La pandemia amenaza con provocar el regreso de uno de los mayores males que padecen las instituciones: las sanciones a autoridades electas por laudos no cumplidos.

Los despidos injustificados de hace más de un lustro tienen en jaque a alcaldes, síndicos y regidores de las actuales administraciones, ajenos a la causa original de la sentencia laboral pero responsables de su incumplimiento.

Los recortes de personas ejecutados con motivo de las restricciones presupuestales provocadas por la pandemia derivaron otra vez en una ola de despidos injustificados que a su vez pueden en sentencias desfavorables a la autoridad, que en su momento pueden terminar en posibilidades de destitución.

Cuando en estos momentos se conoce la magnitud que ese tipo de acciones pueden alcanzar en pocos años, parece mejor tomar providencias y dar marcha atrás a esos recortes y buscar mecanismos distintos para ahorrar. Los altos salarios de quienes integran los cabildos pueden ofrecer una opción que no provocará pesadas cargas en el futuro.