La opacidad ha sido durante demasiado tiempo el refugio de los personajes públicos y de su actuación al frente de las instituciones, pero quizá sea el momento de reclamar que esa situación cambie.

El sistema de corrupción que los políticos construyeron logró evitar la construcción de mecanismos capaces de castigar la corrupción y los delitos que se cometen desde el poder, pero a costa del desprestigio de las instituciones.

Ese desprestigio ha erosionado no solo la calidad de nuestra incompleta democracia sino del poder mismo, lo que ocasiona vacíos y conflictos eternos, como los de gobernabilidad que padecen los poderes Legislativo y Judicial.

Quizá dar un paso adelante para superar esa opacidad crónica puede ayudar a recuperar las instituciones para sus fines originales. Al respecto, la presidente del Poder Judicial tiene una oportunidad histórica con el tema que ayer se hizo público y que le afecta directamente.  

Nos referimos a los señalamientos de que esa funcionaria modificó su nombre y su fecha de nacimiento con un procedimiento que a primera vista parece irregular.

Ofrecer una amplia explicación parece el camino más indicado, en lugar de escudarse en el silencio desde las instituciones.

De otra manera, la sombra de la duda la perseguirá y el desprestigio personal que eso acarrea contagiará a la institución que representa.