Se trata de una ley de vanguardia que sin embargo atenta contra los derechos de la clase gobernante, que ha logrado con éxito impedir su plena entrada en vigor.

Hace algunas semanas fue la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos la que pidió activarla. Ahora la Barra de Abogados de Morelos retoma el reclamo y pone plazos antes de promover litigios ante el Poder Judicial de la Federación para lograr que los habitantes de la entidad puedan acceder al derecho a remover a sus autoridades.

Los excesos en que tradicionalmente se ha incurrido desde el poder hicieron que en su momento la ley de Participación Ciudadana concitara aplausos, los mismos aplausos que el gobernador en turno podría lograr si cumpliera su promesa electoral y se sometiera al juicio de las urnas.

Pero como ese ofrecimiento fue una más de las burlas que la sociedad morelense ha sufrido en los últimos tres años, poner en marcha los mecanismos legales ya existentes es una tarea prioritaria.

Así no será necesario recurrir a gastos como el del domingo. Nadie tendría duda si el gobernante en turno es popular y ha hecho bien su papel. Actualmente nadie tiene esa duda, pero desde el poder ven las cosas a través de cristales deformados que el consejo de Participación Ciudadana ayudaría a corregir.