Les fueron suspendidas hace más de un año por el desfalco de la anterior legislatura.

Trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo pidieron a los diputados locales resolver los problemas legales con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (ICTSGM) para que puedan acceder a las prestaciones a las que tienen derecho, a más de un año de que se las suspendieron por la deuda de 24 millones que generó la LIII Legislatura. 

Molestos porque los legisladores han retrasado la efectividad del convenio firmado con el ICTSGM para cubrir la deuda millonaria, con el que podrán realizar cualquier trámite, los sindicalizados sostuvieron que la LIII Legislatura retuvo sus aportaciones y causó el daño, pero la LIV Legislatura es responsable de resolver el problema.

"Ellos son los responsables como Congreso del estado porque independiente de la LIII Legislatura que hizo un mal manejo de los recursos, ahora ellos son los responsables del Congreso y que enfrenten la responsabilidad y que nos ayuden a sacar ese convenio ante el instituto porque no podemos realizar ningún trámite", afirmó Erick Alejandro Reyes Chávez, secretario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo.

Sostuvo que la deuda con el Instituto de Crédito no es el único daño que les causaron como trabajadores, ya que la LIII Legislatura también les suspendió el pago de prestaciones laborales.

"Tenemos diversas prestaciones como pago de uniformes, tenemos apoyos de nuestras mismas cuotas que nos retuvieron y ellos se quedaron, becas para el pago de colegiaturas, que con becas a nuestros hijos (sic), tenemos primas de antigüedad y si sumamos todo los que nos deben, ascienden a más de 400 mil pesos", agregó Reyes Chávez.

Al respecto, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, justificó el retraso en el convenio con el Instituto de Crédito, ya que se revisa que no se entorpezca la denuncia penal interpuesta en contra de los ex diputados por la retención de aportaciones de los trabajadores y otras irregularidades.

*Respecto a informe de situación financiera del Ayuntamiento*

Diputados aprobaron, este jueves, un punto de acuerdo por el que se exhorta al alcalde de Cuautla para que informe de la situación financiera del Ayuntamiento.

De igual modo, que explique por qué no se ha pagado a los trabajadores y sobre la intención de sindicalizar a sus allegados.

Además, se pidió al edil cumplir con los derechos de los trabajadores y abstenerse de regularizar plazas a trabajadores que son allegados.

Trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo se inconformaron ante diputados, este jueves, porque no se ha resuelto la deuda que se tiene ante el Instituto de Crédito y que mantiene detenidos sus beneficios.

Los sindicalizados señalaron que ayer se votaría en la conferencia para la programación de los trabajos legislativos el convenio con el instituto, para que ya puedan acceder a préstamos y otros beneficios, como parte de las aportaciones que ellos hacen de sus salarios.

Debido a una deuda que heredó la pasada legislatura, por 24 millones de pesos ante el Instituto de Crédito, dichos derechos se les suspendieron; los diputados se comprometieron a firmar un convenio de pago, mismo que no se ha consolidado.

Los sindicalizados exigen resultados a los actuales diputados, pues además del problema en el citado instituto tampoco se les han pagado otros derechos.

Por su parte, los legisladores locales afirmaron que no han perdido el tiempo y trabajan en resolver problemas que les heredaron.

*De manera desproporcionada*

La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso local, confirmó que cinco municipios pretenden incrementar conceptos en cobro de derechos, de manera desproporcionada y sin ninguna justificación.

Se trata de Cuernavaca, Cuautla, Tepalcingo, Jiutepec y Temixco; este último municipio busca incluso que se le autorice un crédito de 50 millones de pesos.

La legisladora local aseguró que no habrá aumento en derechos y ningún impuesto, y mucho menos endeudamientos nuevos.

Operadores de taxis "Alas doradas" y "Anáhuac" se manifiestan, la mañana de este jueves, frente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Exigen la liberación de sus compañeros, inculpados en un secuestro en el poblado de Tres Marías, en Huitzilac.

Los taxistas inconformes estacionaron sus unidades en la avenida Emiliano Zapata, frente a las instalaciones de la FGE, en espera de la respuesta de las autoridades.

Cerca del mediodía, los operadores de taxi se retiraron del sitio de la protesta; insistieron en que los cuatro detenidos en Tres Marías son transportistas y advirtieron que volverán a movilizarse si no hay solución.

Víctor Lara Alarcón, de la Confederación de Radiotaxis, refirió que a las 18:00 horas revisarán la situación jurídica de los detenidos.

Trabajadores del Ayuntamiento de Cuautla se manifiestan, la mañana de este jueves, en el Congreso local.

Los inconformes piden la intervención de los diputados para que se les paguen tres quincenas atrasadas y prestaciones que el alcalde Raúl Tadeo Nava no ha cumplido, según indicaron.

Al respecto, los trabajadores refirieron que el edil sólo les dice que no hay dinero para pagarles; también advirtieron que si no hay solución, llevarán a cabo otras acciones.

El gobierno anterior también tenía 400 “aviadores” en la nómina de Unidos por Morelos y aumentó el gasto corriente en tiempo electoral.

Durante el gobierno estatal que encabezó Graco Ramírez, se habrían desviado 500 millones de pesos para la campaña del ex candidato a la gubernatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rodrigo Gayosso Cepeda. 

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, afirmó que existen documentos que comprueban dicho desvío de recursos, además del registro de 400 "aviadores" del Fondo "Unidos por Morelos" que nunca trabajaron por la reconstrucción del estado, tras el sismo del 19 de septiembre, pero prestaron sus credenciales de elector sin ninguna justificación.

Además, se detectó un incremento del gasto corriente de dos mil 500 millones de pesos a tres mil 500 millones, que coincidió con el proceso electoral del 2015.

Informó que dicha información fue presentada al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y en los próximos días serán elementos para sustentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Zapotitla Becerro adelantó que el Congreso del estado tiene proyectado aumentar el presupuesto de la Comisión Estatal de Seguridad, a solicitud de su titular José Antonio Ortiz Guarneros, a fin de impulsar una auditoría especial a la dependencia estatal por irregularidades cometidas en la administración pasada, como el haber informado de la contratación de cinco mil policías y sólo contar con mil 600 elementos.

El legislador de Morena sostuvo que no confían en el fiscal general Uriel Carmona Gándara, para el desahogo de las denuncias que se promoverán en contra de ex autoridades estatales, por lo que insistió en que buscan su remoción, a pesar que se amparó para que el Congreso no reformara la Ley Orgánica de la Fiscalía que le otorga beneficios como una pensión vitalicia. 

El déficit del Congreso del estado es mayor a los 30 millones, heredado por la anterior legislatura: Sotelo Martínez.

Diputados locales pedirán un adelanto presupuestal al Poder Ejecutivo para poder pagar aguinaldos y salarios de los trabajadores, además de cubrir otros compromisos financieros de este año. El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que el Congreso local enfrenta un déficit mayor a 30 millones de pesos, heredado por la LIII Legislatura.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) sostuvo que los malos manejos de los exlegisladores, como el haberse asignado cheques de hasta medio millón de pesos cada uno, mantiene en crisis al Poder Legislativo, al grado de que no se tiene presupuesto para el pago de salarios y aguinaldos de los trabajadores.

De acuerdo al diputado Sotelo Martínez, la asignación de cheques a legisladores de todos los partidos políticos en el Congreso del estado representa una malversación de recursos cercana a los nueve millones de pesos.

Dijo que esa y otras anomalías detectadas en la LIII Legislatura son parte de los elementos que sustentaron la denuncia que presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

El presidente de la Mesa Directiva refirió que debido al déficit heredado por los exlegisladores, a causa de un mal ejercicio del presupuesto del Congreso local se ha solicitado ayuda del Poder Ejecutivo para que se asigne un anticipo de al menos 30 millones de pesos para cerrar el año fiscal 2018.

Mencionó que hasta el momento se ha podido pagar el salario de los sindicalizados y de los trabajadores de confianza que se han mantenido para desahogar el trabajo legislativo, como los secretarios técnicos. Sin embargo, señaló que todos los diputados deberán posponer la contratación de un mayor número de personal de confianza por falta de recursos.

Integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) rechazaron complicidades con autoridades de la administración estatal que encabezó Graco Ramírez Garrido para designar a los representantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

En rueda de prensa afirmaron que el proceso de designación, que duró más de un año, se llevó a cabo apegado a derecho.

Sin embargo, también indicaron que están en la disposición de que el Congreso local revise todo el proceso, como se aprobó por el Pleno legislativo la semana pasada, ante presuntas irregularidades.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana fueron designados el 27 de septiembre pasado, días antes de que concluyera la anterior administración estatal; dichos comisionados han sido relacionados con el gobierno de Ramírez Garrido.

El Congreso del estado no cuenta con recursos para el pago de aguinaldos a trabajadores, confirmó este día el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

Sobre el tema, el legislador informó que enfrentan un déficit de 30 millones de pesos, que complicará el pago de aguinaldos y también de las deudas heredadas por la pasada legislatura.

Sotelo Martínez también indicó que buscan con el Poder Ejecutivo un anticipo de presupuesto, por el mismo monto, para resolver los problemas financieros de este año.

El diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, informó que se detectó un presunto desvío de recursos de la pasada administración estatal para la campaña de Rodrigo Gayosso Cepeda, ex candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura de Morelos.

Refirió que de un informe oficial se detectó este presunto desvío, además de otras irregularidades que serán elemento para sustentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que promoverá el gobierno estatal.

Finalmente, Zapotitla Becerro también refirió que dentro de los delitos podría encuadrar incluso el de delincuencia organizada.

En el Congreso del estado se dio a conocer, este miércoles, que se llevará a cabo un foro temático en materia de educación, rumbo a una reforma a nivel federal.

Las diputadas Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), y Blanca Nieves Sánchez Arano, informaron que dicho foro se realizará el próximo 9 de noviembre.

La convocatoria está abierta a la sociedad en general, para maestros, profesionistas y empresarios, a fin de que hagan sus propuestas.

El foro temático se desarrollará en educación inicial y especial, rumbo a "la cuarta transformación".

La diputada panista Dalila Morales Sandoval informó que, desde hace tres meses, 60 camionetas adaptadas para el traslado de personas con discapacidad por parte del Sistema DIF Morelos se encuentran detenidas y sin usar, pese a la alta demanda de la población.

En rueda de prensa, la legisladora apuntó que sin ninguna justificación las camionetas se encuentran encerradas en el estacionamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

Morales Sandoval se pronunció porque se investigue a fondo qué sucede con esas camionetas y que se pongan en funcionamiento, para apoyo de las personas que lo necesitan.

Integrantes de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales (FCAP) del Estado de Morelos desconocieron a Alejandro Smith Vázquez como presidente de dicha agrupación.

En rueda de prensa, explicaron que desde noviembre del año pasado fue removido de dicha representación por haber violado el Código Civil y el reglamento de la FCAP.

Lo anterior, al militar en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y participar en actos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, en marzo pasado, Smith Vázquez promovió un juicio para mantenerse en la representación, pese a que la federación designó a Alfonso Viveros Miramontes.

Lo acusaron de intentar dividir a la agrupación y de ostentarse como presidente de la FCAP ante el Congreso y otras instituciones.

La mayoría son unidades de último modelo, que son desvalijadas.

En Cuernavaca y la zona conurbada diariamente se registran de tres a cinco robos de taxis, de acuerdo a cifras registradas por la Coalición de Representantes del Transporte Público.

El enfrentamiento registrado ayer entre taxistas y pobladores de la comunidad de Tres Marías, en Huitzilac, no es un hecho aislado, ya que líderes transportistas han reportado ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y la Comisión Estatal de Seguridad (CES), el incremento del delito de robo de vehículos públicos, principalmente en Cuernavaca y en Huitzilac.

La Coalición de Representantes del Transporte Público aglutina a distintas agrupaciones, como es la Confederación de Radiotaxis del Estado de Morelos, a la que pertenecían los dos taxis robados la noche del lunes y madrugada del martes; uno de ellos fue el que apareció en Tres Marías.

Los taxis robados son vehículos último modelo, los que de acuerdo a la información que reporta la coalición, son desvalijados para la venta por separado de las piezas, lo que significa que muy pocos son recuperados por el transportista que compró la unidad.

De acuerdo a la Ley de Transporte del Estado, los vehículos que presten servicio público sin itinerario fijo deben tener una antigüedad no mayor a 10 años, de ahí que los transportistas son obligados a renovar sus unidades, pese al riesgo de que sean robadas.

El Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración fue eliminado por los anteriores diputados.

Los recursos del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración -que suman 110 millones de pesos para este 2018- que se usarían para el pago de laudos en los ayuntamientos y la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del año pasado, pudieron haberse desviado por autoridades de la pasada administración.

El director del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Rodolfo Tapia López, admitió que se desconoce el destino y uso de los recursos financieros, que se recortaron a los municipios de sus participaciones federales para la operatividad del fondo antes mencionado.

El funcionario recordó que el fondo fue creado para el pago de laudos y gestión de obra pública en los 33 municipios, y debido a la tragedia del sismo de 19 de septiembre del año pasado, el dinero fue utilizado para la reconstrucción de viviendas. Sin embargo, en el mes de julio fue eliminado por los exdiputados integrantes de la LIII Legislatura. 

Ante la determinación de los exlegisladores, y a menos de dos meses de que concluya el año fiscal 2018, el director del Idefomm confirmó que se desconoce si los 110 millones fueron usados para la reconstrucción, ya que para el pago de laudos no se cumplió el objetivo.

“El Congreso local determinó que 110 millones de pesos del fondo fueran destinados al tema de la reconstrucción, pero no pudimos tener acceso a la conclusión de este fondo. El reto de la administración actual de Cuauhtémoc Blanco Bravo tendrá que hacer una revisión a detalle dónde está este recurso”, declaró Tapia López, quien no descartó un desvío de recursos.

Por otro lado, el director del Idefomm anunció la firma de un “acuerdo político” entre el Poder Ejecutivo y los 33 alcaldes para evitar el despido de personal y heredar conflictos laborales a los próximos ediles, quienes tomarán protesta el 1 de enero del próximo año.

Señaló que el principal obstáculo al que se enfrentarán las próximas autoridades será la deuda por el pago de demandas laborales.

Los anteriores legisladores sólo dejaron los muebles que existían antes de su gestión.

Los diputados locales iniciaron una nueva investigación por el robo de mobiliario del Congreso del estado, presuntamente cometido por sus antecesores antes de que concluyera la LIII Legislatura, el 30 de septiembre pasado.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, explicó que además de la investigación por haberse vendido en 25 mil pesos vehículos último modelo del Congreso del estado y el presunto desvío de recursos, también detectaron que muebles adquiridos hace menos de tres años fueron robados.

"El mobiliario que hay está lastimado, está dañado, se perdió mucho y ya estamos sobre esa investigación y, obviamente, se necesita mobiliario para trabajar. Si ustedes van al Congreso, van a ver que estamos trabajando con las sillas rotas", sostuvo el diputado local.

Casas González señaló que la mayoría de muebles son los que se tenían antes de que iniciara la LIII Legislatura.

El diputado local admitió que es necesario invertir en escritorios, sillas, computadoras y otros accesorios para el próximo año.

Por otro lado, informó que la empresa "Ago Operadores", que construyó la nueva sede legislativa, entregó el informe financiero, así como el proyecto ejecutivo del inmueble, por lo que en próximos días se informará de manera pública las condiciones en las que se encuentra el lugar.

Adelantó que el edificio registra fallas graves, pese a que su valor resulta excesivo, por arriba de los 470 millones de pesos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez, confirmó que el repunte de la violencia ha afectado a la economía del estado; también destacó la necesidad de que haya resultados en materia de seguridad.

Al respecto, el empresario señaló que es necesario que el gobierno estatal trabaje en el tema, pues a 35 días de que inició la administración es preocupante el incremento de hechos delictivos; destacó que es necesario que las autoridades "reviertan este tipo de circunstancias".

Adame Jiménez también admitió que sí afecta a los prestadores de servicios, sobre todo en la llegada de turistas, que ven a Morelos como un lugar inseguro.

El presidente del Colegio Morelense de Abogados, Juan Juárez Rivas, sostuvo que es necesario reformar la ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), para evitar que trabajadores pierdan sus derechos por abusos del patrón.

Al respecto, el litigante señaló que presentaron una propuesta de reformar el artículo 28 de la citada ley, y los diputados no la aceptaron.

Refirió que es necesario legislar en el tema, pues tanto ayuntamientos como el Ejecutivo y el Legislativo tienen deudas con el Instituto de Crédito por irregularidades cometidas por ex funcionarios.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, adelantó que no se permitirán aumentos en cobros de derechos municipales de manera desproporcionada, como lo han propuesto algunos ayuntamientos en sus iniciativas de leyes de ingresos municipales 2019.

De igual modo, el legislador señaló que también se revisará la propuesta de paquete económico que deberá presentar, a más tardar el jueves de la próxima semana, el Poder Ejecutivo.

Lo anterior, pues el secretario de Finanzas indicó que podrían aplicar nuevos impuestos.

De igual forma, Casas González refirió que sí se contempla un aumento al presupuesto del Congreso del estado para el próximo año, debido a las deudas que heredó la pasada legislatura.

Anotó que tendrán que comprar mobiliario nuevo, pues los ex diputados también se robaron el que compraron durante su legislatura.

Autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunciaron la Feria de Vivienda que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el próximo 6 de noviembre.

Se tendrá la visita del "Infonabus", para ofrecer créditos a los trabajadores de la máxima casa de estudios en el estado, de los cuales, tres mil 567 ya precalifican para contratar.

Además y de acuerdo con el delegado del Infonavit, Roberto Lamas de Alba, la UAEM no tiene deuda con Infonavit.

Por otro lado, el funcionario federal informó que el 75 por ciento de las cerca de cuatro mil viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre ya fueron entregadas.

En el resto hay retraso por entrega de papeleo y porque algunos se inconformaron por el monto que la aseguradora pretende darles, de acuerdo al avalúo hecho, según anotó Lamas de Alba.

En el sexenio pasado nunca fue convocado ese órgano de consulta      

Transportistas solicitaron al secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, convocar de manera urgente a una sesión del Consejo Consultivo del Transporte para que se analicen y se les dé solución a todos los problemas del sector. 

Víctor Mata Alarcón, presidente de la Coalición de Representantes del Transporte Público, recordó que durante la administración de Graco Ramírez nunca se convocó de manera formal a una sesión de dicho consejo, y todos los temas se abordaron bajo los intereses de las autoridades, sin atender de fondo los problemas del transporte.

El líder transportista sostuvo que la problemática no sólo es la misma que se tuvo desde hace seis años, sino que se ha agravado, por lo que es necesario que se convoque a consejo y se atiendan los conflictos entre autoridades y concesionarios.

Señaló que se solicitó la atención de problemas como el "pirataje", que es uno de los más graves, debido a que se ha permitido que las unidades del servicio público sigan operando con permisos provisionales vencidos, ya que fueron expedidos por la pasada administración estatal.

De igual forma, enumeró al "coyotaje" en las oficinas de la secretaría para la realización de trámites, la inseguridad, la inexistencia de un padrón real de operadores de taxis y “rutas”, entre otros problemas.

Para la instalación del Consejo Consultivo del Transporte se tendría que emitir una convocatoria para designar a los líderes transportistas que lo integrarán, además del gobernador, el secretario de Movilidad y Transporte, así como empresarios y autoridades municipales.

Diputados tampoco han conseguido consensos para crear una Ley del Notariado

Los diputados locales no han podido concretar la contrarreforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y tampoco la creación de una Ley del Notariado, ante la falta de consensos entre las fuerzas políticas, pese a que fue uno de los compromisos de inicio de la LIV Legislatura.

Las dos iniciativas que se impulsaron desde septiembre pasado para echar abajo las modificaciones legales que aprobaron los ex diputados de la LIII Legislatura, incluso, ya fueron dictaminada para someterlas a votación del Pleno. Sin embargo, los dictámenes se encuentran detenidos en comisiones, por la falta de acuerdos. 

La contrarreforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado busca eliminar los beneficios que los ex legisladores asignaron al fiscal general y al fiscal especializado en el Combate a la Corrupción, como pensión vitalicia y seguridad personal para su retiro, además de un aumento presupuestal a la dependencia a costa de los recursos que pertenecían a los Fondos de Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Mientras que con la creación de una nueva Ley del Notariado los diputados locales pretenden devolver al gobernador del estado la facultad de remover a un notario público que haya cometido alguna violación a la ley, ya que la legislación que aprobó la LIII Legislatura los dejó inamovibles.

Notarios públicos acudieron hace tres semanas al Congreso del estado, ante la posible aprobación de la nueva ley, y posteriormente los legisladores determinaron poner el dictamen en espera.

Representante del sector refiere que la escasez de agua en la Ciudad de México fue factor para el aumento de hasta un 10% por el Día de Muertos.

Hoteleros reportaron un aumento de la afluencia turística hasta de un 10%, desde el jueves pasado, debido a la celebración de Día de Muertos.

El presidente de la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos, Donaciano Hernández Vega, informó que el repunte de la ocupación hotelera se registró principalmente en Cuernavaca, Tepoztlán y en la zona sur del estado.

Refirió que el problema de escasez de agua en la Ciudad de México fue uno de los factores que abonó para que aumentara el número de visitantes a Morelos.

“Definitivamente sí, eso lo vimos el día de ayer (jueves), fue una parte del negocio que se estuvo moviendo… Hay gente que se salió anticipadamente de la Ciudad de México y definitivamente sí vimos un impacto que es el incremento que ya hemos comentado en la ocupación de un cinco a un 10%”, señaló.

El empresario dijo que se tenía un registro de ocupación hotelera de un 40% y se espera que para el próximo lunes, cuando haya terminado el puente vacacional, se pueda reportar un llenado mayor al 50% de más de dos mil habitaciones de los 125 hoteles afiliados a la asociación.

Diversos sectores e instituciones reclaman recursos para 2019, incluso para la autonomía del Poder Judicial; el dinero para repartir es limitado.

A unos días de que inicie la discusión del Paquete Económico 2019 en el Congreso del estado, las peticiones de asignación presupuestal extraordinaria para diversas áreas se han acumulado. Jubilados y pensionados del Poder Judicial, maestros, empresarios y campesinos han presentado sus demandas ante el Poder Legislativo.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada priista Rosalina Mazari Espín, dijo que se atenderán todas las solicitudes en el tema presupuestal, pero aseguró que se resolverán con base en la propuesta que haga el Poder Ejecutivo para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019.

Refirió que uno de los temas que ocupan al Congreso es la situación del Poder Judicial, ya que para el próximo año contará con autonomía financiera y tendrá que recibir el 4.7% del presupuesto del gobierno del estado.

La legisladora local sostuvo que al asignarle mayor presupuesto al Poder Judicial tendrán que recortar recursos de otros rubros y es justamente lo que tendrán que atender como prioridad en la discusión del Paquete Económico 2019.

Refirió que se acordó con legisladores instalar mesas de trabajo con cada comisión legislativa para atender las demandas de todos los sectores y asignar el presupuesto necesario en cada rubro.

Respecto de la Ley de Ingresos del gobierno estatal y la posibilidad de que se creen nuevos impuestos, como lo declaró el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, la diputada consideró que no sería conveniente imponer nuevas tributaciones, pero afirmó que será un tema que se discutirá con los diputados de todas las fuerzas políticas en el Congreso local.

Concesionarios del transporte público llaman a reactivar operaciones para evitar pérdidas económicas en el sector.

A un mes de que inició la nueva administración pública estatal,  los trámites en control vehicular en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) se encuentran detenidos por una investigación que inició la Secretaría de la Contraloría del estado.

El presidente de la Coalición de Representantes del Transporte Público, Víctor Mata Alarcón, dijo que existe molestia de parte del sector porque no pueden realizar trámites “a raíz de una supuesta intervención de la Contraloría que ya se llevó un mes”.

Manifestó que los concesionarios del transporte público no pueden realizar trámites como altas de vehículos nuevos, lo que afecta directamente a su economía.

“Un compañero que compró su vehículo último modelo hace unas semanas y no puede circular porque no ha hecho el trámite de alta y ya casi se cumple el mes para que pague la primera letra”, subrayó.

El líder transportista dijo que están a favor de que se esclarezca la corrupción que se cometió en la administración que encabezó Graco Ramírez. Sin embargo, aseguró que los problemas se están acumulando en el sector transporte.

Mata Alarcón sostuvo que es necesario que el nuevo titular de la SMyT active el cobro de trámites para el pago de derechos y con ello desahogar uno de los muchos problemas en el transporte público.

De acuerdo con el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, una de las investigaciones iniciadas está relacionada con la compra de dos sistemas informáticos para la SMyT que nunca funcionaron, pero que su contratación podría estar relacionada con un fraude superior a los 190 millones de pesos.

Se propone establecer figuras como la revocación de mandato, plebiscito, referéndum, entre otras.

El Pleno del Congreso local conoció la iniciativa de reforma constitucional en materia de participación ciudadana con el fin de incluir las figuras de revocación de mandato, presupuesto participativo, congreso y gobierno abierto, asamblea ciudadana, difusión pública y red de contraloría.

Durante la sesión del miércoles pasado, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Héctor Javier García Chávez, presentó la propuesta de reforma al artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos.

El legislador local sostuvo que es necesario reformar el tema de la participación ciudadana, a raíz de la reforma que aprobó la LIII Legislatura para eliminar la revocación de mandato.

Propuso establecer los siguientes mecanismos de participación ciudadana: revocación de mandato, presupuesto participativo, gobierno abierto, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, audiencia pública, cabildo abierto, Congreso abierto, asamblea ciudadana, difusión pública y red de Contraloría.

"La transformación y evolución del modelo democrático no puede entenderse sin una participación popular plena, directa, sin mecanismos reales y tangibles en los que la sociedad no sólo sea protagonista de un desarrollo justo y equitativo, sino en el que el poder político esté integrado bajo una perspectiva colectiva y nacional", manifestó García Chávez.

Explicó que al establecer los mecanismos de participación antes citados, la ciudadanía podrá tomar decisiones en torno a la aprobación del presupuesto y también conocer de manera directa lo que se desarrolla en las sesiones del Congreso del estado y de las decisiones del gobierno estatal.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.

La delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Morelos lleva a cabo operativos en panteones, con motivo de la celebración del Día de Muertos.

Las autoridades verifican que se respeten precios en flores, pan de muerto y veladoras.

También se han supervisado establecimientos en donde se venden materias primas, y diversos mercados; además, se ha amonestado a cinco negocios, por no tener calibradas sus básculas.

Jaime Barrera Melo, jefe del Departamento de Verificación de la Profeco, recomendó a la ciudadanía tomar precauciones al comprar y reportar cualquier irregularidad.

*En este puente vacacional*

Empresarios esperan un incremento del 20 por ciento en turismo en este puente vacacional de Día de Muertos.

Ángel Adame Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), manifestó que la escasez de agua durante cuatro días en la Ciudad de México puede abonar a la llegada de más visitantes.

Admitió además que la afluencia de visitantes ha sido baja en otros periodos vacacionales, por lo que esperan que repunte para beneficio de la economía de Morelos.

La funcionaria no ha dado resultados en su cargo, señalan activistas.

Mujeres activistas del estado se inconformaron ante el Congreso del estado por la ratificación de Flor Dessiré León Hernández como titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM).

Ayer, en el marco de la instalación de la Comisión de Igualdad de Género, las representantes de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer lamentaron que los diputados hayan validado un nombramiento que hizo la LIII Legislatura.

Susana Díaz Pineda, representante de la Comisión de Derechos Humanos "Digna Ochoa", señaló que Flor Dessiré no ha dado resultados en torno a la violencia feminicida, pese a que fue uno de sus compromisos al tomar protesta del cargo en el IMEM, por lo que pidió a los legisladores pensar bien su determinación.

Adriana Mujica Murias, ex titular del IMEM, sostuvo que los diputados están avalando a una mujer que está comprometida con el gobierno que encabezó Graco Ramírez y que no garantiza los resultados que las mujeres esperan.

"No está comprometida con las mujeres y eso nos parece a muchas mujeres que les mandamos muchos llamados al Congreso para que no avalaran la convocatoria y la echaran para atrás y emitieran una nueva convocatoria. No queremos que se avale a alguien que hizo la anterior legislatura en lo oscuro, en lo oscuro hizo esa convocatoria", manifestó Mujica Murias.

Sin embargo, horas después, el Pleno del Congreso del estado, en sesión ordinaria, abrogó el decreto por el que se revocó el nombramiento de León Hernández en septiembre pasado y avaló su nombramiento para que permanezca al frente del Instituto de la Mujer.

Las mujeres que participaron en la instalación de la comisión también reprocharon a los diputados que no han hecho nada por abatir la violencia en contra de la mujer, cuando en el mes de octubre se registraron seis feminicidios.

Keila Figueroa Evaristo, presidenta de la Comisión de Igualdad, se comprometió a trabajar en el tema y a insistir en que haya igualdad de oportunidades en la función pública para las féminas. 

Hortencia Figueroa Peralta, Francisco Moreno Merino, Silvia Irra Marín, Julio Espín Navarrete y Beatriz Vicera Alatriste dejaron de pagar las aportaciones al Instituto de Crédito, que sí fueron descontadas a los trabajadores.

Integrantes de la LIV Legislatura presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de varios ex diputados locales por los delitos de peculado, desvío de recursos y ejercicio indebido del servicio público.

Hortencia Figueroa Peralta, Francisco Moreno Merino, Silvia Irra Marín, Julio Espín Navarrete y Beatriz Vicera Alatriste fueron acusados de haber retenido las aportaciones de los trabajadores del Congreso del estado durante los años 2016, 2017 y 2018, que debieron haberse enterado ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).

El diputado del Partido del Trabajo, José Casas González, uno de los siete diputados que promovieron la denuncia, señaló que los legisladores firmaron convenios con el ICTSGEM, con el aval del gobierno estatal para no entregar las aportaciones de los trabajadores. Incluso, dijo que desviaron recursos del Congreso local para cubrir una parte de la deuda.

Sostuvo que la denuncia fue sustentada con el apoyo de asociaciones de abogados y colegios de contadores, por lo que existe la confianza en que habrá castigo para los ex diputados.

Los legisladores del PT, Valentina Rodríguez Ruiz, José Luis Galindo Cortés, Erika García Zaragoza; Blanca Nieves Sánchez del Partido Nueva Alianza (Panal); de Movimiento Ciudadano (MC), Ana Guevara Ramírez; y Marcos Zapotitla Becerro de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también firmaron la denuncia que se presentó ayer por la mañana ante la fiscalía sin el acompañamiento de la Mesa Directiva.

Ordenan a la ESAF inicie procedimientos sancionadores en contra de ex diputados

Más tarde, el Pleno del Congreso local ordenó al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) iniciar procedimientos sancionadores, imposición de multas, juicios y acciones jurídicas en contra de las ex diputadas Hortencia Figueroa Peralta, Silvia Irra Marín, ex vicepresidenta de la Mesa Directiva y ex presidenta del Comité de Vigilancia, respectivamente, por negar información financiera y contable al órgano auditor para realizar allá la auditoría especial que la LIII Legislatura ordenó antes de que concluyera.

Los procedimientos también se iniciarán en contra de Martha Patricia Bandera Flores, ex secretaria de Administración y Finanzas, responsable de la información correspondiente a las cuentas públicas 2016, 2017 y 2018.

*Mujeres expresaron inconformidad por ratificación de titular del IMEM*

La mañana de este miércoles se llevó a cabo la instalación de la Comisión de Igualdad de Género, en el Congreso de Morelos.

Durante la instalación de dicha comisión, mujeres de diversas organizaciones civiles se inconformaron por la ratificación de Flor Dessiré León Hernández como titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM).

Las activistas cuestionaron a los legisladores que se haya determinado dejar en el IMEM a una mujer que está ligada con el gobierno de Graco Ramírez y que no ha dado resultados en el tema del combate a la violencia de género.

También lamentaron que se haya validado un proceso de designación amañado por la LIII Legislatura y que no se haya permitido la participación de otras mujeres, mediante una nueva convocatoria.

A los legisladores les pidieron que se trabaje para abatir la violencia de género, al tiempo de resaltar que este mes se registraron seis feminicidios.

El Pleno del Congreso del estado ratificó este día a León Hernández como titular del IMEM; de igual modo, también se aprobó exhorto al gobernador para que cumpla con lo que marca la Constitución e integre un gabinete con el 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres.

*Fitur y Fidecomp*

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez, advirtió que sería lamentable que el Congreso del estado no reactive los fondos estatales del Fideicomiso Turismo Morelos (Fitur) y Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

El empresario informó que ayer se reunieron con la diputada Rosalina Mazari Espín, quien les confirmó que aún analizar la posibilidad de que permanezcan los fondos para promocionar el turismo e impulsar la economía del estado.

Al respecto, señaló que de desaparecer dichos fondos impactará gravemente a la economía de Morelos.

Además, Adame Jiménez aclaró que no sólo se tiene que investigar el destino de los 18 millones de pesos que se tenían en los fondos, sino los 590 millones de pesos que se recaudarían desde julio, cuando se aprobó la reforma, a diciembre.

Ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, diputados presentaron una denuncia por peculado y malversación de recursos en contra de ex legisladores, este miércoles.

José Casas González, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Erika García Zaragoza, Ana Guevara Ramírez, José Luis Galindo Cortés, Blanca Nieves Sánchez Arano y Marcos Zapotitla Becerro presentaron la denuncia directa en contra de cinco integrantes de la LIII Legislatura.

Señalaron a Hortencia Figueroa Peralta, Julio Espín Navarrete, Silvia Irra Marín, Francisco Moreno Merino y Beatriz Vicera Alatriste por presunto desvío de recursos de las aportaciones de los trabajadores del Congreso del estado, al no haberlas entregado ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).

Por su lado, el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, confirmó que hay dos denuncias en contra de los ex legisladores; debido al proceso de investigación, rechazó dar detalles de las dos denuncias que se suman a las que hoy presentaron los diputados.

Podría haber irregularidades, señala diputada.

Ante posibles irregularidades, el Congreso del estado podría revocar los nombramientos de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

El 27 de septiembre pasado, la Comisión de Selección del SEA eligió a los cinco comisionados, derivado de un proceso que avaló la LIII Legislatura.

Sin embargo, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que el expediente por el que los exlegisladores eligieron a los integrantes de la Comisión de Selección y, posteriormente, este órgano designó al Comité de Participación Ciudadana, está desaparecido.

"Estamos en búsqueda de encontrarlo. Ya se mandó un documento a la diputada Ariadna (Barrera) de la comisión encargada. Esperamos encontrar el expediente, saber cómo se eligió, porque creemos que hay irregularidades", explicó la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT).

Dijo que de confirmar que se trató de un proceso viciado, el Congreso local podría reponer todo el proceso para el nombramiento del comité que integra el Sistema Estatal Anticorrupción.

El pasado 12 de octubre, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Roberto Coranguez Esquivel, acudió al Congreso del estado para solicitar a la Mesa Directiva se les tome protesta ante el Pleno del Congreso como comisionados.

Explicó que aunque fueron designados por la Comisión de Selección, están obligados a rendir protesta ante el Congreso local para que se haga válida su representación.

El alcalde de Cuautla acudió ayer a la sede del Congreso local.

Diputados locales balconearon al alcalde de Cuautla Raúl Tadeo Nava, a quien acusaron de intentar buscar protección del Congreso del estado para que no se le inicie una investigación por supuestos malos manejos de recursos durante su administración, que concluirá en diciembre próximo.

La mañana de ayer, el edil acudió al recinto legislativo e hizo antesala en la oficina de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, sin embargo, nunca fue recibido por la legisladora.

Ante dicha visita, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, y Tania Valentina Rodríguez, afirmaron que no se cubrirá a Tadeo Nava, ni a ningún presidente municipal que haya cometido irregularidades durante se gestión.

"El Congreso no lo respalda ni lo va a respaldar. Tadeo Nava es un hampón que tendrá que ir a la cárcel, intentó reunirse con la diputada Tania y por eso está aquí y vamos a buscar los mecanismos jurídicos y políticos para detener todas sus arbitrariedades y que Cuautla tenga justicia social", manifestó Zapotitla Becerro.

El legislador local acusó a Tadeo Nava de haber desviado recursos del gobierno de Cuautla, además de intentar sindicalizar a 60 trabajadores allegados, entre otras irregularidades que –aseguró- serán investigadas por el Congreso local.

No descartó que el Congreso local ordene a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) una auditoría especial a dicho ayuntamiento.

Por su lado, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno sostuvo que no se "cubrirá más a aquellos políticos que cuando están en la función pública, se protegen por amigos o por compadrazgos".

Adelantó que se procederá en contra de los alcaldes que hayan cometido irregularidades durante los últimos tres años. 

Los dos legisladores también estuvieron acompañados por los petistas José Casas González y Erika García Zaragoza. 

Está detenida desde hace casi seis años.

La "Ley de Identidad sexogenérica", que permitiría a las personas transgénero cambiar de nombre en cualquier registro civil de Morelos, podría ser aprobada por la LIV Legislatura, a casi seis años de haber permanecido en la congeladora. 

La presidenta de la Comisión de la Diversidad Sexual, Alejandra Flores Espinoza, informó que busca generar los consensos con las distintas fuerzas políticas en el Congreso local para que la reforma al Código Civil se apruebe próximamente.

Refirió que se analiza la viabilidad jurídica para presentar una nueva iniciativa o retomar la que se impulsó durante la LII Legislatura. 

"Integrantes de la comunidad gay me han pedido presentar una nueva iniciativa porque se requieren nuevas modificaciones y es lo que estamos analizando", explicó Flores Espinoza.

Sostuvo que no se puede permitir que las personas transgénero se vean obligadas a promover amparos para lograr que el registro civil les cambie el nombre al sexo que han elegido.

Además, explicó que también se trabajará con la comunidad lésbico-gay, transgénero y transexual para abatir la discriminación y la violencia de las que son víctimas constantes sólo por su preferencia sexual. 

Vicente Loredo Méndez ha sido omiso en la entrega de informes de auditorías a municipios, gobierno estatal y otras instituciones, señalan diputados.

Diputados locales acordaron citar a comparecer al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, ante su negativa de entregar los informes correspondientes a las auditorías practicadas a municipios, gobierno estatal y otras instituciones.
Durante la primera sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, los diputados integrantes informaron que el auditor ha sido omiso ante los requerimientos del Congreso local respecto a los informes de procesos de fiscalización de años pasados y de este año.
"Reitero, el auditor ha tenido una negativa constante, puesto que en diferentes ocasiones y momentos los diputados que integramos esta Comisión le hemos pedido informes y, más aún, el Pleno, que es la máxima autoridad del Congreso”, afirmó el diputado José Casas González, quien propuso que el auditor fuera citado a rendir cuentas.
Aunque no se fijó una fecha de la comparecencia, los legisladores determinaron que Loredo Méndez deberá presentarse ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión, informó a diputados de la recepción de 28 proyectos de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 enviados por el mismo número de municipios; cinco más no presentaron propuestas, los cuales fueron Amacuzac, Ayala, Jantetelco, Jojutla y Tetecala. Así mismo, se dio a conocer que los municipios indígenas de Hueyapan, Coatetelco y Xoxocola también cumplieron con la entrega.

*En el manejo de recursos públicos*

Diputados locales advirtieron, este martes, que no habrá protección para ningún alcalde que haya incurrido en irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Esta mañana, el alcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, acudió al Congreso del estado en busca de la presidenta de la Mesa Directiva o de cualquier legislador local con el supuesto de atender un asunto personal; sin embargo, en rueda de prensa, Marcos Zapotitla Becerro, Tania Valentina Rodríguez Ruiz y otros diputados afirmaron que el edil busca reunirse con ellos para pedirles protección.

Zapotitla Becerro afirmó que no sólo no se va a proteger al presidente municipal, sino que se pedirá una auditoría especial a su administración para iniciar un deslinde de responsabilidades en su contra.

La presidenta de la Comisión de la Diversidad Sexual en el Congreso local, Alejandra Flores Bustamante, informó que se retomará el análisis de la "Ley de Identidades" impulsada por la comunidad transgénero en el estado.

Señaló que dicho análisis se retomará después de dos legislaturas, con el consenso de los diputados, para que pueda aprobarse lo antes posible.

La llamada "Ley de Identidad Sexogénerica" trata de una reforma al Código Civil para que personas transgénero puedan cambiar de nombre según el sexo que hayan elegido.

Esta mañana se lleva a cabo una exposición de ofrendas en la explanada del Congreso del estado.

Además participan estudiantes con bailables, y hay venta de productos artesanales.

También se contó con la participación de alumnas y alumnos de diversas escuelas de educación especial.

El presidente del Colegio de Contadores, Ascensión Aguirre Pescador, calificó como "elefante blanco" a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), ya que no ha dado resultados para garantizar el correcto uso de los recursos públicos.

Manifestó que es necesario que los legisladores analicen la permanencia del actual auditor, Vicente Loredo Méndez.

Además, Aguirre Pescador señaló que han pedido al Congreso del estado se reforme la ley para que se permita la participación de los colegios de contadores en la fiscalización de los recursos, en los municipios y del gobierno estatal.

Esta mañana, empresarios anunciaron "El Buen Fin", a realizarse del 16 al 19 de noviembre.

En rueda de prensa, manifestaron su confianza en que este año aumenten un 10 por ciento las ventas, a comparación de los 210 millones de pesos generados el año pasado.

De igual forma, esperan mayor participación de las empresas; al respecto, indicaron que el año pasado fue de mil 500 y ahora esperan llegar a mil 800, tan sólo de los negocios registrados en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Por otro lado, manifestaron su preocupación por las políticas públicas que podría implementar el gobierno federal, sobre todo en materia fiscal.

Además, anunciaron el desarrollo de un foro de consulta para la reforma fiscal y hacendaria, a efectuarse el 7 de noviembre.

Fue nombrada por Graco Ramírez y el Congreso decidió mantenerla en el cargo.

Los diputados locales recularon ante la decisión de revocar el nombramiento de la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), que aprobó la LIII Legislatura, y acordaron mantener en el cargo a Flor Dessiré León Hernández.

Las coordinadoras de las fuerzas políticas en el Congreso local acordaron ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno anular el decreto por el que se revocó el nombramiento de León Hernández, en cumplimiento a una orden del Juzgado Quinto de Distrito, instancia ante la que el líder transportista Dagoberto Rivera Jaimes promovió un amparo en contra del citado nombramiento.

Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, explicó que el juzgado notificó al Congreso del estado que Dagoberto Rivera se desistió del juicio de amparo, y en base a ello, determinaron mantener en el cargo a Flor Dessiré León Hernández.

"Regresaremos al origen, como estaba el Instituto de la Mujer, por lo tanto la arquitecta Flor Dessiré seguirá siendo la directora del instituto, nosotros siempre apegados a derecho y a lo que nos mandate los jueces. Entonces este decreto ya se aprobó y entrará en la próxima sesión", agregó.

Diputados dan entrada a juicio político en contra de Graco Ramírez.

El Congreso del estado investiga el destino que tuvieron 18 millones de pesos que pertenecían a los Fondos de Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) y que supuestamente se redireccionaron al presupuesto de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, la diputada Rosalina Mazari Espín, consideró que lo que hicieron los exdiputados con los fondos fue un desvío de recursos, por lo que adelantó que promoverán acciones legales una vez que concluya la investigación.

"Estamos analizando dónde quedó este fondo, nos queda claro que se desvió para otros fines. De repente se hizo la transferencia de esos recursos y que fueron a parar a otro rubro y en próximas fechas tendremos la oportunidad de decirles a dónde fue a parar este fondo", agregó. 

Aseveró que en próximas fechas señalarán a los exlegisladores que deberán asumir la responsabilidad por supuestamente haber desviado el recurso que se recauda del pago de los impuestos sobre la nómina y sobre el hospedaje.

Sin embargo, la diputada priista dijo que aún se analiza la viabilidad de que se reactiven el Fitur y Fidecomp, como lo han solicitado empresarios, pues sostuvo que se trata de acciones que impulsó el gobierno de Graco Ramírez.

"Van a ser considerados (los empresarios), pero realmente lo que decidan los diputados y diputadas de diferentes partidos políticos en base al análisis, a la discusión y a la aprobación del presupuesto, para ver si va a haber la oportunidad de que subsisten estos dos fideicomisos", agregó.

Señaló que se revisará si los fondos fueron bien utilizados durante el sexenio pasado y si cumplieron su objetivo de atraer turismo y generar empleos. "Aquí no nada más se trata de venir a pedir, sino basta el ser responsables al momento de analizar los pro y contras, atendiendo lo que dice la Ley de Responsabilidad Hacendaria en este tema", agregó. 

Diputados dan entrada a juicio político en contra de Graco Ramírez

La Junta Política y de Gobierno también determinó turnar la denuncia de juicio político que promovieron abogados y ciudadanos en contra del exgobernador Graco Ramírez por haber retenido 100 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el año pasado.

La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz refirió que el caso se turnará a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para su análisis y determinar si es procedente.

Diputados locales acordaron dar reversa al decreto por el que revocaron el nombramiento de Flor Dessiré León Hernández como titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM).

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, informó que se determinó revocar dicho decreto y ratificar a León Hernández.

Por otro lado, la diputada informó que ya se dio curso a la denuncia de juicio político en contra de Graco Ramírez, presentada por abogados la semana pasada.

Siete diputados locales pidieron al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, un informe de los avances del proceso de entrega-recepción, a casi dos meses de que inició la legislatura.

Al respecto, el diputado José Casas González informó que dicho documento fue presentado por la Junta Política y de Gobierno (JPyG), ante la preocupación de que venza el plazo para hacer las observaciones al citado proceso.

El legislador local señaló que esperan que esta semana el presidente de la Mesa Directiva entregue dicho informe, y se pueda iniciar con los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los integrantes de la LIII Legislatura.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Rosalina Mazari Espín, confirmó que se inició una investigación por el desvío de 18 millones de pesos que pertenecían a fondos estatales, y que supuestamente se redireccionaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dichos fondos estatales son los denominados Fideicomiso Turismo Morelos (Fitur) y Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

La legisladora local sostuvo que se trata de un desvío de recursos, por lo que se procederá legalmente en contra de quien resulte responsable.

Añadió que aún se analiza la conveniencia de reactivar dichos fondos, con el resto de las fuerzas políticas.

Cabe recordar que la LIII Legislatura determinó la extinción del Fitur y del Fidecomp mediante una reforma hacendaria, con la que se dispuso redireccionar los recursos de los fondos a la FGE, por un monto de 18 millones de pesos.

Este lunes, la ex diputada Hortencia Figueroa Peralta se presentó, con dos de sus abogados, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En su calidad de ex vicepresidenta de la Mesa Directiva, Figueroa Peralta acudió a dicha fiscalía para pedir copia certificada de la denuncia que presentó el Congreso del estado en su contra.

La perredista también pidió a los legisladores y al gobernador no utilizar las instituciones como "brazo represor".

Al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, le solicitó que transparente todos los documentos recibidos en el proceso de entrega recepción, pues afirmó que no se ha dicho todo lo que verdaderamente sucede.

De igual forma, se pronunció porque Sotelo Martínez informe cómo ha ejercido el presupuesto que ha recibido en los dos meses de la LIV Legislatura.

No contempla reducción a pesar de que ahora sólo hay 20 diputados

 Los diputados locales pretenden obtener un aumento de 80 millones de pesos en el presupuesto que recibirán el próximo año. El Programa Operativo Anual (POA) que enviaron al Poder Ejecutivo plantea un monto de 500 millones.

La semana pasada, en sesión de la Junta Política y de Gobierno, los coordinadores de las fuerzas políticas en el Congreso del estado aprobaron la propuesta del Programa Operativo Anual que fue enviada al Poder Ejecutivo.

Los legisladores determinaron que es necesario un aumento al presupuesto del 2019 para poder cubrir las deudas de ejercicios fiscales anteriores que heredó la LIII Legislatura, por más de 50 millones de pesos. 

Además, están obligados a cubrir la deuda con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM) por 24 millones de pesos.

Sin embargo, una de las justificaciones por las que se redujo el número de diputados de 30 a 20, fue para disminuir el gasto que implica mantener al Poder Legislativo.

Para este año, los diputados de la LIII Legislatura se aprobaron un presupuesto de 419 millones 500 mil pesos, con la justificación de que enfrentaban un déficit financiero.

Los legisladores empezarán a analizar el Paquete Económico y las 33 leyes de Ingresos municipales 2019 después del 15 de noviembre, fecha en la que se vence el plazo para que el Ejecutivo y los ayuntamientos presenten sus iniciativas.

El Congreso local exhortó a los ayuntamientos de la zona metropolitana del estado a que hagan cumplir la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado y se evite el cobro de estacionamiento en plazas públicas, centros comerciales y supermercados. 

El Pleno del Congreso del estado aprobó el punto de acuerdo, por el que se pidió a los gobiernos municipales a evitar más abusos hacia los ciudadanos que acuden a consumir en los centros y plazas, donde les cobran por estacionar sus vehículos.

Recordó que en el 4 de febrero del 2015, el Congreso del estado aprobó una reforma a la citada ley para evitar el cobro del aparcamiento de vehículos particulares en los centros públicos antes referidos.

Para el caso de los automóviles que no consumieran en dichos lugares, sí se establecería un cobro que sería mínimo.

En tanto, a los dueños de los lugares donde no se cumpla con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Estado se establecería una multa por parte del ayuntamiento, de acuerdo a lo que especifique la Ley de Ingresos del municipio.

"Nadie puede estar por encima de la norma jurídica sin importar los intereses económicos de por medio", manifestó la diputada Ana Gabriela Guevara Ramírez, quien propuso el punto de acuerdo. 

El Congreso crea una comisión especial; indagarán sobre los ocho mil millones destinados a paliar los efectos del sismo.

El Congreso del estado iniciará una investigación en contra de la administración que encabezó Graco Ramírez, para esclarecer el uso de ocho mil 300 millones de pesos que fueron asignados por la Federación y el gobierno estatal para la reconstrucción de viviendas, escuelas e infraestructura hospitalaria y carretera, afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Ayer, diputados locales instalaron la Comisión Especial de Reconstrucción del Congreso del estado, que llevará a cabo la investigación y promoverá posibles acciones administrativas y penales en contra de las ex autoridades responsables de presuntas irregularidades.

La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, como presidenta de la comisión dijo que se sospecha el mal uso de recursos financieros destinados para la reconstrucción, ya que de cada 100 casas afectadas sólo se reconstruyeron cinco y el mismo atraso registran en escuelas y hospitales.

La legisladora señaló que el gobierno federal entregó a Morelos, por medio del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), siete mil millones de pesos que se sumaron a los mil 300 millones que el estado aportó por medio del fideicomiso "Unidos por Morelos".

En total, en Morelos 31 mil viviendas resultaron afectadas por el sismo, de las cuales 5 mil 370 fueron daño total. Hasta agosto de este año el gobierno de Graco Ramírez sólo entregó 232 viviendas; de mil 831 escuelas afectadas,y sólo en 400 planteles se iniciaron trabajos de recuperación.

"Durante los trabajos de investigación que desarrolle está comisión estaremos facultados para iniciar procedimientos penales, civiles y administrativos que haya lugar ante las autoridades competentes y en contra de quien resulte responsable, en caso de encontrar actos de corrupción en el uso, destino y aplicación de los recursos públicos", manifestó la diputada de Morena.

De igual forma, dijo que retomarán los trabajos de reconstrucción para apoyar a los afectados por el sismo lo antes posible.

A la instalación de la comisión, acudieron alcaldes de los municipios afectados por el terremoto, como es el caso de Jojutla, Tlaquiltenango y Puente de Ixtla. 

El presidente electo de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, propuso a los diputados realizar un nuevo censo de los damnificados por el temblor, para que se garantice el apoyo a las personas afectadas.

Señaló que es urgente que se retomen los trabajos porque hay muchas familias en las calles, pero también que se esclarezca qué pasó con los ocho mil 300 millones de pesos, pues el presidente electo Andrés Manuel López se comprometió a asignar 700 millones de pesos a Morelos para el mismo fin. 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que habrá reestructuración de las áreas administrativas, ante las diferencias con algunos legisladores que señalaron intromisión del Poder Ejecutivo.

El legislador local rechazó que haya fractura al interior del Poder Legislativo, aunque admitió diferencias a raíz de algunas designaciones que realizó y pretendía concretar en las áreas administrativas.

Por tal razón, confirmó que fue removida de la Dirección de Recursos Humanos Ivonne Zavala Zúñiga, hermana de la secretaria de administración del gobierno estatal Mirna Zavala.

Dijo que aún hay varias áreas acéfalas y otras en las que se nombró a encargados de despacho, por lo que en los próximos días se harán las designaciones correspondientes.

"Hoy vamos a buscar el consenso de que cada uno de los funcionarios y funcionarias del Congreso sean avalados por los diputados y diputadas del Congreso", refirió.

Sin embargo, Sotelo Martínez afirmó que ese tipo de diferencias "son parte de la democracia y no me hacen ruido".

Este viernes fue instalada la Comisión Especial de Reconstrucción, en el Congreso del estado.

Legisladores locales informaron que la instalación de dicha comisión es con la finalidad de avanzar en la reconstrucción de escuelas, viviendas, hospitales y carreteras afectadas por el sismo del 19 de septiembre, además de esclarecer en qué se ejercieron más de cinco mil millones de pesos que se asignaron para apoyar a los afectados.

La diputada Keila Figueroa Evaristo, presidenta de la comisión referida, señaló que se deben de aclarar diversas irregularidades cometidas en el proceso de reconstrucción, pues no se cumplió ni en un 50 por ciento.

De igual modo, Figueroa Evaristo advirtió que iniciarán acciones penales y administrativas a las que haya lugar de confirmar dichas irregularidades.

Al encuentro acudieron damnificados y alcaldes de los municipios afectados por el sismo ocurrido en el 2017.

Por su lado, el presidente municipal electo de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, pidió a los diputados investiguen a fondo en que se ejercieron más de siete mil millones de pesos que, dijo, se asignaron para la reconstrucción del estado.

Así mismo, en su intervención en la instalación de la comisión, Flores Bustamante indicó que es necesario hacer un nuevo censo de afectados y que se revise que quienes se incluyeron por la administración pasada hayan sido damnificados; además, si no se tomaron en cuenta a otros, también se anoten.

La escultora Miriam Pérez acudió al parque Alameda Solidaridad, donde se encuentra su obra "Carro del Sol", la cual desapareció este año y que se encontraba instalada en el bulevar Cuauhnáhuac; añadió que analizan proceder legalmente por el daño causado a la pieza.

En entrevista, informó que el director de Obras de Cuernavaca se comunicó con ella tras haber denunciado públicamente la desaparición de la escultura.

Sin embargo, la artista pudo verificar que la obra se encuentra incompleta y fue cortada.

Por lo anterior, informó que analizan proceder legalmente en contra de las autoridades municipales, por el daño causado a la pieza; la obra se encuentra valuada en dos millones de pesos, según refirió la escultora.

El presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, pidió a los diputados ponerse a trabajar en lo que interesa a la sociedad y dejar a un lado conflictos políticos.

Señaló que los legisladores deberían ponerse a trabajar en la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) o en el tema de las "pensiones doradas", más que en pensar en conflictos políticos que podrían causar división en el Congreso local y diferencias con el gobierno del estado.

Por otro lado, el abogado confirmó un aumento de la violencia en la entidad, pues en el pasado fin de semana se registraron 10 feminicidios y varios asaltos.

Martínez Bello pidió al titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) abstenerse de seguir la estrategia de Alberto Capella Ibarra, ex titular de la dependencia, pues está claro que no hubo resultados.

La mañana de este viernes, integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética se manifiestan en la Plaza de Armas, en Cuernavaca; exigen justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos a cuatro años y un mes.

Estas jornadas se realizan en varias plazas del país, además de la marcha que llevarán a cabo los padres de los jóvenes desaparecidos, en la Ciudad de México, del Ángel de la Independencia hacia el zócalo.

José Martínez Cruz, integrante de la agrupación, afirmó que estas acciones son en demanda de que se cumpla la creación de una "comisión de la verdad", que ha prometido el presidente electo, y que se esclarezca lo que sucedió con los jóvenes

Temen que el hermano del exdiputado Javier Montes Rosales quede como alcalde a partir del primero de enero.

Habitantes de Hueyapan acusaron a los diputados locales de desestabilizar al futuro municipio indígena, al no resolver el conflicto social por la integración del concejo municipal que entrará en funciones en enero próximo.

A tres semanas de que los legisladores se comprometieran a resolver el conflicto mediante una consulta para determinar si se reponía el proceso de designación del concejo o se respetaba el nombramiento de los integrantes electos en junio pasado, encabezados por David Montes Rosales, los pobladores afirmaron que no ha habido ninguna intención de los legisladores de resolver el problema.

Informaron que apenas esta semana notificaron al vocero del concejo, David Montes Rosales, del proceso legal iniciado por el Congreso, lo que presumen es intento de los diputados por atrasar el tema y que finalmente el hermano del ex diputado perredista Javier Montes sea quien presida el nuevo municipio indígena.

"Señores diputados, no se confundan, no somos dos grupos, somos el pueblo contra el hermano de un ex diputado. Somos el pueblo y si el pueblo no tiene una solución favorable tomaremos acciones y no nos gustaría... Nos ven humildes, nos ven tontos y no hay esfuerzo para ello. Nos dicen que hay otros asuntos y este asunto es social y puede terminar en violencia", declaró Lidia González Cortés, habitante de Hueyapan.

Los pobladores afirmaron que si la situación continúa, no habrá gobernabilidad en el municipio indígena, que se instruirá el 1 de enero del 2019.

Ante la falta de respuesta de los diputados, los habitantes de Hueyapan amenazaron con volver el lunes próximo al Congreso local. 

Desde la administración de Graco Ramírez exigen el pago de prestaciones pendientes.

Maestros jubilados y en activo protestaron en el Congreso del estado y pidieron a los diputados atiendan sus demandas para que se les paguen las prestaciones pendientes desde la. 

Por tercera ocasión en menos de dos meses, desde que inició la LIV Legislatura, los profesores acudieron al Poder Legislativo y pidieron que dentro del Paquete Económico 2019 se incluya una partida presupuestal para el pago de la prima de antigüedad que se les debe a jubilados y pensionados, monto que asciende a 300 millones de pesos, además de otras prestaciones laborales pendientes.

De igual forma, demandaron a los diputados que intervengan ante el gobierno estatal para que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) reinstale a los 25 maestros que fueron cesados por no haber cumplido con el proceso de evaluación.

En sus consignas, los maestros exigieron el cambio de la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, a quien acusaron de trabajar en favor de los intereses del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y no del magisterio.

Los profesores fueron atendidos por varios diputados locales y en la mesa de trabajo establecieron dentro de sus demandas que se designe a otro diputado en la Comisión de Educación.

Este día se anunció la próxima realización del Foro Estatal de la Salud Morelos 2018.

Dicho foro se realizará el 27 de octubre, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MuCIC).

Se dio a conocer que el objetivo es construir espacios de análisis y reflexión sobre la realidad del sistema público de salud en México, para el diseño de nuevas políticas en la materia.

La temática a desarrollar es en los temas de cobertura de salud, déficit en el diseño de políticas públicas, infraestructura hospitalaria y parcialización.

El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Morelos, Matías Quiroz Medina, aseguró que será respetuoso de la determinación que tome la mayoría de los perredistas en la renovación de la dirigencia estatal.

Sin embargo, dijo que quienes exigen su renuncia tendrán que esperar a que se fijen las bases de la renovación y esto será el próximo 17 y 18 de noviembre, cuando se convocó a un consejo nacional del Sol Azteca.

Ante las especulaciones de que Rodrigo Gayosso Cepeda, ex candidato a la gubernatura, pretende llegar a la dirigencia, Quiroz Medina insistió en que será respetuoso.

Al mediodía de este jueves, maestros jubilados y en activo protestan en el Congreso del estado.

Los docentes se manifiestan en contra de la diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, a quien acusan de haberles dado la espalda y traicionado por no defender sus derechos.

De igual modo, los profesores pidieron a los legisladores que intervengan para que se les pague su prima de antigüedad y otros derechos, que dejó como adeudos la pasada administración estatal.

Los maestros piden que, si es necesario, se cambie a la presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso local para que se designe a una diputada que defienda sus derechos y no los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), según indicaron.

Este jueves, habitantes de Hueyapan se manifiestan en el Congreso del estado; acusaron a los diputados de haber incumplido el plazo de 48 horas para resolver el conflicto para la conformación del concejo municipal.

Los inconformes señalaron que sólo se sometió a consulta el conflicto, pero hasta el momento no se ha determinado una postura por parte del Congreso local si se repondrá la elección del concejo o se validará el que eligió el pueblo en el mes de julio.

Los pobladores insistieron en que se impuso a David Montes Rosales por ser hermano del ex diputado Javier Montes.

Esta mañana, las coordinadoras de las fuerzas políticas en el Congreso del estado y diputados locales del Partido Encuentro Social (PES) y Partido del Trabajo (PT) manifestaron su disposición para trabajar en conjunto con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Lo anterior, para generar una agenda social para los próximos años.

En rueda de prensa, los legisladores manifestaron su disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos, con respeto a la división de poderes.

Aunque no lo confirmaron, se especula que la rueda de prensa se llevó a cabo para concretar un bloque de legisladores en contra del presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien es del PES y allegado al gobernador.

Empresarios opinaron sobre la consulta que hoy inició para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM); consideraron que es una determinación que debe tomar el gobierno federal.

Al respecto, Antonio Sánchez Purón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), manifestó que hay temas más importantes que deben consultarse, como el de la seguridad pública.

Por su parte, José Salgado Patiño, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), consideró que debe ser el presidente electo el que determine lo del aeropuerto y no a través de una consulta.

La firma se niega a entregar el inmueble, a pesar de que el edificio requiere remodelación por defectos en su proceso constructivo.

Los diputados sólo tienen acceso al 30% del inmueble.

La sede del Congreso del estado, ubicada en la colonia Amatitlán de Cuernavaca, sigue a cargo de la empresa "Ago Operadores S. A. de C. V." que la construyó, a pesar que la administración pasada reportó que la obra fue entregada desde diciembre del 2017 por un costo superior a 460 millones de pesos.

Con la justificación de que la administración estatal que encabezó Graco Ramírez no le pagó 95 millones de pesos, de acuerdo al contrato firmado, la constructora no ha permitido a los diputados el uso de más del 30% de las instalaciones.

Además, no ha concluido la instalación de otras áreas para que puedan ser totalmente funcionales.

Aunado a lo anterior, la LIV Legislatura tendrá que invertir para la rehabilitación del nuevo edificio, ya que representa un riesgo para quienes lo ocupan por diversas fallas en la construcción, de acuerdo a la opinión técnica que emitió el Colegio de Ingenieros Civiles del estado a los diputados.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, informó que procederán legalmente en contra de la constructora y de los responsables de que la sede no esté concluida y entregada. Además, dijo que se exigirá que sea la misma empresa la que solucione todas las fallas estructurales del nuevo edificio. 

Llaman a la renovación de la dirigencia estatal.

Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitaron la renuncia del dirigente estatal Matías Quiroz Medina y que se convoque a elecciones, en las que se permita la participación de los jóvenes, tras los malos resultados del sol azteca en las elecciones del 1 de julio.

En rueda de prensa, dijeron que es urgente que se renueve el partido y para ello también debe concretarse el cambio en las dirigencias municipales.

Sostuvieron que el PRD "no ha muerto", pese a que a nivel nacional estuvo a punto de perder el registro y de que en Morelos perdió la gubernatura y la mayoría de los ayuntamientos. 

Sin embargo, insistieron en que para lograr un cambio de fondo en el sol azteca en Morelos, el líder del Congreso estatal debe renunciar a su representación, tal y como lo hizo el presidente nacional Manuel Granados Covarrubias.

Jesús Martínez Moreno del PRD manifestó que a raíz de la salida del dirigente nacional, Manuel Granados Covarrubias, en el estado también debe darse un cambio al interior de este instituto político.

"Solicitamos al doctor Matías Quiroz, presidente del Comité Ejecutivo estatal del PRD, en nuestra calidad de militantes, se separe de la dirigencia, en dos aspectos, ya que su periodo por el que fue designado como presidente se ha cumplido y en el segundo para que nuestro proceso interno de selección pueda llevarse en total transparencia. Los jóvenes, los hombres y las mujeres queremos participar en un ejercicio democrático al interior del partido", manifestó Jesús Martínez Moreno, militante del sol azteca. 

Aseguró que respaldan que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice la renovación de las dirigencias del PRD, proceso que se concretará hasta el próximo año, por lo que pidieron a que en Morelos inicie el proceso de renovación. 

Martínez Moreno manifestó que es necesario que los perredistas vuelvan a sus principios y sean más cercanos a la gente, si se desea una transformación como partido. 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que hoy ratificó la denuncia en contra de la pasada legislatura, por mal uso de los recursos públicos.

Al respecto, el legislador refirió que amplió dicha denuncia para acusar directamente a los ex diputados Hortencia Figueroa Peralta, Julio Espín Navarrete, Francisco Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste y Silvia Irra Marín.

En rueda de prensa, el diputado del Partido Encuentro Social (PES) minimizó declaraciones de la ex vicepresidenta de la Mesa Directiva, Hortencia Figueroa Peralta, quien los exhibe porque no han hecho las observaciones que marca la ley al proceso de entrega recepción.

Sotelo Martínez aseguró que eso confirma que no hay acuerdos entre legislatura para proteger a los ex diputados, y que Figueroa Peralta sólo busca confundir a la ciudadanía.

De acuerdo con el diputado, ya se realizaron las observaciones correspondiente al proceso de entrega recepción, además de la denuncia presentada.

Militantes perredistas se pronunciaron porque ya se concrete la renovación de las dirigencias estatal y municipales del Sol Azteca, para iniciar una reestructura del partido.

Afirmaron que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no está "muerto", pero se debe dar paso a los militantes jóvenes.

También respaldaron la determinación de que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el que organice la renovación del partido, pero insistieron en que las propuestas deben surgir de militantes jóvenes.

La escultora Miriam Pérez denunció la desaparición de su obra denominada “El Carro del Sol”.

Dicha escultura estaba ubicada en el bulevar Cuauhnáhuac, a la altura del crucero de Tizoc, en Cuernavaca.

La pieza, según refirió la escultora, estaba valuada en dos millones de pesos.

Sostuvo que es una falta de cultura y educación por parte de quienes la robaron, desde el 14 de octubre: "Sé que la retiraron de manera completamente inadecuada", anotó la artista.

Por su parte y en entrevista, el cronista de la ciudad de Cuernavaca, Miguel Gómez López, señaló que de al menos 200 esculturas destacables en Morelos, el 13 por ciento está desaparecida o dañada.

Añadió que la mayoría de las desapariciones se dieron en la capital de Morelos, por lo que organizaciones civiles se han sumado para pedir al Ayuntamiento de Cuernavaca que sean recuperadas.

De igual modo, aseguró que existen piezas escultóricas abandonadas en el rastro de Cuernavaca: el Reloj del Milenio, la fuente de cantera de la Plaza de Armas, la escultura ecuestre de Hernán Cortés y el "Zapatita", entre otras.

Existe desabasto en varios municipios: diputada.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, informó que impulsará un punto de acuerdo para que se apliquen auditorías a los organismos de agua potable en el estado, ante el desabasto que existe del servicio público en varios municipios.

De acuerdo a la legisladora, la carencia de agua que registran varias colonias de Cuernavaca se vive en otros municipios de la entidad, ya que la mayoría de los organismos operadores enfrentan problemas financieros severos.

Ante tal situación, dijo que impulsará un punto de acuerdo para que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) aplique auditorías en los sistemas de agua potable de manera urgente.

Mientras tanto, sostuvo que los alcaldes tienen que hacer frente al problema y resolverlo de inmediato, pues es su obligación cumplir con los servicios públicos que además pagan los ciudadanos.

"No es un tema exclusivo de Cuernavaca. Nos hemos enterado que varios municipios están en la misma situación y mucha gente está careciendo del vital líquido que es el agua potable. Es una bomba de tiempo que ya explotó y esperemos que el presidente cumpla, porque se puede complicar aún más si no dan solución y la solución es que se les lleve el agua de la manera que sea a los hogares", manifestó.

La legisladora local señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe ser sensible y buscar una solución para que el municipio de Cuernavaca y otros gobiernos puedan pagar las deudas que tienen con la paraestatal. 

Empleados pretenden promover acciones legales en contra de los exdiputados por la retención de sus aportaciones.

Mientras trabajadores del Congreso del estado pretenden promover una denuncia como primeros afectados en la retención de sus aportaciones ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), este martes autoridades del organismo y el Poder Legislativo firmaron un convenio de pago de la deuda.

Dicho convenio permitirá que la deuda que dejó la LIII Legislatura se pague en parcialidades y que los trabajadores del Congreso local accedan de manera paulatina a los créditos a los que tienen derecho, y que se les suspendieron desde hace más de un año.

El convenio fue aprobado por unanimidad, durante la cuarta sesión extraordinaria del consejo directivo del ICTSGEM.

La deuda ante el Instituto de Crédito por parte del Congreso era mayor a los 24 millones de pesos, ya que desde hace más de dos años se empezaron a retener las aportaciones de los trabajadores.

Empleados del Congreso del estado promoverían acciones legales en contra de los ex diputados.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval informó que como fracción parlamentaria, se ha ofrecido apoyo legal a los trabajadores para que en lo particular o de manera colectiva presenten una denuncia como principales afectados, en el presunto mal uso de los recursos que cometieron los integrantes de la LIII Legislatura.

Sostuvo que a pesar del convenio que logró el Congreso local con el Instituto de Crédito para el pago de la deuda que dejó la pasada legislatura, al haber retenido las aportaciones de los trabajadores, se debe investigar y castigar a los ex diputados si son responsables de algún delito.

De acuerdo al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, la deuda se empezará a pagar a partir del próximo año y cuando los trabajadores también podrán acceder a créditos, como es su derecho por las aportaciones que nunca dejaron de hacer.

El monto que se retuvo supera 24 millones de pesos y fue desde hace más de un año cuando los ex legisladores dejaron de enterar las aportaciones ante el Instituto de Crédito.

Mientras trabajadores del Congreso del estado pretenden promover una denuncia como primeros afectados en la retención de sus aportaciones ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), este día autoridades del organismo y el Poder Legislativo firmaron un convenio de pago de la deuda.

Dicho convenio permitirá que la deuda que dejó la LIII Legislatura se pague en parcialidades y que los trabajadores del Congreso local accedan de manera paulatina a los créditos a los que tienen derecho, y que se les suspendieron desde hace más de un año.

El convenio fue aprobado por unanimidad, durante la cuarta sesión extraordinaria del consejo directivo del ICTSGEM.

La deuda ante el Instituto de Crédito por parte del Congreso era mayor a los 24 millones de pesos, ya que desde hace más de dos años se empezaron a retener las aportaciones de los trabajadores.

*Relacionados con decisiones de la LIII Legislatura*

La diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa, se pronunció porque se atiendan temas pendientes a consecuencia de las malas decisiones de la pasada legislatura.

Flores Espinosa señaló que se debe definir la designación de la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM), además de los nombramientos de las dos magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que creó la LIII Legislatura; además, la toma de protesta de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), entre otros.

La diputada también pidió apertura en los temas, para que no toda la carga de trabajo y responsabilidad recaiga solamente en un grupo de diputados.

*En el centro histórico de Cuernavaca*

Comerciantes acudieron este martes al Congreso del estado, para pedir la intervención de diputados ante el incremento del ambulantaje en el centro de la capital de Morelos.

Al respecto, Arturo Salgado Porcayo, presidente de la Asociación de Plateros, dijo que han registrado una baja en sus ventas de más del 50 por ciento, a raíz del sismo, además del incremento del comercio irregular ante la falta de orden por parte de la autoridad municipal y estatal.

Ante tal situación, Salgado Porcayo denunció que hay empresarios que han intervenido para desalojarlos del mercado de plata que se encuentra detrás de Palacio de Cortés.

También anotó que es urgente la intervención de las autoridades, para evitar una caída total de todos los negocios de la plata y otros comercios establecidos del centro.

La gestión de más de tres años de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Delito ha sido improductiva, sostienen colectivos de víctimas; la funcionaria está ratificada en su cargo por tres años más.

Colectivos de víctimas del delito solicitaron al Congreso del estado la destitución inmediata de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Delito, Nadxiieli Carranco Lechuga, por falta de resultados. También solicitaron la creación de la "comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas".

Ayer, las madres y hermanas de las víctimas de desaparición, homicidio y feminicidio acudieron al Congreso del estado, para pedir a los diputados atiendan las demandas que han planteado, desde hace varios meses, ante diversas instituciones y no se les ha dado respuesta.

Dijeron que es urgente la aprobación de una armonización en la legislación local con la federal y se cree una comisión estatal que atienda las desaparición de personas en base a la Ley Federal de Desaparición Forzada.

Afirmaron que en Morelos existe una cifra oficial de mil personas desaparecidas y mil más en cifra negra, de ahí la importancia de que se cree una comisión especial que dependerá de la Fiscalía General del Estado.

Por otro lado, solicitaron a los diputados, emprendan acciones legales para destituir a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Delito, Nadixiieli Carranco, pues afirmaron que no ha dado los resultados para apoyar a familiares de víctimas.

"Queremos que sea separada del cargo Nadxiieli Carranco, no ha dado resultados y ya lleva más de tres años en el cargo y no sirve", señaló Edith Hernández, hermana de Israel Hernández Torres secuestrado en el 2012 y después de cuatro años fue encontrado en las fosas de Tetelcingo.

Carranco Lechuga fue ratificada en el cargo hace unos meses por el Congreso local por tras años más, tras la reforma legal que modificó la integración y operación de la comisión ejecutiva.

Mediante un escrito que dejaron a la Mesa Directiva del Congreso local, se pidió a los legisladores que intervengan para que la Fiscalía General del Estado reabra el proceso de exhumación de cadáveres en el panteón municipal de Jojutla, para que finalmente todos los restos sean inhumados en el panteón Jardines del Recuerdo de Cuautla.

Ciudadanos exigen castigo para exlegisladores y exautoridades que causaron un desfalco al Congreso y al gobierno del estado.

Integrantes de la Asociación Cívica "Gustavo Salgado Delgado" exigieron a los diputados cumplan con sus compromisos y actúen en contra de los ex legisladores y ex autoridades que causaron un desfalco al Congreso y al gobierno del estado.

La mañana de ayer, los ciudadanos marcharon de la colonia El Vergel a la sede del Poder Legislativo en la colonia Amatitlán en Cuernavaca y protestaron, por más de una hora, para reclamar que a más de un mes de que inició la LIV Legislatura no ha dado resultados.

"Consideramos que no ha ocurrido absolutamente nada de interés para los ciudadanos. Nosotros creemos que ya deben comenzar a actuar", manifestó Gabriel Rivas Ríos, líder de la asociación.

Los activistas presentaron un escrito con las demandas planteadas a los diputados para que se aclare el desvío de recursos en el Congreso y se castigue a los responsables. Además, se cancelen las "pensiones doradas" que la pasada legislatura aprobó a favor de familiares y allegados.

Advirtieron que si en cuestión de días no se ven los primeros resultados, en el cumplimento de compromisos que incluso los diputados hicieron al estar en campaña política, emprenderán protestas más radicales, tal y como lo hicieron en contra de los ex diputados.

Después de casi dos horas de espera para que algún diputado los recibiera, el presidente de la Mesa Directiva los atendió y garantizó que en cuestión de días se informará de otras acciones legales que promoverán en contra de la pasada legislatura. 

Anuncian el cese de más de 40 empleados contratados por la anterior legislatura; plantean reducir presupuesto de la cámara de diputados para el 2019.

El Congreso del estado despidió a cerca de 46 trabajadores contratados en la LIII Legislatura, de los cuales al menos 10 eran aviadores.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, dijo que la medida se tomó como parte del ahorro que pretenden generar para resolver la crisis del Poder Legislativo.

Al respecto, sostuvo que se planteó la reducción del presupuesto del Congreso para el 2019, como parte del Programa operativo Anual (POA) que entregaron al Poder Ejecutivo.

Dicha disminución en los recursos obligará a un reajuste administrativo y financiero, mediante un plan de austeridad.

"El tema de los sueldos tiene que ser ya un tema secundario, por lo menos la postura de un servidor no ha sido primordial... Estamos en esa revisión y será la Junta Política la que tenga la última palabra, quienes van a decidir de qué forma se reduce", declaró. 

Sotelo Martínez confirmó que además de los despidos de trabajadores que fueron contratados en la pasada legislatura, también habrá cambios en los nombramientos que recientemente hicieron en áreas administrativas del Congreso, ante la inconformidad de las coordinadoras de las bancadas, como fue el caso de la Dirección de Recursos Humanos, asignada hasta la semana pasada a Ivonne Zavala Zúñiga.

Por su lado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada priista Rosalina Mazari Espín, dijo que en los próximos días iniciará el análisis y discusión del Paquete Económico 2019 y leyes de ingresos municipales. Sostuvo que no se permitirá incremento en la deuda pública y se exigirá que se implementen acciones de austeridad a nivel estatal y municipal.

La diputada refirió que se hará un cotejo de las leyes de ingresos que se aprobaron para este 2018 y las propuestas para el 2019, a fin de evitar más abusos en contra de la ciudadanía.

Cancelan contrato con empresa que alimentaba sitio web

Por la tarde, los diputados informaron mediante un comunicado de prensa que dentro de las irregularidades detectadas de la pasada legislatura se detectó un adeudo con la empresa que daba mantenimiento al sitio oficial de internet del Congreso del estado, por lo que decidieron cancelarlo mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Mientras tanto, el sitio oficial www.congresodemorelos.gob.mx estará suspendido hasta que se llegue a un acuerdo con otro proveedor.

 La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, adelantó que aprobarán un presupuesto 2019 austero y no permitirán que la deuda pública crezca, tanto a nivel estatal como municipal.

 Informó que ya recibieron la mayoría de las iniciativas de leyes de ingresos 2019, aunque sostuvo que se cotejarán con las que aprobaron los ex diputados para que no haya más abusos en los cobros

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, confirmó que trabajadores del Congreso pretenden promover denuncia penal en contra de la pasada legislatura por ser los directos perjudicados por la retención de sus aportaciones ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno estatal.

 Dijo que las acciones podrían promoverlas en lo particular y de manera colectiva.

Señaló que dichas acciones legales serían por separado de las que promovieron como integrantes de la LIV Legislatura

Familiares de víctimas del delito acudieron al Congreso local para pedir a los diputados promuevan la destitución de la titular de la Comisión de Atención a Víctimas Nadxxielli Carranco Lechuga, que no ha dado resultados.

De igual forma, piden al Congreso una armonización de la legislación federal con la local para que se cree una comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas, que en Morelos se contabilizan en más de mil.

La parálisis de la institución tiene detenido el pago de salarios de los trabajadores

La Junta Política y de Gobierno del Congreso local analiza ratificar como titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos a Flor Dessiré León Hernández, quien recibió el nombramiento durante la LIII Legislatura.

El pasado 13 de septiembre, el Congreso del estado revocó el decreto por el que los exlegisladores designaron a León Hernández como titular del organismo constitucionalmente autónomo, en cumplimiento de una orden judicial.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dijo que se analizan las soluciones jurídicas para ocupar la titularidad del Instituto de la Mujer, a un mes de que se encuentra acéfalo.

Explicó que al desistirse el líder transportista Dagoberto Rivera Jaimes del amparo que promovió, el nombramiento hecho por la pasada legislatura podría ser legal. 

La otra posibilidad, dijo, es que el Congreso del estado reponga el proceso de designación de titular del Instituto de la Mujer.

Sin embargo, aseguró que la intención de la mayoría de los legisladores es que León Hernández permanezca en el cargo, aunque sostuvo que la determinación se tomará en base a consensos.

Admitió que la decisión del Congreso debe darse cuanto antes, pues los trabajadores del instituto no han podido cobrar y se encuentran detenidos los recursos de programas federales para abatir el problema de la violencia de la mujer.

Empresarios exigen que se atienda la crisis social generada por la falta de agua potable

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur) de Cuernavaca reportó afectaciones económicas hasta del 25 por ciento de sus ingresos normales durante este fin de semana, a causa de los bloqueos carreteros y las protestas que llevaron a cabo vecinos de la capital que reclamaban por la falta de agua potable.

Antonio Sánchez Purón, presidente de la cámara, dijo que se detuvo el traslado de mercancías y se redujo la afluencia de visitantes  como consecuencia de las movilizaciones sociales.

“Es difícil mencionarte cifras, pero la afectación fue el impedir trasladarse (a la) población y mercancía, o la gente que llega el fin de semana por el bloqueo decidió no visitar Cuernavaca”, explicó el empresario, quien dijo que es urgente que se atienda la crisis social generada por un mal servicio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC).

Sánchez Purón se pronunció por que las autoridades municipales se enfoquen en atender los problemas financieros del SAPAC, provocados por una mala administración y la corrupción en el organismo durante varias administraciones municipales.

Admitió que dicha situación preocupa al sector empresarial, ya que impactan directamente a la economía de la capital las diversas protestas que no cesan, al igual que las que se han emprendido por los altos costos de la energía eléctrica. 

Fueron expedidos  por la administración del exgobernador Graco Ramírez

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) llevó a cabo los primeros operativos para detener a las unidades que prestan servicio público de transporte con los permisos provisionales otorgados por la administración de Graco Ramírez y que vencieron el 30 de septiembre pasado.

Durante este fin de semana, elementos de Supervisión de la SMyT detuvieron a dos combis del circuito Santa Úrsula de Temixco, de las 17 que operan con permisos provisionales. 

Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte, celebró la detención de las primeras unidades de dicha agrupación, que negoció con las exautoridades su regularización y nunca se les cumplió, ya que nunca se llevó a cabo un estudio que justificara la necesidad de que circularan más unidades por el circuito Santa Úrsula. 

Manifestó su confianza en que la SMyT detenga a las miles de unidades que operan con los permisos que se otorgaron en la administración pasada "mediante acuerdos corruptos entre líderes y el gobierno  de Graco Ramírez, que por alguna razón no les quiso regularizar".

Mientras tanto, el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Salgado, reiteró -en entrevista- que no se permitirá que sigan operando vehículos de transporte con permisos provisionales que fueron otorgados fuera de la ley.

Sostuvo que se revisará cada uno de los expedientes y si los permisos se otorgaron de manera irregular serán cancelados.

El secretario dijo que dicha investigación se realiza incluso a quienes participaron del proceso de regularización que inició en el año 2014.

Empresarios del ramo afirmaron que en una o dos semanas impulsarán una propuesta de reforma hacendaria, con el apoyo del Poder Ejecutivo, para que este mismo año se reactiven los Fondos de Promoción Turística (Fitur) y el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), de lo contrario prevén un cierre de año complicado.
Ayer, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunieron con la secretaria de Turismo y Cultura Margarita González Zarabia, a quien manifestaron su preocupación por la desaparición de dichos fondos y el presupuesto que los hacía funcionar, por un monto de 18 millones de pesos.
Ángel Adame Jiménez, presidente del CCE, dijo que el planteamiento que se le hará a los diputados es que este mismo año se reactiven los fondos y que se investigue qué destino tuvieron los 18 millones de pesos que supuestamente se redireccionaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la reforma hacendaria que aprobaron los integrantes de la LIII Legislatura en julio pasado.
"Esos 18 millones de pesos y además lo que se generó esta reforma unilateral y prepotente hasta el presente, porque es un recurso importante y sin lugar a dudas se tiene que investigar dónde quedó y para dónde se destinó", aseveró Adame Jiménez.
El empresario advirtió que si no se recuperan los fondos, la situación en materia turística podría complicarse aún más para el cierre del año, pues en los últimos meses se han perdido encuentros nacionales e internacionales importantes, además de la reducción en el número de visitantes durante el periodo vacacional de verano de manera histórica.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Miguel Ángel Rojas Esquivel, informó que junto con ingenieros pidieron participación en el proyecto de modificación del Paso Exprés que anunció la Secretaría de Obras del gobierno estatal, a fin de evitar más riesgos para los automovilistas en dicha vialidad.

El empresario de la construcción dijo que quieren evitar que ocurra lo mismo con el proyecto inicial del Paso Exprés, que nunca se dio a conocer, y más tarde confirmaron que hubo mala planeación que causó accidentes automovilísticos y varias muertes.

"Seguramente el secretario ya habrá hecho el análisis de las propuestas que se tienen para mejorar la circulación de los vehículos en toda la parte centro de la capital. Lo que nosotros hemos estado planteando, es que sí nos presenten el proyecto de cómo se van a desarrollar estos trabajos, para que no vaya a tener un problema como los que hemos visto", declaró. 

Rojas Esquivel se pronunció a favor de las modificaciones planteadas en el Paso Exprés por el secretario de obras Fidel Jiménez Valdez, sin embargo, reiteró que deben conocer el proyecto ejecutivo para dar su opinión técnica.
Recordó que se trata de una obra federal y que tendría que entregarse ya a Caminos y Puentes Federales (Capufe), para que como especialistas en el tema también emitan su opinión ante el organismo.

Transportistas de varias organizaciones realizaron una protesta porque la vía se había habilitado en dos sentidos, lo que afectó al tráfico.

Ruteros obligaron al gobierno de Jiutepec a normalizar la circulación de la avenida Insurgentes, que se ubica sobre el crucero de Tejalpa y que es uno de los accesos al centro del municipio, después de que el sábado pasado se abrió al tránsito vehicular en dos sentidos, lo que causó problemas de tránsito.
La mañana de ayer, transportistas de las Rutas 17, 13, 20, Interescolar y Verdes de Morelos bloquearon la vialidad antes mencionada, en protesta por la medida que tomó el ayuntamiento de Jiutepec, al abrir en dos sentidos la avenida que por años había sido de un solo sentido. 
Los ruteros denunciaron que la decisión de la autoridad causó problemas de tránsito vehicular, incluso accidentes, pues se generaba caos debido al número de unidades que circulan diariamente en la zona.
Eladio Figueroa, representante de la Ruta Interescolar, dijo que a diario circulan por la avenida unidades de al menos siete líneas del transporte público local, además de vehículos particulares que se dirigen a la zona centro de Jiutepec y abrir en dos sentidos Insurgentes "fue una muy mala decisión que además no nos fue consultada".
Después de tres horas de protesta, los transportistas acordaron con autoridades municipales normalizar la circulación en avenida Insurgentes.
Dagoberto Rivera Jaimes, de la Federación Auténtica del Transporte, solicitó al Ayuntamiento de Jiutepec que se realice un estudio de ingeniería urbana para desahogar la avenida, ya que la parada de rutas que se ubica en la vialidad, a la altura del crucero de Tejalpa, es muy pequeña para cientos de unidades del transporte público que diariamente circulan por la zona.

Tras reunirse con la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo, Margarita González Saravia, empresarios confirmaron que en una o dos semanas presentarán una propuesta de reforma para revertir cambios en la ley hacendaria que extinguió los fondos de Turismo y Competitividad.

Ángel Adame Jiménez, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que han visto disposición de las autoridades para impulsar la contrarreforma antes de que concluya el año, y así evitar un cierre complicado en materia turística.

De igual forma, los empresarios pidieron a la secretaria de Turismo que se investigue el destino real que le dio la pasada administración a 18 millones de pesos de dichos fondos, y que supuestamente se destinaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Miguel Ángel Rojas Esquivel, manifestó hoy que han solicitado al gobierno estatal les tome en cuenta en el desarrollo del proyecto para modificar el paso exprés.

Sostuvo que es importante que los ingenieros y constructores conozcan el proyecto ejecutivo de los trabajos que anunció el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdez, como es la reducción de carriles para ampliar el acotamiento y la construcción de un distribuidor vial que conecte a Cuernavaca con Jiutepec.

También refirió que es importante que se evite lo que sucedió con la construcción del paso exprés, que causó varias muertes y accidentes automovilísticos.

Por el cambio de sentido en vialidades con acceso al centro de Jiutepec, ruteros y vecinos se manifiestan en el crucero de Tejalpa.

Los inconformes se manifiestan ante la habilitación del doble sentido; según señalaron, esta medida ha causado retraso vial en la zona.

El gobierno municipal determinó abrir en dos sentidos la avenida Insurgentes, que antes sólo era de acceso al centro de Jiutepec, lo que generó la inconformidad de los transportistas.

Los ruteros afirmaron que en la primera semana que se modificó el sentido de la avenida, ya ha habido varios accidentes.

Un grupo de abogados y ciudadanos lo acusan de haber retenido 100 millones de pesos de las participaciones federales de la UAEM en el 2017.

Un grupo de abogados y ciudadanos solicitaron juicio político en contra del exgobernador Graco Ramírez ante el Congreso del estado. Lo acusan de haber retenido, de forma indebida y dolosa, 100 millones de pesos de las participaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el año 2017.

Como catedráticos de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, los abogados acudieron al Poder Legislativo y presentaron la demanda para enjuiciar políticamente al exmandatario, pues afirmaron que la retención de las participaciones federales de los meses de julio y agosto del año pasado fue lo que agravó la situación financiera de la institución.

"Esta retención vulneró los derechos de 40 mil estudiantes y trabajadores de la Máxima Casa de Estudios, al violentar los derechos humanos a la educación y al trabajo que se contemplan en el artículo 3 y 5 de la Constitución Política federal", sostuvo el abogado Enrique Paredes Sotelo.

Los catedráticos presentaron como pruebas en contra del exgobernador perredista, el corte de caja y los informes financieros que demuestran que la determinación del gobierno estatal afectó gravemente la operatividad de la universidad. 

Paredes Sotelo pidió a los diputados locales imparcialidad en la revisión de su demanda, pues dijo que el año pasado no la promovieron porque estaba en funciones "una legislatura a modo y creímos que no iba a prosperar".

El también integrante de la Federación de Asociaciones Civiles, Organizaciones y Movimientos Sociales explicó que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Morelos establece un año para que se pueda someter a proceso a los exfuncionarios que cometieron algún tipo de violación. 

Además, refirió, para poder enjuiciar a un servidor público que tuvo fuero, primero se debe iniciar proceso de desafuero; de lo contrario, ningún proceso legal podría prosperar.

La solicitud de juicio la firmaron también el abogado Bismarck Rentería Flores y el líder transportista Enrique Rodríguez Zagal.

Es presunto cómplice del desfalco durante la pasada legislatura, señala diputado.

El Congreso del estado citará a comparecer al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, en los próximos días, para que informe sobre el avance o resultados de las auditorías aplicadas a los gobiernos municipales e instituciones estatales.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, informó que presentó un oficio a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para que se fije la fecha de la comparecencia del funcionario, como presunto cómplice del mal ejercicio de los recursos del Congreso del estado durante la pasada legislatura.

El legislador sostuvo que el titular de la ESAF estaba obligado a denunciar del posible delito en el que incurrieron los exlegisladores al haber aprobado las últimas cuentas públicas del Congreso, cuando no presentaron un informe oficial a la auditoría.

Además, Casas González reiteró que el titular de la ESAF no ha cumplido con los informes que el Pleno del Congreso local le solicitó al inicio de la LIV Legislatura, sobre el avance o los resultados de las auditorías a los gobiernos municipales e instituciones estatales.

"En la sesión anterior se le fijó un término de tres días que se vence esta semana y estaremos insistiendo. Ya le solicité a la presidenta de la Comisión de Hacienda que lo cite a comparecer ante este recinto legislativo y, en caso de que siga reincidiendo, se inicien los procedimientos administrativos y de responsabilidad a que haya lugar", declaró el legislador local.

Esa suma se gastó en la compra de sistemas informáticos que no funcionaron: Víctor Mercado.

Víctor Mercado Salgado, secretario de Movilidad y Transporte, informó que se investiga un presunto fraude cometido en la pasada administración estatal por 190 millones de pesos en la contratación de sistemas informáticos para el cobro de derechos en control vehicular que nunca funcionaron eficientemente.

En entrevista, el funcionario estatal confirmó que se investiga el sistema que dejaron instalado sus antecesores para el cobro de derechos, que fue contratado con la empresa "Zeitek", y que es uno de los tres sistemas que adquirió la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) en el gobierno de Graco Ramírez.

Mercado Salgado afirmó que se informará a las autoridades correspondientes para que el sistema sea auditado y se proceda penal y administrativamente en contra de las exautoridades responsables de los retrasos constantes en los servicios que presta la SMyT.

"Es una cantidad como de 190 millones de pesos y se está investigando. En un sexenio se compraron hasta tres sistemas que nunca funcionaron. ¿Qué es lo que va a pasar? que se va a auditar el sistema y se va a proceder en contra del responsable de la secretaría, el exsecretario de Movilidad y Transporte", manifestó. 

El secretario informó que ya se reactivaron los cobros, aunque siguen los problemas con el sistema, de ahí que se analiza la forma en la que se solucionarán para dar un mejor servicio a la ciudadanía.

Abogados y ciudadanos presentaron ante el Congreso local, este jueves, una solicitud de juicio político en contra del ex titular del Poder Ejecutivo estatal, Graco Ramírez Garrido Abreu.

Al respecto, el abogado Enrique Paredes Sotelo refirió que la demanda de juicio político se presenta por la afectación grave a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la violación a los derechos humanos de los universitarios, por la retención de 100 millones de pesos durante los meses de julio y agosto del año pasado.

El litigante anotó que Graco Ramírez "vulneró derechos humanos de 40 mil estudiantes y seis mil trabajadores de la máxima casa de estudios" en Morelos.

Los abogados y catedráticos de la Universidad entregaron la solicitud de juicio político al diputado José Casas González, presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, quien se comprometió a darle turno al caso y revisarlo a fondo en la comisión que preside.

Por su parte, los quejosos adelantaron que están recabando más elementos para enjuiciar al ex gobernador y a otras autoridades, por diversas faltas cometidas en su responsabilidad.

Ante las constantes protestas por la falta de agua en colonias de la capital de Morelos, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Antonio Sánchez Purón, consideró necesario que se audite al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac).

Lo anterior, para aclarar la crisis financiera en el sistema operador.

El empresario manifestó que son los ciudadanos los que están pagando las deudas del SAPAC, con escasez del líquido vital, por tal se debe poner orden en el organismo y evitar mas desvíos de recursos.

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Víctor Mercado Salgado, informó que se investiga la presunta comisión de un fraude por autoridades de la pasada administración, por cerca de 190 millones de pesos, en la contratación de sistemas informáticos que no funcionan.

Al respecto, el funcionario estatal refirió que presuntamente se contrataron tres sistemas y ninguno funcionó, lo que ha ocasionado que en las últimas semanas no se haya activado en su totalidad el cobro de derechos en control vehicular.

Sostuvo que una vez concluida la investigación interna, se presentará una denuncia penal y se iniciará un proceso ante la Contraloría del estado.

Esta mañana, autoridades de la Secretaría de Cultura anunciaron el encuentro "Miquixtli, Festividad Indígena y Popular del Día de Muertos".

Se desarrollará del 1 al 4 de noviembre, en el Jardín Borda; en dicho encuentro también reflejarán costumbres de Oaxaca.

El primer día de actividades iniciará con un desfile de El Calvario hacia el Jardín Borda.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a participar y estar atenta de las actividades, que serán totalmente gratuitas; además, se contará con la participación de artesanos.

#MIQUIXTLI ??

Esta mañana, autoridades de la @STC_Morelos anunciaron el encuentro "Miquixtli, Festividad Indígena y Popular del #DíaDeMuertos".

Se desarrollará del 1 al 4 de noviembre, en el Jardín Borda; en dicho encuentro también reflejarán costumbres de #Oaxaca. pic.twitter.com/hTrSwRvzYO

— La Unión ? (@UniondeMorelos) 18 de octubre de 2018

Convocan a la XXIV Edición de la Festividad Indígena y Popular de Día de Muertos #Miquixtli2018 del 1 al 4 noviembre. #Cuernavaca #Morelos

CONSULTA LAS BASES ➜ https://t.co/ouIT3WBA1t pic.twitter.com/volD1ENucI

— Sría. Turismo y Cultura Morelos (@STC_Morelos) 15 de octubre de 2018

Afirman que sus ingresos son mínimos, mientras la empresa es la más beneficiada por cada servicio prestado al usuario.

Choferes de Uber protestaron para exigir mejores condiciones de trabajo, pues afirmaron que están en quiebra, mientras que la empresa es la más beneficiada por cada servicio prestado al usuario.

Cerca de las 10 de la mañana de ayer, los operadores se movilizaron en la Paloma de La Paz, donde manifestaron sus inconformidades en contra de la empresa.

Afirmaron que los ingresos que obtienen diariamente no les alcanzan para vivir, pues Uber cobra por servicio prestado más del 30% de comisión. Además, señalaron que la tarifa básica o mínima que aplican es de 25 pesos, mientras que un taxi concesionado cobra 35 pesos.

"Lejos de darnos ganancias, nos está generando pérdidas, sobre todo a los que creyeron en Uber e invirtieron y sacaron un carro de agencia. Entonces, ellos se están quedando sin la posibilidad de pagar su auto, están perdiendo sus créditos y se están quedando sin nada", declaró uno de los choferes inconformes, que no quiso dar su nombre.

Los choferes más tarde se movilizaron a las oficinas de Uber en Cuernavaca y presentaron un escrito en el que también solicitaron que se elimine un nuevo plan de "tarifa anticipada", pues tampoco les conviene, ya que en muchas ocasiones el usuario hace paradas o el servicio se tarda más del tiempo programado.

Denuncian maltrato a pasajeros adultos mayores y mal estado de las unidades.

Vecinos de la colonia Jardín Juárez de Jiutepec exigieron a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) ponga orden en la Ruta 7, cuyo servicio público es pésimo y los choferes maltratan a los adultos mayores.

Los inconformes acudieron ayer por la mañana a las instalaciones de la secretaría, ubicada en la plaza Novum, sobre el bulevar Cuauhnáhuac, para quejarse por el último caso de abuso que se cometió por un chofer de la Ruta 7, cuya unidad tiene el número económico 45. Sostuvieron que hace tres semanas, el operador aceleró antes de que bajara la señora Carmen Carmona Ocampo, quien cayó inmediatamente y se golpeó muy fuerte su cabeza.

Los vecinos afirmaron que no es el primer caso, pero la SMyT no ha actuado pese a las constantes peticiones de los vecinos, por lo que amenazaron con radicalizar sus acciones.

Informaron que las unidades de dicha línea del transporte están sucias y viejas, en condiciones mecánicas pésimas.

Además, pidieron que se modifiquen los horarios del servicio que presta la Ruta, ya que empieza a pasar a las siete de la mañana y termina de circular antes de las 10 de la noche. 

Son señalados por presunto desvío de recursos, omisiones y actos constitutivos de posibles delitos en perjuicio del Congreso local.

El Congreso del estado promoverá acciones legales en contra de los exdiputados Francisco Moreno Merino, Beatriz Vicera Alatriste, Hortencia Figueroa Peralta, Julio Espín Navarrete y Silvia Irra Marín, por presunto desvío de recursos, omisiones y actos constitutivos de posibles delitos en perjuicio del Congreso local.

Durante la sesión ordinaria de ayer, el Pleno del Congreso local aprobó un punto de acuerdo para promover una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, por el presunto desvío de los recursos derivados de las aportaciones hechas por los trabajadores del Congreso local al Instituto de Crédito.

De acuerdo al diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, existen elementos probatorios de que desde el inicio de la LIII Legislatura se desviaron las aportaciones de los trabajadores y nunca se entregaron al Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.

Por tal razón, agregó, la Comisión de Gobernación y Gran Jurado que encabeza también iniciará una revisión del caso para enjuiciar políticamente a los exdiputados, de acuerdo a lo que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El legislador local dijo que los responsables de las presuntas irregularidades son los exdiputados Francisco Moreno y Beatriz Vicera, quienes fungieron como presidentes de la Mesa Directiva; Hortencia Figueroa Peralta, como vicepresidenta; Julio Espín Navarrete, presidente de la Junta Política y de Gobierno, y Silvia Irra Marín, como presidenta del Comité de Vigilancia.

Sostuvo que los diputados aprobaron las cuentas públicas de su gestión, pese a que existen elementos para señalar que el presupuesto del Congreso del estado se malversó.

Los señalamientos del diputado se sustentaron en informes que solicitó a la Secretaría de Hacienda y a la de Administración.

Las responsabilidades de los posibles delitos cometidos podrían alcanzar hasta al exsecretario de Finanzas, Jorge Michel Luna, quien estuvo involucrado en el supuesto desvío de recursos.