La impunidad que los últimos trienios han tenido los alcaldes que han manejado a su antojo los recursos públicos que les fueron confiados ha sido la principal causa de los enormes pasivos laborales que recibirán los futuros munícipes.

La responsabilidad en la que han incurrido no fue castigada, por lo que quienes están por dejar el cargo confían en que tendrán el mismo grado de protección que sus antecesores.

Por eso no les importa dejar compromisos que se convertirán en pesados pagos y requerimientos que pueden poner en peligro la continuidad de los gobernantes.

Cada fin de trienio se ha pedido castigo para el mal manejo de los recursos públicos, pero la ineficiencia o complicidad de los órganos de fiscalización han convertido a la ley en letra muerta.