La acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión estatal de Derechos Humanos de Morelos amenaza de forma real ese último acto de despedida de los anteriores legisladores y -de modificarse las designaciones impugnadas- se habrá establecido un importante precedente que probablemente impida abusos como los que se cometieron hace unos días a nombre de las instituciones que supuestamente deben velar por el interés público, pero que fueron integradas para favorecer intereses privados o de grupo.