No debe ser casualidad que los mil millones de pesos en irregularidades encontradas por la Secretaría de la Función Pública sea precisamente el sobreprecio que tuvo la construcción del Paso Exprés.

Aunque estamos en el periodo de solventación (esto es, de justificación de las irregularidades) es difícil que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes logre justificar el pago en exceso por una vialidad que no funciona.

Lo correcto es seguir el proceso correspondiente y fincar responsabilidades penales, que deberían concluir con el encarcelamiento de quienes usaron de esa manera el dinero público y que además provocaron la muerte de varias personas.

Si al final los funcionarios señalados logran justificarse, será porque en este país existen dos pesas y dos medidas.