Parte del cambio que debería realizarse para que la ciudadanía recupere sus instituciones implica frenar la asignación discrecionalidad de cargos públicos y cambiarlo por concursos de méritos que sean auditables.

 Nombrar a dedo tiene un doble costo social: primero, lo relacionado con la nómina que deben pagar los contribuyentes; segundo, el daño que gente sin experiencia causa al interés público.

Las cosas deben cambiar pero eso incluye sancionar a quienes se excedan en sus atribuciones y violen los procedimientos. Todo indica que ese es el caso de Vicente Loredo Méndez.