Esa situación derivó en una reforma legal encaminada a implantar el alcoholímetro, la prueba a la que aleatoriamente deberían someterse los conductores de vehículos motorizados, para determinar si han consumido bebidas embriagantes en cantidades que afecten sus capacidades.

La medida incluye el internamiento de los infractores en lugares dignos que deben construirse obligatoriamente en cada uno de los 33 municipios.

Los Ayuntamientos, sin embargo, han sido omisos en adecuar leyes y reglamentos, así como a construir la infraestructura necesaria.

Mientras, las carreteras morelenses se tiñen de rojo, algo de lo que nadie asume la responsabilidad.