Disponer de recursos para pagar las jubilaciones y pensiones es uno de los grandes retos del país, que deben afrontar los tres niveles de gobierno que las universidades públicas y las empresas estatales.

Desde hace varios lustros se ha alertado sobre el peligro que este gran pendiente representa, pero la realidad nos ha finalmente alcanzado.

El volumen de dinero necesario cumplir con esos compromisos poco a poco es mayor que el que se gasta para cubrir sueldos y salarios, debido a que no existe una previsión, un fondo que se haya nutrido de las aportaciones de los beneficiarios.

Más de dos mil empleados públicos estatales y municipales esperan la autorización para jubilarse, pero esas son las cifras hasta este fecha, pues a lo largo del año se sumarán más.

El problema exige una solución del tamaño adecuado, que no es poco.