Protestan porque la Corte ratificó la sentencia de 15 años de prisión para un cirujano acusado de negligencia por la muerte de un paciente en el 2010.

Los profesionales de la salud aseguran que se violó el debido proceso y que los jueces no estaban calificados para analizar la acusación.

Integrantes de diversas agrupaciones denunciaron violaciones a los derechos humanos de los médicos, cometidas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial, al emitir sentencias condenatorias “sin respetar el debido proceso” y actuar con mayor rigor que en los casos de delincuentes peligrosos. Dieron a conocer que planean una movilización nacional “de batas caídas”, en instituciones públicas y privadas para que se deje de tratar a los profesionales de la salud como criminales.

En conferencia de prensa, dirigentes del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, de la Asociación de Hospitales Privados y Profesionales de la Salud del Oriente de Morelos y de la Federación Nacional de Colegios Médicos dieron a conocer su rechazo a la criminalización del gremio y advirtieron que recurrirán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (sic).

Expusieron el caso del médico Francisco Javier Vigueras Santiago, quien fue condenado a 15 años de prisión y al pago de 2.8 millones de pesos. Lo anterior, aseguraron, a pesar de que hubo múltiples violaciones al debido proceso.

"No queremos impunidad; queremos justicia y exigimos que no nos traten como criminales", señalaron los representantes de las agrupaciones, quienes anotaron que no se respetó al referido médico el derecho a su abogado, puesto que se le asignó uno de oficio, “muy joven sin experiencia alguna en el tema”; además aseveraron que no se aceptó el peritaje de un especialista reconocido por los colegios.

De acuerdo con los datos proporcionados por los representantes de dichas organizaciones, el médico atendió en julio del 2010 a una niña de 12 años en un hospital privado de Cuautla por diversas patologías; sus familiares decidieron trasladarla al Hospital General de Cuautla y posteriormente fue llevada al Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.

El presidente del Colegio de Médicos, el doctor Napoleón Cortés Ramos, explicó que la niña fue intervenida, hubo complicaciones 63 días después y el médico les dice que la menor debe ser intervenida por segunda ocasión. Pero los padres, con el argumento de que no tenían dinero (aunque el médico dijo que ofreció no cobrarles) se llevan a la niña al hospital general de Cuautla, donde la menor sufre un desgarre en el intestino “por manipulación secundaria”. Posteriormente es trasladada al Hospital del Niño, donde la operan por tercera ocasión, la pasan a recuperación y en 48 horas fallece “no víctima de la cirugía sino víctima de una septicemia porque la niña tenía diseminada la infección por todo su organismo”.

Posteriormente los familiares de la menor argumentaron que el médico acusado supuestamente dejó una compresa de algodón dentro de la paciente, pero subrayaron que no hay prueba alguna de eso y no se aceptaron peritajes del Colegio de Médicos. Sólo se toma en cuenta un peritaje de un médico legista, no experto, ni autorizado en ese campo.   

Manifestaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo directo, promovido por el doctor Vigueras, y confirmó la referida sentencia condenatoria.

“La comunidad médica de la república alza la voz para denunciar que tanto la Fiscalía General del Estado de Morelos como el Poder Judicial del Estado de Morelos han venido violando sistemáticamente los derechos humanos del doctor Vigueras y condena enérgicamente las violaciones al debido proceso, así como el desconocimiento de ministerios públicos, peritos y jueces acerca del derecho sanitario”, expresaron.

Aseguraron que a pesar de que desde 2016 se hizo del conocimiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sobre las violaciones al debido proceso, “tanto el ministerio público como los jueces en Morelos siguieron acusando, juzgando y sentenciando al doctor Vigueras sin pruebas, fabricando culpables y desconociendo todas las pruebas de descargo, sin ir a fondo sobre los hechos”.

“No obstante los jueces, sin tener la evidencia material de la prueba y con absoluto desconocimiento de las obligaciones de preservación de la prueba, así como del registro de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos que señalan, tanto la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; su respectivo reglamento, y la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, de manera negligente e irresponsable, sentenciaron al inculpado violando su derecho a un debido proceso de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 20 constitucionales, así como el numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No es posible que sea acusado sin pruebas”.

Por lo anterior, condenaron “la negligencia del Poder Judicial del Estado de Morelos y la fabricación de culpables por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ambas conductas que se tipifican como violaciones a los derechos humanos en perjuicio del doctor Vigueras”. En consecuencia, apuntaron que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar dichas violaciones, con el objeto de que los organismos internacionales tengan conocimiento de cómo se violan derechos humanos en México.

De esta manera pretenden sentar un precedente para que en México no se sigan vulnerando los derechos de los médicos, como en el caso del doctor Vigueras y el de otros registrados recientemente en varios estados del país, “casos en los que los jueces no sólo ignoran la legislación sanitaria y conexa al acto médico, sino que desconocen la elemental etimología de la palabra negligencia y juzgan de manera irresponsable, dejando a los médicos en una situación de vulnerabilidad ante el Poder Judicial y negándoles las garantías procesales de las que sí gozan los delincuentes que sí tienen la intención de causar un daño”.

Tanto el presidente del Colegio de Médicos como el doctor Arturo Cruz Mendoza, presidente de la Asociación de Hospitales Privados de la Región Oriente, expusieron que este asunto será llevado a la comunidad de otras entidades que han participado en el movimiento nacional “#Yosoy17”, y dieron a conocer que ya se promueve otra acción más contundente, que las marchas que se han realizado a la fecha para exigir que se deje de tratar a los profesionales de la salud como criminales y es la realización de un “paro de batas blancas”, es decir una suspensión de labores o paro simultáneo tanto en instituciones públicas como privadas. La fecha de esta estrategia no ha sido definida aún.