En hashtag: Congreso

Temen que el hermano del exdiputado Javier Montes Rosales quede como alcalde a partir del primero de enero.

Habitantes de Hueyapan acusaron a los diputados locales de desestabilizar al futuro municipio indígena, al no resolver el conflicto social por la integración del concejo municipal que entrará en funciones en enero próximo.

A tres semanas de que los legisladores se comprometieran a resolver el conflicto mediante una consulta para determinar si se reponía el proceso de designación del concejo o se respetaba el nombramiento de los integrantes electos en junio pasado, encabezados por David Montes Rosales, los pobladores afirmaron que no ha habido ninguna intención de los legisladores de resolver el problema.

Informaron que apenas esta semana notificaron al vocero del concejo, David Montes Rosales, del proceso legal iniciado por el Congreso, lo que presumen es intento de los diputados por atrasar el tema y que finalmente el hermano del ex diputado perredista Javier Montes sea quien presida el nuevo municipio indígena.

"Señores diputados, no se confundan, no somos dos grupos, somos el pueblo contra el hermano de un ex diputado. Somos el pueblo y si el pueblo no tiene una solución favorable tomaremos acciones y no nos gustaría... Nos ven humildes, nos ven tontos y no hay esfuerzo para ello. Nos dicen que hay otros asuntos y este asunto es social y puede terminar en violencia", declaró Lidia González Cortés, habitante de Hueyapan.

Los pobladores afirmaron que si la situación continúa, no habrá gobernabilidad en el municipio indígena, que se instruirá el 1 de enero del 2019.

Ante la falta de respuesta de los diputados, los habitantes de Hueyapan amenazaron con volver el lunes próximo al Congreso local. 

Desde la administración de Graco Ramírez exigen el pago de prestaciones pendientes.

Maestros jubilados y en activo protestaron en el Congreso del estado y pidieron a los diputados atiendan sus demandas para que se les paguen las prestaciones pendientes desde la. 

Por tercera ocasión en menos de dos meses, desde que inició la LIV Legislatura, los profesores acudieron al Poder Legislativo y pidieron que dentro del Paquete Económico 2019 se incluya una partida presupuestal para el pago de la prima de antigüedad que se les debe a jubilados y pensionados, monto que asciende a 300 millones de pesos, además de otras prestaciones laborales pendientes.

De igual forma, demandaron a los diputados que intervengan ante el gobierno estatal para que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) reinstale a los 25 maestros que fueron cesados por no haber cumplido con el proceso de evaluación.

En sus consignas, los maestros exigieron el cambio de la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, a quien acusaron de trabajar en favor de los intereses del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y no del magisterio.

Los profesores fueron atendidos por varios diputados locales y en la mesa de trabajo establecieron dentro de sus demandas que se designe a otro diputado en la Comisión de Educación.

No se han definido los criterios de distribución de las participaciones federales.

El secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, indicó que el gobierno federal no ha definido los criterios de distribución de las participaciones federales, por lo que están a la espera de conocer este factor fundamental para la elaboración del paquete económico local del 2019. Por otra parte, dio a conocer varias irregularidades heredadas que impactan en la deuda pública.

El funcionario estatal se reunió este jueves con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, con quienes expuso que el panorama en las finanzas del gobierno local son complejas, por el cúmulo de anomalías que han sido identificadas en el manejo de recursos por parte de las autoridades anteriores.

De nueva cuenta líderes empresariales demandaron que en el proyecto de egresos y el plan de ingresos del próximo año, se considere la reactivación de los fondos estatales denominados Fideicomiso Turismo Morelos (Fitur) y Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Villarreal Gasca informó que el gobierno anterior sólo dejó en las cuentas bancarias 200 millones de pesos y no cinco mil millones, como se informó antes de que concluyera su administración; también reveló que se dejaron de pagar a diversos organismos descentralizados aproximadamente 500 millones de pesos, además de las deudas a proveedores.

Reiteró que el gobierno pasado dejó muchas deudas y obras pendientes, al tiempo de insistir en que durante la entrega recepción sólo se mencionaron algunos "focos rojos", pero jamás se informó de la crisis financiera.

Expuso que, hasta ahora, se acumula una deuda directa de más de 10 mil millones de pesos, lo anterior acorde con los estados financieros que contemplan la deuda bancaria y no bancaria.

Entre las irregularidades mencionó como ejemplo que de mil millones de pesos reportados por Banobras para reconstrucción, quedan disponibles sólo 300 millones y “no se sabe dónde quedaron 700 millones” para ese rubro.

Expuso ante los dirigentes empresariales que hay otras anomalías en diversas obras, como la construcción del Congreso que tenía autorizados 500 millones de pesos por crédito y al parecer ese préstamo no se utilizó para tal concepto.

Además, refirió que en la pasada gestión todo el dinero se concentraba en una sola bolsa (recursos federales, estatales y demás), lo que implica un desvío desde el punto de vista contable y legal; agregó que luego quisieron regresar dinero a esas cuentas, pero quedaron pendientes 63 millones de pesos por reubicar o justificar.

Sobre la obra de construcción de las nuevas instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Villarreal Gasca apuntó que, en papel, el gobierno de Graco Ramírez reportó como pagos realizados alrededor de 46 millones de pesos, pero la constructora asegura que no ha recibido "un solo peso" del monto global, que se fijó por 120 millones de pesos.

En entrevista, previa a la reunión que finalmente fue privada, el secretario de Hacienda comentó que en el reciente encuentro con autoridades federales actuales, les explicaron que aún no se han definido las reglas y lineamientos de distribución de participaciones federales.

Cabe recordar que dado el proceso de transición el gobierno saliente y el entrante, trabajan en propuestas presupuestales. Pero se ha dado a conocer en medios de comunicación, versiones en el sentido de que podría haber reducción en participaciones a los estados.

Por lo tanto, el secretario de hacienda de Morelos manifestó que tendrán que seguir a la espera, cuando menos dos semanas, para conformar con mayor precisión el paquete económico estatal, ya que el estado depende en un 98% de esas ministraciones. Añadió que se avanza en un plan base, pero evidentemente sería modificado, si hay diferencias sustanciales en los recursos enviados por la Federación.

Podrían acarrear denuncias penales o procesos administrativos: Giménez Valdés.

El secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés, dio a conocer que se han identificado 24 contratos firmados en la administración pasada de los que se podrían derivar denuncias penales o procesos administrativos por diversas acciones.

Comentó que como parte del proceso de revisión, se analizará la aplicación de recursos y acciones realizadas en el centro histórico de Cuernavaca, así como el cumplimiento cabal de la empresa constructora.

El funcionario estatal refirió que se ha considerado dar continuidad a algunos aspectos, dado el monto de recursos que ya se invirtieron en ese proyecto, como podría ser el remodelar la calle Salazar con concreto estampado.

Apuntó que la auditoría comenzó desde el 2 de octubre y como parte del proceso de auditoría están en posibilidad de presentar expedientes relativos a 24 contratos, en los que detectaron irregularidades administrativas que podrían derivar en procesos administrativos y/o penales.

Comentó que se han revisado obras como el Congreso local, la del Tribunal Superior de Justicia en Atlacholoaya, las instalaciones de la Fiscalía General del Estado porque hay varios retrasos en cuando avances físicos, además de que se revisan temas de calidad y conceptos pagados, pero no ejecutados. Entre ellos apuntó dos contratos relacionados con el Museo Juan Soriano, donde está en revisión un monto de alrededor de 300 millones de pesos.

El secretario informó que hay mil 700 kilómetros de redes carreteras estatales que no han sido atendidas y se planea un plan de rehabilitación y conservación, y para ello requerirán del apoyo del Congreso local en el tema de presupuestos. Y es que dijo que la calificación del estado de esas vías de comunicación está por un cinco de diez puntos.

Explicó que se buscan las alternativas para enfrentar asuntos pendientes que dejó el gobierno estatal en la administración pasada, ya que reiteró que no hay dinero en las arcas, pero se gestionarán fondos federales para terminar esas obras.

Informó que se hará un censo de obras inconclusas y comentó que entre esos asuntos están la comandancia de Ocuituco que jamás se hizo, o la de Huitzilac que lleva un avance real de apenas el 70 al 75% y se reportó en documentos el 80%.

Entre las anomalías comentó la aplicación de “sobreprecios” es decir costos por arriba de los precios de mercado, cosas pagadas no contratadas, otras cobradas y no realizadas, entre otras.

Empleados pretenden promover acciones legales en contra de los exdiputados por la retención de sus aportaciones.

Mientras trabajadores del Congreso del estado pretenden promover una denuncia como primeros afectados en la retención de sus aportaciones ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), este martes autoridades del organismo y el Poder Legislativo firmaron un convenio de pago de la deuda.

Dicho convenio permitirá que la deuda que dejó la LIII Legislatura se pague en parcialidades y que los trabajadores del Congreso local accedan de manera paulatina a los créditos a los que tienen derecho, y que se les suspendieron desde hace más de un año.

El convenio fue aprobado por unanimidad, durante la cuarta sesión extraordinaria del consejo directivo del ICTSGEM.

La deuda ante el Instituto de Crédito por parte del Congreso era mayor a los 24 millones de pesos, ya que desde hace más de dos años se empezaron a retener las aportaciones de los trabajadores.

Empleados del Congreso del estado promoverían acciones legales en contra de los ex diputados.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval informó que como fracción parlamentaria, se ha ofrecido apoyo legal a los trabajadores para que en lo particular o de manera colectiva presenten una denuncia como principales afectados, en el presunto mal uso de los recursos que cometieron los integrantes de la LIII Legislatura.

Sostuvo que a pesar del convenio que logró el Congreso local con el Instituto de Crédito para el pago de la deuda que dejó la pasada legislatura, al haber retenido las aportaciones de los trabajadores, se debe investigar y castigar a los ex diputados si son responsables de algún delito.

De acuerdo al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, la deuda se empezará a pagar a partir del próximo año y cuando los trabajadores también podrán acceder a créditos, como es su derecho por las aportaciones que nunca dejaron de hacer.

El monto que se retuvo supera 24 millones de pesos y fue desde hace más de un año cuando los ex legisladores dejaron de enterar las aportaciones ante el Instituto de Crédito.

El Congreso local plantea establecer mesas de trabajo con el Ejecutivo y Legislativo para resolver el asunto de las jubilaciones.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovió nuevas controversias constitucionales por la falta de presupuesto para pagar pensiones de trabajadores recién jubilados, el Congreso local plantea establecer mesas de trabajo entre los tres poderes del estado para resolver el tema.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias 185/2018 y 186/2018, por las cuales la titular del TSJ, Carmen Cuevas López, reclamó al Congreso de Morelos una partida presupuestal para pagar las pensiones de su hermana Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta del tribunal, y a la jueza Guadalupe Reyes Cárdenas.

En ambos recursos de control constitucional, Cuevas López argumentó que los decretos jubilatorios fueron autorizados por la legislatura anterior “con cargo a la inexistente partida presupuestal destinada para las pensiones del Poder Judicial del Estado de Morelos”.

Respecto al cumplimiento de sentencias de decenas de controversias constitucionales que heredó la anterior legislatura, respecto a la asignación de presupuesto para el pago de pensiones de trabajadores jubilados del TSJ, el presidente del Congreso del Estado, Jesús de Jesús Sotelo Martínez, informó a la SCJN que “solicitó al Gobernador de la entidad convoque a los 3 poderes del Estado a efecto de integrar diversas mesas de trabajo, con el objetivo de encontrar una solución financiera”.

En respuesta, la SCJN requirió a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos para que, por conducto de quien legalmente los representa, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de los acuerdos, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de los diversos fallos.

Ciudadanos exigen castigo para exlegisladores y exautoridades que causaron un desfalco al Congreso y al gobierno del estado.

Integrantes de la Asociación Cívica "Gustavo Salgado Delgado" exigieron a los diputados cumplan con sus compromisos y actúen en contra de los ex legisladores y ex autoridades que causaron un desfalco al Congreso y al gobierno del estado.

La mañana de ayer, los ciudadanos marcharon de la colonia El Vergel a la sede del Poder Legislativo en la colonia Amatitlán en Cuernavaca y protestaron, por más de una hora, para reclamar que a más de un mes de que inició la LIV Legislatura no ha dado resultados.

"Consideramos que no ha ocurrido absolutamente nada de interés para los ciudadanos. Nosotros creemos que ya deben comenzar a actuar", manifestó Gabriel Rivas Ríos, líder de la asociación.

Los activistas presentaron un escrito con las demandas planteadas a los diputados para que se aclare el desvío de recursos en el Congreso y se castigue a los responsables. Además, se cancelen las "pensiones doradas" que la pasada legislatura aprobó a favor de familiares y allegados.

Advirtieron que si en cuestión de días no se ven los primeros resultados, en el cumplimento de compromisos que incluso los diputados hicieron al estar en campaña política, emprenderán protestas más radicales, tal y como lo hicieron en contra de los ex diputados.

Después de casi dos horas de espera para que algún diputado los recibiera, el presidente de la Mesa Directiva los atendió y garantizó que en cuestión de días se informará de otras acciones legales que promoverán en contra de la pasada legislatura. 

Es presunto cómplice del desfalco durante la pasada legislatura, señala diputado.

El Congreso del estado citará a comparecer al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, en los próximos días, para que informe sobre el avance o resultados de las auditorías aplicadas a los gobiernos municipales e instituciones estatales.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Casas González, informó que presentó un oficio a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para que se fije la fecha de la comparecencia del funcionario, como presunto cómplice del mal ejercicio de los recursos del Congreso del estado durante la pasada legislatura.

El legislador sostuvo que el titular de la ESAF estaba obligado a denunciar del posible delito en el que incurrieron los exlegisladores al haber aprobado las últimas cuentas públicas del Congreso, cuando no presentaron un informe oficial a la auditoría.

Además, Casas González reiteró que el titular de la ESAF no ha cumplido con los informes que el Pleno del Congreso local le solicitó al inicio de la LIV Legislatura, sobre el avance o los resultados de las auditorías a los gobiernos municipales e instituciones estatales.

"En la sesión anterior se le fijó un término de tres días que se vence esta semana y estaremos insistiendo. Ya le solicité a la presidenta de la Comisión de Hacienda que lo cite a comparecer ante este recinto legislativo y, en caso de que siga reincidiendo, se inicien los procedimientos administrativos y de responsabilidad a que haya lugar", declaró el legislador local.

La anterior legislatura heredó deudas por cerca de 100 millones pesos.

Diputados locales solicitarían una ampliación presupuestal a favor del Congreso del estado para el ejercicio fiscal 2019, con el fin de salvar deudas que heredó la LIII Legislatura por cerca de 100 millones pesos.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz,  dijo que en los próximos días el Congreso local iniciará el análisis del Paquete Económico 2019, por lo que podrían plantear al Poder Ejecutivo incluya un presupuesto mayor para el Congreso local a los 400 millones de pesos que tuvo de egresos en este año.

"Hay una parte de jubilaciones y sindicalizados y ya queremos saldar cuentas con los compañeros. Esa base trabajadora que sí dio toda su vida, 20, 30 años de su vida sí los vamos a apoyar", señaló.

Para el análisis de la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 que el Poder Ejecutivo presentará a más tardar el 15 de noviembre, la diputada del Partido del Trabajo (PT) explicó que se pedirá a cada comisión legislativa trabajen en una propuesta según el sector, para de esta forma aprobar el tema en los plazos que marca la Constitución Política del estado, que es el 15 de diciembre próximo. 

Sostuvo que dentro de los temas urgentes que deben atenderse, está la situación económica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Aunque dijo que debe analizarse un incremento del uno por ciento en el presupuesto total de la institución, como lo propusieron estudiantes y el Consejo Universitario, reconoció que es necesario impulsar un rescate financiero de manera urgente.

Con los alcaldes también podría haber reuniones, informó la diputada Rodríguez Ruiz, para el análisis de sus leyes de ingresos y ante la crisis que dejarán las administraciones salientes. 

Plantean volver a crear una legislación para erradicar las cuotas en escuelas de nivel básico.

El Congreso del estado analiza abrogar la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos y volver a crear una legislación para erradicar las cuotas escolares en escuelas de nivel básico.

Ayer, integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) y de los comités de padres de familia de distintas escuelas del estado, presentaron una solicitud a los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que se cree una nueva ley que prohíba el cobro de cuotas escolares y obligue al gobierno del estado a aportar presupuesto para el mantenimiento de las escuelas.

Julita Villalba Arias, integrante del MMB, dijo que la Ley de Uniformes Gratuitos fue un fracaso y, a la fecha, se desconoce el uso del presupuesto etiquetado para apoyar a los alumnos.

Mientras tanto, sostuvo que en todas las escuelas se obliga a los padres a pagar por una cuota. Sin embargo, dijo que si se vuelve a crear una ley en la materia, también debe transparentarse el uso de los recursos financieros.

Al respecto, la diputada de Morena, Alejandra Flores Espinoza, aseguró que se analizará la propuesta de padres de familia y maestros, pues es un hecho que la Ley de Uniformes Gratuitos "sólo sirvió para avalar un negocio" de la pasada legislatura y administración estatal.

"Lo vamos a revisar con los abogados, lo vamos a analizar con los diputados para que sea otra vez y regresar la ley (de cuotas escolares). Estamos a un mes de revisar el presupuesto y es por ello la urgencia de que se analice crear esta ley", declaró. 

De igual forma, refirió que el Congreso del estado pedirá al gobierno del estado se aclare el uso del presupuesto que se destinó en un primer momento para las cuotas escolares y, posteriormente, para los uniformes, ya que nunca lo transparentó la administración estatal pasada. 

Exhorta al gobernador a que finalice colaboración con el Instituto en ese sentido.

Ayer tomaron protesta a César Santana Nava como contralor del gobierno estatal y quedó integrada la comisión de la reconstrucción.

El Pleno del Congreso local exhortó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a que finalice cualquier colaboración con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a fin de que no se aplique el examen a los maestros el próximo 28 de noviembre próximo, como parte de la llamada Reforma Educativa.

Durante la sesión ordinaria de ayer, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alejandra Flores Espinoza dijo que dicha evaluación se dará a unos días de que tome protesta el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a impulsar una reforma educativa que garantice respeto a derechos de los maestros y mejore la calidad educativa.

“Resulta en una desproporción del agónico gobierno federal aferrarse a este tema”, manifestó la diputada, quien previó que para cuando estén listos los resultados de la evaluación ya se habrá aprobado una nueva reforma educativa.

“Hoy vengo a hacer uso de la más alta tribuna del Estado para hacer un llamado al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y al titular del Instituto Estatal de Educación Básica del Estado de Morelos, con el propósito de que dejen de colaborar con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en la aplicación del Examen de Evaluación a las Maestras y Maestros de Morelos, en virtud de la inminente modificación o derogación de la mal llamada Reforma Educativa”, planteó la legisladora.

Contrariamente a lo que maestros han solicitado, la diputada del Partido Nueva Alianza (Panal) Blanca Nieves Sánchez Arano, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso y exlíder magisterial, se opuso al punto de acuerdo.

Incluso, minutos antes de que el punto se sometiera a votación del Pleno, intentó convencer a sus homólogos para que no lo votaran.

Los argumentos de la legisladora es que los maestros podrían confundirse si se suspende la evaluación, ya que la aprobación de una reforma educativa es sólo una promesa de campaña. Incluso la diputada votó en contra del punto, con lo que sería la segunda vez que se niega a atender el llamado que los mismos maestros han hecho para que el gobierno estatal no obligue a la aplicación de la citada evaluación.

Rinde protesta contralor del estado

En la sesión ordinaria, los diputados tomaron protesta a César Santana Nava como contralor del gobierno estatal.

Los legisladores aprobaron un punto de acuerdo de la Junta Política y de Gobierno del estado por el que se ratificó a Santana Nava, quien fue designado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Integran comisión especial de la reconstrucción 

Además de los puntos anteriores, también quedó integrada la Comisión de la Reconstrucción del Estado de Morelos, la cual estará presidida por los diputados  Keila Figueroa Evaristo, Alfonso de Jesús  Sotelo Martínez, Cristina Sánchez Ayala, Tania Valentina Rodríguez, Maricela Jiménez, Erika García, Rosalina Mazari y Ariadna Barrera.

Alfonso de Jesús Sotelo asegura que ha recibido mensajes de intimidación debido que inició la revisión en contra de la legislatura pasada.

Tras haber confirmado que la próxima semana promoverán acciones penales y administrativas en contra de los integrantes de la LIII Legislatura, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, denunció que ha recibido mensajes de intimidación y amenazas a raíz de la revisión que inició en contra de diputados de la pasada legislatura.

En entrevista, dijo que dichos mensajes los ha recibido  en su teléfono celular, mediante la aplicación de WhatsApp, desde hace 15 días, por lo que procederá penalmente en contra de quien resulte responsable.

El legislador del Partido Encuentro Social (PES) no quiso dar detalles de las amenazas en su contra ni quién o quiénes pudieran ser los responsables. “Espero que no sea por esto que estamos haciendo… Antes no sufría de una situación así y conforme pasa el tiempo y descubrimos algunas cosas adversas y anómalas, pareciera que es como un medio de presión”, explicó.

El diputado dijo que pese a dichas amenazas, la próxima semana someterá a consideración de las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarios que se promuevan denuncias en contra de la pasada legislatura por irregularidades en el ejercicio de los recursos.

Comentó que tienen elementos suficientes para proceder y si no lo hizo anteriormente, sostuvo, es porque los exdiputados no entregaron toda la información y los dejaron sin equipo para avanzar rápidamente en el proceso de entrega-recepción.

Un ejemplo del mal ejercicio de los recursos por parte de la pasada legislatura, citó, es la deuda ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, por 24 millones de pesos, ya que no enteraron las aportaciones de los trabajadores.

El diputado informó también que pedirán apoyo a la Comisión Estatal de Seguridad para que se revisen las oficinas del Congreso local, ante el presunto espionaje que se dio en el gobierno estatal.

Validó los criterios para concesionar el servicio de alumbrado público.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó los “Lineamientos generales para regular el proceso de otorgamiento de concesiones de los servicios públicos municipales que por ley, decreto o convenio asuma la administración pública estatal”, expedidos por el gobierno anterior, con miras a concesionar el servicio de alumbrado público.

Por unanimidad, fue aprobado el proyecto propuesto por el ministro Fernando Franco González Salas, para la resolución de las controversias constitucionales 98/2017 y 98/2017, promovidas por municipios de Tlaquiltenango y Miacatlán.

En ambas controversias, los municipios argumentaron que con la expedición de los lineamientos en febrero de 2017, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se adjudicó de manera unilateral la obligación de brindar servicios públicos que corresponden a los ayuntamientos, ya que si bien el gobierno estatal sí tiene tales atribuciones, es necesario que medie solicitud del municipio al Congreso local, o se encuentre imposibilitado para ejercerlo y otorgarlo.

Los municipios actores estimaron que el acuerdo constituyó un mecanismo por el cual el gobierno de la entidad pretendió asumir la función de prestar un servicio público, y despojar a los ayuntamientos de una facultad que le está constitucionalmente reservada.

En el proyecto, se explicó que  los lineamientos impugnados fueron emitidos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, no con la finalidad de asumir –unilateralmente– la prestación de servicios públicos municipales, sino de fijar los lineamientos a partir de los cuales la administración pública estatal pueda concesionar los servicios públicos a cargo del municipio, una vez agotados los requisitos previstos en la Constitución federal que le permitan asumir la obligación de brindarlos a la colectividad.

“De tal manera que de su contenido no se prevé un mecanismo a través del cual el Gobernador de dicho Estado, motu proprio, desincorpore de la esfera de atribuciones de los Municipios demandantes la prestación de un servicio público, por lo que se considera infundado el concepto de invalidez respectivo”.

En otro disenso, los ayuntamientos actores arguyeron que los lineamientos reclamados contravienen lo dispuesto en el artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal, debido a que corresponde a los municipios regular lo concerniente a los servicios públicos a su cargo, por lo que aun tratándose del establecimiento de un procedimiento para concesionar a un particular su prestación, corresponde a los ayuntamientos su regulación, inclusive tratándose de aspectos como su concesión.

Al respecto, el Pleno de la SCJN consideró infundado el argumento, debido a que la aplicación de los lineamientos, únicamente se despliega una vez que se ha culminado con el procedimiento previsto en la Constitución Federal para que un Gobierno Estatal asuma la obligación de prestar un servicio público municipal.

A partir de que el ayuntamiento decline la prestación del servicio por medio de una petición expresa al Congreso o por medio de un convenio con el gobierno estatal, “es que se tornará obligatorio el cumplimiento de su contenido, pero hasta en tanto ello no ocurra, su sola emisión no representa el ejercicio de una facultad reservada al Municipio, al realizarse la transferencia de la obligación relatada a favor del Poder Ejecutivo Estatal, éste puede decidir, por regla general, cualquier aspecto relacionado con la prestación del servicio público que se le encargó administrar y ejecutar, incluyendo la posibilidad de establecer un procedimiento para concesionarlo a un particular”.

Bajo estas consideraciones, la SCJN consideró que no existe invasión a la esfera de competencia municipal y declaró la validez de los lineamientos.

Pedirán al Congreso del estado no aprobar leyes de coordinación fiscal que incluyen el cobro de conceptos y servicios que deben ser gratuitos.

Líderes de cámaras de comercio, empresariales y de prestación de servicios adelantaron que pedirán al Congreso local, a través de un posicionamiento por escrito, no aprobar las leyes de coordinación fiscal de los ayuntamientos porque violan normas en la prestación de diversos servicios que deben ser gratuitos.

Durante un encuentro de líderes al que concurrieron, entre otros, Antonio Sánchez Purón, de la Cámara Nacional de Comercio (Canacope); Harry Nielsen, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac); así como de la Canacope, José Salgado, decidieron ir en un frente común, a fin de defender los intereses del gremio.

Nielsen destacó que a la reunión estuvieron convocados también los representantes de la Canacintra, Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de Coparmex, sin embargo, no llegaron. Luego expusieron parte de sus inconformidades en lo que se refiere a la Ley de Coordinación Fiscal, que contempla servicios gratuitos como los que presta la Dirección General de Protección Civil de los ayuntamientos.

Los tres dirigentes coincidieron en que sin respaldo legal alguno, esas instancias aplican cobros por revisión a los negocios, que oscilan entre 800 y mil 100 pesos, haciendo hincapié en que Cuernavaca exige mil 80 pesos por ese concepto.

Para el correcto funcionamiento de los establecimientos expendedores de alimentos, se tiene que solicitar a las alcaldías la tarjeta de salud, pues es otro concepto que es igualmente gravado con un costo. Y en lo que se refiere a Desarrollo Sustentable, hay que hacer una serie de trámites, en negocios que pudieran generar algún inconveniente en materia; todo eso tiene un precio.

El representante de la Canirac aclaró que no se trata de buscar privilegios o favores, lo que se exige es que se respete la ley, ya que todos esos conceptos y muchos otros más, que al paso de los años se comenzaron a cobrar, son obligaciones de las dependencias gubernamentales referidas y es el recinto legislativo el que debe hacer las precisiones respectivas, a fin de que se acabe con esos abusos.

Y acusaron al Poder Legislativo de haberse prestado a todas esas acciones con conocimiento de causa en el pasado. Desde luego que se dieron complicidades, poniendo en riesgo las inversiones, porque para poder levantar la cortina de algún establecimiento, hay que entrar en una larga pesadilla de requisitos, destacaron.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, abundaron, las direcciones de gobernación, mediante sus inspectores, son otra plaga que operan a partir de extorsiones y atracos de toda naturaleza y por cualquier pretexto. Por lo tanto, anticiparon de la entrega del documento al Congreso, de no existir respuesta, recurrirán a los amparos colectivos y sobre ello, uno de los asesores de las cámaras, Enrique Paredes Sotelo, comentó que sí es procedente interponer esas medidas de defensa, sólo hay que hacerlo a partir de afiliados a algunos de esos organismos.

Estudiantes e integrantes del Consejo Universitario presentaron la solicitud a diputados.

Estudiantes e integrantes del Consejo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) propusieron a los diputados locales aumentar un uno por ciento más el presupuesto de la institución, que actualmente corresponde al 2.5 por ciento de los egresos del gobierno del estado.

Ayer, los universitarios presentaron ante los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local la iniciativa para modificar el artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Morelos, que garantiza autonomía financiera a la UAEM. Plantearon que se establezca la asignación del 3.5 por ciento del presupuesto del estado.

De acuerdo a los estudiantes y consejeros, si el gobierno del estado genera ahorros en gastos como servicios de comunicación social y publicidad, así como en las áreas de la Coordinación de Comunicación y en las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos, se podría garantizar más de la mitad de los recursos que representan el uno por ciento de aumento presupuestal.

Dicho aumento, afirmaron, garantizaría la reducción de un 17 por ciento de la deuda que actualmente enfrenta la máxima casa de estudios de Morelos.

Kevin Bárcenas, consejero de la Facultad de Biología, citó como ejemplo de los pagos que debe hacer la UAEM, las 20 mil 443 horas docentes que representan 71 millones 384 mil 239 pesos, así como el de 50 días que absorbe la Máxima Casa de Estudios de aguinaldo, del total de 90 que debe pagársele a los trabajadores, entre otros gastos.

Ante tal situación, los universitarios pidieron a los legisladores firmar su iniciativa y presentarla ante el Pleno del Congreso para su aprobación.

Aseguraron que los legisladores están en tiempo de atender su demanda, ya que en cuestión de días deberán analizar el paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Las diputadas que integran la Comisión de Educación expresaron que harán el análisis correspondiente de la iniciativa que presentaron los consejeros universitarios de la Máxima Casa de Estudios.

El funcionario señala que hasta ayer miércoles no habían recibido ninguna petición formal; considera que radicalizar las protestas no ayudará a solucionar el problema.

José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura del estado, informó que hasta ayer miércoles, no se había recibido la solicitud formal para que el gobierno local sea el aval para que la Federación libere una aportación extraordinaria a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Dijo que se están haciendo todas las gestiones posibles, al considerar que radicalizar las movilizaciones no solucionará el problema.

Por otra parte, informó que la Comisión Estatal de Seguridad Pública es la instancia que lleva a cabo la revisión de todos los edificios públicos, luego del hallazgo de equipos para espionaje en el Palacio de Gobierno, la cual se extenderá a oficinas del Poder Legislativo, a petición de diputados locales de la mesa directiva del Congreso local.

Comentó que la inspección no ha concluido, aunque ya se revisó completamente las oficinas del gobernador y no se encontró nada más hasta ayer.

Derivado de dicho procedimiento de revisión en las distintas áreas gubernamentales, de ser conducente, iniciarán la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Esto porque desde antes de llegar al gobierno, el propio titular del Ejecutivo estatal había externado que no tenía plena confianza en el titular de la Fiscalía General del Estado.

“Alguien los dejó ahí y se les olvidó quitarlos, se van a revisar todas las áreas con aparatos de tecnología para poder localizarlos; esperemos que ya no encontremos más”, expresó.

Ante el anuncio de la comunidad universitaria, que a partir del lunes radicalizará las movilizaciones –con actividades como el bloqueo a accesos a Cuernavaca- para demandar el rescate financiero, Sanz Rivera insistió en que el gobierno del estado sigue apoyando a la UAEM en el ámbito de sus facultades.

Opinó que de esa forma (con nuevas formas de protesta) no se solucionará el problema: “son libres naturalmente de realizar las actividades, hay libertad de expresión, pero no creo que sea la solución; esas medidas de presión aquí en Morelos, tal vez se tendrían que hacer en la Ciudad de México, pero no considero que sea la solución. La solución se dará en mesas de trabajo constantes, hasta llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación con la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Subrayó que, hasta ayer miércoles, el gobierno del estado no había recibido la solicitud formal para que se firme un convenio con la Federación para la liberación de recursos extraordinarios por alrededor de 400 millones de pesos y que la gestión local sea aval o realice aportaciones adicionales: “hasta este momento no nos ha llegado nada, si nos piden el aval, cuando llegue, lo veremos y veremos en qué condiciones son esos 400 millones de pesos”.

La entrega del monto equivalente al 2.5% del presupuesto estatal a la universidad se está cumpliendo y se pagará mensualmente, como está programado, en los tres meses que restan del año. Ya se han gastado fondos federales y partidas adicionales, de tal suerte que el tema de un rescate es del orden federal, sostuvo.

Exigen a los diputados intervenir ante presuntas irregularidades en la integración de los concejos municipales que fungirán como autoridades administrativas a partir de enero del 2019.

Pobladores de los municipios indígenas de Hueyapan y Xoxocotla obligaron ayer a los diputados a impulsar acciones para evitar un estallido social por presuntas irregularidades en la integración de los concejos municipales que fungirán como autoridades administrativas, a partir de enero del 2019.

Los habitantes de Hueyapan protestaron ayer -una vez más- y tomaron la sede del Congreso local por más de siete horas. A dicha movilización se sumaron pobladores de Xoxocotla, donde también han surgido dos grupos de oposición por la supuesta imposición de los integrantes del Concejo Municipal.

El enojo de los pobladores se acrecentó por la falta de atención de los diputados, que se comprometieron a sesionar ayer para impulsar un acuerdo y solucionar los problemas mediante la reposición del procedimiento de institución de los nuevos municipios. Sin embargo, determinaron suspender la sesión, al asegurar que no había condiciones para su desarrollo. 

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, que el pasado martes afirmó que era necesario reponer el proceso de creación de los municipios para garantizar certeza jurídica a sus pobladores, ayer informó que el Congreso del estado pediría el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que funja como mediadora en los conflictos de los nuevos municipios indígenas.

Sostuvo que existen intereses políticos de por medio que buscan generar desestabilización social, por lo que pedirían la intervención de autoridades internacionales. Al mismo tiempo, reiteró que se revisaría cada uno de los decretos por los que se instituyeron los municipios indígenas y se eligieron las autoridades de los Concejos Municipales, pues en todos los casos hay quejas por la intromisión de los exdiputados y exautoridades del gobierno estatal. 

Amenaza de bomba en el Congreso

Al mismo tiempo de las protestas de pobladores, se registraron dos amenazas de bomba en la sede del Congreso que elementos de Protección Civil y del Ejército atendieron de inmediato para descartar cualquier riesgo.

Las autoridades de protección civil intentaron desalojar a los pobladores por la amenaza de bomba, pero los inconformes se negaron a irse del Congreso del estado.

Tras más de una hora de haber activado los protocolos de seguridad y de los intentos, sin resultados, por desalojar, finalmente las autoridades confirmaron que las amenazas eran falsas.

Acuerdan reponer proceso de Hueyapan

Pasadas las tres de la tarde, los pobladores de Hueyapan lograron que los diputados se volvieran a comprometer para impulsar un acuerdo por el que se dejaría sin efectos el decreto que aprobó la LIII Legislatura para reponer el proceso de designación de los integrantes del Concejo Municipal.

Los ciudadanos inconformes aseguraron que sus protestas no cesarán mientras los diputados no cumplan sus promesas, pues a un mes de que pidieron la intervención del Congreso, hasta ayer tuvieron la atención de los diputados.

Mientras tanto, los legisladores se comprometieron a atender el conflicto que existe en Xoxocotla y en donde también un grupo de pobladores pide que se realice todo el proceso de creación de los municipios, pues afirmaron que está viciado de origen. Sin embargo, un gran número de la población está a favor del concejo que se eligió desde junio pasado. 

No han cobrado su sueldo debido a la parálisis operativa de la institución.

Trabajadoras de los Centros de Desarrollo para las Mujeres (CDM) denunciaron que los programas federales dedicados a abatir la violencia de género en los municipios del estado, se encuentran detenidos a causa de que el Congreso local no ha nombrado a la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM).

Las mujeres acudieron ayer al Congreso del estado y, mediante un oficio, pidieron a los diputados locales que garanticen la certidumbre jurídica en la cabeza del organismo defensor de los derechos de las mujeres.

Dijeron que desde septiembre pasado, cuando el Pleno del Congreso local revocó el nombramiento de la titular del IMEM, Flor Dessiré León Hernández, en cumplimiento a una orden judicial que se determinó por el amparo que promovió el líder transportista Dagoberto Rivera Jaimes, todos los programas federales se encuentran detenidos.

Citaron el caso del Programa de Apoyo para la Mujer en las Entidades Federativas (PAIMEF), del que prácticamente se sostienen los Centros de Desarrollo para las Mujeres, y cuyos recursos no han llegado a Morelos porque Flor Dessiré León está impedida a firmar cualquier documento como titular del IMEM.

Dicha situación también ha impedido que cobren su sueldo como integrantes de los centros ubicados en Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Yautepec, Mazatepec, Temixco, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla.

"Es un daño colateral, donde cuestiones o de algún modo están afectando a lo que hacemos nosotros. La alerta de violencia de género sigue en Morelos, tenemos mujeres violentadas, mujeres, hombres, niñas y, desafortunadamente, feminicidios y mucha violencia y debemos seguir trabajando para ello", sostuvo Leonora Valentina Jiménez Franco.

Los Centros de Desarrollo para las Mujeres son parte del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2018.

Las modificaciones legales fueron realizadas hace tres años por el Congreso local; el veto fue aplicado por el gobierno de Graco Ramírez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió el veto aplicado por el Poder Ejecutivo de Morelos a las reformas legales realizadas hace tres años por el Congreso local, en las que se excluyó la despenalización de la interrupción del embarazo.

Con tres votos a favor y dos en contra, los ministros de la Primera Sala de la SCJN declararon procedente, pero infundada, la controversia constitucional 14/2016, promovida por la anterior administración, encabezada por el otrora gobernador Graco Ramírez, y ordenó concluir con el procedimiento legislativo, es decir, con la  publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de las reformas a diversas disposiciones de distintos códigos y leyes estatales en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, para que puedan entrar en vigor.

La disputa legal surgió en diciembre de 2015, con el rechazo de la Comisión de Equidad de Género del Congreso a las observaciones enviadas por el Ejecutivo estatal a las reformas aprobadas en materia de violencia contra las mujeres y perspectiva de género, particularmente en el tema de la despenalización del aborto.

El Poder Ejecutivo acusó a los legisladores  de aprobar reformas “sin discusión expresa”, y demandó al Congreso ante la SCJN por “las omisiones persistentes” y el incumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales en la materia, los tratados internacionales y diversos criterios jurisprudenciales sobre derechos humanos, a favor de las mujeres y, en especial, para acceder a una vida libre de violencia y tener el derecho a la interrupción legal del embarazo.

El Poder Ejecutivo ejerció su derecho de veto y, a su vez, promovió ante la SCJN la controversia constitucional a través de la cual se le concedió la suspensión al Poder Ejecutivo para no acatar la orden de publicación del Congreso de las reformas en cuestión.

Pugnarán por incrementar presupuesto estatal para la UAEM.

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Martínez Terrazas, señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sí cuenta con recursos no sólo para apoyar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sino para resolver la crisis financiera en la que se encuentran un total de 10 universidades del país.

En conferencia de prensa, refirió que el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, informó a los diputados que del total del presupuesto destinado a la educación, se dispusieron de 66 mil millones para universidades, de los cuales faltaron por reportar 20 mil 400 millones de pesos que servirían en este momento para el rescate financiero de las universidades del país.

Señaló que sí existe recurso para apoyar a la UAEM e, incluso, se logró la liberación de 408 millones de pesos para que la universidad resuelva la emergencia de pago a personal hasta diciembre próximo. Sin embargo, se requiere también que el gobierno estatal haga una aportación similar y, hasta la fecha, el argumento es que no existen recursos, dijo Martínez Terrazas.

Finalmente, en conferencia de prensa dijo que la bancada de Acción Nacional buscará que se aumente del 2.5 al 3.5 el presupuesto estatal para la universidad y, a nivel nacional, pedirán que se destine el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a las universidades públicas.