Ese es el burdo método que utilizó laEntidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) para exonerar a las autoridades estatales, a pesar de que las revisiones de otros organismos más serios (como la Auditoría Superior de la Federación) habían detectado desvíos de recursos en, por ejemplo, la reconstrucción del estadio de futbol de Zacatepec.

Vicente Loredo, titular de la ESAF, demostró sin lugar a dudas por qué fue nombrado a pesar del conflicto de interés en que incurría, por haber sido empleado de Graco Ramírez.

Las acciones de Loredo tienen el mismo valor que el del fiscal anticorrupción, otro empleado del gobernador.

Por lo pronto, la ley contempla sanciones para los empleados públicos que proceden de esa forma, que nunca se harán valer porque el brazo investigador de los delitos está en manos de -faltaba menos- un sobrino del gobernador.

Todo lo anterior muestra a un estado al margen del derecho, con la legalidad anulada para dar impunidad al saqueo descarado de los recursos públicos.