La nueva ley de Protección de Datos Personales del Estado de Morelos confiere al ciudadano mayor protección de su información personal en manos de instituciones públicas y eso podría ser un avance, excepto porque el órgano garante de los derechos con tenidos en esa legislación es el IMIPE, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, que está lejos de cumplir adecuadamente sus funciones..

Tal organismo se convirtió en una agencia de colocaciones. La mayor parte de su presupuesto se va en el pago a sus tres consejeros y las funciones sustantivas que le corresponden no se cumplen.

Basta con ver la opacidad de alcaldías y demás sujetos obligados para entender que los ciudadanos y sus datos personales no han quedado en las mejores manos, lo cual resulta preocupante, porque no se ve remedio a la vista.