El gremio de médicos pelea en muchos estados del país por la libertad de un colega acusado de “abuso de autoridad” en Chiapas y víctima de un proceso que le iniciaron poderosos familiares de uno de los pacientes que falleció por covid-19.

Sin embargo, el resto de compatriotas no se han percatado de que el caso no es la criminalización de la medicina, sino de una situación de abuso de poder que le pudo pasar a cualquiera que no haya sido del agrado de los promotores de la denuncia, quienes disponen de suficiente influencia como para llevar ala cárcel a sus víctimas, en este caso el médico Gerardo Vicente Grajales Yuca.

Hablamos de que el movimiento debería ser más amplio para pedir no solo la liberación de quien -según las evidencias hechas públicas- solo buscó hacer lo necesario para cuidar hasta donde fuera posible la vida del paciente, sino de que se castigue el abuso de los instigadores del encarcelamiento y se ponga fin a sus excesos, al igual que el de cualquiera que desde el poder se propase con los ciudadanos.

En busca de la ansiada igualdad, el caso médico aquí expuesto es emblemático, pero precisamente porque no debería ser gremial, sino de interés de todos aquellos que consideran que la justicia debe ser un bien superior y alcanzable.