal recordó que el plazo para el reemplacamiento de vehículos es hasta este viernes, y las personas pueden acudir a la sede central de la SMyT, así como a las delegaciones municipales y a las sedes alternas que se abrieron para el cumplimiento del programa.

Mercado Salgado informó que hasta el momento 600 mil automovilistas de un padrón aproximado de 800 mil unidades ya cumplieron, por lo que los que no lo han hecho aún están a tiempo de acudir para evitar multas y recargos.

"Hago un exhorto a los ciudadanos para que puedan ir y que no lo dejen para los dos últimos días, porque es cuando se complican las cosas; todavía el macro módulo va a seguir abierto y las mismas delegaciones, y la Secretaría de Movilidad", señaló.

*No pudieron pagar sus créditos*

Cuatro ex servidores públicos que se beneficiaron con viviendas en la pasada administración tendrán que devolverlas al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), ya que no pudieron pagar sus créditos.

Lo anterior fue confirmado por la directora del organismo, Fabiola del Sol Urióstegui Alvear, quien informó que los cuatro casos ya fueron judicializados y será la autoridad competente la que les obligue a pagar el adeudo moratorio.

Urióstegui Alvear añadió que dicho adeudo moratorio, en total, suma más de cuatro millones de pesos.

En el caso del ex gobernador Graco Ramírez, que obtuvo un crédito por 600 mil pesos para la adquisición de un vehículo, la directora dijo que el proceso penal en contra del responsable de haber autorizado tal préstamo fuera de la ley está muy avanzado y pronto habría consecuencias legales en su contra.

La diputada Alejandra Flores Espinoza adelantó que el juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez se dictaminará procedente.

En entrevista, la legisladora dijo que esta semana el asunto será desahogado en la Junta Política y de Gobierno (JPyG)

De igual modo y de acuerdo con el análisis hecho previamente, se ha determinado que existen elementos para que avance a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

Activistas y autoridades realizan, esta mañana, el conservatorio "Políticas públicas para prevenir y atender la violencia de género".

El encuentro se lleva a cabo en el marco del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer".

Las ciudadanas y las autoridades coincidieron que en lo que va del año se han registrado 65 feminicidios en Morelos, y muchos de los asesinatos en contra de las mujeres no se tipifican como tal; Yautepec, Cuernavaca y Huitzilac son los municipios más violentos.

Tras dos años de litigio, la juzgadora tendrá un periodo en su cargo de ocho años más.

El gobierno del estado no cuenta con recursos para apoyarlos: Termignoni Apodaca.