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Se ausentan de las audiencias y dejan esa responsabilidad a secretarios de acuerdos.

El presidente del Colegio Morelense de Abogados, Juan  Juárez Rivas, acusó a los jueces familiares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de vulnerar los derechos de los niños y adolescentes al ausentarse de las audiencias y alargar los procesos judiciales que, generalmente, están relacionados con la guarda y custodia, pensión alimenticia o régimen de convivencia cuando los padres se divorcian.

Explicó que los jueces suelen atrincherarse en sus oficinas y dejan el desahogo de las audiencias a los secretarios de acuerdos, aun cuando es responsabilidad legal y ética de los juzgadores presidir las diligencias para tener elementos objetivos para emitir sus resoluciones.

Juárez Rivas dijo que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas López, tiene conocimiento de la situación irregular y no sólo la consiente, sino que prefiere ignorar a los abogados que han exigido corregir la actuación anómala de varios jueces familiares, pues no sólo hay una franca violación al interés superior de la infancia, sino que por este tipo de circunstancias se alargan por años los procesos judiciales.

“Por ejemplo, no puedo decir las partes, pero acabamos de terminar un asunto en Xochitepec, un asunto que duró 14 años en materia familiar y tuvimos dificultades porque la juez se encerró en su cubículo y no quiso hablar. El niño tenía en ese momento cinco años, ahora ya tiene 19”, explicó, como uno de tanto casos que se prolongan debido a la ausencia de los jueces en las audiencias y los obstáculos procesales, así como las afectaciones que provoca la dilación de la justicia a los menores.

“Yo quiero aprovechar para hacerle un exhorto a la presidenta para que ya no se sigan violentando los derechos humanos de los menores. Insisto, ahora que los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes están en la ley como lo máximo, los niños están abandonados por los jueces y, fundamentalmente, por la arrogancia de la presidenta del TSJ”, aseguró.

Le concede operar con los recursos del 2018, pero consideró inadmisible que el Poder Judicial pretenda una suspensión acusando al Congreso de omisión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al Poder Judicial para conservar los recursos del 2018, en tanto el Congreso define el presupuesto del 2019, pero también negó la suspensión contra omisiones del Poder Legislativo por considerar “inadmisible” la solicitud.

De acuerdo con los estrados electrónicos de la SCJN, se concedió la suspensión para que “hasta en tanto no se publique el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de esta anualidad, se garantice al Poder Judicial actor ejercer el mismo Presupuesto de Egresos estatal para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho”, con el fin de garantizar la operatividad de la impartición de justicia.

Pero también el ministro instructor de la controversia constitucional 6/2018, Juan Luis González Alcántara Carrancá, negó la medida cautelar, consideró inadmisible que el Poder Judicial, garante de la legalidad en Morelos, haya pretendido obtener una suspensión acusando al Congreso de omisión cuando el proceso legislativo está inconcluso y es la materia de recursos de control constitucional.

De acuerdo con la controversia, la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cueva López, acusó a los diputados de incurrir en la omisión de no aprobar el Presupuesto de Egreso del Gobierno de Morelos del 2019 con su respectiva asignación del 4.7% del presupuesto estatal programable para el Poder Judicial.

“En este sentido, es inadmisible jurídicamente lo pretendido por el Poder Judicial actor al solicitar la medida cautelar, pues ello equivaldría a dar a la suspensión efectos constitutivos propios, e implicaría prejuzgar respecto a que, efectivamente la omisión alegada resulta inconstitucional, lo cual no puede ser  materia de pronunciamiento cautelar, sino, en todo caso, de la sentencia que en su oportunidad se dicte”.

Se detectó la liberación de varios detenidos o imputados por causas aparentemente injustificadas.

Bajo la lupa se encuentran algunos jueces de control y juicio oral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al detectarse la liberación de varios detenidos o imputados por causas aparentemente injustificadas.

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, reveló que ese fue el motivo por el que la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas López, fue invitada el pasado 15 de enero a participar en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en la que convergen autoridades estatales y federales vinculadas al tema de seguridad pública.

“Ella fue llamada porque había unas dudas sobre el comportamiento de algunos jueces, pero fue únicamente una vez que fue porque así se le solicitó”, puntualizó.

Dijo que en esa reunión se pusieron sobre la mesa los casos y hasta los nombres de varios jueces bajo sospecha, ya que a través del sistema penitenciario se detectaron las liberaciones de varios imputados, vinculados principalmente con la delincuencia organizada y narcomenudeo.

“A nosotros nos llegan reportes del director del sistema penitenciario de los que están dejando libres y, en automático, cuando vemos que ya son cuatro o cinco que se sueltan en una semana, sí nos llama la atención, porque algunas veces ponen por causa injustificada (la aprehensión), si se entregó un IPH (Informe Policial Homologado) y pasó por la fiscalía, y la fiscalía llegó al juez; pues algo está mal ahí y es lo que nos ha llamado la atención”, explicó.

Señaló que en esa reunión, la magistrada presidenta mostró disposición a acudir a cualquier llamado de la mesa de coordinación, pero desde entonces se desconoce si la representante del Poder Judicial investigó o separó del cargo a alguno de los jueces.

La presidencia del Tribunal Superior de Justicia hace caso omiso a la iniciativa de un grupo de magistrados.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, ignoró la petición de un grupo de magistrados, que exigió transparentar y asignar plazas de jueces a través de concursos de oposición.

El 28 de enero, los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Andrés Hipólito Prieto y Jorge Gambo Olea entregaron a la presidencia del TSJ, un documento en el que rechazaron que los jueces sigan siendo designados de manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ (que sustituyó al Consejo de la Judicatura) y sin atender los principios de un sistema transparente y democrático de selección de juzgadores.  

Además, solicitaron convocar a una sesión de Pleno para discutir el tema de la designación de jueces, pero a una semana de formulada la solicitud, no hay respuesta de Cuevas López, según confirmaron magistrados.

Pero no es la primera ocasión en que la titular del TSJ desatiende peticiones de magistrados, pues anteriormente ignoró otro documento, en el que se le advirtió sobre el incumplimiento en la instalación e integración la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial en contravención al decreto 2611, que establece que el órgano colegiado debió instalarse desde el 5 de abril del 2018.

También este grupo de magistrados solicitó a Cuevas López un informe ante el Pleno del TSJ sobre el número de controversias constitucionales, para conocer las normas o actos de invalidez impugnados, ya que el tema nunca fue sometido a consideración de los miembros del Pleno. 

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) modernizó la imagen y consulta digital del Boletín Judicial, con la finalidad de mejorar el servicio a los usuarios de este medio oficial de comunicación.  
Óscar Anzures Quintero, responsable de la edición del Boletín Judicial del TSJ, explicó que esta herramienta digital permitirá a los abogados agilizar la búsqueda de sus expedientes.
“El primer paso es ingresar a la página del tribunal, dar clic a la imagen del boletín judicial. Ahí aparece un anuncio de que a partir del 22 de enero el boletín judicial se digitaliza, se cierra y el usuario continúa con las indicaciones, de acuerdo a la información que necesita ubicar”, detalló.
Precisó que es obligatorio llenar el periodo de la fecha que se desea buscar, la jurisdicción o juzgado y, una vez que se ingrese, se puede presionar “control f” y agregar un dato o nombre del expediente para precisar la búsqueda.
“La búsqueda arroja todos los distritos y áreas administrativas como la visitaduría y quejas administrativas, es decir, los usuarios ahora podrán encontrar toda la información en una página o una búsqueda particular; por ejemplo, si desean saber el seguimiento de un expediente de Puente de Ixtla, tienen que buscar en el área”, comentó.

Rechazan que los juzgadores sigan siendo designados de manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ.

Un grupo de cuatro magistrados solicitó a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cueva López, convocar a una sesión de Pleno para discutir el tema de la designación de jueces a través de concursos de oposición.

A través de un oficio, los magistrados Carlos Iván Arenas Ángeles, Nadia Luz Lara Chávez, Andrés Hipólito Prieto y Jorge Gambo Olea rechazaron que los jueces sigan siendo designados de manera directa por la Comisión Transitoria del TSJ (que sustituyó al Consejo de la Judicatura), y sin atender los principios de un sistema transparente y democrático de selección de juzgadores.  

Señalaron que de conformidad con las disposiciones normativas, la designación debe ser mediante concurso de méritos y examen de oposición, para garantizar idoneidad y excelencia en el perfil de los jueces en beneficio del sistema de impartición de justicia.

En consecuencia, solicitaron a la presidenta del TSJ convocar a sesión de Pleno para que explique por qué su actuar no se ha ajustado a lo que mandata el artículo 92 fracción I de la Constitución local.

Cabe destacar que por razones no claras, quedó trunco el concurso de oposición convocado por el TSJ en 2017 para el nombramiento de 13 jueces y se optó por la designación directa de jueces “interinos”. 

El juzgador afirma que es válido que en caso de una controversia, se presenten las pruebas periciales que ayuden a un juez a tomar la mejor decisión.

Para el juez noveno de primera instancia en Cuernavaca del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Antonio Pérez Ascencio, las pruebas periciales son herramientas básicas para que los juzgadores puedan resolver un juicio a través de la participación de expertos en la materia.
Explicó que una prueba pericial es un elemento que las partes también pueden aportar durante un proceso, la cual ayudará al juez a conocer de manera específica sobre algo que están cuestionando y sobre el cual se requiere el dictamen de un experto.
“Es decir, cuando se trata de un juicio por una indemnización por responsabilidad en la atención médica, cuando se trata de materias familiares, civiles, mercantiles o, incluso, penales”, resaltó.
Pérez Ascencio comentó que los especialistas son capacitados en su área, con conocimientos comprobables en temas específicos de psicología, contabilidad, ingeniería, medicina, arquitectura, entre otras materias.
“No es común que una persona conozca temas técnicos, por ello se busca a los peritos en las materias. Algunos tienen conocimiento en criminología y criminalística, entre otras especialidades”, señaló, y dijo que es preciso que en caso de una controversia, se presenten las pruebas periciales que ayudarán a un juez a tomar la mejor decisión con base en la ley. 

Promueve una controversia constitucional contra el Congreso de Morelos para impugnar el presupuesto que le fue autorizado en la Ley de Egresos del 2019, y que es inferior al porcentaje que constitucionalmente le corresponde.

El Poder Judicial del estado de Morelos promovió una controversia constitucional contra el Congreso local para impugnar el presupuesto que le fue autorizado en la Ley de Egresos del 2019, y que es inferior al porcentaje que constitucionalmente le corresponde.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Díaz Carvajal, informó que este mismo miércoles la representación del Poder Judicial promovió el recurso de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la víspera de la publicación del presupuesto de este año en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

Tras la aprobación de las leyes de ingresos y egresos 2019 en medio de la polémica y división entre los diputados, señaló que si bien el presupuesto será oficial hasta su publicación, de manera extraoficial se sabe que el monto asignado a la administración de justicia no es el que prevé la Constitución local. 

“No sabemos en qué términos se haya aprobado, los que sí sabemos es que no se asignó al TSJ el monto presupuestal que constitucionalmente le corresponde”, dijo, y recordó que -por mandato constitucional- al Poder Judicial le corresponde el 4.7% del presupuesto estatal programable.

Afirmó que al no respetar el Congreso dicho porcentaje, este mismo miércoles fue promovida ante la SCJN la controversia constitucional para que le sean asignados al Poder Judicial los recursos que le corresponden.

Precisó que este presupuesto servirá para sostener no sólo los gastos de operación, sino para continuar con la modernización de la administración de justicia e impulsar -por ejemplo- el centro de mediación, los juicios orales en materia familiar y mejorar las áreas penal y mercantil. 

Acotó que esta partida presupuestal del 4.7%, es independiente del tema de pensiones de los trabajadores jubilados, en cuyo rubro hay un pronunciamiento de la SCJN respecto a que deben asignarse partidas financieras específicas y, por lo tanto, los legisladores estarían obligados a etiquetar recursos exprofeso.

Incluso, realizan remodelaciones a sus oficinas.

Mientras los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) accedieron voluntariamente a reducir sus salarios como medida de austeridad, en el Poder Judicial del estado de Morelos no se tiene prevista ninguna medida similar, y hasta en los últimos días se han realizado remodelaciones a las oficinas de varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El Pleno de la SCJN acordó, como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en un 25 por ciento, respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018.

Los emolumentos de los ministros se reducirán de 269 mil 215 pesos que recibían netos mensualmente cada uno en el año pasado, a 201 mil 911 pesos, más prestaciones.

Además, la presidencia de la SCJN, que ahora encabeza el ministro Arturo Zaldívar, y el Consejo de la Judicatura Federal revisarán y, en su caso, publicarán los montos de las remuneraciones de magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación -conforme a lo aprobado en el PEF 2019- a efecto de asegurar, como mandata el artículo 94 constitucional, que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo.

“Las determinaciones anteriores obedecen a la nueva política de austeridad impulsada por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y serán complementadas con otras medidas que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública. También, se tomarán medidas para asegurar la independencia de magistrados, jueces y de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación frente a otros poderes”, sostuvo la SCJN a través de un comunicado oficial.  

Recalcó que si bien los artículos constitucionales 94 y 123 establecen que no pueden ser disminuidas sus remuneraciones y que a trabajo igual debe corresponder salario igual, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la SCJN ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece.

En contraste, en el Tribunal Superior de Justicia y la representación del Poder Judicial estatal no se tiene contemplado tomar medidas de austeridad similares.

De acuerdo con fuentes judiciales, hasta ahora no está en la agenda del Pleno del TSJ replicar el ejemplo de la SCJN y, aun cuando se alega rigor en el manejo de los recursos y se solicitó al Congreso aumento presupuestal para concretar proyectos y cumplir obligaciones laborales con magistrados y trabajadores jubilados, en los últimos días se han realizado remodelaciones a oficinas de algunos magistrados.

La Fiscalía del estado demanda –por su parte- por lo menos 900 millones de pesos para mejorar su operatividad.

El Poder Judicial del estado de Morelos planteó la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si el Congreso de Morelos no dota a la administración de justicia de presupuesto suficiente con base en la autonomía financiera que le fue otorgada constitucionalmente. De igual forma, la Fiscalía General del Estado confió en recibir un aumento presupuestal significativo para que la institución mejore su operatividad.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, afirmó que –al encontrarse entrampada la discusión y aprobación del presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2019- se complica la situación financiera de este tribunal, debido a que no puede disponer de recursos para concretar proyectos de modernización ni resolver la situación de los trabajadores jubilados que están a la espera del pago de sus pensiones.

“Sí se complica porque no tenemos definido cuál será el presupuesto para nosotros poder establecer bien cuál va a ser la ruta que nosotros analizaremos, y por eso es que estamos analizando ya la cuestión jurídica, pero ya en breve esperando”, dijo.

Confió en que pronto el Poder Legislativo resuelva el tema del presupuesto y, una vez aprobada la Ley de Egresos, determinar si los recursos asignados al Poder Judicial son suficientes o si será necesario promover una controversia constitucional ante la SCJN para que se le asigne cuando menos el 4.7% del presupuesto estatal programable.

Y es que en el mes de julio de 2018, después de seis años en la congeladora, finalmente la LIII Legislatura emitió la declaratoria para validar la reforma constitucional que permitiría programar el porcentaje previsto para el Poder Judicial en el proyecto de Ley de Egresos del Gobierno de Morelos del 2019 y años subsecuentes.

En una postura prudente, Cuevas López afirmó que de acuerdo a lo que ha trascendido, este martes o en los próximos días los diputados tienen previsto discutir y aprobar el presupuesto de este año y, una vez que todo se defina, el Poder Judicial estará en condiciones de fijar una postura y, en su caso, iniciar las acciones jurídicas convenientes.

También, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, hizo un llamado a los diputados para que se apoye económicamente a las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia.

En el caso de la fiscalía, señaló que la institución debería recibir por lo menos 900 millones de pesos para mejorar su operatividad y aumentar las percepciones de los trabajadores, quienes desde hace varios años no reciben incremento salarial.

“Mientras la institución no reciba el incremento presupuestal que tiene autorizado por el Congreso, no vamos a mejorar nuestro servicio de manera significativa. Entonces, eso es lo que nosotros estamos peleando, es lo que estamos insistiendo, instando a las autoridades, tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso, para que se tomen medidas ya en el tema del presupuesto y nos sea dotado para que podamos mejorar el trabajo de la institución, tanto de Ministerio Público, policía y, sobre todo, la parte de periciales”, dijo.

Reconoció el trabajo del personal de la fiscalía porque “trabajamos con lo que tenemos”, e insistió en que la FGE y el Poder Judicial ameritan un incremento presupuestal para el 2019 para cumplir con su misión de procurar y administrar justicia.

En el caso de la FGE, también la legislatura anterior reformó -en julio de 2018- la Ley Orgánica de la Fiscalía para darle autonomía financiera y se le otorgue anualmente un presupuesto equivalente al 7% de los ingresos de libre disposición del Presupuesto de Egresos estatal. 

El juicio político promovido por la pasada Legislatura de Morelos en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo fue suspendido esta mañana por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a petición de los actuales diputados locales.

“Esta mañana fuimos convocados a una sesión de pleno, donde el Congreso  del Estado la semana pasada solicitó el desistimiento de los hechos que fueron motivo del juicio político que había presentado en diciembre de 2016, una vez que recibimos la solicitud, como ustedes bien saben, se nombró una comisión instructora, la cual se integraba del magistrado Manuel Díaz Carvajal, Elda Flores y su servidora y entonces esta comisión dio vista al fiscal porque forma parte de lo que establece en este procedimiento la ley y asimismo al ciudadano, hoy gobernador del estado, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera”.

“Una vez analizado esto, hicimos, la comisión instructora, hicimos la resolución donde declaramos el desistimiento de los hechos que motivaron el juicio político y con esto como consecuencia el sobreseimiento de la misma y esto es lo que se resuelve en esta mañana por unanimidad de los 16 votos de los magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia”, expresó María del Carmen Verónica Cuevas, presidenta del TSJ.

El juicio fue promovido en diciembre de 2016 en contra de Blanco Bravo, entonces alcalde de Cuernavaca, por presuntamente no cumplir con los requisitos de elegibilidad en la contienda por la presidencia municipal de esa ciudad.

En el proceso el ahora gobernador obtuvo una suspensión a su favor de la Suprema Corte de la Nación, la cual impedía que los magistrados del TSJ dictaran un fallo al respecto.

Dos años después de su inicio, el mismo Poder Legislativo, pero con otros integrantes, pidió cancelar el procedimiento.

“Podemos entender que ya no hay ninguna instauración de juicio político en contra de nuestro señor gobernador y que hay tranquilidad en nuestra ciudadanía y que el Tribunal Superior de Justicia actuó con justicia”.

“El juicio político lo presenta la anterior legislatura y lo hace un ciudadano, eso es todo lo que podría decirles. Ya se concluyó el tema”, expresó la magistrada presidenta del tribunal.

Acusan a Uriel Carmona Gándara de haber impuesto a su esposa en notaría.

En medio de enconos y acusaciones sobre un proceso viciado y a "capricho" de los legisladores, el Congreso del estado avanza en la remoción de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez.
Ayer, los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron a la Mesa Directiva se revise el proceso que se inició en contra de los fiscales, por estar viciado de origen. Incluso, el legislador Marcos Zapotitla Becerro sostuvo que dichas violaciones reiteradas a la ley por el Congreso se han cometido a propósito, con el fin de que los fiscales puedan impugnar el proceso y permanezcan en el cargo. Por tal razón, se pronunció por proceder de manera correcta y reunir las causales necesarias para la destitución de los funcionarios.
Sin embargo, los legisladores del Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) advirtieron que el proceso continúa y que la destitución de Uriel Carmona y Juan Salazar se concretará en las próximas horas. 
La coordinadora del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, afirmó que han actuado en base a la ley e insistió en que existen elementos jurídicos suficientes para concretar la destitución de los dos funcionarios antes mencionados.
José Casas González, diputado del PT, advirtió que iniciarán un juicio político en contra de sus homólogos de Morena por oponerse a que se cumpla con la ley y se remueva a quienes fueron impuestos de manera ilegal y no han cumplido con su trabajo.
Ayer, finalmente reinició la sesión ordinaria suspendida el martes 4 de diciembre pasado y el proceso de remoción se turnó a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, con la oposición de Morena, PRD y el Partido Social Demócrata, que pidieron que se analizara en la Junta Política y de Gobierno para que todas las fuerzas políticas determinen si hay elementos para avanzar en el tema.

Zapotitla Becerro acusa a fiscal general de haber impuesto a su esposa en notaría

En tribuna, los legisladores manifestaron posturas encontradas sobre la destitución de los fiscales. Sin embargo, Marcos Zapotitla también aprovechó para denunciar el conflicto de interés en el que incurrió el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, al haber propuesto como su suplente en la Notaría 6 a su esposa María Luisa Sánchez Osorio.
Zapotitla Becerro dijo que dicha imposición se concretó pese a que la la ley señala que para ocupar una notaría se tiene que contar con una experiencia de 18 meses en práctica notarial, cuando la abogada se desempeñó hasta en enero pasado como juez tercero civil de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Los apercibe para que se paguen las pensiones de trabajadores en retiro del TSJ.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apercibió con multa a los Poderes Ejecutivo y Legislativo si no dan cumplimiento a sus sentencias, relacionadas con la emisión de decretos y asignación de presupuesto para cubrir las pensiones de trabajadores en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La representante del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, pidió al tribunal constitucional requerir, por un lado, al Congreso del Estado para que emita los nuevos decretos jubilatorios de trabajadores judiciales; y, por otro, al Poder Ejecutivo para que entregue la totalidad de recursos autorizados para cubrir sendas pensiones.

Mediante acuerdo, la SCJN emitió una llamada de atención a ambos poderes, porque el tribunal constitucional no tiene en expedientes, pruebas de que se estén en cumplimiento sus sentencias ni que se hayan completado las transferencias económicas para el pago de diversas pensiones.

“Teniendo en cuenta lo expresado por el poder actor, se requiere a los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos, por conducto de quien legalmente los representa, para que dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que acrediten la transferencia de los recursos del pago de pensión, con cargo a la ampliación presupuestal autorizada a favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos mediante oficio número SH/01355- 4/2018 de 23 de mayo de 2018, signada por el Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, apercibidos que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa”, advirtió uno de varios acuerdos emitidos por la SCJN.

En otros acuerdos, la SCJN instó al Poder Legislativo local a emitir de nuevo los decretos pensionarios de trabajadores judiciales, en los que expresamente se indique si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado o, en caso de considerar que debe ser algún otro poder o entidad quien deba realizar los pagos de las pensiones, deberá otorgarse los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación.

Asegura Carlos Iván Arenas Ángeles que designación de jueces viola la Constitución y daña la impartición de justicia.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Iván Arenas Ángeles, afirmó que no existirá una impartición de justicia eficiente, libre e imparcial hasta que no se respete la carrera judicial y se establezca un sistema transparente y claro de designación de jueces.

Arenas Ángeles, quien se ha mantenido como un serio crítico del sistema de administración de justicia, sostuvo que justamente una de las debilidades estructurales del Poder Judicial estatal es que no se respetan las reglas que regulan a la carrera judicial.

Ante ello y la opacidad en la que se manejan los nombramientos, especialmente la designación de jueces, es que urgió no sólo a respetar la carrera judicial, sino llevar a cabo procesos transparentes de designación de juzgadores para garantizar calidad a los ciudadanos en la impartición de justicia.

“La carrera judicial establece el sistema que regula el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras actividades de los jueces y magistrados, cualquiera que sea su categoría o grado, con el fin de garantizar su dignidad, independencia y excelencia profesional en el ejercicio de su función jurisdiccional”.

“Hoy en el TSJ de Morelos esto desafortunadamente no se tiene. Hoy los nombramientos de jueces se hacen por designación directa, en contravención a la Constitución del estado y en detrimento de la sociedad. Hago votos para que esto cambie por el bien de la justicia y de la sociedad que requiere de jueces independientes e imparciales”, afirmó.

Sostuvo que quienes forman parte del TSJ no han sido capaces de impedir que se genere y encubra un sistema de impunidad, corrupción e ineficacia, ya que la falta de carrera judicial no garantiza el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y su modernización.

“¿Qué objeto y fin debe tener instalar e implantar la carrera judicial en el Poder Judicial de Morelos? En mi opinión, establecer de manera transparente los nombramientos de los jueces bajo principios, normas y procedimientos, así como crear los órganos necesarios para la administración y operación de la carrera judicial”, recalcó.

Protestan porque la Corte ratificó la sentencia de 15 años de prisión para un cirujano acusado de negligencia por la muerte de un paciente en el 2010.

Los profesionales de la salud aseguran que se violó el debido proceso y que los jueces no estaban calificados para analizar la acusación.

Integrantes de diversas agrupaciones denunciaron violaciones a los derechos humanos de los médicos, cometidas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial, al emitir sentencias condenatorias “sin respetar el debido proceso” y actuar con mayor rigor que en los casos de delincuentes peligrosos. Dieron a conocer que planean una movilización nacional “de batas caídas”, en instituciones públicas y privadas para que se deje de tratar a los profesionales de la salud como criminales.

En conferencia de prensa, dirigentes del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, de la Asociación de Hospitales Privados y Profesionales de la Salud del Oriente de Morelos y de la Federación Nacional de Colegios Médicos dieron a conocer su rechazo a la criminalización del gremio y advirtieron que recurrirán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (sic).

Expusieron el caso del médico Francisco Javier Vigueras Santiago, quien fue condenado a 15 años de prisión y al pago de 2.8 millones de pesos. Lo anterior, aseguraron, a pesar de que hubo múltiples violaciones al debido proceso.

"No queremos impunidad; queremos justicia y exigimos que no nos traten como criminales", señalaron los representantes de las agrupaciones, quienes anotaron que no se respetó al referido médico el derecho a su abogado, puesto que se le asignó uno de oficio, “muy joven sin experiencia alguna en el tema”; además aseveraron que no se aceptó el peritaje de un especialista reconocido por los colegios.

De acuerdo con los datos proporcionados por los representantes de dichas organizaciones, el médico atendió en julio del 2010 a una niña de 12 años en un hospital privado de Cuautla por diversas patologías; sus familiares decidieron trasladarla al Hospital General de Cuautla y posteriormente fue llevada al Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.

El presidente del Colegio de Médicos, el doctor Napoleón Cortés Ramos, explicó que la niña fue intervenida, hubo complicaciones 63 días después y el médico les dice que la menor debe ser intervenida por segunda ocasión. Pero los padres, con el argumento de que no tenían dinero (aunque el médico dijo que ofreció no cobrarles) se llevan a la niña al hospital general de Cuautla, donde la menor sufre un desgarre en el intestino “por manipulación secundaria”. Posteriormente es trasladada al Hospital del Niño, donde la operan por tercera ocasión, la pasan a recuperación y en 48 horas fallece “no víctima de la cirugía sino víctima de una septicemia porque la niña tenía diseminada la infección por todo su organismo”.

Posteriormente los familiares de la menor argumentaron que el médico acusado supuestamente dejó una compresa de algodón dentro de la paciente, pero subrayaron que no hay prueba alguna de eso y no se aceptaron peritajes del Colegio de Médicos. Sólo se toma en cuenta un peritaje de un médico legista, no experto, ni autorizado en ese campo.   

Manifestaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo directo, promovido por el doctor Vigueras, y confirmó la referida sentencia condenatoria.

“La comunidad médica de la república alza la voz para denunciar que tanto la Fiscalía General del Estado de Morelos como el Poder Judicial del Estado de Morelos han venido violando sistemáticamente los derechos humanos del doctor Vigueras y condena enérgicamente las violaciones al debido proceso, así como el desconocimiento de ministerios públicos, peritos y jueces acerca del derecho sanitario”, expresaron.

Aseguraron que a pesar de que desde 2016 se hizo del conocimiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre las violaciones al debido proceso, “tanto el ministerio público como los jueces en Morelos siguieron acusando, juzgando y sentenciando al doctor Vigueras sin pruebas, fabricando culpables y desconociendo todas las pruebas de descargo, sin ir a fondo sobre los hechos”.

“No obstante los jueces, sin tener la evidencia material de la prueba y con absoluto desconocimiento de las obligaciones de preservación de la prueba, así como del registro de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos que señalan, tanto la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; su respectivo reglamento, y la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, de manera negligente e irresponsable, sentenciaron al inculpado violando su derecho a un debido proceso de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 20 constitucionales, así como el numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No es posible que sea acusado sin pruebas”.

Por lo anterior, condenaron “la negligencia del Poder Judicial del Estado de Morelos y la fabricación de culpables por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ambas conductas que se tipifican como violaciones a los derechos humanos en perjuicio del doctor Vigueras”. En consecuencia, apuntaron que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar dichas violaciones, con el objeto de que los organismos internacionales tengan conocimiento de cómo se violan derechos humanos en México.

De esta manera pretenden sentar un precedente para que en México no se sigan vulnerando los derechos de los médicos, como en el caso del doctor Vigueras y el de otros registrados recientemente en varios estados del país, “casos en los que los jueces no sólo ignoran la legislación sanitaria y conexa al acto médico, sino que desconocen la elemental etimología de la palabra negligencia y juzgan de manera irresponsable, dejando a los médicos en una situación de vulnerabilidad ante el Poder Judicial y negándoles las garantías procesales de las que sí gozan los delincuentes que sí tienen la intención de causar un daño”.

Tanto el presidente del Colegio de Médicos como el doctor Arturo Cruz Mendoza, presidente de la Asociación de Hospitales Privados de la Región Oriente, expusieron que este asunto será llevado a la comunidad de otras entidades que han participado en el movimiento nacional “#Yosoy17”, y dieron a conocer que ya se promueve otra acción más contundente, que las marchas que se han realizado a la fecha para exigir que se deje de tratar a los profesionales de la salud como criminales y es la realización de un “paro de batas blancas”, es decir una suspensión de labores o paro simultáneo tanto en instituciones públicas como privadas. La fecha de esta estrategia no ha sido definida aún.

Los diputados pretenden también que la magistrada presidenta del TSJ explique la liberación de más de mil presos del sistema penitenciario estatal en un periodo de enero a la fecha.

Diputados locales analizan citar a comparecer al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, para que informe al Congreso del estado sobre los resultados de su trabajo durante el último mes.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, dijo que en las últimas semanas no se le ha visto al fiscal general, ni tampoco se ha conocido sobre su trabajo, tras la conclusión de la administración estatal que encabezó Graco Ramírez.
Además, consideró que Carmona Gándara también debe explicar sobre la liberación de más de mil presos del sistema penitenciario estatal, en un periodo de enero a la fecha, como integrante del gabinete de seguridad y justicia en el gobierno anterior.
Rodríguez Ruiz dijo que propondrá en la próxima sesión de la Junta Política y de Gobierno, se cite a rendir cuentas a Uriel Carmona Gándara, para que con el resto de los coordinadores de los grupos parlamentarios acuerden la fecha del encuentro. 
Por su lado José Casas González, diputado del Partido del Trabajo, señaló que también buscarán una reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Verónica Cuevas López, y proporcione información respecto a los motivos y fundamentos por los que se liberaron a más de mil presos.
Dijo que como Congreso del estado cuentan con información respecto a la liberación de los procesados y detalló que se trata de 180 liberaciones por compurgamiento, 350 por detención ilegal, 140 por libertad condicionada y 350 con medidas cautelares.

Cuestiona la conducta de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

La administración de Graco Ramírez dejó en libertad, en tan sólo nueve meses, a mil 20 personas que estaban recluidas en cárceles, denunció el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien manifestó que esa decisión tuvo como fin desestabilizar a su gobierno y sería un factor en la situación de inseguridad que enfrenta la entidad.

Este lunes el mandatario reanudó su gira de agradecimiento y de trabajo por el estado, con visitas a los municipios de Xochitepec, Emiliano Zapata y Jiutepec, donde dio especial énfasis al compromiso de trabajar de manera conjunta con todos los ayuntamientos y los diferentes niveles en el rubro de seguridad.

En entrevista, el titular del Ejecutivo dijo que descubrieron que de enero a septiembre fueron liberados mil 20 internos de diferentes cárceles, lo cual no tiene precedente en Morelos ni en otra entidad.

Expuso que para la actual administración, esa decisión tiene relación con la inseguridad que se enfrenta hoy cada día en el estado. Dijo que se analizará cada expediente y, de identificar que hay irregularidades, buscarán echar atrás la preliberación o excarcelación de esas personas, porque entre ellas “hay algunos criminales… Vamos a investigar a fondo porque no se vale, si fueron jueces o magistrados vamos a actuar porque no se vale. Morelos necesita tranquilidad, paz, seguridad”.

Cuestionado sobre el papel de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Cuevas, dijo que se debe hacer una investigación a fondo. "Sé que es muy allegada al exgobernador, pues fue quien me inició el juicio político cuando estaba el anterior gobernador y primero Dios que se ponga a trabajar por Morelos. Como te digo, vamos a investigar y vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias".

Blanco Bravo hizo notar que se cuenta con el apoyo de la zona militar y de la Policía Federal y se trabaja en una estrategia. Recordó que Morelos no cuenta con suficientes policías y ya se trabaja en contrataciones, pero explicó que por esa misma situación no ha sido posible dejar a los municipios solos y echar atrás el Mando Único, pues no hay suficientes recursos humanos.

Insistió en que se han hecho esfuerzos importantes para atraer el turismo y reactivar la economía, pero para atraer inversiones y a los visitantes se necesita atender el tema de la seguridad.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, manifestó que se deberá revisar expediente por expediente de cada una de las personas que fueron sacadas de la cárcel en tan poco tiempo. Explicó que este dato se obtuvo de un análisis que hizo la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

“Es una situación que tenemos que analizar junto con el Poder Judicial para determinar si esta gente cumplió con sus condenas o por qué las dejaron en libertad. Creo que es parte de una situación para desestabilizar el estado cuando entrara el gobernador Cuauhtémoc. Por si fuera poco, la situación financiera que nos dejaron, nos dejan un clima de inseguridad total en el estado; además, el archivo del gobierno del estado nos lo dejaron todo tirado, prácticamente no existe”, externó.

Informó que se va a estudiar a fondo por qué delito habían sido encarceladas, si forman o formaban parte de grupos delictivos, y si cumplieron con la norma de reinserción social.

Dejó en claro que no se puede “poner a la gente en la calle sin haber trabajado y cumplido con la reinserción con la sociedad y se les debería dar seguimiento, porque si se puso a esta gente libre antes de lo debido, vamos a buscar que se rindan cuentas claras… Llama mucho la atención que haya sido justo nueve meses antes de que acabara el gobierno y que sean tantas personas”.

Apuntó que resulta sospechoso este acto porque han recibido cartas y peticiones de madres y familiares de algunos presos que piden libertad anticipada por delitos menores y no se les otorgó en su momento.

Sanz Rivera también aseguró que desde la noche de ayer se reuniría con integrantes del gabinete de seguridad, con mandos del Ejército y de la Policía Federal para tomar decisiones y plantear una reacción inmediata ante la violencia que se ha observado recientemente.

"No me va a temblar la mano", indicó el gobernador, al anunciar que se van teniendo avances en el proceso de hacer justicia y se iniciarán seis juicios en contra del exgobernador Graco Ramírez, por actos presuntamente constitutivos de delito.
Blanco Bravo arrancó el recorrido en el municipio de Xochitepec, donde señaló que su gobierno atiende los problemas de seguridad pública, salud, educación, desarrollo económico y otros que heredó el gobierno anterior.
"Esta administración no espera a que ustedes vayan a buscarnos, nosotros salimos a buscar a nuestra gente para escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones", mencionó Cuauhtémoc Blanco.
En la gira de trabajo y acercamiento con la gente, el gobernador estuvo acompañado de su esposa y presidenta del Sistema DIF Morelos, Natalia Rezende Moreira; el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, y los titulares de las secretarías de despacho.
De Xochitepec, el mandatario estatal y su equipo de trabajo se trasladaron a los municipios de Emiliano Zapata y Jiutepec, en donde reiteró que su administración tiene las puertas abiertas y trabaja con todos los municipios por igual, sin ningún distingo generado por razones de partidos políticos.

La magistrada presidenta no confirma si se reactivará el concurso de oposición para nombrar a 13 jueces de primera instancia y menores.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, afirmó que es legal y temporal la designación de ocho jueces, pero dejó en el limbo la reactivación del concurso de oposición para nombrar a 13 jueces de primera instancia y menores.

Reconoció que en el TSJ hay esposas e hijos de magistrados trabajando en el TSJ, pero que no ingresaron en su administración y con el tiempo obtuvieron carrera judicial; y en el caso de la designación reciente de ocho jueces, no se tomó en cuenta su familiaridad, sino su experiencia, y aseguró que la decisión fue apegada a la ley.

“No hay ningún impedimento legal para ello. Desde mi gestión se ha respetado la carrera judicial. La ley establece que debemos designar primeramente a los jueces menores, y después los jueces menores tienen el derecho de ser de primera instancia”.

“Sólo se está cubriendo temporalmente (las vacantes de juez) por una contingencia que hubo al interior del Poder Judicial y todos, la mayoría de las personas que se privilegió, son funcionarios que tienen más de 17 años, 25 años, a los cuales antes no se les tomaba en consideración”, dijo.

Sin abundar y dar argumentos de la selección de los perfiles de los recién nombrados jueces de manera interina, Cuevas López evadió responder por qué se mantiene trunco el concurso de oposición para la designación de 13 juzgadores de primera instancia y menores, y dejó en el limbo el proceso que se inició el año pasado. “En su momento les haremos de su conocimiento qué es lo que prosigue con las convocatorias”, dijo parca, tras acudir a Palacio de Gobierno para cabildear su proyecto de presupuesto para 2019.

Agrupaciones como la Barra de Abogados y el Foro Morelense de Abogados protestaron contra las designaciones, por considerar que se privilegió la familiaridad y los amiguismos, y se discriminó a personal del TSJ con vasta carrera judicial y a litigantes que cubren el perfil para impartir justicia.

Además de que pusieron en tela de juicio el congelamiento del concurso de oposición que en el 2017 la misma Cuevas López convocó para designar a jueces, en el que se gastaron más de 600 mil pesos que fueron gestionados por el TSJ y triangulados con los hermanos Omar y Orlando de Lassé Cañas. 

La Barra de Abogados exige la revocación de las designaciones y convocar a un nuevo concurso de oposición.

Organizaciones de abogados protestaron por la designación directa de ocho jueces de primera instancia y menores que realizó hace unos días la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María de Carmen Cuevas López, no sólo porque no fueron sometidos a un concurso de oposición sino porque los nuevos juzgadores son familiares o allegados de varios magistrados, y se discriminó a litigantes y personas con carrera judicial.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Iván Velasco Alcocer, señaló que la designación evidenció el nepotismo y el amiguismo que prevalece en el TSJ, lo cual explica porque hay jueces con capacidades cuestionables y que haya rezago en la administración de justicia.

Consideró no sólo inmoral sino discriminatoria la designación, pues se excluyó de la oportunidad de ocupar alguna de esas plazas a personal del TSJ con una larga trayectoria judicial y a los litigantes que tienen experiencia, trayectoria académica y capacidad para impartir justicia.

También recordó que el año pasado se anuló una convocatoria y luego se emitió una nueva, que quedó trunca, para concursar 13 plazas de jueces de primera instancia y menores, en las que se gastó más de 600 mil pesos que fueron triangulados entre Carmen Cuevas López, el otrora titular del Secretariado Estatal de Seguridad, Omar de Lassé Cañas; y su hermano Orlando, del Instituto Nacional de Administración Pública, organismo que “calificó” parte de las evaluaciones aplicadas a los aspirantes.

Velasco Alcocer exigió la revocación de las designaciones y convocar a un nuevo concurso de oposición, para que el personal del TSJ y litigantes puedan competir en igualdad de condiciones.

Dijo que, probablemente, algunos de los que fueron nombrados jueces tienen la capacidad y el conocimiento para ejercer la función jurisdiccional, sin embargo, el nepotismo y compradrazgo, al que deben su nombramiento, pone en duda su reputación.

Insistió en que la forma de darle confiabilidad a las designaciones es necesariamente a través de un nuevo concurso de oposición, que permita en plazos razonables cubrir los requisitos para registrarse como aspirantes y ser evaluados.

Agregó que en caso de que la postura de la Barra de Abogados sea ignorada por el TSJ, se recurriera a las vías legales.

También el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, criticó los nombramientos de los ocho jueces, por estar basados en nepotismo y simpatías de la presidenta del TSJ.

Un ejemplo, señaló, es el nombramiento como juez de primera instancia de Manuel Jiménez Aquino, hijo de la actual magistrada y ex colaboradora de Graco Ramírez, Carmen Aquino Celis.  

“Gran parte de los jueces que designó, tienen relación o tienen familiaridad con magistrados de su grupo como es el licenciado Aquino, que es justamente hijo de la magistrada Aquino, cuando existen diferentes perfiles”.

“A mí me gustaría saber qué se tomó en cuenta para designar a estos jueces, porque existen secretarios de acuerdos que tienen 28 o 30 años de carrera y han estado a la espera de que se les pueda dar la oportunidad. Y, por supuesto, como no son hijos de ninguna magistrada o no tienen relación con ningún político encumbrado, entonces no pueden ser tomados en cuenta”, recalcó.

Al igual que su homólogo de la Barra de Abogados, cuestionó por qué no fue concluido el proceso para la asignación de plazas de jueces convocado el año pasado, o por qué no fue convocado un nuevo concurso de oposición, e insistió en esto es una muestra de cómo prevalecen los intereses de grupo y corrupción en el TSJ.

Hasta el momento, el TSJ no ha fijado una postura sobre las inconformidades e inquietudes que surgieron y, de acuerdo con fuentes consultadas, hay un acuerdo entre magistrados para ignorar el tema y dejar que al paso de los días se olvide, al menos en los medios de comunicación.

Lo anterior, luego de que el concurso para designar a nueve jueces siga congelado; los nuevos juzgadores ya rindieron protesta.

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López, designó de manera directa a un bloque de ocho jueces menores y auxiliares.

A través de la cuenta de Facebook, el tribunal difundió la toma de protesta a los nuevos jueces por parte de la titular de la institución, Carmen Cuevas López, y en presencia de los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega, Rocío Bahena Ortiz y Rubén Jasso Díaz.

Los designados como jueces menores fueron: Israel Gómez Cárdenas, Catalina Salazar González, Juan Beltrán Estrada y Guillermo Gutiérrez Peña. También fueron nombradas Leticia Estrada Pérez e Ivonne Morales Torres como jueces auxiliares de visitaduría, y como jueces de primera instancia Alicia Sotelo García y Manuel Jiménez Aquino.

Los nombramientos generaron sorpresa al interior y exterior del TSJ, debido a que no fueron claros los motivos de las designaciones, y desde hace meses quedó trunco un concurso de oposición para nombrar a 13 jueces mixtos de primera instancia y menores.

El año pasado, el TSJ lanzó la convocatoria para la designación de nuevos jueces, sin embargo, por conflictos políticos y jurídicos que involucraron al TSJ y culminaron con la extinción del Consejo de la Judicatura (responsable del proceso), el concurso fue congelado.

El último pretexto para continuar con el proceso trunco, fue –según el magistrado Miguel Ángel Falcón en mayo pasado- que la persona que aplicaría las evaluaciones a los aspirantes estaba fuera del país.