Lo verdaderamente extraordinario es que la actitud de la presidenta honoraria del DIF se enmarca en la atmósfera denunciada la semana pasada por el presidente de la Barra de Abogados de Morelos, quien señaló que existe un terrorismo oficial contra todos aquellos detractores del gobernador, sobre todo porque la señora carece de cualquier tipo de representatividad objetiva, pues ni fue electa en las urnas ni tiene un cargo real (el suyo, repetimos, es honorífico) pero sin embargo habla en nombre del poder.

Para colmo, ese poder metaconstitucional que ejerce carece de control, porque los órganos de fiscalización -está sobradamente demostrado- se subordinaron a los deseos de la familia reinante.
La información de la empresa MVS que replicamos está sobradamente documentada. Tanto, que la propia Elena Cepeda terminó por decir que "es una observación mal hecha de la Contaduría Mayor de Hacienda".

Por todo eso, la reacción de la presidenta honoraria del DIF sólo puede ser el ejercicio de intolerancia desde el poder, que se niega a ser fiscalizado y que no entiende que sin medios de comunicación abiertos no puede haber la democracia que ella y su esposo pregonan en los actos cerrados y selectos a los que les gusta acudir, muy lejos ya de los baños de masas que disfrutaron cuando lograron un triunfo basado en promesas que hasta la fecha no se han cumplido.

Finalmente, llama la atención que insisten en hablar de ética profesional en los medios de comunicación a pesar de que -como demostración de que su principal interés desde el primer día han sido los grandes negocios familiares- ellos mismos son propietarios de un periódico, Morelos Habla -que difunde los boletines gubernamentales- al que han transferido cuantiosos recursos públicos -extrañamente la información está disponible en la página de transparencia del gobierno- en una maniobra que no suena muy ética. Habrá que conocer su opinión al respecto.