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Toma el lugar de Arely Rocío Lagunas López, recién jubilada con un salario mensual superior a los 50 mil pesos.

Diputados locales nombraron a Humberto Serrano Guevara como secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, en lugar de Arely Rocío Lagunas López, a quien jubilaron hace unos días con un salario mensual que rebasa los 50 mil pesos.

El ex director jurídico del Congreso del estado se hará cargo del complicado proceso de entrega-recepción que iniciará en los siguientes días, por el cierre de la LIII Legislatura.

Lagunas López fue nombrada secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios en noviembre del año pasado, y por su oficina pasaron todos los dictámenes que aprobaron los legisladores y que han sido cuestionados por la sociedad civil.

Después de ocho meses de servicios, Arely Lagunas se jubiló con el 75% de su último salario y acreditó haber trabajado –supuestamente- en las alcaldías de Tepalcingo y Axochiapan, además del Poder Ejecutivo.

En reunión de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, los coordinadores de los grupos parlamentarios y la presidencia de la Mesa Directiva aprobaron el nombramiento de Humberto Serrano, quien hasta hace un mes buscaba una magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

A cambio de asumir la responsabilidad de la entrega-recepción, según se ha especulado, la esposa del hoy secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios, Ana Lilia Reyes, también fue jubilada como trabajadora del Congreso del estado.

Ayer se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" una nueva lista de jubilaciones de trabajadores del Congreso del estado, en la que también apareció el nombre de Jair Mendoza Beltrán, quien se retiró con el 55% de su último ingreso mensual como asesor de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado. 

La diputada Hortencia Figueroa Peralta, en funciones de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, manifestó que como legisladores son víctimas de "linchamiento" social, a raíz de la campaña que emprendió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para exhibirlos por las reformas aprobadas al final del periodo ordinario de sesiones.

En entrevista, ante los medios de comunicación, reprobó que los empresarios hayan destinado sus recursos para impulsar una campaña en contra de reformas que –aseguró- están justificadas y no en promoción turística.

"Lamentamos que los recursos que pueden tener disponibles los empresarios los utilicen de esta manera denostativa, en lugar de promover al estado en un periodo en que Morelos sin duda es tránsito para muchas familias que van a otros lugares y que se haga esta confrontación, evidentemente política", agregó.

Figueroa Peralta dijo que estas acciones sólo llaman al "linchamiento" y así se puede confirmar en redes sociales, donde como diputados han sido atacados.

Sin embargo, la diputada perredista descartó acciones legales en contra de los empresarios, pues subrayó que su postura es de respeto.

Por otro lado, defendió la reforma que garantiza salario vitalicio para los fiscales general, anticorrupción y antisecuestros, pues señaló que es una compensación a su trabajo.

De igual forma, justificó las jubilaciones a favor de familiares y allegados a los diputados, pues aseveró que la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social actúa de buena fe.

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE)  estará integrado por cinco comisionados. Ayer, el Congreso del estado emitió la declaratoria de validez de la reforma constitucional, por la que se modificó la estructura orgánica del organismo.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, el pleno informó que sólo Jiutepec aprobó la reforma, seis municipios la rechazaron y 26 omitieron votarla en cabildo, por lo que se consideró aprobada por afirmativa ficta (silencio administrativo).

Antes de la reforma, el IMIPE estaba integrado por tres comisionados. La diputada Hortencia Figueroa Peralta, en funciones de presidenta de la Mesa Directiva, confirmó que la Junta Política y de Gobierno analiza convocar a un periodo extraordinario de sesiones para realizar dichos nombramientos, ya que la ley faculta al Congreso del estado sesionar hasta el 31 de agosto, cuando concluye la LIII Legislatura.

De igual forma, también fue validada la reforma al artículo 111 de la Constitución Política del Estado, por la que se modificó la geografía del estado y aumentaron de 33 a 36 los municipios. 

Dicha minuta fue aprobada por los municipios de Jiutepec, Cuernavaca y Temixco, no así 30 municipios que no la votaron, por lo que también se aprobó por afirmativa ficta.

Logró una resolución favorable de un juzgado de distrito; el Congreso podría interponer recursos contra esa decisión.

El abogado Guillermo Arroyo Cruz pidió al Congreso de Morelos tomarle de inmediato protesta como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), luego de que un juzgado de distrito le concedió el amparo para efecto de que entre en funciones.

Luego de impugnar la decisión del Congreso de revocar su designación como magistrado del TJA y obtener la protección de la justicia federal, señaló que los diputados deberían tomarle protesta para ocupar el lugar que dejó vacante el magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano.

Afirmó que la sentencia del Juzgado Octavo de Distrito fue contundente, al resolver que los diputados violentaron sus derechos humanos, al negarle la garantía de audiencia antes de revocar su designación y por no aplicar la ley, ya que la única vía para anular su nombramiento era través de un juicio político, lo cual era imposible al no poder entrar en funciones.

“Es un acto de justicia, la legislatura actual podría ya en este momento tomarme protesta incluso a través de un periodo extraordinario de sesiones, con un único punto del día o, en su defecto, la diputación permanente podría hacerlo”, dijo.

La sentencia fue notificada el 6 de agosto al Poder Legislativo, quien tiene 10 días hábiles para impugnar la sentencia ante un tribunal colegiado. Pero para Arroyo Cruz recurrir la resolución del juzgado de distrito, sería solamente “recursos dilatorios” para que la próxima legislatura atienda el asunto.

En agosto de  2015 Orlando Aguilar Lozano, ahora magistrado en retiro, promovió sendos amparos, cuando la anterior legislatura designó para ocupar su lugar como magistrado del TJA al litigante Guillermo Arroyo Cruz, quien no tomó protesta al cargo, debido a que un juez federal concedió una suspensión  a favor de Aguilar Lozano, quien alegó que aún no concluía su periodo de ocho años y que era discriminado por razones de edad al haber cumplido 65 años, límite fijado entonces en la Constitución para el retiro forzoso.

En septiembre de 2017 la justicia federal sobreseyó el juicio de amparo, pero Aguilar Lozano no sólo se mantuvo en el cargo al promover un nuevo juicio de garantías, sino que el Congreso invalidó la designación de Guillermo Arroyo, y emitió una nueva convocatoria para sustituirlo, pero no prosperó.

En abril de 2018 Aguilar Lozano llegó un acuerdo con el Congreso, para obtener una pensión vitalicia como magistrado (y no a través de un haber de retiro) a cambio de dejar vacante la magistratura, mientras que Arroyo Cruz recurrió de nuevo a la justicia federal, que hace unos días le otorgó el amparo para tomar protesta.

La Segunda Sala del TJA actualmente está a cargo del secretario de acuerdos habilitado como magistrado, en tanto culmina el pleito jurídico y se define quien debe ocupar la magistratura que dejó vacante Orlando Aguilar. 

Los diputados convocarán a un periodo extraordinario de sesiones.

Los diputados locales emitirán hoy una nueva convocatoria para designar a dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), antes de que concluya la LIII Legislatura.

Después de tres semanas de receso, ayer los coordinadores de los grupos parlamentarios sesionaron en la Junta Política y de Gobierno y acordaron emitir una nueva convocatoria para ocupar las dos salas del TJA que crearon en diciembre del año pasado, mediante una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

Tras el intento fallido de concretar estos dos nombramientos en julio pasado, el Congreso del Estado publica hoy la nueva convocatoria, que da como plazo para el registro de los aspirantes hasta el próximo miércoles 15 de agosto.

Una vez iniciado el proceso de designación, los legisladores convocarán -por medio de la Diputación Permanente- a periodo extraordinario de sesiones, que se realizará después del 20 de agosto.

La LIII Legislatura concluirá sus labores el próximo 31 de agosto y –previamente- sus integrantes pretenden concretar también los nombramientos de dos comisionados más en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), así como declarar la validez de la reforma a la Constitución Política del Estado que obliga a los cabildos a pronunciarse en sentido negativo o positivo sobre modificaciones constitucionales aprobadas por el Congreso local. 

El acuerdo de la Junta Política y de Gobierno aprobado ayer para concretar los nombramientos de dos magistrados del TJA, fue votado en contra por los líderes de las fracciones del Partido Encuentro Social (PES) y Humanista (PH).

Se les reprocha haber otorgado un ingreso vitalicio a los fiscales de Morelos.

En distintos puntos de la autopista México-Cuernavaca, ayer aparecieron espectaculares en los que exhiben a diputados locales por haber aprobado salario vitalicio a favor de los fiscales general, anticorrupción y antisecuestros, mediante una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Aunque se especuló -en un primer momento- que se trató de una campaña que impulsó la iniciativa privada, los espectaculares están firmados por "SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA".

En los anuncios aparecen las fotografías de algunos de los legisladores que aprobaron la citada reforma, con leyendas adjuntas tales como: "Diputados aprobaron salario vitalicio a fiscal Anticorrupción ¿Y tú, tienes salario vitalicio?"

Entre los rostros que aparecen están los de los perredistas Julio Espín Navarrete y Ricardo Calvo Huerta, y los panistas Carlos Alaniz Romero y Héctor Hernández Castillo, claramente visibles al transitar por la autopista México-Acapulco.

Además, la campaña invita a la ciudadanía en general a promoverla mediante el Hashtag #MORELOSDIPUTADOSDEVERGUENZA.

El pasado 11 de julio fue publicado en el alcance del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5611, el decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en el que los diputados autorizaron autonomía financiera para la dependencia con el 3.5% del presupuesto del gobierno del estado.

Entre otras modificaciones a la estructura de la Fiscalía General, los legisladores establecieron un apartado de "prerrogativas por servicios prestados"; y en el artículo 100 de la citada ley, aprobaron que los fiscales general, anticorrupción y antisecuestro cobrarán el 50% de su salario neto en forma vitalicia.

Además, contarán con un dispositivo de seguridad para salvaguardar su persona y la de sus familias después de haber concluido su cargo.

Los actuales diputados nunca pudieron utilizar sus oficinas en el nuevo edificio, aseguran.

La sede del Congreso del Estado, inaugurada en febrero pasado, podría entregarse a la próxima legislatura sin concluir, afirmó el diputado del Partido Encuentro Social (PES), Esaú Mondragón Corrales.

El legislador local explicó que desde febrero pasado no han podido utilizar al cien por ciento el edificio, mucho menos ocupar una oficina con su mobiliario, ya que la empresa encargada de su construcción no había entregado la obra hasta antes de agosto.

Por tal razón, dijo que lo más probable es que los próximos diputados tendrán que concluir la habilitación del edificio para su uso en el trabajo legislativo.

"… no tuvimos una oficina para hacer un documento básico, como es la entrega de una iniciativa. Incluso, para hacer anotaciones; prácticamente nos estamos peleando la computadora con la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios... realmente nunca tuvimos oficina. Terminamos los contratos con las oficinas y las casas que estábamos rentando y no podíamos utilizar el nuevo Congreso porque la empresa no lo había terminado", explicó.

Además, refirió que el edificio registra fallas de origen, y es el caso que se ha dicho que con las últimas lluvias se inundó en algunas zonas, aunque refirió que lo tendría que confirmar.

Mondragón Corrales aseveró que la sede del Congreso del estado, ubicada en la colonia Amatitlán de Cuernavaca, fue inaugurada a pesar de que no había sido terminada. 

El Congreso del estado invade competencias y se excedió en las reformas que facultan al titular de la FGE para designar al fiscal anticorrupción y para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, plantean.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHEM) alista la acción de inconstitucionalidad que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar, a petición de organizaciones de la sociedad civil, las recientes reformas del Congreso local a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

El organismo informó que la secretaría ejecutiva afina el documento, con aportaciones de más de 30 organizaciones, que será presentado para reclamar la invalidez de distintos artículos de la ley orgánica de la fiscalía por considerarlos inconstitucionales.

La semana pasada, grupos de la sociedad civil solicitaron al ombudsman estatal, Jorge Arturo Olivares Brito, presentar una acción de inconstitucionalidad para impugnar el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, relacionado con las facultades otorgadas al fiscal estatal para designar al fiscal anticorrupción; y los artículos 100 y 101 relacionados con la facultad que otorgó el Congreso al fiscal estatal para otorgar pensiones vitalicias a los fiscales especiales, por considerar que invade competencias y fue un exceso del Poder Legislativo.

La CDHEM informó que a más tardar el viernes, presentará ante la SCJN lo que sería la quinta acción de inconstitucionalidad promovida por la comisión, con base en las facultades que le otorga la Constitución federal a los organismos de derechos humanos para impugnar actos de los Poderes del estado.

Entre los actos impugnados previamente por el organismo por medio de la acción de inconstitucionalidad, destacan las reformas del Congreso local que otorgaron la facultad discrecional al Poder Ejecutivo de donar y enajenar las reservas territoriales de la entidad; que eliminan de la Constitución local la figura de revocación de mandato, y que extienden el periodo de magistrados a 20 años.

La SCJN dio trámite a la controversia constitucional por la aprobación de jubilaciones de cinco trabajadores más por parte del Congreso estatal.

El Ayuntamiento capitalino impugnó otro bloque de decretos pensionarios de trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), aprobados por el Congreso local.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional 121/2018 promovida por la comuna de Cuernavaca, en contra de los decretos de jubilación de Irineo Benítez Ramírez, Raymundo Rafael Bruno, Hugo Rojas Iturbide, Joel Monroy Mejía y Edgar Rodríguez Jaime.

En recurso promovido ante el máximo tribunal del país, el Ayuntamiento demandó la invalidez de los decretos de jubilación publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado 6 de junio, así como también impugnó la validez de diversos artículos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

Al igual que en la controversia constitucional 99/2018, el Ayuntamiento consideró que el Poder Legislativo se excedió y violentó el principio de libre administración hacendaria y disposición de recursos, al aprobar sendos decretos de jubilación y transgredió el artículo 115 constitucional que establece las facultades del municipio para manejar su patrimonio.

La promoción de impugnaciones contra los decretos ha generado en el último mes diversas protestas de los trabajadores afectados, quienes han exigido el pago de pensión por jubilación, con diversos bloqueos a la circulación vehicular sobre avenida Morelos de Cuernavaca, donde se encuentra la sede del SAPAC. 

El órgano fiscalizador requiere tres meses para cada revisión, por lo que ya no es realizable en esta legislatura, que hace un mes ordenó las revisiones especiales.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) no ha sido notificada del acuerdo que aprobaron los diputados locales, hace casi un mes, para que realice auditorías especiales a las cuentas públicas del Congreso del estado y el Poder Ejecutivo.

Por medio del acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso del estado el pasado 10 de julio, los legisladores instruyeron a la ESAF que aplique auditorías a las cuentas públicas del Poder Legislativo 2016, 2017 y 2018; la cuenta pública del 2018 del Ejecutivo, así como a los Fondos de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y Unidos por Morelos.

A la fecha, de dicha instrucción no se ha informado a la ESAF.

Fuentes cercanas a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización confirmaron que pese a la omisión del Congreso del estado, ya se inició una programación para la realización de dichas revisiones contables y administrativas.

Lo anterior, en base a la publicación del acuerdo parlamentario el pasado 11 de julio en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", aunque no es la vía para la notificación a la ESAF.

Sin embargo, dichos procesos duran más de tres meses, lo que complicaría aún más la entrega de resultados inmediatos de dichas auditorías extraordinarias.

Lo que también afectaría el desarrollo de dichas revisiones es que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública ya no cuenta con personal, pues los trabajadores de confianza del Congreso fueron liquidados desde el pasado 16 de julio.

Tendría que ser en la próxima legislatura cuando se dé seguimiento de tales procesos de revisión.

Abogado exhorta a los Ayuntamientos a votar en contra de las medidas aprobadas por el Congreso.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, aseguró que hasta ahora, dos cabildos han rechazado las recientes reformas constitucionales aprobadas por los diputados.

Luego del exhorto verbal y escrito realizado por la organización de abogados, detalló que las comunas de Yautepec y Axochiapan se pronunciaron en contra de las reformas por coincidir en que son lesivas para la sociedad y el erario.

Confió en que otros ayuntamientos también rechazarán las reformas e instó a los cabildos para que se pongan de lado de la sociedad y contesten en sentido negativo a estas modificaciones constitucionales que laceran a la ciudadanía morelense.

“Les hemos solicitado de una manera respetuosa, pero enérgica, que analicen los alcances de la reforma y, en su momento, la rechacen en sus términos. Es lo que hemos pedido, que contesten en sentido negativo esta solicitud de la reforma que han hecho los diputados”, dijo.

Algunas de las reformas rechazadas son la creación de dos nuevas plazas de comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe); la eliminación de la positiva ficta y la imposición a los ayuntamientos para aprobar reformas mediante mayoría calificada, así como el otorgamiento de la autonomía al Instituto de la Mujer, el cual enfrenta una auditoría por presuntos malos manejos del presupuesto por parte de la extitular, Teresa Domínguez. 

Nunca se conoció el número total de trabajadores del Congreso en la presente legislatura.

Los diputados locales ya liquidaron a más del 90% del personal de confianza que contrataron al inicio de la LIII Legislatura. Sin embargo, nunca se supo el número total de la nómina que se pagó durante los casi tres años.

Desde la coordinación de Comunicación Social, hasta las áreas administrativas, ya no volverán a operar este mes, como lo hicieron hasta el 15 de julio, cuando empezó el despido de los trabajadores de confianza.

A principios del mes pasado la presidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, confirmó que se liquidaría a toda la nómina de confianza bajo un acuerdo que tomaron todos los diputados con sus trabajadores.

Entonces, explicó que al haberse contratado por el sistema outsourcing (subcontratación), no se preveían complicaciones legales en materia laboral.

Ex trabajadores de confianza de los diputados ubicados en distintas áreas, no sólo en las oficinas de los legisladores, confirmaron que fueron liquidados antes del 16 de julio (cuando inició el periodo vacacional).

Por tal razón, se espera que el próximo 6 de agosto, cuando reinicien las actividades del Congreso local, este poder operará en su mayoría con sindicalizados.

Incluso, en el proceso de entrega-recepción, los diputados electos podrían no enterarse del número total de empleados que integraron la nómina del Congreso durante los últimos tres años, pues de manera oficial nunca se dio a conocer el dato, aunque se hablaba de un número mayor a 700 burócratas. 

Varones reclaman por la mayoría femenina en el próximo Congreso; mujeres se inconforman por el mayor número de hombres en los siguientes cabildos.

A pesar de las reformas en materia electoral, en Morelos no se cumplió con la paridad de género tanto en la integración del Congreso del estado como en los cabildos municipales. Ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) se presentaron más de 150 medios de impugnación, en su mayoría en contra de la designación de las ocho diputaciones plurinominales y las 153 regidurías.

La consejera presidenta del Impepac, Ana Isabel León Trueba, informó que dos candidatos promovieron juicios para la protección de sus derechos políticos-electorales en contra de la designación de las diputaciones plurinominales a mujeres, con lo que el Congreso del Estado se integrará en su mayoría por féminas.

Todo lo contrario sucedió en los 33 cabildos, donde habrá 102 regidores hombres y sólo 43 mujeres, de ahí que también las féminas se inconformaron. 

"Varias mujeres han decidido presentar JDC (Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano) para que a la hora de la designación de las regidurías puedan ser integradas de manera paritaria”, explicó. 

En este caso, los recursos de inconformidad también se presentaron por la aplicación de los principios de sobrerrepresentación y subrepresentación, ya que debido a la reforma al artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la designación de las regidurías se tomó en cuenta al alcalde y síndico, lo que afectó a los partidos ganadores. 

La consejera explicó que todos los asuntos deberán resolverse en los tribunales, pero sobre todo en el tema de la sobrerrepresentación, ya que los candidatos ganadores alegan que se afectará a la gobernanza de los municipios.

Incluso, refirió que el tema puede ser motivo de una reforma en el Congreso del Estado, de resolverse que afectará a la gobernanza.

La funcionaria durará seis años en el cargo, tras la reforma constitucional aprobada por los diputados.

La coordinadora estatal del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), Jessica Ortega de la Cruz, pidió al Congreso del estado que la designación de la nueva titular del Instituto de la Mujer, que durará seis años en el cargo, se concrete en base al perfil y no por 'compadrazgo'.

La líder partidista se pronunció a favor de la reforma constitucional que creó como órgano autónomo al Instituto de la Mujer, ya que tendrá mayor libertad en su labor para la protección de los derechos de las féminas y también se desempeñará con presupuesto propio.

Ortega de la Cruz manifestó su confianza, en que no se concreten las especulaciones sobre la designación de una diputada local como próxima titular del citado instituto.

"De repente lo ven como una cuota y no está bien porque es el único espacio donde las mujeres deberíamos tener la confianza de acudir, como ya existe en otros estados de la república, pero que sí operan y sí tienen los elementos para que las mujeres se sientan en un espacio donde van a ser escuchadas. Que se cumpla con el perfil, porque se da que es a través de cuotas partidistas o de acuerdos políticos", declaró.

Subrayó que la fémina que llegue al Instituto de la Mujer deberá demostrar que tiene experiencia y que garantice que habrá resultados para las mujeres.

"Es un acierto que se le dé trato de organismo autónomo y que se le refuerce con financiamiento, pero también se deberá reforzar el consejo que existe y que vigila el uso de ese recurso", agregó.

La reforma constitucional aprobada hace dos semanas por el Congreso local, por la que se crea al Instituto de la Mujer cómo órgano constitucionalmente autónomo, se encuentra en análisis de los 33 cabildos para que como Constituyente Permanente, la voten y sea validada o rechazada.

"Morelos Rinde Cuentas" ofrece un informe demoledor: en tres años se negaron legisladores a transparentar uso del presupuesto.

El centro de investigación "Morelos Rinde Cuentas" dio a conocer que después de tres años y 15 recursos de inconformidad ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Congreso del estado se ha negado a transparentar el ejercicio del presupuesto durante toda la Legislatura. 

El codirector de Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas Ramírez, refirió que desde el 2018 a la fecha, se ha promovido al menos 100 recursos ante la negativa del Congreso local para transparentar información en materias financiera y legislativa.

Del centenar de acciones jurídicas, 15 se promovieron para conocer del ejercicio del presupuesto desde el 2016 hasta este 2018.

"Pedimos información del ejercicio del 2017 porque sabemos que se pidió un aumento de 100 millones de pesos, el presupuesto era de 450 millones e incrementó a 550, y no hay ninguna información, ninguna respuesta de cómo se gastó el recurso. La Secretaría de Hacienda tampoco nos ha dado información del porqué le pidieron esos recursos, cuál fue la justificación para entregárselo, si les enviaron oficios, correos electrónicos y tampoco nos han querido informar", subrayó. 

Incluso, mencionó que se solicitó información del proceso legislativo que se siguió para la aprobación del presupuesto 2018 y tampoco fue proporcionada. "Les preguntamos cuándo recibieron el presupuesto 2018, que nos lo comprueben con documentos, con oficios, porque tenemos información de que los diputados no tenían el presupuesto antes de votarlo", explicó.

Salinas Ramírez afirmó que otros rubros que también deben transparentarse, son los fideicomisos para operar los fondos para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal y para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, ya que la negativa para dar a conocer el uso de los recursos financieros, pudo a ver sido una de las razones de que el Congreso los haya desaparecido.

El codirector de Morelos Rinde Cuentas sostuvo que el IMIPE también tiene responsabilidad en relación a la opacidad que existe en el Poder Legislativo, pues ha mantenido en la "congeladora" dichos recursos por distintos medios jurídicos.

Incluso, han promovido amparos para que el instituto haga su trabajo y no han obtenido ningún resultado.

En esta semana iniciarán amparos contra la reforma hacendaria, ratifican.

Empresarios manifestaron su temor de que pudiera haber ingobernabilidad en el proceso de transición del gobierno estatal, ante el aumento de la inconformidad social por los problemas que se registran en el estado, principalmente en materia económica y de seguridad.

Los presidentes de las cámaras empresariales se reunieron ayer con el secretario de Economía en el estado, Juan Carlos Salgado Ponce, a quien señalaron su preocupación por las movilizaciones sociales de las últimas horas en la zona sur y la región oriente del estado y el daño económico causado. 

Jorge Mátar Vargas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), admitió que sí existe preocupación ante visos de ingobernabilidad al cierre del gobierno.

Afirmó que es necesario que el gobierno saliente resuelva todos los problemas sociales existentes, principalmente en el tema de seguridad, a fin de que haya tranquilidad en el proceso de transición que ocurrirá el 1 de octubre.

"Pedimos al gobierno del estado atender estas cuestiones y evitar la ingobernabilidad para dejar un estado en paz y tranquilidad", agregó.

Por su lado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame Jiménez, sostuvo que además de los problemas sociales, el gobierno estatal deja pendientes en materia económica que se deberán resolver por la vía jurídica, como la desaparición de los fondos de Turismo (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecom).

Informó que esta semana promoverán amparos en contra de la reforma hacendaria que causó la desaparición de dichos fondos, con argumentos legales suficientes para anularla.

Reiteró que el Poder Ejecutivo y el Congreso local debieron tomar en cuenta a la iniciativa privada antes de aprobar dicha reforma y, como no fue así, actuarán jurídicamente. 

Los contratos de prestación de servicios, como el arrendamiento de patrullas, concluyen el último día de septiembre, avisa el secretario de Administración.

En el Poder Ejecutivo central hay alrededor de mil personas que laboran como empleados de confianza, reveló el secretario de Administración, Fernando Solís Godínez, quien indicó que no se les pedirá su renuncia porque “no les podría coaccionar a renunciar a sus derechos laborales”.

Por otra parte, el mismo funcionario estatal dio a conocer que todos los contratos de prestación de servicios, como el arrendamiento de patrullas, concluyen el último día de septiembre de este año, por lo que si la próxima administración no los renueva o contrata a otro proveedor, la entidad se podría quedar sin esos vehículos de seguridad.

Entrevistado en relación al proceso de transición y cierre de la actual gestión, Solís Godínez dijo que hasta el momento no tiene registro de que funcionarios actuales hayan presentado renuncias, como ha sido habitual en las administraciones públicas al concluir.

Apuntó que hay 21 servidores públicos, entre ellos los miembros del gabinete y los colaboradores cercanos del gobernador en turno que, por ley, tienen un encargo que les dio el gobierno estatal, el cual culmina el 30 de septiembre. “El resto de los servidores públicos permanecen en sus puestos hasta en tanto no les sean solicitado sus ceses o ellos presenten sus renuncias voluntarias”.

Comentó que con base a las disposiciones que se aprobaron hace un par de meses, la entrega-recepción se preparó hace semanas y al 31 de julio deben subir a una plataforma digital la segunda parte de datos. Mencionó que el secretario de Gobierno es quien tiene las atribuciones de ser el coordinador de la comisión de enlace para la transición, y habrá de informar cuándo comenzarán las reuniones de las comisiones de cada gobierno, el saliente y el entrante.

“No es que no se vaya a entregar documentos, entendemos que lo que se hará es intercambiar información entre las comisiones de enlaces… recordemos que muchos de los documentos están en las páginas de transparencia…”, dijo.

Solís Godínez dijo desconocer si alguno de los secretarios haya decidido renunciar antes del 30 de septiembre, pero su nombramiento queda sin efecto el último día de la gestión.

A pregunta expresa de cuántos empleados en el gobierno estatal ocupan puestos de confianza, y que en un  momento dado podrían salir de la administración con el cambio de gobierno, el secretario dijo que de los poco más de ocho mil  300 empleados en la administración central (sin contar organismos descentralizados), poco menos de un millar son considerados “de nivel uno”, de jefes de departamento hasta directores generales. “Todos estos compañeros, su modalidad de contratación se entiende que son de confianza… Todo compañero que no tenga un nombramiento emitido por el gobernador, que son estos alrededor de mil, son aquellos de que en tanto que no sean cesados de sus puestos, o si ellos personalísimamente obsequiaran una renuncia, permanecen en sus lugares”.

Dejó ver que no se ha aplicado lo que en política ya era una costumbre, que es el dejar las renuncias de personal “de confianza”, y tampoco se les pedirá que lo hagan, lo que en algunos meses podría implicar demandas laborales al llegar un nuevo equipo de trabajo.

“No tenemos conocimiento de algún compañero (que haya renunciado). No queremos nosotros transgredir porque también reconocemos que existe un vínculo laboral y no queremos nosotros transgredir, no sentir una invitación autoritaria a que tomen una decisión que obedece a cada uno de los servidores públicos tomar”.

Respecto a los asuntos pendientes con proveedores, el secretario de Administración comentó que ya dialogó con el titular de la Secretaría de Hacienda para que se hagan los pagos correspondientes.

Apuntó que como lo marca la norma, todos los contratos que firmó la actual gestión concluyen antes o al mismo tiempo que el sexenio, pues la ley establece que no se puede generar ningún contrato que abarque el siguiente periodo administrativo, a menos que el Congreso lo aprobara, y no es el caso.

Mencionó que sí se dejarán los recursos ya presupuestados para dar continuidad operativa, con base a lo que se aprobó en el presupuesto de este año. Además, se les brindará información sobre servicios que deben ser garantizados a partir del primero de octubre, como los de telefonía, internet, limpieza y energía eléctrica, y se deja pagado al 30 de septiembre para que la nueva gestión tome las decisiones pertinentes.

Cuestionado al respecto, confirmó que la contratación de arrendamiento de patrullas termina justamente el último día de septiembre. Comentó que en esos casos se podría generar algún tipo de ampliación de servicios, para garantizar que en un breve período se tenga el servicio y las futuras autoridades decidan si se renuevan o no los citados contratos.

Si la próxima gestión no toma esas medidas o decisiones pertinentes, los vehículos regresan a la empresa arrendadora de los vehículos usados como patrullas. Hasta ese momento, el funcionario dijo que no contaba con el detalle de cuántas unidades de seguridad pública se encuentran bajo dicha modalidad.

Recibían el 25 por ciento desde hace dos años; el Congreso decretó la desaparición de los dos fondos para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal y para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

El Congreso del estado redujo a un 20% el monto de participaciones federales que reciben anualmente los municipios del gobierno estatal, a raíz de la desaparición de los dos fondos para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal y para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

Con la aprobación del Mando Único en Morelos, en el 2012, los diputados locales dispusieron de un 5% del Fondo General de Participaciones destinado a los municipios, que se componía de un 25% para la operatividad del fondo de seguridad.

En el 2015, el Congreso del estado reformó la Ley de Coordinación Hacendaria y creó el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, que empezó a operar en el 2016 con el 1% de lo aportado por los municipios al Mando Único. El resto se dispuso para que los ayuntamientos invirtieran en seguridad, y pago de laudos el 2%; el otro 2% seguiría en manos del Mando Único.

Con la reforma hacendaria recientemente aprobada por los diputados locales, no sólo desaparecieron el Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración Municipal y el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, sino que también redujeron el monto del Fondo General de Participaciones para los municipios a un 20%. 

En el decreto, publicado el 13 de julio en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", se estableció que los recursos con los que operaban los extintos fondos municipales se podrían utilizar para el mismo fin, aun cuando ya no exista un organismo para su administración.

"...se reitera, no implica restricción alguna para que los recursos destinados a los fines de gasto establecidos para los fondos cuya supresión se contempla, puedan seguirse destinando a los mismos fines, pero con una mayor libertad de acción y determinación, abonando con ello al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales", establece el decreto aprobado por los diputados locales el pasado 12 de julio.

El monto total que contemplaba el 5% que finalmente se le redujo a los municipios de las participaciones federales en este sexenio, es de aproximadamente 400 millones de pesos al año.

Hay controversia constitucional ante la SCJN por invasión de competencias y violación a la autonomía municipal.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) informó que no pueden pagar las jubilaciones a trabajadores de este organismo porque fueron los diputados del Congreso del estado quienes violaron la autonomía municipal al aprobarlas.

La controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el municipio de Cuernavaca, reclama que el Congreso invadió la competencia y violentó la autonomía municipal, toda vez que es el municipio el que determina quiénes se pensionan y a cuánto ascienden los montos equivalentes. 

Manifestó el SAPAC que los diputados saben que invaden atribuciones, pues –incluso- otras instituciones, como el Tribunal Superior de Justicia, han presentado controversias contra el Congreso, por ver una franca violación a la autonomía del Poder Judicial.

El SAPAC aclaró que los derechos de los trabajadores están resguardados por las leyes y la Constitución, y que el recurso presentado sólo pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) delimite el poder que de manera indebida ejerció el Congreso sobre el municipio.

Con un retraso de dos años, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Reglamento de la Ley de Apoyo Alimentario para Personas con Discapacidad Permanente Total y Pobreza Extrema del Estado de Morelos, que prevé otorgar 200 pesos mensuales en despensa a los beneficiarios.

Con un retraso de dos años, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el Reglamento de la Ley de Apoyo Alimentario para Personas con Discapacidad Permanente Total y Pobreza Extrema del Estado de Morelos, que prevé otorgar 200 pesos mensuales en despensa a los beneficiarios.

El reglamento es un instrumento que norma los requisitos y los procedimientos para hacer efectivos los beneficios previstos, así como establece específicamente las bases para la coordinación de las acciones, políticas y programas públicos orientados al mejoramiento y calidad de vida de las personas con discapacidad.

Los interesados en acceder a los beneficios deben reunir una serie de requisitos, como acreditar la discapacidad permanente y condición económica, y presentar su solicitud ante la Secretaría Desarrollo Social, cuya dependencia tendrá un plazo de 60 días hábiles para determinar si el solicitante puede o no ser beneficiario.

Bajo la premisa de que los artículos 1 y 4 de la Constitución prohíben la discriminación y establecen el derecho de toda persona a la alimentación suficiente y el Estado está obligado a garantizarla, en marzo de 2016 entró en vigor la Ley de Apoyo Alimentario para Personas con Discapacidad Permanente Total y en Pobreza Extrema, con la cual los beneficiarios podrán obtener un apoyo, que consiste en una despensa integrada por productos de la canasta básica con un valor equivalente a 200 pesos.

De acuerdo con el decreto aprobado por el Congreso, en Morelos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) -en el año 2000- registró 29 mil 545 personas con alguna discapacidad, y en los últimos 15 años el número se  multiplicó, situación que implicó que igual número de hogares y familias resultaran afectados económicamente por ese hecho.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) -por ley- está obligada a destinar el 2.5% de su presupuesto total autorizado para los gastos de operación, supervisión y seguimiento del programa de apoyo a las personas con discapacidad y en pobreza extrema.