Ayer llegó a niveles disparatados la táctica de usar a los ciudadanos como rehenes para dirimir disputas en la que los afectados son ajenos a lo que se pelea contra la autoridad.

Hasta los abogados no pudieron resistirse a la tentación y usaron un método que debe ser considerado por todos como cuestionable para exigir la reapertura de los juzgados.

Los antorchistas se dieron el lujo de cerrar no una sino dos de las avenidas más importantes de la ciudad, lo que provocó un calvario para todas las personas que tenían necesidad de trasladarse.

Una acción quizá no concertada pero de esa intensidad seguramente dañó gravemente la economía de la capital morelense, que de por sí lucha por superar los efectos de la pandemia.

Pero lo más terrible es la interrupción abrupta de la vida normal de las personas.

Es necesario poner límites a ese tipo de acciones, porque provocan un daño superior a cualquier beneficio que la protesta pudiese lograr.