La clase política construyó a lo largo de los años un enorme andamiaje de impunidad, con reformas que en su momento pasaron desapercibidas a pesar de su gran repercusión. 

Así, aunque tenemos leyes que castigan los excesos que se cometen desde un cargo público, la letra pequeña impide que los responsables de graves delitos sean sometidos a proceso.

El caso más evidente es el de Graco Ramírez, pero hay una infinidad. La letra pequeña de la ley siempre termina por favorecer a los corruptos. No por casualidad el sistema estatal anticorrupción ha sido la mejor coraza para los corruptos. Y lo mismo pasa a nivel nacional.

Todo esto viene al caso por el informe sobre el cumplimiento de la ley de transparencia por parte de los sujetos obligados. Hasta los sindicatos que reciben financiamiento público se han unido a la moda del incumplimiento, quizá sabedores de que no tendrán consecuencias.