El llamado sistema estatal anticorrupción está en deuda con los morelenses desde su nacimiento, porque simplemente no ha logrado estar operativo, a pesar del costo que su integración tiene para la entidad y, especialmente su incompleta existencia.

Hoy los organismos que lo integran están de nuevo en conflicto, lo que no abona para ganar la credibilidad de los ciudadanos.

A estas alturas difícilmente lograran convencer a los gobernados de que existe una seria intención de perseguir los actos corruptos, por lo que quizá sea necesario empezar de nuevo.

La entidad sufre por la ausencia de recursos económicos ya presupuestados que fueron desviados a los bolsillos del exgobernador Graco Ramírez, quien sigue impune mientras el propio presidente de los Estados Unidos ya está bajo proceso.

Hay una clara diferencia y el trabajo de las instituciones debería ser funcionar de forma correcta, lo que hasta la fecha no ocurre.