Efectivamente, las escuelas públicas son patrimonio de las comunidades en las que fueron edificadas, pero son algo más que edificios. Quienes en los últimos años se han dedicado a saquearlas para obtener un lucro basado en los muebles, máquinas o materiales sustraídos ignoran que el daño que han causado repercutirá por años en la sociedad de la que seguramente forman parte.

Cada pérdida sufrida en alguna escuela significa un retraso en la formación escolar de cientos, quizá miles de niños. Y no solo por el tiempo que a veces se requiere para reponer lo sustraídos – como cuando roban los cables de energía eléctrica- sino por el retraso -a veces definitivo- que sufre la transmisión de conocimientos.

Se requieren medidas colectivas para frenar esa clase de delitos, lo que incluye mejorar la actuación policial pero también las acciones desde cada comunidad para que quienes piensan dañar una escuela se inhiban por las consecuencias, hoy inexistentes.