Como acostumbra, el gobernador se escuda en juegos de palabras para culpar al gobierno federal del incumplimiento de un compromiso monetario de su administración.

Si los órganos del control del presupuesto público funcionaran, ya habrían encontrado que existe una relación directa entre la desviación del dinero del gobierno y la falta de recursos para los más diversos programas oficiales.

El saqueo del erario ha sido de tal magnitud que la técnica de abrir un hoyo para tapar otro se ha agotado por tantos compromisos que hay que cumplir.

Tratar de cancelar esos compromisos parece ser la manera elegida para ocultar el robo descarado. Pero en el caso del bono citado, los damnificados serían once mil profesores jubilados, una cifra nada despreciable que da idea del descontento social que las maniobras de la familia provocan a lo largo y ancho de la entidad.