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La ruptura en el Pleno ha impedido continuar los trabajos legislativos.

La presidenta de la Comisión de Reglamentos, Investigación, Prácticas y Relaciones Parlamentarias del Congreso local, Elsa Delia González Solórzano, convocó a los 20 legisladores a continuar la sesión ordinaria del 15 de noviembre, suspendida en varias ocasiones por falta de condiciones políticas. De no hacerlo, advirtió, incurrirían en responsabilidades legales.
En sesión de la comisión antes citada, los diputados integrantes determinaron que se respetó el debido proceso legislativo en el desarrollo de la sesión del 15 de noviembre, por lo que sigue suspendida y podría reiniciarse en cuanto haya disposición de la mayoría de los diputados.
La diputada Elsa Delia González Solórzano, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), explicó que no sólo se debe atender la prórroga solicitada por el Poder Ejecutivo para presentar hasta el 15 de diciembre el Paquete Económico 2019 -ya que el plazo constitucional era el 15 de noviembre pasado-, sino que los legisladores están obligados a reanudar la sesión del 15 de noviembre para nombrar al quinto integrante de la Diputación Permanente, a instalarse el 15 de diciembre próximo, cuando concluirá el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LIV Legislatura.
Afirmó que la Constitución Política del estado y la Ley Orgánica del Congreso local señalan que el quinto integrante de la Diputación Permanente debe nombrarse 30 días antes de que concluya el periodo ordinario, "por lo que estamos sujetos precisamente al llamado del reloj legislativo, que sería -en todo caso- la única forma de eximir responsabilidad por la no designación en tiempo y forma de dicha instancia legislativa", agregó la diputada de Morena.

Buscaba la protección de la justicia contra la suspensión de derechos de sus agremiados decretado por el Instituto de Crédito.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, Erick Alejandro Reyes Chávez, buscó ampararse en contra de actos del Instituto de Crédito, que suspendió sus derechos ante la deuda que heredó la LIII Legislatura por más de 16 millones de pesos. Sin embargo, el Juzgado Tercero de Distrito desechó el juicio por improcedente.
De acuerdo al juzgado federal, el líder sindical debió presentar su demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que es competente "para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios", de acuerdo a la Ley del Servicio Civil del Estado.
En el juicio de amparo 1864/2018, promovido por el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, buscaba protegerse contra actos de la directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado, que suspendió el derecho de los empleados del Congreso local por la deuda de más de 16 millones de pesos que heredó la pasada legislatura.
El miércoles pasado, los trabajadores sindicalizados del Congreso local protestaron por segunda ocasión, para exigir a los diputados firmaran un convenio con el Instituto de Crédito para que puedan acceder a sus derechos, pues, a dos meses de que inició la LIV, no se ha resuelto ese problema.

Militantes del PRD se pronunciaron en contra del nuevo estatuto aprobado en un Congreso Nacional que implica la desaparición de las corrientes y secretarías a nivel nacional, estatal y municipal.

Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pronunciaron en contra del nuevo estatuto del Sol Azteca, aprobado el fin de semana en un Congreso Nacional y que implica la desaparición de todas las corrientes y secretarías a nivel nacional, estatal y municipal.
El grupo de perredistas, encabezados por Ángel Colín López, exsecretario de Gobierno y allegado a Rodrigo Gayosso Cepeda, excandidato a la gubernatura, afirmaron que los acuerdos tomados en el Congreso Nacional son ilegales y tomados por un grupo de militantes, entre los que se encuentra el dirigente estatal del PRD, Matías Quiroz Medina, de quien descalificaron su trabajo al frente del
Sol Azteca en Morelos.
Isidro Añorve Sánchez, secretario de diversidad sexual del PRD, lamentó la desaparición de esta secretaría tanto a nivel nacional como estatal, así como del resto de órganos que atendían las demandas sociales.
Dijo que se trata de un retroceso y advirtió de la salida de militantes del PRD Morelos si se concreta la reestructuración del Sol Azteca, en base al estatuto que se aprobó el fin de semana pasado.
"Lo que va a hacer es que militantes de la diversidad sexual, de jóvenes, feministas, académicos, académicas que estaban en nuestro partido porque hemos defendido estas causas, pues van a emigrar a otros partidos o van a renunciar a su militancia de muchísimo tiempo", añadió. 
Los perredistas también se pronunciaron en contra de que cinco personas definan el futuro del PRD en Morelos, ya que no conocen la situación del estado.

Realizarán mesas de trabajo a partir del lunes.

Xoxocotla.- Con un amago de bloqueo carretero, grupos inconformes con la elección del primer Concejo Municipal de esta comunidad consiguieron que el gobierno del estado atendiera su petición de revisar la permanencia del Concejo y las condiciones en las que se encuentra para convertirse en municipio.

Días atrás, mediante mensajes, los grupos inconformes estuvieron llamando a la población a cerrar la carretera este miércoles, en demanda de que tanto el Congreso local como el gobierno del estado revisaran la elección, que fue realizada en febrero de este año, y otras consideraciones.

Aunque ayer algunos grupos –entre ellos mototaxistas– se concentraron en el lugar de costumbre para el bloqueo, finalmente se canceló debido a que las autoridades estatales firmaron una minuta, informó el delegado de Xoxocotla, José Flores.

En conferencia de prensa, declaró que un día antes (el martes), funcionarios del gobierno estatal –encabezados por el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda– firmaron una minuta en la que se comprometieron a realizar dicha evaluación, con la cual se elaborará un dictamen que entregarán al Congreso local, que, a su vez, deberá darles una respuesta.

“Se comprometieron a realizar un análisis integral en los aspectos jurídico, administrativo, presupuestal y social respecto al procedimiento de municipalización de Xoxocotla, y conforme a sus facultades, convocarán a la brevedad a diputados integrantes de la comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local”, señaló el delegado.

José Flores añadió que lo que pretenden es establecer “mecanismos idóneos” de viabilidad material, financiera, legal y administrativa de Xoxocotla como nuevo municipio.

Aseguró que, de hecho, la primera mesa de trabajo se realizará el lunes 26 de noviembre, en la Subsecretaría de Gobierno, a la que acudirán representantes de los diferentes grupos sociales inconformes y las autoridades legislativas.

Mencionó que la elección de febrero, en la que la planilla Morada fue la ganadora, fue irregular y contaminada por la injerencia de Julio Espín; la alcaldesa de Puente de Ixtla, Dulce Medina, y su esposo, Josué Espíndola.

Aseguró que estos personajes patrocinaron a la planilla Morada para que, al ganar, absorbiera hasta la mitad de la deuda de 300 millones de pesos que tiene el municipio, del cual se van a independizar.

Asimismo, mencionó que, de acuerdo con la ley, a partir del próximo 1 de enero de 2019 esta localidad debería convertirse en municipio; sin embargo, el gobierno estatal no dejó presupuesto ni condiciones para que Xoxocotla se erija como tal, por lo que buscarán alargar el plazo para contar con todo lo necesario.

“Mi periodo (como delegado) termina en abril, pero había un acuerdo de entregar el cargo en enero, con tal de que nuestro pueblo tuviera recurso, pero ahorita no hay condiciones; tenemos que seguir como delegación municipal hasta que el Congreso y el gobierno del estado avalen un Concejo Municipal electo democráticamente”, finalizó José Flores.

Se prevé que se realice a partir de las ocho de la mañana de este miércoles.

Zona sur.- Diferentes grupos organizados tomarán este miércoles la carretera Jojutla-Alpuyeca en Xoxocotla, en demanda de que el gobierno del estado y el Congreso local aprueben la emisión de una nueva convocatoria para elegir nuevo Concejo Municipal.

Como se recordará, el pasado 11 de febrero de este año hubo elecciones para elegir el primer Concejo Municipal de esta población indígena, en su transición para convertirse en municipio.

Las elecciones fueron ganadas por la planilla Morada, que es representada por Leonel Ceferino Díaz; sin embargo, las cinco planillas perdedoras impugnaron la elección al considerar que hubo múltiples anomalías y la intervención de la alcaldesa de Puente de Ixtla y el entonces diputado Julio Espín Navarrete.

José Flores, delegado de la comunidad y quien participó en una de las planillas, dio a conocer que el viernes pasado se realizó una asamblea en la que se acordó llamar la atención de los Poderes del estado para darles a conocer que la población no está de acuerdo con la elección y se debe reponer el proceso.

Aseguró que presentaron la impugnación en tiempo y forma al gobierno de Graco Ramírez, pero tanto el entonces gobernador como el Congreso no atendieron su demanda, pese a las pruebas presentadas.

Añadió que ahora, con una nueva Legislatura y un nuevo gobernador, esperan que les den respuesta y avalen el nuevo proceso y que sea –además– organizado por el Impepac.

Insistió en que hubo injerencia externa en la votación pasada porque lo que busca el Ayuntamiento de Puente de Ixtla es que se le cargue a Xoxocotla parte de la deuda que tiene ese municipio, que alcanza los 300 millones de pesos.

Aseguró que la mayor parte de la población está inconforme y por eso le ha pedido que se reponga la elección. Ante ello, desde las ocho horas de hoy, bloquearán la carretera en el lugar de costumbre para que los representantes del gobierno, como del Congreso estatal, aprueben la expedición de una nueva convocatoria para elegir al Concejo Municipal.

Aunque la ley dice que el Concejo debería tomar posesión el 1 de enero, consideró que no hay condiciones para ello, pues la administración estatal anterior dejó sin recursos a la entidad, por lo que podrían llevarse el tiempo necesario para reponer prácticamente todo el proceso y definir nuevas fechas.

Piden diálogo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

Diputados locales que conformaron un bloque de oposición de nueve integrantes pidieron una vez más diálogo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y cuestionaron el trabajo legislativo que ha hecho en los últimos dos meses el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
En rueda de prensa, los legisladores de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal), de la Revolución Democrática (PRD) y Social Demócrata (PSD), encabezados por el Partido del Trabajo (PT), rechazaron que hayan condicionado su voto para avanzar en el tema presupuestal y advirtieron que por errores de proceso legislativo, la prórroga solicitada por el Poder Ejecutivo para presentar la propuesta del Paquete Económico 2019 (el jueves pasado) podría ser improcedente.
El diputado del PT José Casas González fundamentó la invalidez de la sesión ordinaria del jueves de la semana pasada, que fue suspendida (por falta de quórum) de manera errónea, en lugar de declararse un receso para llamar a los diputados que no estaban en el Pleno, incluido el bloque de los nueve.
Aseguró que ya no podrían retomarla esta semana, sino que la Mesa Directiva tendría que convocar a una nueva asamblea.
Lo anterior, dijo, podría motivar a la improcedencia de la solicitud del Poder Ejecutivo, y que al no existir una iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el 2019, el próximo año tendría que aplicarse la legislación vigente en este 2018.
Además, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, que pertenece a dicho bloque de legisladores, también argumentó que el secretario de Hacienda del gobierno del estado estaba obligado por ley a explicar ante el Congreso local los motivos de la prórroga que solicitaron, y hasta el momento no han conocido ni la petición formal del Poder Ejecutivo.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, sostuvo que dichos errores legislativos se deben a falta de experiencia por parte del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y a fallas en la Secretaría de Servicios Legislativos.
Además, señaló a la diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, quien no informó a todos los legisladores de la solicitud del Poder Ejecutivo, como tampoco ha notificado de manera formal de las sesiones de dicho órgano legislativo.
La coordinadora de la bancada del PT sostuvo que no aprobarán un presupuesto en lo "oscurito", ni a modo, y si se determina la procedencia para que el Poder Ejecutivo presente su propuesta de Paquete Económico para el 2019, pedirán que sea público para lograr un presupuesto social.
Los nueve legisladores pidieron al presidente de la Mesa Directiva fundamente la viabilidad de atender una prórroga para recibir una propuesta del presupuesto, pues afirmaron que no serán responsables de una violación a la ley.

El incumplimiento en la transferencia del pago de cuotas al instituto de crédito del gobierno estatal, tanto por parte del ayuntamiento capitalino como del Congreso local, llevó a los empleados de ambas instancias a perder sus derechos para la adquisición de créditos y apoyos económicos, indicó la dirigente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Ejecutivo, Ana Lilia Ocampo Castrejón.

Es una injusticia porque las deducciones se hacen desde el pago de nóminas, lo que indica que los afectados no tienen opción, a ellos les descuentan lo correspondiente al compromiso con la institución, pero el dinero no llega a su destino, destacó.

En lo relacionado al Congreso local, estimó que el rezago provocado en la materia por la legislatura anterior es en relación a 20 millones de pesos, pero en lo referente al ayuntamiento en mención, hace ya cerca de nueve años, porque el primer edil que dejó de cumplir fue Manuel Martínez Garrigós.

Es decir, en éste último caso no se ve cómo se pueda remontar un pasivo acumulado por tantos años, son muchos millones de pesos y entonces ahí el cobro tendría que haber sido ya suspendido para no continuar afectando la economía de los agraviados, consideró.

Ocampo Castrejón señaló que todo lleva a pensar que el Poder Legislativo, con la actual directiva, sí buscará resolver las cosas, “entendemos que en eso andan, incluso iniciando denuncias contra los presuntos responsables, pero por lo que toca a la alcaldía es muy difícil”.

Por otra parte, manifestó que financieramente, el instituto de crédito ha superado la coyuntura de la transición y viene cumpliendo con sus derechohabientes, a pesar de que entró en una situación de inestabilidad con el arranque del nuevo gobierno.

Reconoció que manejar esa institución no es cosa sencilla, ya que en el consejo de administración o junta de gobierno están representados diversos frentes, como en el caso de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como sindicatos y patrones, y hay quienes piensan diferente, lo cual lleva a conflictos permanentes para alcanzar acuerdos.

No obstante, admitió, lo anterior también se traduce en un candado para que los funcionarios no caigan en actos de corrupción, porque esos contrapesos impiden cualquier irregularidad, venga de donde venga. Y recordó que a ellos como jubilados se intentó sacarlos del consejo. “Nos tuvimos que defender hasta con las uñas para conservar a la silla, pero se logró”, sentenció.

El Congreso de la Unión no tiene competencia para legislar en materia de seguridad interior; no existe motivación que justifique la participación permanente de las fuerzas armadas en seguridad pública, y en el proceso legislativo hubo vicios, resuelve la mayoría del Pleno.

Con nueve votos a favor y uno en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez total de la Ley de Seguridad Interior, aprobada en el Congreso de la Unión en diciembre de 2017.

Como fue anticipado en la sesión anterior, la mayoría del pleno, con excepción del ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, apoyó invalidar la ley por considerar que el Congreso no tenía competencia para legislar en materia de seguridad interior, por ser esa esfera del Poder Ejecutivo Federal; no existía motivación que justificara la participación permanente de las fuerzas armadas en seguridad pública y mucho menos en tiempo de paz; y por los vicios en el proceso legislativo de análisis, discusión y aprobación.

Durante la votación, el ministro José Ramón Cossío reiteró su postura de la inconstitucionalidad: “Considero que el Congreso de la Unión no tiene competencias para regular las acciones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz”.

La ministra Norma Piña Hernández también reiteró que el proceso legislativo estuvo viciado, porque no se permitió que las fuerzas minoritarias en el Congreso de la Unión pudieran conocer en tiempo el dictamen de la ley y mucho menos aportar al debate de manera razonada y democrática.

“Estoy por la invalidez al derivar de un procedimiento en que no se respetaron los principios de la deliberación democrática por vicios con impacto invalidante y, por ello, se afectó de manera significativa los principios sustantivos que dan valor a la democracia; no voy por incompetencia, voy por vicios en el procedimiento legislativo”, destacó.

En su intervención, el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, destacó que aun cuando el Congreso de la Unión tuviera competencia, “las disposiciones que excedan la materia de seguridad interior e invadan aspectos  de seguridad pública, aquellas de las que se pueda advertir una intencionalidad de regularizar y normalizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ya sea por prever que pueden actuar por sí, sin solicitud previa de las autoridades que requieran el auxilio, que elimine la excepcionalidad de su participación o que establezcan, o incluso permitan una situación atemporal, sin duda alguna deben ser declaradas inconstitucionales”.

“Como han señalado muchos ministros, la compleja situación de criminalidad que ha sufrido nuestro país en los últimos años, el rebasamiento de los cuerpos policiacos estatales y municipales ha generado que las fuerzas armadas coadyuven con las fuerzas civiles”.

“Me queda claro que esta situación no debe normalizarse, pero mientras siga existiendo el supuesto de auxilio de las fuerzas armadas, ello debe hacerse en estricto respeto a los derechos humanos y ante cuestiones excepcionales que cumplan con los parámetros de actuación fijados en la Constitución, e incluso con los precedentes y criterios de la Corte Interamericana a los cuales se han referido varios de los señores ministros; lo cual, si bien no prohíbe tajantemente el uso de las fuerzas armadas en términos de seguridad interior, lo debe hacer bajo el presupuesto de que debe limitarse en la mayor medida posible con la condición de que no sea irrestricta, que no sea excesiva ni mucho menos permanente, pues siempre debe tener un carácter excepcional y temporal”.

En sesión de Pleno, seis de once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron por declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que pretende dar facultades a las fuerzas armadas para participar en labores de seguridad pública, hasta ahora reservadas para autoridades civiles.

Los ministros José Ramón Cossío, Norma Lucía Piña, Eduardo Medina Mora, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, fijaron su postura en contra del proyecto presentado por su homólogo Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien proponía avalar parcialmente la legislación aprobada por mayoría en “fast track” en diciembre de 2017 en el Congreso de la Unión e impugnada a través de la acción de constitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas, presentadas por 183 legisladores federales, entre otros actores.

Los argumentos centrales de los ministros para pronunciarse por la inconstitucionalidad de la ley, fueron que se incorporaron temas de Fuerzas Armadas que impugnan su propia naturaleza; que el Congreso federal no tiene competencia para legislar sobre seguridad interior porque es esfera del Poder Ejecutivo Federal y se restaría responsabilidad a las autoridades civiles; que la ley representó un fraude a la Constitución porque se dice que regula sobre una materia y en el fondo se regula el rubro de seguridad pública.

Además, se resaltó que hubo vicios en el procedimiento legislativo y que se pretende regular la participación de las Fuerza Armadas de manera permanente en tareas de seguridad pública.

Para decretar la inconstitucionalidad de la ley se requiere una mayoría calificada de ocho votos y, por lo pronto, ya seis ministros han fijado postura y en la sesión de jueves continuará la discusión en el Pleno de la SCJN.

Les fueron suspendidas hace más de un año por el desfalco de la anterior legislatura.

Trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo pidieron a los diputados locales resolver los problemas legales con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (ICTSGM) para que puedan acceder a las prestaciones a las que tienen derecho, a más de un año de que se las suspendieron por la deuda de 24 millones que generó la LIII Legislatura. 

Molestos porque los legisladores han retrasado la efectividad del convenio firmado con el ICTSGM para cubrir la deuda millonaria, con el que podrán realizar cualquier trámite, los sindicalizados sostuvieron que la LIII Legislatura retuvo sus aportaciones y causó el daño, pero la LIV Legislatura es responsable de resolver el problema.

"Ellos son los responsables como Congreso del estado porque independiente de la LIII Legislatura que hizo un mal manejo de los recursos, ahora ellos son los responsables del Congreso y que enfrenten la responsabilidad y que nos ayuden a sacar ese convenio ante el instituto porque no podemos realizar ningún trámite", afirmó Erick Alejandro Reyes Chávez, secretario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo.

Sostuvo que la deuda con el Instituto de Crédito no es el único daño que les causaron como trabajadores, ya que la LIII Legislatura también les suspendió el pago de prestaciones laborales.

"Tenemos diversas prestaciones como pago de uniformes, tenemos apoyos de nuestras mismas cuotas que nos retuvieron y ellos se quedaron, becas para el pago de colegiaturas, que con becas a nuestros hijos (sic), tenemos primas de antigüedad y si sumamos todo los que nos deben, ascienden a más de 400 mil pesos", agregó Reyes Chávez.

Al respecto, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, justificó el retraso en el convenio con el Instituto de Crédito, ya que se revisa que no se entorpezca la denuncia penal interpuesta en contra de los ex diputados por la retención de aportaciones de los trabajadores y otras irregularidades.

El magistrado Francisco Hurtado Delgado afirma que no hay razones para que los integrantes del Pleno del tribunal electoral sean sometidos a juicio político, como lo piden regidores electos inconformes con las resoluciones del órgano.

El magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), Francisco Hurtado Delgado, consideró que no hay causal para pretender someterlo a juicio político y sostuvo que las sentencias del tribunal, que fueron apegadas a la ley, están todavía bajo el escrutinio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y no han alcanzado definitividad.

Luego de que un grupo de regidores electos amenazó con iniciar acciones legales en su contra por supuesto conflicto de intereses e intervenir a favor de algunos partidos por el tema de la asignación de regidurías, consideró delicado que haya juicios adelantados y que se pretenda incoar un juicio político contra los magistrados del TEEM, cuando aún no culmina la cadena impugnativa.

Recalcó que el TEEM emitió resoluciones apegadas en derecho en tiempo y forma, y los magistrados cumplieron con la responsabilidad de resolver todas y cada una de la impugnaciones, que actualmente están en revisión en la Sala Superior.

Dijo que el que acusa está obligado a acreditar con pruebas, y “no aprecio ninguna razón para presentar este juicio ante el Congreso de la Unión. Además violarían el artículo 116 de la Constitución Federal (que habla) de la independencia y autonomía del órgano jurisdiccional”.

Además, señaló que la jurisprudencia emitida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que las consideraciones o criterios adoptados por los órganos jurisdiccionales locales en sus resoluciones, no pueden constituir parte de un procedimiento de juicio político.

Advirtió a quienes pretenden enjuiciarlos, que “lo único que se está generando es un costo que tendrán que pagar los impugnantes a los abogados que los representan de manera innecesaria, y son los únicos beneficiados”.

Insistió en que el debate sobre la asignación de regidurías en los municipios es un tema de legalidad que tendrá que resolver la Sala Superior y no el Congreso de la Unión.

El Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración fue eliminado por los anteriores diputados.

Los recursos del Fondo para la Atención de Infraestructura y Administración -que suman 110 millones de pesos para este 2018- que se usarían para el pago de laudos en los ayuntamientos y la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del año pasado, pudieron haberse desviado por autoridades de la pasada administración.

El director del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Rodolfo Tapia López, admitió que se desconoce el destino y uso de los recursos financieros, que se recortaron a los municipios de sus participaciones federales para la operatividad del fondo antes mencionado.

El funcionario recordó que el fondo fue creado para el pago de laudos y gestión de obra pública en los 33 municipios, y debido a la tragedia del sismo de 19 de septiembre del año pasado, el dinero fue utilizado para la reconstrucción de viviendas. Sin embargo, en el mes de julio fue eliminado por los exdiputados integrantes de la LIII Legislatura. 

Ante la determinación de los exlegisladores, y a menos de dos meses de que concluya el año fiscal 2018, el director del Idefomm confirmó que se desconoce si los 110 millones fueron usados para la reconstrucción, ya que para el pago de laudos no se cumplió el objetivo.

“El Congreso local determinó que 110 millones de pesos del fondo fueran destinados al tema de la reconstrucción, pero no pudimos tener acceso a la conclusión de este fondo. El reto de la administración actual de Cuauhtémoc Blanco Bravo tendrá que hacer una revisión a detalle dónde está este recurso”, declaró Tapia López, quien no descartó un desvío de recursos.

Por otro lado, el director del Idefomm anunció la firma de un “acuerdo político” entre el Poder Ejecutivo y los 33 alcaldes para evitar el despido de personal y heredar conflictos laborales a los próximos ediles, quienes tomarán protesta el 1 de enero del próximo año.

Señaló que el principal obstáculo al que se enfrentarán las próximas autoridades será la deuda por el pago de demandas laborales.

Se propone establecer figuras como la revocación de mandato, plebiscito, referéndum, entre otras.

El Pleno del Congreso local conoció la iniciativa de reforma constitucional en materia de participación ciudadana con el fin de incluir las figuras de revocación de mandato, presupuesto participativo, congreso y gobierno abierto, asamblea ciudadana, difusión pública y red de contraloría.

Durante la sesión del miércoles pasado, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Héctor Javier García Chávez, presentó la propuesta de reforma al artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos.

El legislador local sostuvo que es necesario reformar el tema de la participación ciudadana, a raíz de la reforma que aprobó la LIII Legislatura para eliminar la revocación de mandato.

Propuso establecer los siguientes mecanismos de participación ciudadana: revocación de mandato, presupuesto participativo, gobierno abierto, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, audiencia pública, cabildo abierto, Congreso abierto, asamblea ciudadana, difusión pública y red de Contraloría.

"La transformación y evolución del modelo democrático no puede entenderse sin una participación popular plena, directa, sin mecanismos reales y tangibles en los que la sociedad no sólo sea protagonista de un desarrollo justo y equitativo, sino en el que el poder político esté integrado bajo una perspectiva colectiva y nacional", manifestó García Chávez.

Explicó que al establecer los mecanismos de participación antes citados, la ciudadanía podrá tomar decisiones en torno a la aprobación del presupuesto y también conocer de manera directa lo que se desarrolla en las sesiones del Congreso del estado y de las decisiones del gobierno estatal.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.

Los diputados tienen el deber de denunciar posibles actos de corrupción, sostiene el jefe de la Oficina de la Gubernatura.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, rechazó los señalamientos de la exdiputada local perredista Hortencia Figueroa Peralta, al sostener que el Ejecutivo respeta la separación de Poderes del estado. Afirmó que las y los legisladores actuales están en todo derecho y en el deber de denunciar, si los hubiera, actos de corrupción.

Por otra parte, el funcionario estatal llamó a los comandantes de la Policía de los 33 municipios a redoblar esfuerzos y se comprometió a mejorar las condiciones laborales de los uniformados.

En entrevista, Sanz Rivera aseguró que el Ejecutivo mantiene el respeto a la división de Poderes del estado, tal y como lo prometió el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo desde la campaña. Lo anterior, al rechazar las acusaciones de la expresidenta de la mesa directiva, la diputada perredista Hortencia Figueroa Peralta, quien habría llamado al mandatario a “sacar las manos del Congreso”.

“La calidad moral se la deben dar los ciudadanos. Habría que preguntar a la ciudadanía. Yo no soy un juez para juzgarla en ese sentido; pero sí decir que no creo que su legislatura haya sido la mejor en la historia de Morelos”, expresó, al sostener que no hay intervención del gobernador en torno a la denuncia que formularon legisladores actuales por presunto manejo irregular de recursos.

Dejó en claro que, desde su punto de vista, las y los diputados merecen respeto y están en su derecho, y además tienen el deber de denunciar, si es que encontraron actos de posible corrupción, como cualquier otra persona.

En otro tema, informó que se trabaja en un proyecto para prevenir los feminicidios y una reforma legislativa para endurecer las penas por este delito. Admitió que es uno de los retos que tiene este gobierno ante la incidencia del ilícito en la entidad.

Comentó -como ejemplo- que se ha planteado la posibilidad de que la fuerza pública intervenga en casos de violencia, aun cuando no exista una denuncia penal formal, pues muchas veces las víctimas no quieren o tienen temor de iniciar el proceso jurídico y hoy en día no hay posibilidad jurídica de que los policías actúen plenamente.

Sanz Rivera y la secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, visitaron ayer martes al mediodía la ofrenda que colocaron trabajadores del gobierno del estado en el acceso principal de palacio de gobierno.

Por la mañana, el jefe de la Oficina de la Gubernatura se reunió con comandantes del Mando Único de cada uno de los municipios del estado.

Junto con el comisionado de Seguridad Pública, José Ortiz Guarneros, señaló que la actual gestión buscará mejorar las condiciones laborales de los uniformados, pero les pidió a nombre del gobernador del estado que redoblen los esfuerzos porque es prioridad recobrar la paz y la tranquilidad.

El gobierno del estado dio a conocer que en dicha reunión privada, José Manuel Sanz “expresó su reconocimiento a las mujeres y hombres policías que día con día salen a las calles con el objetivo de salvaguardar la integridad y la vida de las familias.
“Nos duele mucho lo que se ha vivido en los últimos días. Esos atentados en su contra que lamentablemente cobró la vida de uno de sus compañeros”, señaló.
Aseguró que recuperar la paz requiere el trabajo de policías honestos y dispuestos a contribuir en la transformación de este estado, que ha dejado de recibir inversiones y al cual cada vez llega menos turismo a consecuencia de la inseguridad.
“A Cuernavaca ya no llegan los estudiantes extranjeros a las escuelas de español. Las principales empresas están registradas fuera de Morelos, por lo que la recaudación que realiza el estado es mínima y eso es causa de la inseguridad”, afirmó.
Destacó la convocatoria a que “trabajen de manera honesta y comprometida, pues no se va a tolerar a quienes traicionen su uniforme y sirvan a los delincuentes que tanto dañan a la sociedad”.

Alcaldes electos protestan por el método utilizado para asignar esos cargos, que dejará a los partidos ganadores en minoría.

Presidentes municipales y síndicos electos exhortaron a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a invalidar el criterio adoptado por la Sala Regional Ciudad de México, que impediría que tengan mayoría en los Cabildos y ocasionaría problemas de gobernabilidad en 31 de 33 municipios.

La polémica tuvo su origen en la asignación de regidores que hizo el Instituto de Proceso Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), quien basó la distribución en el artículo 18 del código electoral local que refiere que, para establecer los límites permitidos de sub y sobrerrepresentación, debe tomarse en cuenta la misma fórmula para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, que incluye a todos los integrantes del Congreso.

Es decir, para asignar a los regidores debía tomarse en cuenta al presidente y síndico electo. Inconformes, partidos políticos y candidatos afectados, impugnaron la decisión del Impepac ante el Tribunal Estatal Electoral (TEEM).

El tribunal local, al resolver las inconformidades, ordenó revocar la asignación realizada por el Impepac y concretar una nueva distribución sin contar a alcaldes y síndicos electos. De nueva cuenta, el asunto fue impugnado pero ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF, quien contradijo al TEEM y revocó sus sentencias, con el fin de validar la asignación original de regidores que realizó el instituto. Ahora, las inconformidades están en la Sala Superior, quien resolverá en definitiva.

En rueda de prensa, el alcalde electo de Tototolapan, Sergio Omar Liviera, quien fungió como vocero, afirmó que la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México anuló el sistema de mayoría a favor de los presidentes y síndicos, que fue otorgado y legitimado por los ciudadanos con su voto.

Señaló que los alcaldes y síndico fueron colocados en una posición de desventaja al otorgarse regidurías a partidos que, incluso, quedaron en cuarto y quinto lugar, además de negarles la posibilidad de contar con regidores de sus mismos partidos o coaliciones.

“La decisión de la Sala Regional pone en riesgo la posibilidad de cumplir con los compromisos y propuestas de campaña, mismas que recogen demandas y aspiraciones ciudadanas.

“Las nuevas autoridades municipales somos enfáticos en considerar que con decisiones ‘legales’ de este tipo, se pone en riesgo la gobernabilidad de los municipios, toda vez que la ciudadanía optó de manera decidida por los candidatos de elección popular, así como un proyecto de gobierno municipal que garantizará el cumplimiento de las promesas de campaña”.

“Expresamos que en más de un municipio, es posible que de implementarse la decisión inicial de referencia, pueda existir la posibilidad de movimientos sociales para impedir la presencia de personas por las que la población no voto mayoritariamente”, advirtió.

Informó que un grupo de autoridades municipales electas acudieron a la Sala Superior para exponer la situación y los motivos de informidad, en espera de que los magistrados del máximo tribunal electoral del país puedan resolver de manera acertada los recursos de inconformidades

“Es necesario que las sentencias de los tribunales electorales del país sean sensibles al momento político que viven la nación”, sostuvo y precisó que fue impugnada la asignación de regidores en 31 de los 33 municipios de Morelos.

Recalcó que hay casos tan graves en los que, a pesar de que el edil y síndico obtuvieron una votación superior al 35%, no se les asignó ningún regidor de su partido o coalición.

Manifestó que, aun cuando faltan meses para la toma de protesta y la asignación de regidores está subjudice, ya hay quienes se han adelantado a condicionar su voto en el Cabildo a cambio de prebendas.

“Hoy es un problema social que vemos venir, puesto que en algunos casos, en algunos municipios, los propios compañeros presidentes nos han dicho que ya están gestando un estrategia para ver qué van a pedir, cuál va a ser su pliego petitorio de los regidores para la aprobación de Cabildo de cuentas públicas, entre otros. Es el riesgo que le vemos de ingobernabilidad que habría en el interior del Cabildo”.

Detalló que 17 municipios cuentan con un cabildo integrado por tres regidores y en estos casos al alcalde no le fue asignado ningún regidor de su partido o coalición, poniéndolo en desventaja numérica y política. La situación, dijo, es similar en los cabildos con cinco regidores y, en los casos de cabildos con siete concejales, a los ediles a penas se les asignó a caso uno.

En la rueda de prensa participaron ediles y representantes electos de al menos 15 municipios. 

El investigador José Luis Basurto Vázquez señala que además carece de órgano hacendario y el aparato de fiscalización es uno de los que menos dinero recibe entre sus homólogos.

Por monto presupuestario, Morelos ocupa el lugar 11 de todos los congresos del país y destina 18.5 millones de pesos para el órgano de fiscalización, que es el menor presupuesto asignado en los congresos estatales y carece de un órgano hacendario que dé seguimiento a la administración y transparencia de los recursos del estado.

José Luis Basurto Vázquez, del Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad, al referirse a datos estadísticos del primer informe de El Instituto Mexicano de Competitividad, consideró que en Morelos no se justifica un incremento al presupuesto del Congreso local, pues en 2016 y 2017 la asignación de presupuesto fue de 450 millones de pesos, al reducir el número de legisladores su presupuesto es ahora de 400 millones de pesos, pero quieren aumentar 80 millones de pesos más.

“En Morelos se tiene un presupuesto de 18.5 millones de pesos para el órgano de fiscalización el Congreso, pero es el que menos recursos recibe de todos los congresos del país. Parece ser que aquí hubiera habido la intención de reducir los recursos y los medios y limitar el papel de este órgano de fiscalización”.

Además la legislatura local carece de un órgano hacendario, “así como el de fiscalización como la junta política son órganos del Congreso, debe haber un órgano hacendario que debe fiscalizar y de informar sobre las finanzas del Congreso y no lo hay”.  Por no contar con este órgano, dijo, no se sabe qué pasó en la pasada legislatura, pues no hay un órgano responsable de dar seguimiento.

Señaló que el presupuesto que recibe el Congreso de Morelos este año fue de 400 millones de pesos y en 2017 y 2016 recibieron 450 millones de pesos, es mucho dinero considerando que es un porcentaje muy alto del presupuesto del estado, dijo al subrayar que Morelos está en primer lugar de porcentaje más alto del presupuesto sin llegar al 2%, “pero aun así, estamos hablando de 400 millones de pesos este año”.

El órgano de fiscalización superior, que es un órgano importante responsable de supervisar y fiscalizar la aplicación de los recursos de inversión pública en todo el estado.  “Es el responsable de supervisar todo lo que es obra pública, de los fondos públicos, de los recursos fiscales y demás; pero no desarrollan investigación y si la hacen, los resultados no son del orden público, no se conocen. Eso es una de las partes de transparencia que debe cumplirse en los congresos”.

Basurto Vázquez dijo que se debe impulsar una política de austeridad, pues los congresos reciben porcentajes muy altos de recursos no representan un beneficio, ni tienen la transparencia de saber a dónde se emplean y muchos de ésos se desvían hacia los mismos diputados por otros conceptos”.

Está detenida desde hace casi seis años.

La "Ley de Identidad sexogenérica", que permitiría a las personas transgénero cambiar de nombre en cualquier registro civil de Morelos, podría ser aprobada por la LIV Legislatura, a casi seis años de haber permanecido en la congeladora. 

La presidenta de la Comisión de la Diversidad Sexual, Alejandra Flores Espinoza, informó que busca generar los consensos con las distintas fuerzas políticas en el Congreso local para que la reforma al Código Civil se apruebe próximamente.

Refirió que se analiza la viabilidad jurídica para presentar una nueva iniciativa o retomar la que se impulsó durante la LII Legislatura. 

"Integrantes de la comunidad gay me han pedido presentar una nueva iniciativa porque se requieren nuevas modificaciones y es lo que estamos analizando", explicó Flores Espinoza.

Sostuvo que no se puede permitir que las personas transgénero se vean obligadas a promover amparos para lograr que el registro civil les cambie el nombre al sexo que han elegido.

Además, explicó que también se trabajará con la comunidad lésbico-gay, transgénero y transexual para abatir la discriminación y la violencia de las que son víctimas constantes sólo por su preferencia sexual. 

Vicente Loredo Méndez ha sido omiso en la entrega de informes de auditorías a municipios, gobierno estatal y otras instituciones, señalan diputados.

Diputados locales acordaron citar a comparecer al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, ante su negativa de entregar los informes correspondientes a las auditorías practicadas a municipios, gobierno estatal y otras instituciones.
Durante la primera sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, los diputados integrantes informaron que el auditor ha sido omiso ante los requerimientos del Congreso local respecto a los informes de procesos de fiscalización de años pasados y de este año.
"Reitero, el auditor ha tenido una negativa constante, puesto que en diferentes ocasiones y momentos los diputados que integramos esta Comisión le hemos pedido informes y, más aún, el Pleno, que es la máxima autoridad del Congreso”, afirmó el diputado José Casas González, quien propuso que el auditor fuera citado a rendir cuentas.
Aunque no se fijó una fecha de la comparecencia, los legisladores determinaron que Loredo Méndez deberá presentarse ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión, informó a diputados de la recepción de 28 proyectos de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 enviados por el mismo número de municipios; cinco más no presentaron propuestas, los cuales fueron Amacuzac, Ayala, Jantetelco, Jojutla y Tetecala. Así mismo, se dio a conocer que los municipios indígenas de Hueyapan, Coatetelco y Xoxocola también cumplieron con la entrega.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que habrá reestructuración de las áreas administrativas, ante las diferencias con algunos legisladores que señalaron intromisión del Poder Ejecutivo.

El legislador local rechazó que haya fractura al interior del Poder Legislativo, aunque admitió diferencias a raíz de algunas designaciones que realizó y pretendía concretar en las áreas administrativas.

Por tal razón, confirmó que fue removida de la Dirección de Recursos Humanos Ivonne Zavala Zúñiga, hermana de la secretaria de administración del gobierno estatal Mirna Zavala.

Dijo que aún hay varias áreas acéfalas y otras en las que se nombró a encargados de despacho, por lo que en los próximos días se harán las designaciones correspondientes.

"Hoy vamos a buscar el consenso de que cada uno de los funcionarios y funcionarias del Congreso sean avalados por los diputados y diputadas del Congreso", refirió.

Sin embargo, Sotelo Martínez afirmó que ese tipo de diferencias "son parte de la democracia y no me hacen ruido".

A nombre de los ciudadanos de Morelos reprochó la corrupción en la fallida obra del Paso Exprés.

Exigió que, además de sanciones a implicados, se realicen las obras necesarias para subsanar fallas de seguridad.

Organizaciones civiles y empresariales respaldaron postura de legislador federal.

El diputado federal por Morelos de Morena, Alejandro Mojica Toledo, entregó el reconocimiento a  la “Ineptitud y Corrupción” al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y reclamó los agravios cometidos contra los morelenses y los millones de personas que arriesgan su vida al cruzar por el mal llamado Paso Exprés.

Durante la comparecencia de Ruiz Esparza en el Congreso de la Unión, Mojica Toledo subió a tribuna para recriminarle de frente su ineptitud y que su historial como servidor público quedará manchado de sangre por las vidas que cobró la corrupta y fallida obra.

“Ineficiencia, corrupción, soberbia, ésa es la marca que usted, Gerardo Ruiz Esparza, dejó grabada en el pavimento del mal llamado Paso Exprés.

“Pero el peor agravio, del que usted es cómplice y que mantiene sus manos sucias de sangre, es el colapso del tramo 93+857 del Paso Exprés, en el que perdieron la vida dos personas, padre e hijo, al caer en un socavón generado en la cinta asfáltica debido a la estupidez de los ingenieros que usted puso a cargo de sus negocios”, dijo y le recordó que manera inexplicable mantuvo como delegado de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, profesor de inglés en el Estado de Hidalgo.

Dejó claro que ciudadanos, vecinos afectados por las obras del Paso Exprés, ambientalistas y la sociedad civil organizada advirtió una y otra vez a la dependencia federal de las deficiencias y daños ocasionados por la obra fallida, pero que por negligencia y corrupción fueron desoídas.

Es así que, en nombre de los morelenses y todos los usuarios afectados, Mojica Toledo entregó el reconocimiento a la “Ineptitud y Corrupción” al secretario de la SCT y afirmó que, pese a que Ruiz Esparza pretende dar carpetazo al asunto, buscará no sólo que haya sanciones y deslinde de responsabilidades en la cadena de corrupción, sino que la dependencia federal haga frente a la exigencia de los ciudadanos y subsane urgentemente  todas las fallas de seguridad que ponen en riesgo la vida de miles de jóvenes, padres de familia, trabajadores y turistas que atraviesan esta vía de comunicación.

“En su reciente comparecencia ante el Senado, declaró que la investigación del Paso Exprés es un asunto cerrado, a pesar de la existencia de la Recomendación 34/2018 de la CNDH, en la que señala la responsabilidad directa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del Gobierno del Estado de Morelos, en aquel momento a cargo de Graco Ramírez, en este asunto. 

“Recuerdo cuando lo vi aquel 12 de julio de 2017, bajando de su helicóptero y balbuceando en televisión nacional “Pido perdón a las familias de las víctimas por el mal rato que han pasado”; debe ser enorme la culpa que usted carga sobre sus hombros”, espetó.

El reconocimiento a la “Ineptitud y Corrupción” fue entregado con el respaldo de: Guardianes de los Árboles, Cámara Nacional de Comercio  de Cuernavaca (Canaco), Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Comunidad A.C., Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra-Morelos), Asociación de Parque Acuáticos y Balnearios de Morelos (Apabam), Asociación Mexicana de Mujer (Amexme), Asociación de Discotecas y Centro de Espectáculos (Adice), G-19, Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive-Morelos), Consejo Cívico Ciudadano y Colectivo del Rescate del Paso Exprés.