Todo indica que los procesos abiertos contra funcionarios de primer nivel del anterior gobierno incrustados en la Secretaría de Movilidad y Transporte van correctamente encaminadas y que la serie de amparos promovidas por varios destinatarios de las investigaciones son una ratificación.

Sin embargo, no debemos perder de vista que los señalamientos contra el que fuera director de Transporte y sus superiores, así como uno que otro funcionario habla de alrededor de diez mil permisos ilegales expedidos en el sexenio anterior, mientras que solo una treintena de casos están ante el juez.

La acusación no refleja el tamaño de la conducta delictiva detectada y falta aún el juicio, en el que los señalados pueden desvirtuar las acusaciones.

Por lo pronto, esos amparos son indicativos de que la dirección es la correcta.

Habrá que esperar si llega hasta los niveles más altos de la corrupción o la acusación se queda en los niveles intermedios.