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Diez municipios han incumplido la resolución judicial federal que les ordena establecer medidas cautelares para resarcir y prevenir la contaminación en dicha cuenca y barrancas aledañas.

Denuncian ciudadanos que diez municipios han incumplido la resolución judicial federal que les ordena establecer medidas cautelares para resarcir y prevenir la contaminación en el río Apatlaco y barrancas aledañas. Los ediles podrían ser sancionados hasta con multas por no acatar el fallo de un juzgado de distrito.

Dicho cauce es de los más importantes del estado y actualmente recibe miles de descargas de aguas negras irregulares de casas habitación y hasta de algún rastro. En algunos tramos, la gente arroja basura, como colchones, llantas, cascajo y animales muertos.

Así lo expusieron este martes -en conferencia de prensa- miembros de la Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de Morelos y ambientalistas, quienes alertaron sobre dicho problema y advirtieron del alcance de la sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cuernavaca.

Lamentaron que los diez municipios por los que pasa el afluente, y que son objeto de la demanda, no hayan actuado de inmediato en acato de la resolución.

Se trata de los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Zacatepec, Puente de Ixtla, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Xochitepec, Jojutla y Tlaltizapán, a quienes se les ordenó ejecutar medidas cautelares.

Cabe recordar que en virtud de que los organismos operadores de agua de la decena de municipios no respondieron en el proceso judicial, el citado juzgado federal estableció las siguientes medidas: identificar con precisión los puntos donde se encuentran, así como donde se originan las descargas residuales y aguas grises no tratadas que desembocan en el río Apatlaco o sus afluentes; además de clausurar dichas descargas y proporcionar el servicio de drenaje.

El juzgado dio un plazo de 15 días, a partir de la notificación, para identificar las descargas que desemboquen en el río Apatlaco, elaborando planos que deberán ser remitidos al órgano jurisdiccional. 
Se da un plazo de 30 días más para clausurar las descargas y proporcionar el drenaje o alcantarillado a través de los medios que juzguen convenientes, en los domicilios donde hayan sido detectadas.
En caso de no cumplir con estos plazos, los presidentes municipales y los titulares de los sistemas operadores de agua deberán cubrir una multa de 30 mil unidades de medida y actualización por cada día que transcurra y no hayan cumplido con las acciones en el tiempo ya referido.
Los ambientalistas señalaron que el tiempo corre y, a la fecha, los gobiernos municipales no han dado cuenta de cumplir con la orden judicial.

Como se dio a conocer oportunamente, un grupo de ciudadanos, con la asesoría jurídica de la Federación de Asociaciones de Colonos del Estado de Morelos, FACEM. A.C., a través de la firma legal Mexican Consulting & Development S.C., presentaron el 2 de mayo de 2016 una “Acción Colectiva difusa” ante juzgados federales, la cual quedó radicada con el número 17/2016 en el juzgado Cuarto de Distrito con sede en Cuernavaca, Morelos, contra las autoridades locales directamente responsables, con el propósito de frenar la contaminación, resarcir el daño y mantener la protección de la cuenca del río Apatlaco y los ecosistemas de las barrancas que lo rodean.

En dicha conferencia, explicaron que su objetivo con este proceso judicial es, entre otros, que se declare el grado de responsabilidad que tienen las personas morales y los organismos operadores de agua y saneamiento demandados en la contaminación del río Apatlaco.
También buscan que se declare el daño ambiental que tienen la cuenca y los ecosistemas que lo rodean a causa de las personas morales y autoridades demandadas, y que éstas reparen el daño causado, implementando las acciones necesarias para ello.

Se espera la remoción del cargo de Rodolfo Tapia López; también elegirán presidente de la Junta de Gobierno del organismo.

Este jueves, Rodolfo Tapia López podría ser removido como encargado de despacho del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm). En la lista de posibles sucesores se encuentran la excomisionada de Seguridad, Alicia Vázquez Luna; el exedil Jorge Toledo Bustamante y el actual secretario técnico del organismo, José Luis Téllez Hernández.

Los 36 alcaldes del estado fueron convocados a sesión del Idefomm a las cuatro de la tarde, en la que se elegirá al presidente de la Junta de Gobierno de entre los ediles y al próximo director del organismo, que será votado por los integrantes de la Junta.

Tapia López no logró reunir el apoyo necesario de los alcaldes que rindieron protesta el pasado 1 de enero y que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Idefomm, están obligados a sesionar en el presente mes para designar a la Junta de Gobierno y al director general.

Debido a que la citada ley no es clara sobre el proceso de elección del director, los presidentes municipales elegirán sobre las propuestas que ellos mismos impulsaron y en las que se encuentra la excomisionada estatal de Seguridad, el exedil de Mazatepec y el actual secretario técnico del Idefomm.

De manera extraoficial se ha informado que en la determinación de los alcaldes pretende incidir el extitular del Idefomm, Francisco Velázquez Adán, quien se encuentra en la lista de los exfuncionarios que se beneficiaron con una "pensión dorada" por la LIII Legislatura, apoyado por el exdiputado perredista, Julio Espín Navarrete.

El próximo director recibirá su nombramiento por tres años con posibilidad de que sea ratificado. En el caso del presidente de la Junta de Gobierno, tendrá que ser removido en un plazo de seis meses. 

A la mesa de trabajo instalada ayer por diputados sólo acudió el edil de Jiutepec; 19 ayuntamientos mandaron a un representante del alcalde y el resto ignoró el llamado.

Los alcaldes que terminarán su administración el próximo 31 de diciembre, mostraron el poco interés que tienen para colaborar con el Congreso del estado en la creación de las leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Ayer, el Poder Legislativo instaló mesas de trabajo para analizar las 33 leyes de ingresos con las autoridades municipales, que deberán aprobarse antes del 15 de diciembre, y sólo el alcalde de Jiutepec, Manuel Agüero Tovar, acudió al llamado de los diputados; 19 ediles más decidieron mandar a sus representantes y el resto no hizo caso al tema.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, lamentó la postura de los presidentes municipales, pues cinco municipios simplemente no presentaron sus iniciativas de leyes de ingresos.

Sin embargo, dijo que aún y cuando el Congreso del estado aprobará las leyes de ingresos para el 2019, a propuesta de las autoridades salientes, los ediles electos tendrán la oportunidad de presentar su propia propuesta en enero próximo.

Refirió que en el análisis que se han hecho de las iniciativas, más de cinco municipios contemplan aumentos en el cobro de derechos, como es el caso de Cuernavaca y Cuautla, y reiteró que no se aprobará ningún ajuste a la alza que afecte la economía de los ciudadanos.

La legisladora priista consideró que las leyes de ingresos municipales podrían aprobarse antes del plazo constitucional, que es el 15 de diciembre, si se logran los consensos necesarios con el resto de los diputados para avanzar en el tema.