Las pensiones y jubilaciones de los trabajadores del sector público son derechos adquiridos, ganados a través de largos años de la prestación de un servicio y su legalidad y su justeza con incontestables. Sin embargo, la forma de financiarlas no parece ser las más adecuada, pues por necesidad se toma de ellos recursos destinados a pagar a los trabajadores en activo, cuyo número se reduce con las consecuencias que esto significa.

Los tres niveles de gobierno enfrentan el mismo problema y por lo tanto requieren de una solución parecida pero lejana, luego de que la pandemia de covid frenó la recaudación de impuestos.

Los integrantes de las anteriores legislaturas tuvieron en sus manos la responsabilidad de enfrentar este problema pero nada hicieron en su momento. Hoy las pensiones son lo que se temía que iban a ser: una pesada carga para la operatividad de las administraciones públicas.