Definitivamente el problema de legalidad que enfrenta la representación del Poder Judicial de Morelos debe resolverse a la brevedad, porque ya enturbia todos los aspectos de la administración de justicia.

Dos de los magistrados disidentes respeto al grupo en el poder han señalado los defectos de las medidas tomadas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia para reactivar las operaciones por la vía digital, lo que afecta a todos los asuntos.

Una de las formas de resolver el problema es a la que se ha recurrido: solicitar al Poder Judicial federal que determine la legalidad del nombramiento del actual presidente, pero para cuando los ministros resuelvan habrá pasado un tiempo considerable y las acciones de legalidad dudosa se multiplicarán.

La otra es reponer el proceso y cumplir sin ninguna duda los requisitos y procedimientos que marca la ley.

Lástima que los intereses de los dos grupos que se disputan el liderazgo en el Poder Judicial morelense hagan hasta lo imposible porque algo tan lógico y natural no suceda.