La anulación de la reforma electoral dejó sin efecto los cambios introducidos a favor de los derechos políticos de las mujeres, en particular de aquellas que ostentan un cargo de elección popular, que en los últimos años se han visto amenazadas principalmente por alcaldes de horca y cuchillo.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sancionado a varios munícipes que se han excedido en su poder, pero no es bastante para inhibir ese tipo de actos.

Diversos grupos feministas piden que las instituciones hagan lo necesario para suplir las reformas que fueron anuladas por la Corte, a fin de no dejar a las indefensas a las mujeres que buscan cargos públicos.

El reclamo está más que justificado, pero es posible que a las malas conductas a las que se hace referencia solo pueda oponerse la denuncia pública, a la espera de que ahora sí las leyes favorezcan a las víctimas de tan deleznable conducta.