Quienes hayan sido los responsables de esa acción pudieron haber cometido algún delito, además de las numerosas faltas administrativas que ya se han enlistado desde hace días.

Transparentar la información referente al caso podría ayudar a demostrar que no se obró de mala fe en la solución de lo que en ese entonces era un grave problema sanitario provocado por la acumulación de cadáveres en las cámaras frigoríficas de la Fiscalía.

Sin embargo, limitar el acceso a los expedientes del tema sólo a quien demuestre interés jurídico muestra que no hay voluntad de tal cosa. Y adicionalmente, no ha habido delimitación de responsabilidades y todo parece encaminado a una serie de despidos que buscan ocultar la cadena de mando involucrada en la inhumación masiva.