Finalmente, el Congreso local anuló 24 de las pensiones que la legislatura anterior concedió en condiciones de privilegio a los beneficiarios.

Falta publicar los correspondientes decretos y que los afectados emprendan acciones legales para tratar de revertir los efectos, aunque esa acción sería en si misma un alarde de cinismo.

Los anteriores diputados se movieron en la ilegalidad gracias a que el Poder Ejecutivo los usó para regularizar infinidad de actos corruptos, entre los que se puede incluir el premio de una buena e inmerecida pensión a los más allegados.

Lo anterior significa que algún error de procedimiento deben haber cometido esos exlegisladores como para intentar someterlos a proceso para que paguen todo lo que hicieron en contra del pueblo morelense.

Por lo pronto, la rectificación de los excesos ahora sí ha comenzado.