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Admite diligencia en sede del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) rechazó las acusaciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA), Roberto Coranguez Esquivel, sobre supuestos actos de intimidación y amenazas, y abrió una investigación por la polémica designación de Alejandro Chévez González como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva del SEA, porque esa figura no existe en la ley.

Luego de que el titular del CPC anunció la promoción de una denuncia contra el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, la FECC emitió un comunicado en el que refutó los señalamientos y argumentó que, con base en sus atribuciones legales, realizó algunas diligencias en las oficinas del CPC como parte de una investigación iniciada a raíz de la designación  ilegal de Chávez González.

“Por ello, el pasado miércoles se realizaron algunas diligencias en las oficinas del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales estuvieron apegadas a derecho y en ningún momento se violentó la ley.

“La Fiscalía Anticorrupción rechaza todas las acusaciones que se le atribuyen a su titular y a sus fiscales, ya que siempre ha actuado con apego irrestricto a la legalidad y con el compromiso de prevenir, detectar y sancionar los delitos de corrupción”, informó.

Recordó que la Subprocuraduría de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, negó el registro como “secretario técnico interino” a Alejandro González, porque ese cargo no existe en ninguna norma.

Además, detalló, el Comité Coordinador del SEA, al que pertenece esta Fiscalía, se pronunció sobre la ilegalidad del nombramiento y ordenó una investigación para esclarecer esta situación, ya que el pasado 27 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la designación y ese mismo día se emitió una “carta aclaratoria” en la que se dejó sin efecto el cuestionado nombramiento.

La fiscalía insistió en que la indagatoria iniciada es apegada a derecho y que no hubo ninguna irregularidad durante la diligencia realizada en las oficinas de CPC. “La Fiscalía Anticorrupción se rige por valores y principios de certeza, legalidad, ética, profesionalismo, transparencia, rendición de cuentas, confidencialidad, respeto y diligencia en el ejercicio del servicio, por lo que, en ningún momento ha realizado actos de intimidación o acciones fuera de la Ley en contra de nadie”, respondió a las acusaciones.

A la exdiputada se le imputó el delito de peculado en agravio del Poder Legislativo.

Es la suma que Graco saqueó del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) formulará imputación contra una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado que omitió poner a disposición de la autoridad judicial al juez del Tribunal Superior de Justicia Daniel Rodríguez Apac, acusado del homicidio culposo de Pedro Portilla Herrera, un trabajador del IMSS que fue arrollado el 16 de diciembre de 2017 por el juzgador, quien conducía un vehículo oficial en estado de ebriedad.

A través de un comunicado, la fiscalía especializada señaló que la audiencia se realizará el próximo viernes en las salas de juicio oral de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya y se acusará a la agente del Ministerio Público  de presuntos delitos cometidos por servidores públicos.

“Dichas actuaciones forman parte de la carpeta de investigación FECC/198/2019-08, la cual se integró a partir de la denuncia iniciada por la esposa de la víctima. Lo anterior ha derivado en la judicialización del caso y la solicitud de formulación de imputación en contra de la agente del Ministerio Público que llevó la carpeta de investigación del homicidio culposo.
“Lo anterior, en razón de que la agente del Ministerio Público omitió poner a disposición al detenido, vulnerando la procuración de justicia a que  tiene derecho la menor hija del hoy occiso, víctima indirecta en el caso, y que a su vez presuntamente favorecieron al juez  investigado, Daniel ‘N’”, detalló la FECC.

Hace un par de días, la esposa de la víctima, Maykeler Viazcan López, denunció que el juez durante dos años recibió un trato privilegiado de las autoridades, al grado de que no ha sido imputado por el delito de homicidio culposo en agravio de su esposo.

Además, denunció que ella y su abogado han recibido amenazas para que “aborten el caso” y para que otorgue - en condiciones totalmente desventajosas- el perdón al funcionario judicial.

El Congreso del estado desahogará rezago en agenda legislativa, sostiene el diputado.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) en el Congreso del estado, Marcos Zapotitla Becerro, adelantó que concretarán los nombramientos  del titular la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), antes de que concluya el año.
En entrevista, el legislador refirió que tras lograr la reforma que garantiza una nueva mayoría calificada de 13 diputados en el Congreso, hay condiciones para retomar todos los asuntos pendientes y terminar con la ingobernabilidad en el Congreso.
Explicó que se trata del nombramiento del titular de la ESAF, a un año de que Vicente Loredo Méndez presentara su renuncia.

De igual forma, recordó que desde junio pasado está pendiente el nombramiento de un comisionado del IMIPE.
El legislador sostuvo que pese a los señalamientos de un grupo de siete diputados sobre la presunta ilegalidad de la reforma al reglamento para el Congreso del estado, el legislativo actuó en base a la normatividad y con eso buscará desahogar el rezago.
Zapotitla Becerro habló también de la determinación del Pleno para modificar todas las comisiones que, aseguró, está legalmente sustentada, dijo que las legisladoras que fueron removidas han manifestado su inconformidad porque perderán sus prerrogativas.
Incluso, el diputado ventiló que la diputada Keila Figueroa Evaristo tendría que transparentar el ejercicio de los recursos que administró como coordinadora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el primer año de la legislatura, ya que de las prerrogativas que goza una bancada nunca las distribuyó entre todos los integrantes.

Declararse culpables reduce significativamente su pena.

La titular de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, Fabiola García Betanzos, afirmó que varios responsables de privar de la vida a mujeres han preferido acogerse al beneficio legal del procedimiento penal abreviado. 

Señaló que, pese a que el procedimiento implica un beneficio legal para quienes aceptan los hechos y delitos imputados, la condena promedio para los feminicidas confesos que optan por una sentencia menor prevista en el Código Penal (de 40 a 70 años) es en promedio de un cuarto de siglo. 

“Al momento de tomar un procedimiento abreviado, pues aceptan la responsabilidad legal de lo que han hecho y se obtiene una sentencia, que no es una sentencia baja, es de 26 años y seis meses lo que se les puede imponer, y finalmente una reparación del daño con la que tienen que cumplir”, explicó. 

No precisó el número de feminicidas que han elegido el juicio abreviado, pero recalcó que la ley establece que, quienes se acojan a este beneficio, podrán recibir hasta un tercio de la pena mínima en caso de tratarse de delitos dolosos y hasta una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos.  

Insistió en que varios feminicidas se han amparado en este beneficio, “lo que es un reflejo de que las investigaciones están sólidas, porque en el momento en que ellos atienden a un procedimiento abreviado es porque saben que no tienen salida para una sentencia absolutoria”.

Fiscalía anticorrupción rechaza llegar a un acuerdo con Denya Flores Rendón, quien busca la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico de una reparación del daño.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) rechazó llegar a un trato con la ex directora de Recursos Humanos del Congreso local y ex candidata a la alcaldía de Tepoztlán, Denya Flores Rendón, quién a través de su defensa legal propuso la suspensión condicional del proceso penal instaurado en su contra con el pago simbólico de una reparación del daño.

De acuerdo con la información difundida por la fiscalía, un juez de control negó la solicitud de suspensión condicional del proceso que pretendía obtener la imputada por el presunto delito de fraude procesal.

A través de su abogado, la ex funcionaria propuso reparar el daño con el pago de 48 mil pesos diferido a varios meses, cuando hasta el momento ha cobrado 293 mil 592 pesos.

La propuesta fue rechazada tanto por el agente del Ministerio Público adscrito a la FECC, como por la asesora del Congreso de Morelos.

“Ante los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, respecto a que la reparación del daño que planteaba la defensa no cubría ni en un 15 por ciento lo que hasta el momento Denya “N” ha recibido con su pensión obtenida de manera ilegal, el juez determinó que debe continuar el proceso en contra de la imputada”, recalcó la FECC y sostuvo que la imputada pretendía obtener un beneficio legal, pero en ningún momento su defensa indicó la posibilidad de que la imputada renunciara a la pensión por la que recibe 17 mil 270 pesos mensuales.

De acuerdo con el decreto 5619, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 8 de agosto de 2018, la anterior legislatura concedió a Flores Rendón, esposa del exalcalde de Tepoztlán y exdiputado perredista Francisco Navarrete Conde, una pensión por jubilación al 65 por ciento de su último salario como directora de Recursos Humanos del Congreso local, por haber laborado por 23 años como trabajadora al servicio del Estado.

Pero en una revisión de 70 decretos de “pensiones doradas”, la actual legislatura detectó irregularidades graves en la mayoría de los casos y abrogó un primer bloque de 24 decretos pensionarios.

Uno de los decretos abrogados fue el de Denya Flores y, según la investigación realizada por los actuales diputados, no sólo el expediente de la exfuncionaria estaba viciado de origen, sino que se detectó la integración de documentación dudosa y no se acreditó que efectivamente hubiese laborado al servicio del estado los años requeridos para obtener la pensión concedida por la anterior legislatura.

Carpetas de investigación cuentan con elementos suficientes para deslinde de responsabilidades, señala el asesor anticorrupción.

Le levantan la prisión preventiva a Noé Sandoval Morales.

Cuautla.- Este jueves, en un juzgado de la Ciudad Judicial de Cuautla, se llevó a cabo la audiencia en la que la Fiscalía Anticorrupción formuló nuevas imputaciones en contra del exdirector del Transporte Público y Particular Noé Sandoval Morales, derivado de denuncias por la venta de permisos irregulares para el transporte en la región oriente de Morelos.

Sin embargo, por tratarse de delitos no graves, el juez determinó levantarle la medida cautelar de prisión preventiva que se le había aplicado anteriormente por acusaciones de fraude con la venta de permisos apócrifos.

En la imputación de nuevos delitos, la fiscalía presentó evidencias de prueba en contra del funcionario derivadas de denuncias presentadas por familias del municipio de Axochiapan a las que prometió la venta de concesiones, las cuales cobró pero no entregó.

Los delitos que se le imputan son ejercicio indebido del servicio público, ejercicio ilícito del servicio público y fraude, por los que la fiscalía pidió la prisión preventiva como medida cautelar, pero fue negada por el juez de la sala 5 de los juzgados en Cuautla.

Sin embargo, Noé Sandoval deberá presentarse a firmar cada semana ante la Unidad de Medidas Cautelares, además de que se le prohibió salir del país y se le impidió acercarse a los denunciantes y a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Después de esta resolución, una hora después, el exfuncionario del gobierno de Graco Ramírez abandonó la Cárcel Distrital de Cuautla, donde había sido recluido un día antes.

Un juez rechazó la petición de prisión preventiva para el exfuncionario.

El ex director de Transportes, Noé Sandoval Morales, libró la cárcel luego de que juez rechazó imponerle de nuevo la medida cautelar de prisión preventiva, en el cuarto proceso iniciado en su contra por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), quien esta vez lo acusó de tres presuntos delitos. 

La fiscalía anticorrupción informó que en la sala 5 de la Ciudad Judicial de Cuautla, el agente del Ministerio Público presentó ante el juez varios datos de prueba contra el ex funcionario, quien presuntamente durante su gestión vendió de forma irregular varios permisos a distintos integrantes de una familia de Axochiapan, con la promesa fallida de entregarles concesiones para taxis.

Al no obtener las concesiones, las víctimas acudieron a la FECC a iniciar la denuncia contra Sandoval Morales, quien acumula una docena de denuncias por el mismo modus operandi.

Pese a que la fiscalía solicitó que se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva, el juez rechazó la petición y únicamente ordenó al imputado acudir a firmar semanalmente a la Unidad de Medidas Cautelares, no salir del país ni acercarse a la Secretaría de Movilidad y Transporte y a los testigos mencionados en la carpeta de la investigación.

En esta cuarto proceso penal se le imputó al ex funcionario la presunta comisión de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, ejercicio ilícito del servicio público y fraude.

Uriel Carmona admite rezago en la institución que encabeza.

El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, compareció ante el Pleno del Congreso del Estado y, al rendir su informe semestral de resultados, admitió que existe un rezago importante en el trabajo de la dependencia estatal.
A diferencia de su primer comparecencia ante los integrantes de la LIV Legislatura, en septiembre del año pasado, en esta ocasión el fiscal se sintió acompañado ya que cientos de personas, entre trabajadores que acudieron con su uniforme y ciudadanos que manifestaron su apoyo por medio de pancartas, arribaron desde las 9 de la mañana al Salón de Pleno del Congreso y ocuparon las cerca de 400 lugares. En varias ocasiones gritaron su apoyo al fiscal y hasta interrumpieron a los diputados en sus intervenciones.
Ante los legisladores, Uriel Carmona Gándara presumió de sus avances en el primer semestre del año: incrementó el salario a los trabajadores y compró vehículos para desarrollar mejor el trabajo de la Fiscalía.
Sin embargo, el funcionario también admitió que existe un rezago  en las labores que debe realizar la dependencia estatal, como resolver los casos de violencia en contra de las mujeres.
"Hace falta mucha más capacidad de repuesta operativa para la atención de las mujeres que son víctimas de violencia en el estado, no es suficiente. Por supuesto que falta mucho por tramitar", manifestó ante el Pleno legislativo.
De igual forma, confirmó que de  22 mil 914 carpetas de investigación por delitos del fuero común sólo se han logrado 124 sentencias condenatorias.

Sin embargo, afirmó que es un gran resultado debido a la fuerza de trabajo que tiene, con sólo 186 agentes del ministerio público.
Durante la comparecencia, los legisladores parecieron más interesados en señalar sus diferencias políticas que en atender a la información del fiscal.
Los diputados locales también aprovecharon la comparecencia -que tenía un formato para atender exclusivamente el informe del fiscal-  para llamarse mutuamente a cumplir con su responsabilidad y sesionar para sacar el rezago legislativo.
Fue el caso de la diputada petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quien afirmó que existe toda la disposición para trabajar y que un grupo se diputados pretende la división en el Congreso del estado.
Mientras tanto, el diputado del Partido Encuentro Social (PES) Marcos Zapotitla Becerro, acusó a sus homólogas de haber montado un teatro, pues en la sesión del 17 de septiembre pasado no se presentaron para el desarrollo de la primera sesión ordinaria.
Pese a los exhortos entre diputados, la sesión ordinaria en la que se desarrolló la comparecencia y que fue la continuación de la del 17 de septiembre se volvió a suspender por falta de quórum para el desahogo de temas importantes.

Buscan homologar registros y sistemas de trabajo.

Como resultado de la segunda sesión ordinaria 2019 de la zona centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) se acordó la creación de un nuevo formato del Informe Policial Homologado, así como del Registro Nacional de Detenciones; además de homologar criterios y cifras sobre incidencia delictiva con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Morelos fue sede de la reunión en la que participaron fiscales de Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México.

La ceremonia inaugural fue presidida por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) de la Fiscalía General de la República (FGR), Roberto Ochoa Romero.

El principal objetivo de quienes integran la CNPJ en la zona centro es sumar esfuerzos, disminuir índices delictivos y coordinar trabajos para el avance institucional que el Estado mexicano necesita, expresó el fiscal morelense Uriel Carmona Gándara, al dar la bienvenida a sus homólogos.

Al cierre de los trabajos acudieron Leticia Catalina Soto Acosta, secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y el fiscal general del estado de Oaxaca y vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Rubén Vasconcelos Méndez, quien informó sobre los acuerdos alcanzados.

Entre estos destacó que fiscalías y procuradurías de la zona centro participarán con el Centro Nacional de Información en la elaboración de los lineamientos del nuevo formato del Informe Policial Homologado, así como del Registro Nacional de Detenciones. 

Para avanzar en esta tarea se realizará en 15 municipios una prueba piloto; además se realizará una reunión con las procuradurías y fiscalías generales que estén involucradas en este tema, a efecto de que previo a su lanzamiento puedan contar con más información respecto a su funcionamiento, así como de las responsabilidades para este proyecto. 

Se acordó realizar un conversatorio con el Poder Judicial de la Federación y con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) con el propósito de discutir la naturaleza jurídica del Informe Policial Homologado. 

El vocero destacó que los temas abordados y por lo tanto sus resultados, se derivan de las propuestas planteadas en la conferencia nacional en esta materia.

Por lo tanto, también se abordó el punto relativo a la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Al respecto se determinó que las fiscalías y procuradurías instalarán sus Unidades de Extinción de Dominio para su atención, de acuerdo con lo que dispone la Ley Nacional de Extinción de Dominio con áreas de inteligencia patrimonial y financiera. 

En el tema de violencia de género, informó al dar lectura a las conclusiones, que se acordó conformar un grupo de trabajo que revise los tipos penales relacionados como el hostigamiento o acoso sexual, violación y feminicidio. 

Cabe subrayar que se planteó “la inclusión de la figura de feminicidio en grado de tentativa en los datos estadísticos, a efecto de que se permita homologar e interconectar con las bases de datos sobre violencia de género”. 

También se promoverá la modificación al Protocolo de Alerta Amber, a fin de que se incorpore la utilización de medios electrónicos para abreviar a 30 minutos la emisión de alertamiento o desactivación para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes en situación de sustracción, ausencia, extravío, no localización o desaparición.

Finalmente se dio a conocer que, en cuanto al tema forense, los fiscales y procuradores se comprometieron a participar en la creación de un Mecanismo Extraordinario Forense que apoye en las labores de identificación de cadáveres que hasta el momento no han sido identificados.  

Se trabaja en la integración de un presupuesto especial para el año 2020 respecto a la identificación forense extraordinaria, como parte de las propuestas que surjan del Programa Nacional de Exhumaciones y del Mecanismo de Identificación Forense.

Por último, se informó que el Inegi presentó la propuesta de Estrategia para Fortalecer la Estadística Nacional en Procuración de Justicia, así como la posibilidad de generar un Sistema Nacional de Información en Procuración de Justicia.

El nieto del Caudillo del Sur, Edgar Castro Zapata, presentó sendas denuncias penales por la desaparición también del registro civil en el que fue asentada la muerte del líder revolucionario.

El nieto del Caudillo del Sur, Edgar Castro Zapata, presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República  (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por la desaparición del acta de defunción de Emiliano Zapata Salazar y el libro del Registro civil en el que fue asentada la muerte del líder revolucionario, que, hasta antes del sismo de del 19 de septiembre de2017 estaban en exhibición en el Ayuntamiento de Cuautla.

Acompañado de su abogado, Castro Zapata detalló que realiza labores de conservación, investigación y documentación histórica del movimiento zapatista y, al declarar el gobierno federal el 2019 como Año del Caudillo del Sur, se enfocó en la realización de diversas actividades en el interior del país relacionadas con la conmemoración de centenario luctuoso de su bisabuelo.

Por ello, acudió al Ayuntamiento de Cuautla a indagar sobre el acta de defunción de Emiliano Zapata, que hasta antes del sismo de 2017 estaba exhibida en el Palacio Municipal, pero la repuesta fue que el documento histórico y el libro del Registro Civil estaban perdidos.

“Es claro que un documento histórico de gran relevancia como lo es el acta de defunción del General Emiliano Zapata Salazar no se ‘pierde’ sino que es sustraído para ser vendido a coleccionistas privados”, dijo, al expresar su preocupación en las denuncias promovidas ante ambas fiscalías.

Pedro Martínez Bello, representante legal de Edgar Castro Zapata, reiteró la preocupación por el presunto extravío del documento, porque no sólo tiene un gran valor histórico, sino también un enorme valor económico y podría caer en manos de coleccionistas privados, como ha ocurrido con otros objetos y obras de arte mexicanos.

Exhortó a las actuales autoridades municipales a presentar el documento que, en teoría, deberían de tener bajo su resguardo o, en su caso, acudir a iniciar las denuncias correspondientes para que se investigue su paradero y se finquen responsabilidades a quién o quiénes lo ocultaron o sustrajeron.

 “El documento es un hecho que no está y pareciera que el Ayuntamiento de Cuautla tratara el asunto de manera sigilosa para que no se haga público. Sin embargo, si ellos no tienen ninguna responsabilidad, pues que presenten la denuncia.

“Lo más importante de esto es que aparezca el documento y que se responsabilice a la persona que tenga bajo su reguardo este documento histórico, porque evidentemente tiene que ver con una transacción económica”, dijo, en referencia a la posibilidad de que alguien pudo haber aprovechado el caos por el sismo durante la administración del alcalde, Raúl Tadeo Nava, o el periodo de transición, por cambio de administración y asunción del nuevo edil, Jesús Corona Damián,

Por ello, insistió en que la actual administración municipal debe revisar si el documento fue o no incluido en el acta de entrega recepción y de ser necesario presentar las denuncias contra quien resulte responsable.

Por lo pronto, dijo que la intención de las dos denuncias es que el Ministerio Público de la Federación y de la fiscalía anticorrupción inicien las primeras pesquisas para la localización del documento histórico.

Las instalaciones de Cuautla serán remodeladas.

Cuautla.- A finales de septiembre, los servicios que ofrece la Fiscalía Regional Oriente serán cambiados a una sede alterna de manera temporal, debido a la remodelación que se llevará a cabo en el edificio que actualmente ocupa sobre la avenida Constituyentes, en el primer cuadro de esta ciudad.

Así lo confirmó el fiscal regional, Alejandro Chávez Carmona, quien señalo que se busca dignificar las instalaciones para brindar un mejor servicio a los habitantes de los municipios de la región oriente de Morelos, quienes a la fecha tienen que acudir a diversos lugares para realizar sus trámites.

Dijo que será a finales de octubre cuando iniciarán los trabajos de remodelación en el antiguo edificio, el cual será adecuado para albergar todas las áreas de atención en un solo lugar para brindar un servicio integral a los ciudadanos.

Agregó que en cuanto se tenga la sede temporal, se dará a conocer a la población para que no vea entorpecidos sus procedimientos. 

Cabe señalar que recientemente, el Cabildo de Cuautla aprobó la exención de impuestos a la Fiscalía Regional por concepto de los permisos para dicha remodelación de sus instalaciones. También se pudo apreciar que las fachadas del edificio de la fiscalía en Cuautla empezaron a ser pintadas de color azul marino y blanco.

En el oficio se da a conocer la supuesta aprobación del pago de compensaciones a empleados del sindicato rojo; la Dirección de Asuntos Jurídicos niega veracidad del documento.

Cuautla.- El Ayuntamiento local, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dio a conocer que se presentó una demanda ante la Fiscalía Regional Oriente en contra de quien resulte responsable por dar a conocer un documento –a través de las redes sociales– en el que se precisa la supuesta aprobación del pago de compensaciones a un grupo de trabajadores sindicalizados pertenecientes al sindicato rojo.

En este contexto, Angélica Herrera Rodríguez, titular de la mencionada dirección, señaló que se trata de un documento falso y cuyo objetivo primordial sería el de desestabilizar el trabajo que se realiza con los líderes y trabajadores adheridos a los dos sindicatos municipales.

De la misma manera, señaló que en días pasados, a través de las redes sociales y diversos medios, se publicó el contenido de un supuesto oficio con número DAJ/325/2019, el cual –dijo– en ningún momento fue signado por la titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuautla, el cual se está utilizando para desprestigiar la administración pública municipal.

“El número de oficio DAJ/325/2019 realmente elaborado es un asunto totalmente distinto al que se pretende hacer pasar por original. Por lo tanto, el texto de dicho documento se desconoce, por lo que la suscrita nunca ha firmado, enviado o presentado dicho oficio a algún área de la administración pública o ante alguna otra dependencia; además de que se advierte que en dicho oficio que fue publicado se pretende ocultar, con diversos símbolos, a quién va dirigido. Por lo que, en conclusión, el oficio no fue elaborado o signado por la suscrita y mucho menos se autorizó lo referido en el mismo, por lo que la información resulta ser totalmente falsa”, detalló Herrera Rodríguez.

Añadió que para hacer frente a esta situación, se presentó la denuncia de hechos ante la Fiscalía Regional Oriente con la finalidad de que la autoridad investigadora sea quien esclarezca dichos hechos.

Finalmente señaló que en dicha denuncia se ha solicitado a la Fiscalía Regional Oriente que derivado de la investigación se le requiera a quien o quienes resulten responsables la presentación de dicho oficio, además de indicar quién se lo entregó o envió y considerar que dichos actos cometidos en contra de la actual administración municipal han producido alarma a grupos laborales y con ello han perturbado la paz pública y laboral dentro de la comuna.

El mandatario estatal se pronuncia por ir a fondo en indagatorias.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco pidió que la Fiscalía General del Estado investigue a Enrique Alonso Plascencia, ex alcalde de Tlaquiltenango y actual director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm).
Tras la difusión de un video en redes sociales en el que un hombre, con el rostro cubierto, asegura pertenecer al grupo delictivo Los Rojos y recibir órdenes de Enrique Alonso Plascencia, el mandatario dijo que el Fiscal General debe realizar una investigación.
Yo simplemente le digo al fiscal que hay que investigar, hay que investigar, que llegue hasta las últimas consecuencias, no sabemos si es verdad, si es mentira, pero si se rumora hay que investigarlo”, dijo Blanco.
En un comunicado de prensa, el Poder Ejecutivo estatal informó que el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos es un organismo público descentralizado, por lo que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo no tiene ninguna injerencia en él ni relación con su titular.
El Idefomm, señala el comunicado,  cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, de tal manera que no está sectorizado o integrado a los poderes públicos del estado.
“La designación del actual director, Enrique Alonso Plascencia, ex presidente municipal de Tlaquiltenango, fue realizada por los propios alcaldes el pasado 31 de enero, para el periodo enero-junio de 2019. Lo anterior, durante la primera Sesión Ordinaria de Instalación de la Junta de Gobierno del IDEFOMM, con la asistencia de representantes de 28 municipios. Ahí mismo, Jesús Corona Damián fue elegido como presidente de la Junta de Gobierno del organismo”, informó el Ejecutivo.

Sólo el 10% de los casos culminó en la muerte de las víctimas: Pineda Fernández.

La Fiscal Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, Adriana Pineda Fernández, destacó que sólo el diez por ciento de los casos de plagio han culminado en la muerte de las víctimas y que poco a poco se logró disminuir la incidencia de este delito.

Indicó que hubo un ligero incremento de casos de secuestro con respecto al año anterior, pero un 60 por ciento menos con respecto a los años anteriores (2013-2015) en que hubo una “crisis importante” por el aumento de plagios.

Detalló que desde que se creó la fiscalía antisecuestro el combate a este delito evolucionó de manera eficaz y debilitó a las bandas de plagiarios, lo que derivó en el descenso gradual de casos y el aumento de rescates exitosos de las víctimas.

“En el tema de protocolos de atención a casos de víctimas de secuestros nosotros tenemos que atender a lo que las familias nos solicitan respecto de una intervención operativa, porque eso implica un riesgo inminente para la seguridad y la vida de la víctima.

“Entonces, ahorita hemos avanzado. Recordarán que antes no se hacían rescates, ahora hemos avanzado y alrededor del 50 por ciento los estamos resolviendo vía rescate y prácticamente el 40 por ciento restante en negociación para generar la circunstancia de pago y el otro 10 por ciento todavía  en alguno de los casos con pago o sin pago la vida ha fallecido”, explicó.

Señaló que no se han detectado bandas dedicadas específicamente al secuestro y que estén vinculadas a grupos de la delincuencia organizada, pues estas células criminales suelen mutar a otras actividades ilícitas, como el robo de autos, la extorsión o los asaltos.

Indicó que durante el primer semestre del 2019 la fiscalía abrió 35 carpetas de investigación por el delito de secuestro, secuestros virtuales o secuestro simulados.

La exdiputada busca mantener la protección de la justicia federal y que no se ejecute la orden de aprehensión girada en su contra a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El abogado de la exlegisladora asegura que logró un amparo y que ella está hospitalizada.

Está imputado por presunto homicidio culposo y otros delitos.

El chofer del camión pesado que se quedó sin frenos y privó de la vida a nueve personas en el municipio de Cuautla permanecerá en prisión preventiva por el presunto delito de homicidio culposo y otros.

Un juez de control determinó la medida cautelar para Cristian "N, tras realizar la audiencia de formulación de imputación

El agente del Ministerio Público adscrito a la fiscalía de la región oriente le imputó nueve homicidios, lesiones en agravio de ocho personas y daños a cuatro víctimas del trágico accidente ocurrido en la zona oriente.

El juez justificó la medida cautelar debido a que el imputado no tiene arraigo en Morelos (porque reside en otra entidad) y  por ello permanecerá internado en la cárcel distrital de Cuautla.

La próxima semana se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, donde la defensa del conductor podrá presentar pruebas respecto a las causas del accidente, que inicialmente fueron atribuidas a una falla mecánica del tráiler que transportaba varillas desde el Estado de México.

La mañana del 12 de junio sobre la carretera México-Cuautla (a la altura de la central de abastos) el tracto camión marca Kenworth con placas de circulación 530-AL-8 del servicio público federal -con número de placa del remolque 473-UR-9 del servicio federal- aparentemente se quedó sin frenos y a su paso arrasó con varios autos particulares, una moto y una combi del servicio público de pasajeros que provenía del municipio de Yecapixtla.

En el lugar fallecieron cinco personas y varias resultaron lesionadas, pero al paso de los días otras cuatro víctimas más fallecieron en diferentes hospitales.