Tal y como lo señala el secretario de Hacienda, el abuso cometido por la legislatura anterior a la hora de autorizar pensiones y jubilaciones injustificadas también ocurrió en otras épocas y daña gravemente al erario.

Los diputados que han encabezado la comisión de Trabajo han sido débiles a la hora de favorecer a sus amigos y hoy  el gobierno del estado, las alcaldías y diversos organismos deben hacer frente a pagos elevados a favor de gente que a la hora de jubilarse justificó el proceso con documentación falsa.

Dentro de los límites de la ley, sería un ejercicio justo revisar todas aquellas autorizaciones que a primera vista parezcan dudosas, para tratar de revertirlas.

El derecho a la jubilación no puede conculcarse, pero la ciudadanía no debe pagar el sustento de personas que por su edad o su antigüedad laboral no merecen esa prestación, pero la obtuvieron en condiciones ventajosas y como tal deberían regresar todo lo percibido.